El caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo en Perú pone en evidencia las tensiones estructurales entre el modelo extractivista dominante y la viabilidad de un desarrollo sostenible basado en la agricultura familiar. Mientras el discurso político presenta la minería como motor indispensable del progreso nacional, las comunidades enfrentan amenazas directas a su acceso al agua, a la tierra y a sus formas de vida, derivadas de concesiones mineras otorgadas sin garantías ambientales ni respeto a derechos fundamentales. La creciente conflictividad socioambiental, junto con los impactos demostrados del extractivismo neoliberal, revela los límites de un sistema que prioriza la demanda global de minerales por encima del bienestar local. En contraste, la agricultura familiar muestra un potencial real para diversificar las economías rurales, fortalecer la autonomía territorial y avanzar hacia modelos postextractivistas que combinen sostenibilidad, justicia social y Buen Vivir. El reto consiste en demostrar que estas alternativas no solo son posibles, sino necesarias para romper con una trayectoria histórica de dependencia y violencia ambiental.