La reflexión plantea que la descentralización solo puede contribuir efectivamente a la protección de los recursos naturales cuando se entiende como un proceso político y territorial capaz de redistribuir poder, fortalecer la participación ciudadana y adaptar la gestión ambiental a las particularidades de cada espacio. Frente a modelos neoliberales que han favorecido la explotación intensiva y la degradación de territorios como los del norte chico chileno, se propone una descentralización orientada al desarrollo sostenible, basada en la transferencia real de competencias, la articulación entre actores públicos y privados y la creación de mecanismos locales de control ambiental. Ello exige instituciones confiables, esquemas diferenciados de manejo territorial, sistemas de evaluación ambiental más rigurosos y la consolidación de una ciudadanía activa capaz de incidir en decisiones sobre inversión, preservación y uso de los recursos. La construcción de una conciencia ecológica de largo plazo y la definición de zonas de preservación especiales forman parte de un enfoque que busca superar la centralización administrativa y avanzar hacia modelos territoriales más democráticos, preventivos y sostenibles.