El análisis revela que el envejecimiento de la población rural en América Latina, y particularmente en Bolivia, constituye un proceso acelerado y profundamente condicionado por dinámicas estructurales como la migración, la pobreza, la informalidad laboral y la desigualdad de género. A medida que jóvenes y adultos en edad productiva abandonan el campo, las personas mayores asumen en solitario tanto las tareas agrícolas como el sostenimiento de los hogares, desmintiendo la idea de que son sujetos pasivos y evidenciando su rol central en la economía campesina y en la transmisión de conocimientos ambientales. Sin embargo, esta contribución se desarrolla en un contexto de desprotección institucional: baja cobertura de pensiones, dificultades de acceso a la salud, escaso reconocimiento jurídico de la propiedad de la tierra, discriminación por edad y género —especialmente hacia mujeres mayores— y crecientes riesgos de despojo. El artículo destaca que, aunque las personas adultas mayores cumplen funciones productivas y comunitarias esenciales, continúan siendo un grupo invisibilizado en las políticas públicas, lo que exige reorientar el debate sobre desarrollo rural hacia una perspectiva demográfica y de derechos que reconozca la centralidad de este sector en la sostenibilidad del agro.