Este artículo (tercer lugar en el Concurso Anual) hace un recuento de los daños que, a nivel ambiental, social y económico, ha generado la multinacional Glencore en Argentina, Colombia y Perú, enfatizando la evasión de impuestos y regalías, a contravía del argumento de “utilidad pública” en el cual se basa la legislación que soporta la minería y el extractivismo en estos países, y de la propia empresa, cuando afirma que “Contribuye al desarrollo económico de los países pobres (…) comprometido con la sostenibilidad” ambiental”.

La extracción de recursos naturales por parte de grandes empresas multinacionales ha sido una dinámica a nivel mundial desde comienzos del Siglo XX, aumentando significativamente en América Latina en los últimos 50 años, debido a la globalización del modelo económico en el que impera la premisa de sacar utilidad y provecho de los recursos naturales para obtener  capital monetario. Una falacia añadida es que sus resultados benefician económica, social y ambientalmente a diferentes grupos poblacionales y a la comunidad en general.

Las grandes firmas, en su mayoría europeas, han hecho del mercado de la extracción de materias primas un medio por el cual se estructuran e imponen nuevas formas de relación de poder entre las comunidades, los Estados y, por supuesto, las propias empresas, quienes controlan de manera preocupante el contexto en el que se encuentran presentes.  Uno de los casos que despierta inquietudes con respecto a los beneficios comunales o públicos de la extracción de recursos es el de la mega empresa suiza conocida como Glencore Xstrata –hoy día solo con el nombre Glencore- cuyo eje de operaciones se encuentra a nivel mundial. En América está en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana.

Glencore con ojos críticos

El consorcio suizo Glencore se reconoce como una gran empresa, cuyo poderío económico es uno de los más fuertes del mundo, y con una serie de delitos ambientales en los lugares donde está presente. Generalmente “países pobres y trastornados por alguna guerra” según lo informa el citado libro de la MutiWatch (Miles de millones ganados con las materias primas- Consorcio Suizo Glencore Xstrata. p.8).

La característica sobresaliente del consorcio es que opera en países y territorios poco atractivos para la inversión de capital en la extracción minera, debido al contexto de conflicto o de pobreza de las comunidades rurales, lo cual representa una ventaja para la empresa, pues no hay mayor competencia en el mercado, y la posiciona como un monopolio de la extracción de materias primas en los lugares donde opera, bajo el amparo de normas y leyes que han reglamentado la actividad minera como un asunto de “utilidad pública”.

En el año 2013 dos empresas de materias primas: Glencore y Xstrata, se fusionaron para conformar uno de los consorcios productores del área más poderosos del mundo. Con la fusión, el enorme consorcio pasó a ser el tercer productor de cobre y el más grande exportador de carbón para centrales energéticas; solo su flota de barcos petroleros logró tener más embarcaciones que la marina de guerra británica.

Entre los conflictos en torno a la explotación de materias primas que la Glencore realiza, están la explotación de trabajadores, la contaminación ambiental y la evasión de impuestos en los países donde hace las extracciones,  esto último a través del comercio interno de materias entre consorcios, a precios diferentes a los del mercado vía el “Transfer Princing”, que actúa calculando los precios más bajos para las exportaciones y un precio más alto en productos semielaborados, generando un pago mínimo de impuestos en el país productor (Op. Cit. p.2).

La publicación ya mencionada describe cómo, en Colombia, Glencore ha evitado el pago de regalías adicionales mediante la separación de sus operaciones en sub empresas que quedaron debajo de un tamaño crítico, de modo tal que los impuestos que el grupo hubiera tenido que pagar como unidad empresarial se redujeron a la mitad, con lo cual el Estado colombiano perdió sumas enormes. Según los datos publicados, los costos del Estado por retenciones y concesiones en el impuesto a la renta de la empresa minera ascendieron, entre el 2005 y el 2010, al 203%. Es decir, que “por cada 100 pesos que fueron efectivamente pagados como impuestos, 76empresas mineras obtuvieron ventajas que provocaron que el Estado perdiera más de 200 pesos” (OP. Cit. p.76).

Perjuicios para el medioambiente

El consorcio Glencore Xstrata escribió en su Informe de Sostenibilidad del año 2012: “Proteger el medio ambiente es uno de nuestros más significativos retos de sostenibilidad. En nuestras operaciones en todo el mundo, intentamos a llevar a cabo nuestros negocios de tal manera, que las consecuencias negativas para el medio ambiente sean mínimas“. Veamos tres ejemplos de la flagrante contradicción entre el dicho y el hecho.

En Argentina hay investigaciones en curso contra la empresa. Se culpa a una filial de Xstrata, de haber hecho pasar materias primas ante las autoridades tributarias mediante declaraciones de exportación incompletas: “En una demanda del año 2010, se acusa a la empresa de no haber declarado exportaciones por un valor anual estimado en 8 mil millones de dólares. Esto porque en el concentrado de metal no se especificó su contenido de tierras raras y metales traza o metales pesados” (MultiWatch, 2014).

En Perú, la principal actividad de explotación minera por parte de la Glencore se relaciona con la extracción de cobre, zinc y plomo. En la provincia Espinar, ubicada en la región de Cuzco sobre la sierra andina de ese país, opera, desde el año 1994, la mina de producción de cobre a cielo abierto denominada Xtrata Tintaya. Según datos del libro citado, miembros de la comunidad afirman que, desde hace diez años aproximadamente, se han venido presentando la muerte de animales y la escasez de agua.

Las comunidades indígenas han alertado acerca de la presencia de metales venenosos en el agua y sobre la malformación de los fetos y abortos en los animales: “En noviembre del 2011, el alcalde (…) de la provincia de Espinar (...) Oscar Mollohuanca, junto con un grupo de organizaciones de base (Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, FUDIE), presentaron una denuncia contra Xstrata Tintaya” por la contaminación ambiental que la empresa estaba causando. La demanda se basó en diversos estudios que arrojaron como resultado, entre otros aspectos, la presencia de sustancias altamente tóxicas como arsénico, cromo y mercurio en sangre y orina de varios pobladores de esta región.

Por otra parte, en enero de 2014 la Glencore fue multada por la contaminación de pastos en los alrededores de la mina. Según las investigaciones, se encontró una alta concentración de cobre en los suelos, en una proporción que sobrepasa en tres mil por ciento las cantidades permitidas en los estándares internacionales.

Ante estos graves hechos y las correspondientes denuncias, la empresa se niega a aceptar su responsabilidad en el deterioro del medio ambiente y de la salud de los pobladores, alegando que estas nada tienen que ver con la actividad minera que ellos realizan.

En Colombia, Glencore ha sido la directa responsable de las alteraciones en el nivel ecosistémico que aparecen en las regiones donde realiza sus operaciones, la de mayor importancia tiene que ver con minas que se encuentran ubicadas al noreste del país, en los departamentos del Cesar y la Guajira, en los cuales hay tres minas a cielo abierto para la explotación de carbón térmico: La Jagua de Ibirico, Calenturitas y el Cerrejón. Esta última  está catalogada como la mina más grande a cielo abierto en el mundo, con un  área minera  que cubre un total de 69.000 hectáreas y produce  en la actualidad más de 31 millones de toneladas métricas de carbón térmico (http://www.cerrejon.com/site/operacion-integrada/mina.aspx).

El proceso para extracción de carbón en estas minas a cielo abierto se basa primero en la remoción de la capa vegetal, para luego proceder a la abertura de orificios cuya profundidad alcanza los 300 metros en la tierra. Este modo de proceder genera daños irreversibles, pues el alto grado de erosión ocasionado por la actividad trae como consecuencia la improductividad agrícola de la tierra. Las comunidades ubicadas en esta región manifiestan los cambios drásticos en el paisaje y en la topografía de los territorios, y las enfermedades de tipo respiratorio que tanto seres humanos como animales han sufrido a raíz de la presencia de la mina.

Además, la Glencore fue acusada del desvío del río Ranchería en el departamento de la Guajira y del Río Calenturitas en el municipio del mismo nombre en el departamento del Cesar, acción que no solo altera el equilibrio hídrico en la región, sino que ha producido desabastecimiento de agua potable y contaminación de ríos en la Guajira y, con ello, la imposibilidad de que el agua pueda ser utilizada para actividades de riego y consumo humano y animal, afectando a la salud y a la economía de las familias. Por añadidura, el paisaje desértico y el polvo impiden que la vegetación crezca.

En el año 2013 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) obligó a la Glencore a suspender inmediatamente la explotación de la mina Calenturitas “por intervenir ecosistemas sin autorización y realizar explotación minera más allá de los límites permitidos por su licencia”, lo cual le generó en enero de 2014 una formulación de cargos por parte de la autoridad ambiental, que la empresa se niega a aceptar.

El proyecto minero de la Jagua está ubicado a dos kilómetros del casco urbano en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento Cesar, habitado por 21.000 personas. En la mina trabajan más de 1.700 personas, 450 obreros contratados directamente, más contratistas y empleados subcontratados por terceros. Catalogada como la cuarta mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, el año 2011 La Jagua reportó una producción de 2.944.000 toneladas.

