El prolongado conflicto armado colombiano ha profundizado la pobreza rural hasta niveles críticos, generando la mayor crisis humanitaria de la historia del país: más de cuatro millones de personas desplazadas, despojo masivo de tierras fértiles y una concentración extrema de la propiedad que favorece al latifundio ganadero y a la agroindustria. La guerra interna, junto con políticas agrarias orientadas a beneficiar a los grandes terratenientes y a sectores agroexportadores, ha dejado a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en condiciones de abandono, sin acceso a servicios básicos y atrapadas entre la violencia, la pobreza y la destrucción ambiental. El desafío para Colombia es demostrar que una reforma agraria real - basada en la restitución de tierras, el fortalecimiento de la economía campesina y el fin del conflicto armado - puede abrir un camino hacia la justicia social, la paz territorial y la recuperación sostenible del campo.