La disputa por el agua en Ecuador revela un conflicto que va mucho más allá de la gestión de un recurso natural: expone tensiones profundas sobre poder, autonomía y el sentido mismo del Estado Plurinacional. Más allá de la confrontación en la Asamblea y del fracaso legislativo de la Ley de Recursos Hídricos, esta situación descansa en tres supuestos fundamentales: que los pueblos indígenas reclaman no solo acceso al agua, sino la facultad de decidir sobre las actividades productivas que afectan sus territorios; que el Estado, al no cumplir con principios como la consulta previa, reproduce lógicas centralistas que contradicen su propio marco constitucional; y que el fondo del conflicto no es técnico, sino político, pues se disputa quién define las reglas y quién tiene legitimidad para gobernar territorios históricamente marginados. El reto para Ecuador es demostrar que puede construir un modelo de plurinacionalidad que no quede en el discurso, capaz de resolver tensiones entre soberanía estatal, derechos indígenas y expansión extractiva, evitando así que la conflictividad se profundice y erosione los avances democráticos alcanzados.