La Glencore reparte la operación de la mina de La Jagua de Ibirico en dos empresas: la del Consorcio Minero Unido (CMU), que opera con los mismos equipos y en los mismos terrenos de Carbones de la Jagua (CLJ), pero con personal cubierto por un pacto colectivo que impide a los trabajadores asociarse en un sindicato, y Carbones del Tesoro (CET), que no tiene personal, tampoco equipos ni extrae un solo gramo de carbón, pero reporta al gobierno estar explotando el mineral, a pesar de que sus terrenos son usados como un gigantesco botadero de escombros y material estéril.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética), la existencia del pacto colectivo en CMU sólo ha servido para dividir a los trabajadores. En este sentido, Ricardo Machado, presidente de Sintramienergética La Jagua, señala que la Glencore “no les reconoce organización sindical, no les reconoce nada que tenga que ver con lo normativo. Simplemente, les otorga unos dineros que, al final, no están por encima de lo que tenemos nosotros como convención colectiva. Simplemente mantiene la división, haciéndole creer a los trabajadores que con ello les dan un trato preferencial porque no están afiliados a un sindicato y a nosotros nos golpean duramente para que ellos no se afilien”.

Consideraciones generales

En Colombia y Perú surgieron acciones y opiniones para declarar ilegal o inconstitucional artículos de las leyes, decretos y otras normas que amparan en su totalidad y de manera impune a las actividades mineras. El 21 de abril de 2015 el Senador Colombiano Jesús Alberto Castilla Salazar, quien es también líder campesino, realizó una intervención ciudadana ante las y los magistrados de la Corte Constitucional, solicitando declarar la inconstitucional de la expresión: “En desarrollo del artículo 58de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases”, aprobada en el Código de Minas con la Ley 685 de 2010(Ver Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad -Expediente D – 10673- contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001,  por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social. 21 de abril de 2015).  El argumento principal es que el contenido de los artículos mencionados da vía libre para la explotación minera, afectando así otros derechos ambientales y sociales cuya protección no es negociable.

Según la intervención del senador Castilla Salazar,  la expresión consagrada en el Código de Minas vulnera los derechos y bienes protegidos en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política Colombiana, a saber: el acceso a tierras para el campesinado, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria y el derecho a un medio ambiente sano.

De igual manera, Laureano Del Castillo, Abogado y Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), afirma que el decreto 001- 2015, publicado por el Ministerio de Energía y Minas de ese país, es ilegal e inconstitucional, pues desconoce los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas en cuanto a la toma de decisiones  frente al curso que deban tomar sus territorios y frente al derecho de propiedad y  uso de la tierra para su subsistencia (http://www.noticiasser.pe/21/01/2015/%E2%80%9Cel-decreto-001-2015-del-minem-es-ilegal-e-inconstitucional%E2%80%9D).

Lo anterior es una muestra expresiva de la forma en que los impactos de la actividad minera resultan nocivos para las comunidades que viven de la agricultura y para el cumplimiento de derechos humanos como el derecho a una vida digna, un trabajo digno, el derecho al agua y a un ambiente sano.  

El artículo de esta quincena, presentado en formato de ensayo, busca en la historia y la condición de mediterraneidad de Bolivia y Paraguay las raíces de una supuesta “condena extractivista”. El Comité calificador el Concurso de artículos, ensayos y fotografías 2015 le dio el segundo puesto, destacando el esfuerzo de la mirada histórica y la comparación de la situación de dos países en la región.

El término extractivismo es de uso reciente aunque la práctica que designa se figure centenaria. A grosso modo, se refiere a un proceso económico que consiste en extraer recursos naturales (renovables o no renovables) para luego venderlos al extranjero, sin valor agregado, en calidad de materias primas.

A simple vista, el extractivismo tiene un carácter predatorio que polariza, por un lado, a los organismos públicos o privados que compran un recurso determinado (madera, oro, crudo, café o minerales) al precio de la región donde se encuentra, revendiéndolo en el mercado internacional y obteniendo ganancias muy por encima de su inversión, y, por otro, a las comunidades indígenas o campesinas que, debido a la carencia de un capital fijo, son obligadas a sobreexplotar sus tierras para subsistir en el límite de la dignidad humana. En efecto, a fin de que el extractivismo sea mínimamente redituable, se requiere, entre otras cosas, de una estabilidad entre el consumo y la producción o, mejor dicho, entre la explotación y la renovación que, por desgracia, aún se vislumbra lejana en el horizonte.

Razones históricas

Por razones históricas, que aparecen registradas desde las primeras Crónicas de Indias, el extractivismo tiene una presencia muy notoria en Latinoamérica. Más aún, como la economía global se ha vuelto cada vez más demandante bajo los preceptos del neoliberalismo, las legislaciones necesarias para asegurar el bienestar de las zonas que dependen directamente de sus recursos naturales para estimular su desarrollo resultan, hoy en día, insuficientes.

En ocasiones la tendencia se agrava y cuando, además de explotar un recurso no renovable, se utiliza una técnica de explotación que reporta costos ambientales severos —la fracturación hidráulica, por ejemplo—, el extractivismo es cualquier cosa menos un negocio con miras hacia el futuro.

En el Cono Sur hay varios países que obtienen la mayor parte de su producto interno bruto gracias al extractivismo. Dos de ellos están condicionados por motivos netamente geográficos, (aunque en el caso de Bolivia, la geografía fue ayudada por la historia, porque perdió su salida al océano pacífico en una guerra con su vecino Chile), pues se hallan en tierra adentro y no cuentan con ninguna salida al mar.

Unidos en la región del Gran Chaco y divididos por una frontera que se comba a lo largo de más de setecientos kilómetros, Bolivia y Paraguay, hoy día fuertemente involucrados en actividades relacionadas con la ganadería, la agroindustria y, desde la década de los setenta al menos, con el procesamiento de diversos aceites (de soja y de girasol, entre otros), han visto cómo sus economías nacionales han estado condicionadas, tradicionalmente, por la necesidad de la exportación inmediata. La cartografía no los favorece: no poseen puertos marítimos y por esa razón, la misma que hizo que en sus territorios no floreciera la literatura de viaje en el siglo XIX, el comercio que realizan conlleva una serie de obstáculos difíciles de zanjar.

Ambos países tienen una fuerte influencia indígena, en Bolivia hay treinta y seis etnias distintas, reconocidas en su Constitución Política del Estado y en Paraguay existen más de veinte, y, no obstante la diferencia en el tamaño de sus superficies —Paraguay podría superponerse casi tres veces en el área de Bolivia, como un dedo en la frente—, sus respectivos PIB per cápita están prácticamente empatados, todavía en la zaga de la economía continental.

La mancuerna que conforman Bolivia y Paraguay resulta interesante porque, luego de haber protagonizado entre los años 1932 y 1935 la Guerra del Chaco, última batalla en América que esgrimió como causus belli la dominación de un territorio que a la sazón se adivinaba dueño de yacimientos petrolíferos significativos, parece un ser bifronte. Sus partes han seguido, desde entonces, políticas públicas que sugieren direcciones diametralmente opuestas y, sin embargo, han llegado al mismo lugar: el acendramiento del extractivismo.

Las rutas

Bolivia, que se integra por tres vastas regiones, la altiplanicie, los valles y los llanos orientales, que incluyen las tierras amazónicas, se caracteriza por producir una amplia gama de recursos naturales que van desde los minerales del oeste, pasando por los hidrocarburos del centro, hasta la quinua del este. Con la Revolución Nacional, que tuvo sus principales repercusiones en los ámbitos de la ciudadanía electoral y agraria, la tierra entró en una fase de repartición que, aunque trajo consigo innegables beneficios, no supuso la erradicación del extractivismo que había legado la Colonia.

Como escribe Jesús González Pazos, en su libro Bolivia. La construcción de un país indígena: “[…] los pueblos indígenas […] se mantuvieron sometidos […] a los ataques continuados y en crecimiento por parte de los intereses de la oligarquía y nuevos grandes propietarios agrarios, ganaderos y extractivos de recursos naturales (petróleo, gas, madera)” (2007: 58). Ahora bien, dadas las profusas complicaciones que implican la construcción y la puesta en marcha de un nuevo modelo económico funcional, en los últimos años Bolivia ha ponderado al extractivismo por encima de la industrialización, fomentando su crecimiento momentáneo pero poniendo en entredicho, al mismo tiempo, su desarrollo a largo plazo.

A manera de ejemplo, el caso del estaño boliviano es ilustrativo. En principio, los naturales llevan a cabo la extracción del metal, hombres y mujeres trabajadores, quienes asumen los riesgos laborales; si sufren algún accidente, el tratamiento consecuente lo proporciona el sector salud del Estado o bien las aseguradoras particulares de los consorcios mineros. Después, el estaño se vende en una módica suma al exterior, que apenas despunta los gastos operarios de su explotación. Luego el país que le brinda procesamiento, generalmente ubicado en Asia, lo transforma en, por decir algo, un artículo electrodoméstico, imprimiéndole una obsolescencia programada y vendiéndolo de nueva cuenta, ahora a un precio exponencial, a las familias bolivianas. Como corolario, el armatoste se descompone a los pocos años y entonces, sin reparación posible, a Bolivia le quedan sólo dos opciones: o sirve de depósito para la chatarra extranjera, o cubre los gastos que representa el reciclaje del material en cuestión.

Por otro lado, Paraguay ha abierto las puertas de par en par a las técnicas de extracción que emplean las potencias mundiales. En los últimos tres cuartos de siglo sus gobiernos han sido casi siempre de raigambre conservadora y, como era de esperarse, le han evitado la fatiga a las empresas transnacionales, impidiendo, por si esto no bastara, que los gobiernos de izquierda, que han tenido intervenciones más bien eventuales en el escenario presidencial, puedan revertir, contrarrestar o siquiera aminorar sus efectos.

