La tensión entre la expansión minera y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en Bolivia se ha profundizado ante una normativa que, pese a promoverse como parte del “Vivir Bien”, reproduce principios del antiguo modelo neoliberal y desconoce garantías constitucionales fundamentales. Las movilizaciones de 2014 evidenciaron no solo el poder político de las cooperativas mineras —herederas de la relocalización y del colapso de la minería estatal—, sino también las contradicciones entre el discurso gubernamental y una Ley de Minería que criminaliza la resistencia indígena, debilita la consulta previa y perpetúa daños ambientales históricos en territorios como Oruro, Potosí, La Paz y Chuquisaca. A través de ejemplos de contaminación severa en el lago Poopó, el río Pilcomayo y zonas mineras del altiplano, el análisis muestra cómo la actividad extractiva continúa afectando ecosistemas y modos de vida, mientras el Estado enfrenta el desafío de compatibilizar generación de ingresos, protección territorial y respeto pleno a los derechos colectivos. El texto concluye que la construcción de una matriz productiva sostenible exige superar la lógica extractivista y consolidar mecanismos de participación indígena que garanticen justicia ambiental y autodeterminación territorial.