Plantear un seguro agrícola en Bolivia supone asumir un desafío político y estructural que rebasa la simple creación de un instrumento financiero. Implica reconocer tres supuestos fundamentales: que la seguridad alimentaria depende de la capacidad del Estado para proteger a los pequeños productores frente a riesgos climáticos cada vez más severos; que un seguro verdaderamente universal solo puede funcionar si articula información confiable, subsidios adecuados y una comprensión real de la diversidad productiva del país; y que la sostenibilidad del sistema exige aprender de experiencias regionales —como Chile y Brasil— sin reproducir sus limitaciones. El reto para Bolivia es demostrar que puede construir un seguro que no excluya a quienes cultivan pequeñas parcelas diversificadas, que no incentive la monoproducción y que logre traducir la noción de soberanía alimentaria en mecanismos concretos de protección, equidad y resiliencia rural.