Suponer que Paraguay puede construir una política efectiva de desarrollo rural implica aceptar premisas que están lejos de ser obvias: que las instituciones diseñadas para ello tienen capacidad de acción, que la concentración extrema de la tierra puede revertirse mediante marcos legales existentes, y que el Estado podrá equilibrar el poder entre el agronegocio y la agricultura familiar. El texto muestra que estas bases son frágiles: la normativa agraria es inoperante, las instituciones carecen de jerarquía y presupuesto, y el avance de la soja expulsa a miles de familias del campo cada año. El desafío es transformar la promesa de reforma agraria en políticas reales, antes de que el deterioro ambiental y la desigualdad territorial vuelvan irreversible la deuda histórica con el mundo rural paraguayo.