La lucha por los derechos de las mujeres rurales en Colombia revela un proceso político que va mucho más allá de la creación de una ley: implica enfrentar una deuda histórica del Estado y desmontar patrones estructurales de desigualdad. Esta trayectoria supone tres supuestos fundamentales: que la legislación solo tiene sentido si se traduce en políticas públicas efectivas; que la equidad de género en el campo no puede alcanzarse mientras persistan modelos de desarrollo que privilegian la gran propiedad y excluyen a quienes sostienen la vida rural; y que la participación activa de las mujeres es indispensable para transformar un sistema que tradicionalmente las ha invisibilizado. El reto para Colombia es demostrar que la Ley 731 de 2002 puede dejar de ser una declaración simbólica y convertirse en un instrumento real de acceso a tierra, recursos, financiamiento, educación, participación y protección social, capaz de reconocer el trabajo productivo y de cuidado que las mujeres rurales realizan, y que hasta ahora ha permanecido sin valor económico ni político.