El documento plantea que, aunque la agricultura ya no es el eje central de las economías sudamericanas, sigue siendo estratégica para el empleo, la seguridad alimentaria, el equilibrio territorial y las exportaciones. A partir de estudios realizados en seis países de la región, se expone que los gobiernos han privilegiado un modelo agroexportador, descuidando a la pequeña agricultura, pese a que de ella depende la mayoría de las familias rurales pobres. La crisis alimentaria de 2007/08 evidenció la urgencia de invertir más y mejor en el sector agrícola, pero los recortes fiscales posteriores redujeron de forma crítica los presupuestos destinados al desarrollo rural.

El texto identifica brechas estructurales persistentes—como la concentración de la tierra, la desigualdad de género, el acceso limitado al crédito y la informalidad laboral—que impiden a los pequeños productores mejorar sus medios de vida. Aunque algunos países han iniciado políticas a favor de la agricultura familiar, éstas avanzan más como intención que como programas reales. El documento sostiene que invertir en la pequeña agricultura es fundamental para reducir la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y garantizar el derecho de las personas rurales a un medio de vida digno, especialmente considerando que la mayoría de los alimentos que consumen los mercados locales proviene de productores de pequeña escala.