Adoptar el Socialismo Agrario en Venezuela supone un giro político profundo y complejo. Más allá de los cambios jurídicos impulsados desde 1999, este proyecto redefine el sentido mismo del desarrollo rural, otorgándole un carácter social, ideológico y estratégico que confronta intereses internacionales, estructuras históricas de tenencia de la tierra y modelos agrícolas hegemónicos. Sus fundamentos parten del supuesto de que la agricultura campesina puede convertirse en base de soberanía alimentaria y del poder popular, y que el Estado debe reconfigurar radicalmente las relaciones de producción para garantizarlo. El desafío de este modelo reside en demostrar que la transformación agraria, apoyada en la redistribución de tierras, la agroecología y la planificación estatal, puede sustituir al agro empresarial y construir un sistema alternativo viable, capaz de sostener justicia social, productividad y autonomía política frente a los condicionamientos globales.