Los procesos de descentralización implementados en Sudamérica durante las últimas décadas han generado avances importantes en la institucionalización democrática, pero siguen enfrentando tensiones que revelan la fragilidad de los mecanismos de control social y la persistencia de prácticas políticas que limitan la transparencia y la participación ciudadana. Aunque la implantación de sistemas electorales más confiables, la regulación de la gestión pública y las audiencias de rendición de cuentas han contribuido a modernizar la administración estatal, estos logros conviven con la manipulación de información, el debilitamiento de los partidos políticos y la prevalencia de intereses particulares sobre el bien común. La experiencia regional muestra que, a pesar de la existencia de marcos legales descentralizadores, la capacidad de los gobiernos para cumplir sus propias normas se ve afectada por presiones económicas, redes clientelares y déficits formativos en ciudadanía democrática. En este escenario, fortalecer la descentralización implica no solo mejorar la institucionalidad, sino promover una cultura cívica crítica y sostenida que permita a la sociedad ejercer una vigilancia efectiva y disputar la construcción de gobiernos más responsables y equitativos.