El debate sobre el patrimonio genético en Chile revela tensiones profundas entre intereses corporativos, marcos legales internacionales y derechos de las comunidades. El documento muestra que la liberalización del uso de transgénicos y la adhesión a convenios como UPOV-91 no son simples avances técnicos, sino decisiones que reconfiguran quién controla las semillas, el conocimiento y la biodiversidad. Bajo el modelo económico dominante, la privatización de recursos colectivos se ha acelerado, trasladando poder desde comunidades campesinas e indígenas hacia grandes consorcios empresariales y centros tecnocientíficos. El desafío central es que esta apertura, presentada como modernización, amenaza prácticas ancestrales, vulnera saberes tradicionales y aumenta la desigualdad socioambiental. El reto para Chile es demostrar que puede proteger su diversidad genética y los derechos de los pueblos originarios frente a presiones globales que buscan convertir las semillas - y el conocimiento ligado a ellas - en mercancías sujetas a propiedad privada.