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Solicitan la aplicación masiva de pruebas de detección de COVID-19 en la región Amazónica.

Volver a "una nueva normalidad" el 4 de mayo pondría en serio riesgo a los pueblos indígenas de la Amazonía advirtió la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador.

Mediante una alerta pública expresan su preocupación por el incremento de personas infectadas por el COVID-19 y la ausencia de políticas públicas idóneas y medidas de contención y respuesta claras para la Amazonía.

Piden que las medidas de aislamiento "no concluyan el 4 de mayo" mientras no exista certeza sobre el control de la pandemia, para lo cual solicitan la aplicación masiva de pruebas de detección de COVID-19 en la región Amazónica.

Insisten en que el Estado active operaciones sanitarias, alimentarias, logísticas en consenso con los las organizaciones y aliados de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía.

Asimismo, se difunda masivamente en las comunidades indígenas el material educomunicacional preparado por la CONAIE y la CONFENIAE y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Otra demanda concierne a la necesidad de suspender las actividades extractivas que ponen en riesgo la vida y la salud de miles de ciudadanos, pues, se están desarrollando sin protocolos concertados con la población.

Advierten el caso de trabajadores del bloque petrolero 16 operado por la empresa Repsol YPF que registra dos casos positivos de COVID-19, y que opera en territorio del pueblo Waorani.

También se registra el caso de una mujer shuar, trabajadora de la minera Condor Maning, que resultó infectada por el COVID-19 y es una paciente asintómatica.

Ella ha tenido contacto con la mayoría de familias de la comunidad shuar de Pachicutza, en Zamora Chinchipe, por lo que se decidió mantener a toda la comunidad en un cerco epidemiológico durante 15 días.

Sin embargo, aún la comunidad no ha sido dotada de implementos de bioseguridad, los kits de alimentos han sido insuficientes y los comuneros no han sido sometidos a pruebas para confirmar o descartar la existencia de más casos.

Recuerdan que la falta de acciones urgentes e inmediatas y las acciones inadecuadas, inoportunas y no concertadas están sujetas a control público en instancias nacionales e internacionales.

En la región amazónica, las comunidades indígenas y campesinas son vulnerables por la inexistente o distante infraestructura sanitaria y las operaciones de empresas mineras y petroleras que no cesan a pesar de la emergencia.

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