En la actualidad, Paraguay se mantiene como uno de los más importantes productores de soja, un tipo de planta leguminosa que adquiere aspectos múltiples en la alimentación humana y que, a decir de los expertos, desgasta el subsuelo muy rápidamente. Asimismo, se ha convertido en líder en exportación de carne de vaca en el mundo. Junto con Ecuador (que ha hecho lo posible por invertir esta lógica económica con proyectos tales como el Yasuní ITT, los cuales, pese a no haber prosperado (hasta la fecha), han sido fundamentales para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la magnitud de este problema), Venezuela, Bolivia y Paraguay son parte de los países que más atados están al extractivismo en Sudamérica.

Sacando lecciones

Aún es muy temprano para enunciar conclusiones, pero parece que Bolivia y Paraguay, en pos de rutas distintas, están arribando a una meta compartida: uno, con su proyecto indigenista y nacionalista; el otro con su discurso de apertura al capital extranjero. En lo que sí coinciden voluntariamente es en la intención de tocar las costas de los océanos que tienen más próximos. Bolivia, por el flanco occidental, lleva décadas exigiendo la devolución del puerto de Antofagasta, que le fue arrebatado por Chile durante la Guerra del Guano y del Salitre (1879-1883) y a través del cual podría sostener comunicación con el Pacífico. Paraguay, por el flanco oriental, ha negociado con Uruguay la construcción de un puerto de aguas profundas que le permitiría establecer contacto con el Atlántico.

A pesar de sus diferencias políticas y de sus desemejanzas como productores y abastecedores de materias primas, Bolivia y Paraguay saben que, mientras le encuentran una alternativa eficaz a ese extractivismo atávico, lo más sensato es la búsqueda del amortiguamiento de su impacto económico a través de la gestión del comercio marítimo con la menor cantidad posible de intermediarios. Tiene razón Eduardo Galeano cuando, en Las venas abiertas de América Latina, afirma: “Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores [norteamericanos, europeos o asiáticos] que los precios que reciben los vendedores [latinoamericanos]”. A la luz de lo expuesto, ambos países son parte de la tierra encallada, atrapada en medio de una enorme masa de tierra, que empujan por la izquierda y por la derecha, en aras de una salida al mar, intentando recobrar el impulso que la lleve hacia mejores derroteros.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Este artículo aborda el análisis de un programa estatal nacional de Transferencias Monetarias Directas (TMD) en Paraguay, usando criterios relativos a la situación de género de las mujeres que participan en su desarrollo. El texto está basado en una investigación realizada el año 2014 con apoyo del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). La autora mereció el primer premio del Concurso Alimentos y Pensamientos, siempre en agenda del presente año; el jurado destacó, además de la descripción sistemática y la argumentación, la inclusión de las voces de la población involucrada.

Tekoporã en guaraní quiere decir vivir bien o buen vivir. Al mismo tiempo, es el nombre del programa de protección social de mayor cobertura en el Paraguay. El objetivo del Programa es, a corto plazo, disminuir la pobreza extrema y, a largo plazo, romper con las transmisión intergeneracional de la pobreza, por medio del aumento del capital humano de los niños y niñas. Para este propósito, Tekoporã dirige las transferencias monetarias a las mujeres del hogar, tomando como referencia la división sexual del trabajo existente. Si bien la transferencia tiene como destinatarios finales a los niños y niñas del hogar, impacta de diversas maneras en la vida de las mujeres receptoras del subsidio estatal.  

Un breve recorrido por la región

La crisis que afectó a América Latina y el Caribe en los años 80 implicó en el ámbito social la creación de un nuevo modo de intervención estatal para el combate de la pobreza. Por un lado, se pasó de una política universalista a una política de focalización y, por otro, de una perspectiva de reducción de la pobreza en el corto plazo, a otra que, en el largo plazo apunta al aumento del capital humano para un corte intergeneracional de la pobreza, (León, 2008. Progresos en la reducción de la pobreza extrema en América Latina. Dimensiones y políticas para el análisis de la primera meta del Milenio. Santiago de Chile: CEPAL).

Dentro de este nuevo modelo de intervención se insertan los Programas de Transferencias Monetarias Directas (TMD) –conocidos en Paraguay como Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC) e implementados en la región a partir de mediados de la década del 90, con el objetivo -a corto plazo- de aliviar la pobreza extrema con el incremento de recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación y, a largo plazo, incrementar el capital humano de niños y niñas, de manera a que en el futuro cuenten con las capacidades necesarias para generar ingresos propios.

El interés y el alcance de estos programas aumentaron considerablemente en la última década. Actualmente cuentan con alrededor de 113 mil millones de personas beneficiarias en América Latina, lo que representa el 19% de la población total de la región y el 59% de la población en situación de pobreza. El programa de mayor alcance en términos de cobertura es el Bono de desarrollo Humano, en Ecuador, con una cobertura del 44% de la población total y el 100% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en ese país, mientras que, en términos de números absolutos, los que tienen mayor cantidad de población beneficiaria son Bolsa de familia (Brasil) con 52 millones, y Oportunidades (México) con 27 millones. (Rangel B., M. (2011) Pobreza rural y los Programas de Transferencias Condicionadas en América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo N° 3. Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Santiago de Chile: Rimisp).

Si bien entre los PTC existen diferencias derivadas del diseño y el contexto donde se implementan, todos los programas comparten los mismos lineamientos y características generales. Entre ellos está la entrega de las transferencias a las mujeres bajo diferentes supuestos, como ser la idea de que éstas “tienden a dar un mejor uso de los fondos que los hombres”. (Fiszbein, A, & Schady, N. (2009) Panorama General. Transferencias Monetarias Condicionadas. Reduciendo la pobreza actual y futura. Washington: Banco Mundial).

Contexto Social y económico de Paraguay

El modelo económico de Paraguay concentra las riquezas en pocas manos, lo que produce altos niveles de pobreza y de desigualdad. La población total del país asciende a 6.780.504, de la que el 22,6% vive en situación de pobreza, es decir que más de un millón y medio de personas viven actualmente con menos de lo correspondiente a una canasta básica de consumo (Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos DGEEC-2014 y Encuesta Permanente de Hogares EPH. Principales resultados de pobreza y distribución del ingreso. Fernando de la Mora, Paraguay). De las personas que viven bajo la línea de pobreza, el 10,5% se encuentra en situación de pobreza extrema.

La población rural del país asciende a 870.716 personas, de las cuales el 32% está por debajo de la línea de pobreza. A nivel urbano, la pobreza es del 16,2%. De este alto porcentaje, el 19,2% vive en la extrema pobreza.

A la pobreza debemos sumar los elevados índices de desigualdad existentes. En el año 2013 el decil más rico del país percibía 26 veces más ingresos que el decil más pobre. Para el año 2014, esta diferencia pasó a 32, lo que indica que la desigualdad, antes que disminuir, va en aumento. Y a la desigualdad de ingresos se suma la desigual distribución de tierras. Según datos del Censo Agropecuario Nacional (CAN) 1991, el índice de Gini de ese año era de 0,91 y en el CAN 2008 aumentó a 0,93, siendo ésta una de las concentraciones más altas de América Latina.

Como pudimos observar, la pobreza y la desigualdad afectan de manera diferenciada al campo y a la ciudad, siendo más pronunciada en el sector rural. Así mismo, la pobreza tiene un impacto diferenciado y más pronunciado sobre las mujeres.

Un análisis por sexo del ingreso mensual promedio nos muestra cómo las mujeres perciben ingresos inferiores que los hombres. En el año 2004 las mujeres ganaban 15,4% menos que los hombres; en el año 2014 la diferencia ascendió al 29%. Es decir que en la última década la brecha de ingresos entre hombres y mujeres aumentó en 14,5 puntos. La diferencia según datos del año 2013 era de 10 puntos porcentuales.

La feminización de la pobreza no se limita a la esfera económica, es necesario incorporar al análisis elementos relacionados a la cultura y las relaciones de poder. Los roles asignados por la sociedad a hombres y mujeres, como parte de la división sexual del trabajo, implican para éstas mayor sobrecarga de trabajo y menor control de los recursos, lo que impacta de manera más profunda en su situación socio-económica.

El Programa Tekoporã

El Programa Tekoporã se implementó por primera vez en el año 2005 como experiencia piloto en cinco distritos del país (Paraguay se divide en 17 departamentos que, a su vez, se subdividen en distritos y localidades), y actualmente está presente en 90 distritos y abarca un total de 95.330 familias beneficiarias.

Tekoporã está dirigido a familias en extrema pobreza, que viven en zonas rurales y urbanas de la región oriental, priorizadas por el  Índice de Priorización Geográfica para la Inversión en Pobreza Extrema (IPGEX) y que cuenten en el hogar con niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

El monto de la transferencia varía según la composición familiar, pero cuenta con un monto fijo que se establece como concepto de bono alimentario. Las familias beneficiaras del Programa deben cumplir con corresponsabilidades en el área de salud y educación de los niños y niñas del hogar, principalmente en lo que respecta a la matriculación, a la asistencia escolar y a la libreta de vacunación. 

Tekoporã establece como criterio la titularidad de las mujeres y sólo en casos excepcionales la titularidad de los hombres, por ejemplo en casos de ausencia de mujeres mayores de edad o falta de documento de identidad, entre otros.

El fundamento de la titularidad femenina se encuentra en concordancia con las mismas premisas de los PTC de la región, fundamentalmente en lo que respecta a la división sexual del trabajo, tal como lo indica la responsable interina del Programa:

“Tekoporã supone que son las mujeres las que se encuentran más vinculadas a la administración de la alimentación del hogar, y siendo el bono alimentario el mayor porcentaje de transferencia es que se realiza el pago principalmente a las mujeres que para Tekoporã pasan a ser las Jefas de Hogares”.

