Plantear la soberanía alimentaria como eje constitucional en Ecuador implica asumir que el Estado puede reorganizar su economía a partir del derecho a la alimentación, la identidad cultural y la producción local. Esta visión descansa en supuestos exigentes: que la economía social y solidaria logrará equilibrar mercado, Estado y comunidad; que el país será capaz de reducir su dependencia de importaciones; y que las instituciones podrán garantizar acceso a tierra, agua y semillas a quienes producen alimentos. El desafío es demostrar que este marco normativo no quedará solo en lo declarativo, sino que se traducirá en políticas efectivas que aseguren alimentos sanos, suficientes y culturalmente apropiados para toda la población.