Pensar el desarrollo rural en Colombia obliga a reconocer un escenario marcado por la concentración de tierras, la violencia y la exclusión histórica del campesinado. Más allá del discurso oficial sobre crecimiento, eficiencia y competitividad, subyacen tres supuestos fundamentales: que la modernización rural impulsada por el Estado privilegia al gran capital agrario sobre los pequeños productores; que la inserción internacional del país se construye a costa del debilitamiento de la soberanía alimentaria; y que la ausencia de una reforma agraria real perpetúa la desigualdad que sostiene el conflicto. El reto para Colombia es demostrar que es posible un modelo de desarrollo rural democrático y equitativo, capaz de enfrentar el despojo, frenar la concentración de la tierra y garantizar que las políticas públicas no profundicen la exclusión, sino que permitan reconstruir un campo con campesinos, con derechos y con futuro.