Tekoporã con mirada de género

Para analizar la influencia del Programa en la vida de las mujeres, se relevó información de campo de una de las zonas más pobres del país, el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia Yvype, del distrito de Lima. Este relevamiento arrojó una serie de elementos referidos al impacto de Tekoporã entre las mujeres de la zona.

Según estudios, la mayoría de los PTC de la región incorporan la titularidad de las mujeres por su condición de madres y su rol tradicional en el cuidado de los hijos, tal como lo indica Ceballos (2011) en Análisis de las implicancias para la equidad de género de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Caso México, Chile y Brasil. Documento 22 del Instituto de Estudios Fiscales.

(…) Se cuestiona la forma en que los PTMC instauran una tendencia por recargar en las mujeres la responsabilidad del cuidado de los hijos y por ende, de cierta forma, las instrumentaliza para el logro de los objetivos, ya que en pocos casos se observa una relación de las mujeres con el programa en la que se fomente la acumulación de capital de éstas y no sólo la de los/as hijos/as; por el contrario, el rol de cuidadoras y garantes del bienestar mediante su aporte de trabajo doméstico no remunerado parece ser que es la clave para lograr los objetivos del programa.

De la misma manera, Tekoporã refuerza los roles tradicionales de género, puesto que se basa en la división sexual del trabajo existente para la llegada a los niños y niñas del hogar, lo que está dado por la responsabilidad exclusiva de las mujeres en el cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación de los hijos e hijas. Antes que cuestionar el rol de las mujeres como únicas encargadas del cuidado de los hijos, Tekoporã los consolida y legitima, lo que puede observarse en las declaraciones de las mujeres sobre la titularidad del Programa:

“Les toca a las mujeres, es la que administra porque los hombres muchas veces no saben la necesidad dentro de la casa, hay muchos que no saben, algunos entienden, por eso muchas veces a la mujer le toca más. Las mujeres son las que viven más con los hijos y saben cuáles son sus necesidades”.

“Mujeres nomás tienen que ser porque la mujer únicamente sabe todas las necesidades de la casa y este ingreso es para la casa y para los niños”.

De esta manera, la titularidad de las mujeres no implica para ellas ser protagonistas de la política social, sino vehículos para su llegada a los niños y niñas del hogar, verdaderos beneficiarios del Programa.

Si bien desde el diseño del Programa se refuerza el papel de las mujeres en el ámbito privado, al mismo tiempo la titularidad implica un reconocimiento y valoración del papel de las mujeres en el manejo de los recursos económicos del hogar, lo que tiene un impacto positivo en su autoestima. Este impacto no está dado por la transferencia en sí misma, sino más bien por el acompañamiento sociofamiliar que realizan los guías familiares del Programa.

Otro aspecto de los PTC está asociado al impacto práctico de las corresponsabilidades exigidas en la vida de las mujeres. En la mayoría de los PTC las corresponsabilidades implican para las mujeres titulares una ampliación de responsabilidades y una mayor demanda de tiempo. Sin embargo, en el caso de Tekoporã, las exigencias en las áreas de salud y educación no demandan necesariamente mayor dedicación de tiempo para su cumplimiento, debido a la baja exigencia de documentaciones. De hecho, las mujeres, formen parte o no del Programa, realizan las mismas tareas. Pero se observa una dificultad en cuanto a la baja oferta pública existente, lo que muchas veces impide el cumplimiento de las exigencias del Programa, principalmente en lo que respecta al área de salud.

En relación a la participación económica de las mujeres en la unidad familiar, nos encontramos con que, en muchos casos, las transferencias implican el primer ingreso estable para las mujeres, lo que hace que éstas puedan participar de forma más regular en la economía del hogar y transciendan su rol exclusivo de encargadas del ahorro familiar. De esta manera, los ingresos provenientes de las transferencias se combinan con los ingresos de los hombres para la compra de la canasta básica diaria.  

A diferencia de uno de los supuestos de los PTC con relación a la mayor capacidad de negociación que implicaría las transferencias para las mujeres, nos encontramos con que debido al bajo monto del subsidio, éste no implica para las mujeres mayor poder de negociación sobre el uso del dinero dentro del hogar, utilizado mayormente para compra de productos de consumo diario.

Por último, el componente de organización del Programa ha posibilitado una mayor participación social y comunitaria de las mujeres. Estos espacios colectivos significan para ellas la posibilidad de trascender el ámbito de lo privado y, a su vez, les permiten capacitarse en diversos temas, organizarse y trabajar con otras mujeres de la zona.

La limitación que encontramos en relación a la mayor participación de las mujeres tiene que ver con el reforzamiento de los roles tradicionales, ya que, al no redefinirse la división sexual del trabajo dentro de la unidad familiar, su participación en los espacios comunitarios implica para ellas una mayor carga de trabajo y de tiempo. Para que estos espacios puedan contribuir efectivamente a un aumento real de la participación social de las mujeres es necesario crear mecanismos específicos que impliquen un mayor involucramiento de los hombres en las tareas del hogar, de manera que ellas cuenten con las condiciones necesarias para su participación en el ámbito público. 

De esta manera observamos como el Programa tiene diferentes matices e impacta de manera diversa, y en algunos casos contradictoria, en la vida de las mujeres. Como lo dicen los autores Franzoni y Voorend, en el análisis de las transferencias no deben admitirse ni blancos, ni negros, sino grises (Martínez Franzoni, J., & Voorend, K. (2008) Transferencias condicionadas, regímenes de bienestar e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises? Miami: Center for Latin American Studies. WPS 15).

El impacto que genera el Programa Tekoporã requiere la revisión y redefinición de algunos componentes que apunten a una mayor igualdad de género, donde las capacidades de las mujeres sean potenciadas y éstas se conviertan en sujetas de la política de protección social, de la misma manera como lo son hoy los niños y niñas en situación de pobreza extrema.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En el marco de las movilizaciones sociales de mayo y junio de este año 2015 se generaron variaciones sustanciales en el proceso político ecuatoriano, la consecuencia más importante es la puesta en cuestión de una próxima reelección presidencial de Rafael Correa en la etapa electoral venidera del 2017 (que a esas alturas, cumplirá diez años ininterrumpidos en el poder).

A esto se suma el debilitamiento del modelo económico basado en las rentas crecientes de las commoditties, provocado en especial por la caída en los precios en los hidrocarburos, con lo cual el proyecto desarrollista hegemónico muestra grietas que pudieran agrandarse de continuar impertérrito un programa político aplicado por la vía de un caudillismo autoritario y progresismo extractivista, denominado “cambio de la matriz productiva”.

Otra consecuencia es el rol protagónico que adquieren los líderes locales de la derecha, sobre todo los alcaldes de las principales ciudades del Ecuador: Rodas en Quito y Nebot en Guayaquil, como portaestandartes de una oposición urbana.

No se puede dejar de mencionar una cierta recuperación en capacidad de convocatoria de los movimientos populares sindical e indígena y de los partidos de izquierda tradicional, alrededor de la defensa de los derechos laborales y sociales históricos.

Paradójicamente, los acontecimientos que precipitaron la situación de quiebre fueron diferentes proyectos de ley que golpeaban a las clases trabajadoras clásicas, en unos casos y a los sectores de gran capital inmobiliario y grupos de poder familiar, en otros.

A continuación, bien vale exponer con algún detalle los planteamientos señalados en los párrafos anteriores, donde, además de los contenidos de las normas jurídicas planteadas, es pertinente detenerse en sus formas de construcción política.

Los acontecimientos de abril y mayo del 2015 fueron incididos por los debates y la aprobación de la denominada Ley de Justicia Laboral que, entre otros puntos, planteaba la supresión del aporte estatal del 40% al presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para financiar a largo plazo la jubilación de los trabajadores (Consultar “Mayoría oficialista aprobó reforma”. En: www.elcomercio.com/actualidad/politica-asamblea-nacional-proyecto-ley.html), norma que había estado vigente desde los años 40 del siglo veinte y cuya supresión vulnera fuertemente derechos sindicales adquiridos (Ver el boletín informativo de Cedocut: cedocut.org.ec/la-prensa-informa-sobre-reforma-que-suprime-derechos-laborales-y-de-jubilados/). Cabe indicar que en el proceso de discusión el gobierno no solo que no consideró los planteamientos de las centrales sindicales sino que tomo la iniciativa de formar públicamente otra central sindical afín al oficialismo, denominada Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las agrupaciones sindicales reunidas alrededor del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), respondieron con una serie creciente de movilizaciones, la de mayor trascendencia aconteció en la marcha del 1 de mayo que aglutinó no solo a miles de trabajadores sindicalizados sino que logró colocar tras suyo a sectores de las clases medias.

No hubo protestas que valieran y el presidente Correa rápidamente puso en vigencia esta Ley. En cambio, los acontecimientos de junio estuvieron marcados por los debates alrededor de dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, recurriendo a la vía de “económico urgente”. El primero, que incrementaba el impuesto a la plusvalía sobre suelos y edificaciones urbanas y rurales, bajo la denominación de reformas al Código de Ordenamiento Territorial (Consultar “Dos proyectos en trámite”.En:www.eluniverso.com/noticias/2015/05/26/nota/4913786/dos-proyectos-tramitedisposiciones-sobre-plusvalia). El segundo proyecto, denominado “Ley Orgánica de Redistribución de la Riqueza” cuya parte sustancial consiste en el incremento del impuesto a las herencias directas con una tabla impositiva que va del 2% al 45% (Consultar “Impuesto a herencia tendrá deducciones”. En: www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-herencias-ecuador-rafaelcorreaasambleanacional.html). El argumento principal del Ejecutivo ha sido atacar a la injusta distribución de la riqueza por la vía impositiva fuerte, donde el Estado asume el rol de controlador y redistribuidor sobre las grandes fortunas.

