El proceso ecuatoriano de acceso a la tierra evidencia la distancia entre el discurso de soberanía alimentaria y equidad rural y las prácticas estatales que, pese a anunciar una “revolución agraria”, reprodujeron lógicas neoliberales centradas en la mercantilización del suelo y la liberalización del mercado de tierras. El Plan Tierras (2009–2013), que prometía intervenir millones de hectáreas y reducir la desigualdad en la distribución de la propiedad, terminó ejecutándose bajo un andamiaje normativo obsoleto —la Ley de Desarrollo Agrario de 1994— y mediante mecanismos de compra-venta que impusieron a organizaciones campesinas de bajos ingresos deudas comerciales difíciles de afrontar. Los casos documentados, como la hacienda Las Mercedes en Guayas, revelan inconsistencias administrativas, injerencia política, fallas técnicas, ausencia de acompañamiento productivo y prácticas de especulación que vulneraron a las familias beneficiarias. Tras la sustitución del Plan por un nuevo programa y el debate sobre una ley de tierras aún cuestionada, el análisis concluye que sin coherencia institucional ni voluntad política para transformar la estructura agraria, las iniciativas de redistribución seguirán siendo parciales y permanecerán subordinadas a intereses clientelares y a la lógica del mercado.