La actuación de la multinacional Glencore en Argentina, Colombia y Perú cuestiona profundamente la noción de “utilidad pública” que sustenta la legislación extractiva, pues, lejos de generar desarrollo, ha producido daños ambientales severos, explotación laboral, evasión fiscal y graves afectaciones sociales en las comunidades donde opera. Mediante prácticas como el “transfer pricing”, la fragmentación empresarial y el uso de vacíos normativos, la compañía reduce sustancialmente su aporte tributario mientras obtiene enormes beneficios económicos, al tiempo que deja a su paso contaminación de suelos y aguas, pérdida de capacidad agrícola, enfermedades en poblaciones locales y destrucción de ecosistemas. Estos impactos revelan una contradicción estructural entre el discurso de sostenibilidad y responsabilidad corporativa y las consecuencias reales de sus operaciones, lo que ha motivado denuncias, acciones legales y demandas de revisión constitucional en varios países. El reto consiste en demostrar que el interés público no puede ser invocado para justificar actividades que vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la salud, el ambiente y la soberanía de las comunidades afectadas.