Es importante detenerse un poco en estos dos proyectos. En primer lugar, señalan “un giro a la

izquierda” en el discurso político del régimen, que durante casi dos años, desde el inicio de su

segundo periodo presidencial consecutivo, en 2013, estuvo marcado por la estrategia del denominado

“cambio de la matriz productiva”, cuyo eje central implicaba una alianza dura entre el gobierno y los

sectores empresariales (Consultar “Correa se reúne con empresarios”. En:

www.vistazo.com/seccion/pa%C3%ADs/correa-sobre-reuni%C3%B3n-con-empresarios-estos)

acercamientos-benefician-al-pa%C3%ADs). En segundo lugar, con ellos el presidente Correa expresa

su horizonte de cambio, de hecho, en una entrevista televisiva manifestó que en ellos estaba presente la esencia de su visión sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, apelando a dos fuentes teóricas: las encíclicas del Papa Bergoglio; y el texto del economista Piketty sobre el rol de las herencias en la concentración de la riqueza. (Thomas Piketty (2014). El capital en el siglo XXI. Edit. Fondo de Cultura Económica). (Consultar “Correa defiende Ley de Herencia como justicia social” En: www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101827584#.VZn80FKpKbc).

Estas dos propuestas, lanzadas con el estilo vertical y economicista propio de Correa, abrieron la franca oposición de la derecha, quien, por medio de sus alcaldes, que apelaron al discurso de la defensa de la propiedad y de la familia, ganó rápidamente la adhesión de las clases medias, especialmente urbanas, y se lanzó a las calles, ahora ya no a la cola de las centrales sindicales, como había acontecido en el reciente primero de mayo, sino al frente y dejando descolocados a los sindicatos. En respuesta, Correa apeló a una conciencia de clases por la redistribución de la riqueza, pero “olvidando” que durante todos los años anteriores, precisamente, uno de sus flancos de ataque, fueron las organizaciones sindicales, los partidos de izquierda tradicional y el movimiento indígena, según él por pecar de “infantilismo de izquierda”.

En los tres casos planteados Correa llevo al extremo su estilo legislativo: a) las principales normas legales se aprueban previamente en el Ejecutivo, y queda evidente el rol subordinado de la Función Legislativa; b) la denominada socialización de las propuestas de ley son muy acotadas, no generan consensos sociales; c) están fuertemente marcadas por una lógica tecnocrática, la racionalidad economicista del discurso las legitima, no la construcción política.

Hasta ahora, la legitimidad provino de una hegemonía alrededor del discurso que apela a la modernidad, al progreso y la fidelidad al proyecto que exhibe el caudillo, que tiene un gestor principal en el Estado con un Ejecutivo fuerte. Exactamente así había acontecido, por ejemplo, alrededor de la resolución presidencial de dar por concluida la iniciativa Yasuní y la autorización para iniciar por la exploración y explotación petrolera dentro de la principal reserva de biodiversidad de la amazonia ecuatoriana.

Este proceso político, construido desde arriba, es el que empieza a resquebrajarse, por un lado con el agotamiento de la vía caudillista, ya afectada en el proceso electoral alrededor de la renovación de gobiernos municipales en febrero del 2013 y, por otro lado, con el debilitamiento del poder económico del Estado por la reducción de los ingresos provenientes de los precios altos en los hidrocarburos.

La vía política planteada por Correa, de ir a la reelección indefinida e inmediata de todos los representantes electos, desde concejales municipales, pasando por los legisladores y llegando hasta el Presidente de la República, a estas alturas asoma como fuertemente impopular y jurídicamente inconstitucional, siendo cuestionada.

En el Ecuador actual se presentan nuevos escenarios y, probablemente desde una lectura popular, la problemática central es si los movimientos sociales alternativas y las izquierdas lograrán construir una autonomía necesaria, tanto frente a la opción de derecha como frente a la opción desarrollista, para recuperar en el mediano y largo plazo una capacidad de convocatoria hacia un programa de cambio con transformaciones profundas al orden burgués modernizador apuntalado por el gobierno actual.

Siempre será necesario recalcar que la vía no es una salida golpista (lo cual es recurrente en la historia política del Ecuador), sería un gravísimo error apuntalar cualquier putch cívico – militar, que aborte procesos en maduración, como la renovación de una izquierda popular.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En el Paraguay, el problema de la tierra sigue siendo un aspecto determinante de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. La actual estructura de tenencia de la tierra, caracterizada por una enorme concentración en un pequeño grupo de propietarios, es fruto de un largo y conflictivo proceso histórico que ha significado el despojo y el desarraigo de miles de hombres y mujeres del campo, al tiempo de que otros han logrado permanecer en sus comunidades, mediante enormes sacrificios y una admirable fuerza de voluntad.

Desde esta premisa integral, el autor desarrolla un trabajo analítico sobre la tenencia de la tierra en ese país, con una perspectiva crítica sobre las políticas públicas vigentes en materia de tierras, y apuntando los aspectos que han dificultado su acceso a los grupos sociales que históricamente la poseyeron, trabajaron y protegieron.

El contenido del presente artículo de la Serie Diálogos es parte del Documento sobre Políticas Públicas Respecto a la Tierra, elaborado por el mismo autor dentro de la iniciativa del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.

Cadena de efectos

Las políticas públicas se desarrollan a partir y dentro de un marco legal e institucional que establece los mecanismos para que la población rural pueda acceder a una superficie de tierra. En el Paraguay, en las últimas décadas, la política de distribución de tierras se ha incluido en la política denominada de Reforma Agraria, de mucha relevancia para la sociedad paraguaya, al punto que tiene un estatus constitucional, donde se la define como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural, mediante la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. A partir del desarrollo constitucional de la reforma agraria se desprenden las leyes, instituciones y lineamientos para llevar adelante la política de distribución de tierras, como el Estatuto Agrario del 2002 y la ley que creó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el año 2004.

Al tiempo de resaltar la importancia de la reforma agraria, la Constitución Nacional de 1992 destaca la existencia del latifundio dentro de la estructura agraria del país, estableciendo como objetivo su eliminación progresiva, entre otras formas, a través de un sistema tributario que lo desaliente; permite la expropiación pública de la propiedad privada por causa de utilidad pública o por interés social, en especial para los casos de latifundios improductivos. La utilidad pública es pertinente cuando se expropia para construir caminos, tendido eléctrico o infraestructura pública, mientras que el interés social se aplica en los casos en que existe una demanda genuina de tierras por parte de una población que no la tiene.

Según el Estatuto Agrario, para que se cumpla la función económica y social de la tierra, las propiedades deben tener aprovechamiento eficiente, uso racional y ser ambientalmente sostenibles, según las leyes ambientales vigentes. Pero contradictoriamente establece un parámetro muy bajo para considerar el uso racional de un inmueble, lo cual perjudica su aprovechamiento eficiente. Cuando la propiedad no cumple con dicha función, el Estado debe intervenir, expropiándola y poniéndola a disposición de la política de redistribución de tierras.

Débil distribución de tierras y estructura inequitativa de tenencia

Las políticas públicas en relación a la distribución de tierras tienen que ver, en diferentes aspectos, con los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es encargado de ejecutar la política de tierras a través del INDERT y de la Procuraduría General de la República, responsable de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, entre ellos los relacionados a las tierras fiscales. El Poder Legislativo es el responsable de aprobar los presupuestos anuales para cada institución estatal, entre ellos los destinados a la política de tierras, además de la atribución de aprobar las expropiaciones. El Poder Judicial es el terreno en el cual se deben recuperar las tierras adjudicadas ilegalmente a personas no sujetos de la reforma agraria, además de las tierras fiscales apropiadas irregularmente por particulares, mediante procesos y mensuras judiciales. 

Haciendo una mirada retrospectiva de los últimos veinte años, se puede constatar que la política de distribución de tierras no ha tenido variaciones importantes, ha sido una política débil, sin ningún impacto en la estructura de propiedad de la tierra, la cual mantiene su rasgo característico de una gran concentración y desigual distribución. Según el Censo Agrícola Nacional del 2008, las fincas cuya superficie supera las 500 hectáreas representan el 2,6 % del total de fincas existentes en el país, pero a ellas corresponden el 85 % de la superficie total de tierras censadas. El índice de Gini para la distribución de tierras en el país es de 0,93 según la FAO, el más alto del mundo.

En la estructura de distribución de tierras observada en dicho Censo, las pequeñas fincas, que tienen menos de 20 hectáreas, son el 83,5 % del total existente, pero la superficie que ocupan solo abarca el 4,1 % de las tierras. En contrapartida, las propiedades que superan las 100 hectáreas son el 6,1 % de las unidades existentes, y acaparan el 92,6 % del territorio censado. La tendencia observada en las dos últimas décadas (según los datos de los Censos agrícolas de 1991 y 2008), es hacia un aumento de la concentración de tierras en pocos propietarios, dado que las grandes fincas crecen en cantidad y en superficie, mientras que las pequeñas propiedades van disminuyendo. 

