El texto muestra que, aunque Perú experimenta un crecimiento económico sostenido desde hace años, este avance no se traduce en una política coherente de seguridad y soberanía alimentaria, ya que las intervenciones estatales permanecen dispersas, desarticuladas y centradas principalmente en la asistencia alimentaria antes que en el fortalecimiento de la pequeña agricultura, responsable de la mayor parte de los alimentos que consume el país. A partir del análisis de presupuestos, programas sociales y lineamientos sectoriales, se revela una marcada brecha entre los discursos oficiales y la inversión real en el sector agrario, cuyo financiamiento resulta mínimo frente a su importancia estratégica. Esta contradicción —un Estado que apuesta por el crecimiento macroeconómico pero invierte poco en la base productiva rural— explica por qué persisten la pobreza, la desnutrición infantil y la vulnerabilidad alimentaria, evidenciando la urgencia de construir políticas integrales que prioricen a los pequeños productores y vinculen desarrollo agrícola, nutrición y justicia social.