La controversia sobre la intangibilidad en el TIPNIS revela un conflicto que va más allá de una carretera y expone tensiones profundas entre el Estado boliviano y los pueblos indígenas. El documento muestra que, tras la VIII Marcha Indígena y la promulgación de la Ley 180, el gobierno redefinió el concepto de intangibilidad para desacreditar la demanda indígena y avanzar en un modelo desarrollista que prioriza proyectos de infraestructura sobre la autodeterminación territorial. Mientras el movimiento indígena concibe la intangibilidad como un mecanismo para proteger su territorio de avasallamientos, extractivismo y lógicas externas, el gobierno la resignifica como una prohibición absoluta que incluso restringiría las prácticas ancestrales de uso sostenible de recursos. Esta disputa de sentidos revela choques entre concepciones de desarrollo, visiones culturales y derechos constitucionales. El desafío para Bolivia es demostrar que puede respetar la plurinacionalidad y la autonomía indígena, evitando que la retórica ambiental o jurídica se convierta en herramienta para debilitar territorios y proyectos de vida construidos históricamente por los propios pueblos originarios.