Este escaso impacto de la política de distribución de tierras se ha debido en gran medida a que la misma se redujo casi exclusivamente a la compra de tierras por parte del INDERT, utilizando solo en casos muy aislados los recursos de expropiación y de recuperación de tierras fiscales apropiadas por terratenientes. Por su poca efectividad, la compra de tierras no es el mecanismo adecuado para una política de reforma agraria y redistribución de tierras, dados los altos precios de las tierras y el bajo presupuesto con que se ha contado para este fin.

Censo rural y percepciones campesinas

Una de las últimas políticas públicas impulsadas con relación a la problemática de la tierra fue el Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de Tierras y Diagnóstico de Colonias, conocido como Censo rural, impulsado por el INDERT los últimos años, bajo el gobierno de Federico Franco, contando con un presupuesto de 4 millones US$. El objetivo fue conocer la situación real de las colonias del INDERT, sus ocupantes actuales, los destinatarios originales, la utilización de esas tierras, los servicios básicos a los que acceden, e incluso detectar los posibles negociados que se han hecho en las colonias con las tierras. Para su ejecución, el INDERT firmó un contrato en noviembre del 2012 con la no gubernamental Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), que administraría los fondos y coordinaría con el ente gubernamental las tareas del censo.

Las metas del Programa fueron: El geo referenciamiento de 223.225 lotes de la región oriental del país; el registro de ocupantes de aproximadamente 122.188 lotes agrícolas carentes de titulación; el levamiento demográfico y socioeconómico aproximado de 1.140 colonias; y la digitalización de alrededor de 1.140 colonias habilitadas por el INDERT o entidades antecesoras, con sus correspondientes lotes.

En los informes de avance de ese trabajo se consignaron aspectos obtenidos en los diagnósticos realizados, donde los campesinos y campesinas señalaron sus críticas hacia el propio INDERT, entre las que sobresalen: a) la desmotivación, pues algunos de ellos ya han pagado la totalidad de sus lotes y aún no les llega sus títulos; b) la desconfianza hacia la institución para tramitar los títulos ya que no llegan los reclamos a las instancias correspondientes (canales de comunicación ineficientes). Alegan que a pesar de no contar siempre con dinero, tienen voluntad de pagar sus lotes pero que la desconfianza en los funcionarios hace que no se muevan para hacerlo, sienten la falta de acompañamiento del Estado; y c) la venta y compra de las tierras por parte de funcionarios, sin conocimiento y sin aprobación de los dueños que viven en las colonias.

Esas declaraciones reflejan parte de los problemas que afectan a las familias campesinas que intentan acceder y regularizar sus tierras, frente a un Estado que antes de facilitar, dificulta su realización.

Desarrollo en asentamientos campesinos

Una política pública innovadora, no directamente orientada a la política de tierras, sino más bien como un complemento a la misma, en el marco del desarrollo de la reforma agraria, fue la creación en el 2008 de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), mediante el decreto 838/08 del gobierno de Fernando Lugo, como instancia de coordinación interinstitucional, para la ejecución y evaluación de las políticas orientadas al desarrollo de los asentamientos campesinos.

El objetivo de la CEPRA fue acompañar la entrega de tierras y la creación de colonias, con programas complementarios como la instalación de energía eléctrica, agua potable, apertura y mejoramiento de caminos, dotación de servicios de salud y educación, programas de viviendas, provisión de documentos de identidad, asistencia técnica y capacitación, entre otros.

En el marco de la implementación de la CEPRA, entre los años 2009 y 2012 se asistió a 317 asentamientos, del total de 1.061 colonias habilitadas por el INDERT (antes IBR) desde el año 1963. En los mismos se desarrollaron diferentes políticas, como el Programa de Producción de Alimentos del MAG, programas de merienda y kits escolares del Ministerio de Educación, expansión de las Unidades de Salud Familiar del Ministerio de Salud, apertura y mejoramiento de caminos rurales, instalación de sistemas de agua potable, programas de higienes a través de Soluciones Básicas Sanitarias, extensión del servicio eléctrico, políticas habitacionales, entre otras. Todas estas políticas han tenido un alcance limitado, dados los restringidos presupuestos aprobados por el Congreso en cada caso.

Durante los siguientes gobiernos, la CEPRA perdió apoyo político, por lo que sus acciones se redujeron considerablemente. No ha sido eliminada por la presión de algunas organizaciones campesinas, aunque esto no se descarta que ocurra.

Consecuencias y desafíos

La política de distribución de tierras a la población campesina paraguaya en los últimos años, incluso décadas, ha sido por demás insatisfactoria en relación a la demanda existente. No ha existido un proceso de redistribución de tierras ni una modificación, aún mínima, de la extrema concentración de tierras que existe en el país.

Como resultado de eso, juntamente con otros factores, en el país se da un fuerte flujo migratorio de campesinos, campesinas e indígenas hacia las ciudades, abandonando el campo por la imposibilidad de acceder a una tierra propia y contar con el apoyo del Estado para lograr condiciones mínimas de vida, en un proceso acelerado de descampesinización, que está teniendo múltiples consecuencias negativas para toda la sociedad, como la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria, el aumento de la informalidad, el subempleo y el desempleo, así como de la pobreza y la violencia en las zonas urbanas.

Por la complejidad e importancia del problema, su solución requiere de una amplia participación de la población, tanto rural como urbana, así como el involucramiento de los tres poderes del Estado, que tienen directa relación con varios obstáculos y limitaciones señaladas.

Algunas de las líneas que deben abordarse para modificar la situación actual son la modificación del Estatuto Agrario, estableciendo parámetros de productividad mayores para que una propiedad cumpla su función económica y social; la modificación del procedimiento de expropiación pública, que debe tener un rol central en la reforma agraria, pasando a ser una atribución del Poder Ejecutivo, como sucede en Brasil y  Bolivia.

Por otro lado, son necesarias medidas como la depuración del Poder Judicial, de modo que no obstaculice los procesos de saneamiento de tierras; la recuperación de excedentes fiscales y tierras mal habidas; y la modificación del Impuesto inmobiliario, de tal manera que sea abonado en función al valor de mercado de las tierras.

Al mismo tiempo, son imprescindibles medidas que aseguren una mayor asignación de presupuesto para la reforma agraria, el fortalecimiento de instancias de cooperación interinstitucional, la realización de un catastro de propiedades rurales riguroso y confiable, y la revisión y modificación del rol y la conformación de la Junta Asesora del INDERT, actualmente dominada por sectores afines a los terratenientes.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En este número de la serie quincenal Diálogos presentamos una entrevista lograda en Puerto Maldonado, capital del departamento Madre de Dios, en plena Amazonía peruana. Como podrán apreciar las y los lectores, su contenido es muy ilustrativo sobre la historia corta de esa región en general y, de forma particular, sobre la historia del pueblo Esse Ejja, protagonista de una ardua ruta de tensiones y desafíos sobre la vida en la selva. La entrevista fue realizada por la investigadora Ruth Bautista Durán y transcrita por María Julia Fernández, secretaria del IPDRS.

Con raíces en las primeras expediciones de colonos que ingresaron a Madre de Dios (Perú) en el siglo pasado, Víctor Zambrano Gonzales (VZ) hoy se identifica como campesino conservacionista, un “ecologista con los pies en la tierra, pisando firme y mirando el horizonte”. Conversamos con él en la recepción del refugio ecológico K’erenda Homet (‘brillante amanecer’ en lengua esse ejja), que está a nombre su hija y de donde él es el administrador. 

El departamento peruano Madre de Dios está en la Amazonía y es considerado un “departamento selvático”. Su capital, Puerto Maldonado, está en la confluencia del río Madre de Dios y el río Tambopata. La zona tiene límites con  Brasil al norte, al este con Brasil y Bolivia y al oeste con Cusco.

K’erenda Hometes un Área de Conservación Privada de 40 hectáreas restituidas de la actividad ganadera hace casi 30 años. El testimonio de Víctor Zambrano da cuenta de la disputa territorial en Madre de Dios, y su historia revela parte del pensamiento que acompaña la construcción sociocultural y los avatares que enfrenta una de las regiones amazónicas más importantes de Sudamérica.

RB. ¿Cuál es el origen de su familia y cómo llegaron a esta región?

VZ.Soy el último de los Zambrano Gonzales, de padre cusqueño y de madre arequipeña. A los 14 años mi padre se unió al Tte. Cnel. Ricardo León Velarde y participó en una de las primeras expediciones del ejército para entrar a la selva. Desde la zona de Limpani, vecina de Tirapata (Puno) bajaron al llano amazónico. En esa época había tensiones con los hermanos nativos Esse Ejja, todavía no contactados, que estaban en ese proceso de “civilización” y con la fuerte presión de un líder histórico Shajabo (sic), que era el dueño de toda la comarca del parque territorial del Madidi, y bajó con la expedición, sorteando mil dificultades, hasta llegar a la cuenca alta del río Tambopata.

Hasta ahora tenemos como muestra de la travesía dos cables de los puentes colgantes, en la desembocadura del río Tábara y el río Tambopata. Ese era el proyecto de los nativos para hacer caminos para cruzar el río Tambopata y llegar a la zona de Puerto Maldonado. Aparece en escena mi madre, llevan a mi padre a Arequipa y ya en el siguiente viaje, en 1925, se trae a la vieja, cruzando todas esas peripecias. Finalmente, fuimos ocho hermanos.

RB. ¿Cómo recuerda su infancia en Madre de Dios y el contacto con la población nativa?

VZ. Mi padre estuvo 60 años de servicio en el ejército, y en la marina fue maestro de armas, estuvo a cargo de la lancha Fitzcarrald (Carlos Fermín Fitzcarrald fue un cauchero y explorador que descubrió el istmo que une las cuencas de los ríos Ucayali y Madre de Dios) y luego terminó de capitán de resguardo de aduana. Esas actividades permitieron a la familia asentarse definitivamente. El terreno que tenía era de lado a lado, daba la vuelta al río. Como en esa época no había mucha gente, cada cual se asignaba grandes áreas, mi padre se asignó 200 hectáreas, pero por ceder espacios para chacras, fueron quedando 100 y disminuyeron hasta las actuales 40.

A mí nunca me gusto vivir enmarcado en sistemas rígidos, por eso tuve dificultad desde niño, porque no me acomodaba, y nació en mí una identificación con los hermanos nativos. Nosotros vivíamos en el Puerto Capitanía. Como mi padre era aduanero, tenía que irse a Puertopata por seis meses. Allá hizo una relación muy buena con el curaca de ese entonces, el mítico Ramallo.

Ese nativo era como un familiar, y cuando mi padre quería ir a Puerto Maldonado lo llamaba y él preparaba a su gente con vituallas, para llevar a vender plátano, yuca, charque, y bajaba una canoa para bajar al viejo. El trayecto hasta Puerto Maldonado era de dos días y, por eso, cuando yo era pequeño los veía como semidioses.

Ramallo tenía su historia, a él los Esse Ejja lo encontraron en Rurrenabaque (Bolivia), en una concesión de unos españoles que trabajaban castaña y siringa. Los nativos del monte se lo llevaron a Palma Real, donde fue creciendo y se fue oscureciendo, era un auténtico nativo, pero no cambiaron sus ojos verdes. Ramallo era un gigante, lo admiré mucho y él me enseñó todo, desde los senderos en la selva y cómo se anda con zapatos, eso me motivó desde niño y quise ser como ellos.

RB. ¿Cómo fue su retorno?

VZ.No habían secundarias, me tuve que ir a Lima y, aburrido completamente, me frenó mi madre a volver, diciéndome que no iba a tener proyecciones en Madre de Dios. Ella me animó y postulé a la Marina, ingrese y me quedé durante 15 años en las Fuerzas Especiales. Viajé al extranjero, pero siempre añorando mi tierra. Hasta que llegó el momento crucial. En 1987 me había salido de la Marina, ilusionado de volver al terreno en la Amazonía, llegué y ya no existía, lo que encontré fue un desierto, porque acá se hizo mucha ganadería, los suelos degradados, sin árboles, solamente pasto importado, y entonces decidí quedarme definitivamente.

El reto fue convertir ese asunto, no tenía libros, documentos, pero comenzamos a idear algunas formas de recomposición y por ahí conocí a un amigo que sembró cacao y una serie de alternativas que fracasaron, pues no había mercado. Bebí esa fuente inagotable del conocimiento sobre la recomposición, recuperación de suelos degradados, y comenzamos a cambiar, primero una hectárea, sacando el braquiaria (pasto) a punta de pala de raíz, metiendo alguna ceniza y, luego, instalando leguminosas, árboles como las ingás, guabas, pacaes, shimbillo, y luego hortalizas.

RB. Entonces, ¿Estamos en un terreno de bosque restituido?

VZ. Es la propia convicción de defensa de los suelos, yo soy propietario de 40 hectáreas, no son muchas, pero estoy manejando este sistema agroforestal. Tengo la primera área natural protegida normada aquí en Madre de Dios. Somos cuatro (concesionarios privados), y son cosas de convicción, alentamos a nuestros hermanos campesinos a seguir conservando sus espacios territoriales. Ya son 27 años y hemos embalado unas 120 especies, 60 % maderables y medicinales y 20% frutales, ese es el legado que les voy a dejar a la generación de mi hija K’erenda. Al principio fue una obsesión por sembrar, se nos tildaba de locos -“¡qué tiene ese señor! ¿Para qué plantar árboles en la Amazonía?”- decían, pero teniendo la conciencia de que el extractivismo extremo de la zona tiene la lógica de “siempre se saca pero no se repone” y la visión que quise rescatar de mi infancia, insistí en un nuevo sistema agroforestal para recuperar áreas degradas e incorporando recursos genéticos silvestres para el desarrollo de la chacra.

RB. ¿En qué momento de su historia de vida se instauró la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD)

Antiguamente la dictadura había entregado estos suelos a manos militares y habían conformado cooperativas de producción. Estos suelos formaban parte de la cooperativa, pero no legalmente, estaban en libre disponibilidad en el registro público y apelé al juez, me arremetí y, a raíz de esto, la gente se arremolinó, vinieron viejos agricultores y recolectores, y así nació el Comité de Productores Agrarios del Río Tambopata. Constituimos esa organización y empezamos a movernos para promover la agricultura.

El gobierno de Fujimori se manda un “paquetazo”, nosotros teníamos un banco agrario, los campesinos apelaban al banco porque el Estado siempre ha sido el que propiciaba la ampliación de fronteras agrícolas tradicionales, el extractivismo extremo y otorgaba crédito por la cantidad de áreas y hectáreas deforestadas. Los campesinos se dan cuenta de que les van a quitar sus derechos y organizan una marcha desde Inambari hasta Puerto Maldonado. Cuando llega nuestro grupo a la plaza de armas, el día 6 de junio de 1991, se hacen tres días de movimiento y en una reunión se organizan comités y me dan la presidencia del Comité de Lucha; consolidamos con otras regiones, paralizamos Madre de Dios por diez días, tumbamos árboles, lamentablemente, pero no permitíamos salir camiones. La naciente Federación convocó a las autoridades para decirles que “ya no más”.

Las fuerzas del orden comienzan a perseguir a los dirigentes, yo aún era presidente del Comité de Lucha y recién en 1992 me nombraron Secretario General, y comenzamos el trabajo gremial. Habíamos tenido una constitución pequeña y cortoplacista, pero nos proyectamos en base a tres columnas básicas centradas en las actividades campesinas. Primero, el tipo de producción, el Estado obligaba a hacer el monocultivo, la mono actividad es lesiva a la biodiversidad; entonces nace una alternativa opuesta, era necesario diversificar la producción. Segundo, el Estado miraba a la familia campesina que debía estirar la mano para dádivas y favores, frente a eso, propusimos la autogestión y el autodesarrollo, pensar alternativas no paternalistas. Y tercero, frente al pensamiento de la selva como despensa, planteamos un adecuado manejo y conservación de los recursos naturales; para que este proceso avance, empezamos a promocionarnos y gestionar financiamiento externo. Hemos querido nuestra independencia y hubo un crédito propiciado por el Estado nacional, nos tendieron la trampa y casi colapsamos, pero pudimos sobrellevar.

Eso es lo que hemos podido plantear como alternativas de desarrollo. Con diferentes órganos directivos hasta diciembre de 1999, termina mi gestión en la FADEMAD, y me metí a mi chacra y me olvide de todo, yo avanzaba en mi sueño de cuatro a ocho de la mañana, el resto del tiempo lo tenía copado en la Federación.

RB. ¿Qué relación tiene la FADEMAD con la zona de amortiguamiento?

VZ. El año 2000 aparecen los dirigentes en el carrito de la Federación, y me convencieron “queremos armar una estrategia para enfrentar a este gobierno”. Nos metemos a otro lío, huelgas, enfrentamientos con la autoridad y otras situaciones. Somos la única organización histórica que propició la creación de dos reservas naturales. A Fujimori lo pusimos contra la pared y obligamos a su ministro, le arrancamos la zonificación de Tambopata. Imagínese qué nivel de trascendencia. Las demás organizaciones nos apoyaron, salió la zonificación y se crea la Reserva Nacional de Tambopata y se amplía el Parque Nacional Bawaja-Sonene a 500 mil hectáreas. Fujimori nos quería contentar con eso, pero la propuesta que enviamos era la revisión de límites de la zona de amortiguamiento y de la Reserva, lo que queríamos era hasta la carretera para poder resguardar con más amplitud. Así nació la Reserva y se amplió el Parque a un millón ciento setenta y cinco mil hectáreas.

RB. Actualmente, además de su trabajo en este refugio ¿Cuál es su labor en el Comité de Gestión?

VZ. A nivel comunal soy Presidente de la Asociación de Moradores del Corredor Ecoturístico de Isuyama “Kiajabaki Bame”, donde hay varios emprendimientos que tienen por objetivo la conservación de este espacio territorial para mantener un ambiente sano, equilibrado y que sea pulmón de la ciudad de Puerto Maldonado. Además, soy representante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, que se complementa con el actual Parque Nacional Bawaja-Sonene y que colinda con el actual Parque Madidi.

El Comité de Gestión es un espacio normado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Perú, en el que participan diferentes actores de la sociedad civil y del Estado. Nuestro fin es coadyuvar a que todas las actividades que se realizan en la zona de amortiguamiento sean compatibles con el área protegida. Esto es un ideal que choca con la realidad que vivimos en este momento porque nuestra región está invadida por actividades económicas no sostenibles, como la minería, la tala ilegal, el comercio humano, la prostitución y una serie de lacras ilegales.

Buscamos los espacios posibles para revertir este flagelo y, por eso, la función del Comité es de gestión de ayuda, aunque en los hechos fuimos más allá de nuestras competencias y optamos por buscar mecanismos de organización. Hemos obligado a la policía, hemos avanzado en organizar a los pobladores y el gobierno regional para constituir en las comunidades juntas vecinales de seguridad ciudadana enmarcadas en una norma de seguridad nacional. Así, hemos establecido un sistema de alerta temprana de las actividades ilegales, para informar a la autoridad correspondiente en tiempo real, abordarlos con medios de comunicación y derivar a la autoridad; es un trabajo complicado, nos arriesgamos y exponernos demasiado, pero no hay alternativa frente a la necesidad de la gente que pide justicia y no la encuentra.

RB. ¿Cómo se revierten los flagelos de esta zona?

VZ. Hay propuestas, poblados que tienen un terreno de áreas cultivadas (Santa Rosa, Unión Progreso, El Progreso, etc.). Son organizaciones netas, campesinos agricultores que han revolucionado el sistema de producción y que jamás van a cambiar su actividad por la minería, que se superpone en este tipo de comunidades que tienen hasta 30 años de posesión. Pero los campesinos han tomado una decisión y han dicho “este suelo es lo único que tengo y lo defenderé con mi vida”, y no entra nadie, así sólo tengan certificado de posesión que es una etapa previa al título de propiedad.Los campesinos se han permitido desalojar grandes maquinarias (mineras) para la agricultura.

Al recorrer la carretera interoceánica que atraviesa la ciudad de Puerto Maldonado, impactan muchas escenas, los niños alrededor de las escuelas de los poblados de las comunidades campesinas, las familias movilizadas entorno a plantas de acopio y transformación de diferentes frutos amazónicos, camiones enormes transportando madera, y lo más dramático, campamentos mineros que instalan la informalidad y propagan su explícita atmósfera de ilegalidad y excesos que incluyen el alcoholismo y la trata de menores. Sin duda, los logros de la organización campesina que relata Víctor Zambrano exponen una fortaleza en pulsión a este duro contexto. Su testimonio, su historia y el refugio ecológico que ha (re)construido, son reflejo del tipo de disputa que vive la Amazonía, en todo caso, la enseñanza es que promueve es que es posible la reversión de los daños.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El investigador belga François Houtart acaba de publicar el libro Agriculturas Campesinas en Latinoamérica, una edición que recoge artículos académicos escritos por cientistas sociales de Latinoamérica (seis de México, tres de Bolivia, dos de Francia, dos de Brasil y, respectivamente uno de Perú, Ecuador, Argentina, Guatemala y Cuba), que participaron en un evento internacional del mismo nombre. El documento fue presentado recientemente en La ciudad de La Paz, Bolivia,  por el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

En el acto de presentación, Oscar Bazoberry, coordinador del Instituto, mencionó que se trata de obra pertinente, concretada gracias a un esfuerzo conjunto en el que también participaron como editores el ecuatoriano Francisco Hidalgo, director de la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, y la boliviana Pilar Lizárraga, directora de la Comunidad de Estudios Jaina.

El texto aporta al análisis y al debate sobre sobre muchos temas, como los mundos rurales, el acceso y la propiedad de la tierra, las agriculturas, campesina, la situación de la alimentación,  que están interconectados, aunque cada autor los aborde desde distintos enfoques, logrando un enfoque global de todas estas preocupaciones. Pero en el presente artículo François Houtart comparte con nosotros, sobre todo, el largo camino que lo trajo hasta la región. Este artículo está basado en la transcripción de su exposición ocasión del evento de presentación del libro en la ciudad de La Paz, el pasado 28 de mayo.

Personalmente me interesé en los temas agrarios, a pesar que mi especialidad era la sociología de la religión y la sociología urbana, trabajando en varios continentes como Asia, África y América Latina. En los últimos 50 años he descubierto la importancia no solo de la agricultura campesina, sino del campesinado, mujeres y hombres como actores sociales, y fue así que fui indagando en estas perspectivas para, poco a poco, comenzar a estudiar aspectos de la sociología rural y la importancia de los campesinos como actores de una transformación más amplia que sólo un enfoque sobre la agricultura como problema.

Trabajando primero en Asia, luego en Sri Lanka y posteriormente en Vietnam, pude estudiar muchos aspectos de la vida rural de esos países, particularmente desde la importancia de la religión en las sociedades rurales, y descubrí el valor fundamental de las culturas de base, lo  que me ayudó a entrar en nuevas perspectivas.

La larga historia de este libro

Este proceso empezó en Vietnam, a finales de los años 70, luego de la reunificación, cuando me pidieron ayudar en la restructuración de la carrera de Sociología debido a que en los países socialistas se había suprimido en las universidades, porque el marxismo tenía las respuestas a todos los problemas, pero cuando se comenzaron a enfrentar dificultades en el funcionamiento de las sociedad socialistas,  se empezaron a buscar alternativas.

Cuando los vietnamitas me pidieron realizar este trabajo, yo era presidente de la Asociación Bélgica- Vietnam y puse una condición que resultó algo extraña, sobre todo por provenir de alguien de la Universidad Católica de Lovaina y, más aun, siendo sacerdote: la condición fue realizar el estudio desde la perspectiva marxista, es decir una postura crítica. Y aceptaron.

Después de dos años de trabajo con jóvenes vietnamitas del campo para promover en ellos una formación sociológica, metodológica y teológica, se eligió para estudio de caso una comuna en el Vietnam del norte en el delta del rio Rojo, frente al mar de China.

Estudiamos esta comuna en todos sus aspectos, desde su historia, construcción y estructura, hasta la guerra y sus consecuencias, la reforma agraria, sus aspectos de producción, la religión, su cultura y su organización social, económica política. Fue una experiencia extraordinaria, que me permitió acercarme y entrar en una sociedad rural basada en la agricultura. 22 años después me pidieron rehacer el estudio, pero ya en función a la trasformación de la sociedad vietnamita influenciada con la introducción de la lógica del mercado (Doimoi o renovación), en una sociedad que se había desarrollado en base a una reforma agraria de tipo socialista.

Hice ese segundo estudio con el Instituto de Sociología de Vietnam y encontramos, entre otras cosas,  que el periodo socialista había creado lo que el Banco Mundial llamaba, una “situación de  pobreza”,  caracterizada por un ingreso de dos dólares al día. Pero era una pobreza diferente, una pobreza en la dignidad, situación en la que nadie conocía el hambre, con acceso a las escuelas, centros de salud y a la cultura.

Cuando se inició la apertura al mercado hubo un crecimiento económico rápido de la mayoría de la población vietnamita, pero también empezaron a generarse las diferencias sociales; más o menos 20% de la población de una misma comuna no pudo aprovechar esta apertura al mercado y quedó relegada; también disminuyeron las tareas sociales, y empezó la desorganización de tareas primordiales que antes se realizaban colectivamente, como los mantenimientos de canales de riego.  La lógica de mercado contribuyó a la construcción de otro tipo de sociedad, caracterizada por el crecimiento económico que permite mejorar las casas, quizá la infraestructura urbana y los caminos, pero también aumenta las distancias o brechas sociales.

Años después, en la década de los años 80, el Frente Sandinista me pidió trabajar en Nicaragua con la Revolución, para ello, también me adentré en el problema agrario e hice una serie de investigaciones con varios colaboradores. Uno de ellos fue el estudio sobre El Comején, una comarca cerca la ciudad de Masaya, investigando la configuración de la sociedad rural en distintos periodos, desde la entrada del capitalismo agrario con la producción extensiva de algodón, luego en la reforma agraria, después en el retorno del neoliberalismo y así sucesivamente. Esto nos permitió conocer la realidad de la vida y la agricultura campesinas nicaragüenses.

Veinte años después, en el 2010, se organizó en China un primer seminario sobre la agricultura campesina de Asia, con la participación de 11 países de ese continente, para abordar la problemática frente de la penetración masiva del monocultivo y la agricultura industrial destinada  a  la exportación.

En ese entonces y frente a la penetración masiva de los cultivos agroindustriales invasivos, pensamos en la necesidad de estudiar el fenómeno y todo lo que significaba, como por ejemplo los procesos de destrucción de la madre tierra. Fue así que, con la Universidad de Pekín, se vio la necesidad de pensar y realizar un movimiento para reanimar la agricultura campesina en China.

En China las tierras son del Estado, nadie posee privadamente la tierra, pero el Estado hace contratos para entregar el derecho de uso de la tierra a las nuevas generaciones y le da al campesino la seguridad  de renovación de contrato a futuro y, a la vez, de no permitir una nueva concentración  de tierra, lo que podría significar el acaparamiento, a manera de una contrarreforma.

Por otro lado, China es un país – potencia,  que  posee mucho conocimiento y tecnología pero, a la vez tiene un proceso de destrucción ecológica asombroso, casi el 80% de las aguas subterránea están contaminadas y  800 millones de personas  beben esos afluentes. En las grandes ciudades no se ve a más de un kilómetro debido a la polución  y cada año mueren un millón doscientas mil personas por la contaminación del aire, según datos de la revista médica Británica The Lancet.

¿Eso es desarrollo? nos cuestionábamos, por esa inquietud hubo la iniciativa de reanimar y promover  la agricultura campesina en China donde, al igual que en Vietnam, existe una base fuerte social muy fuerte.

Basados en esa experiencia comenzamos a preguntarnos sobre la situación de la agricultura campesina en otras partes del mundo y, de ese modo, se promovió un seminario de la misma magnitud en Latinoamérica. Y el libro que motivó el encuentro y el presente artículo, es su producto final.

Tareas y desafíos de la agricultura  contemporánea

En un capítulo del libro escrito por el agrónomo, docente e investigador francés, Marc Dufumier, se mencionan las tres grandes tareas de la agricultura campesina. La primera es nutrir a la humanidad, la segunda permitir a la tierra regenerarse y la tercera asegurar el bienestar de los actores.

Nutrir implica un proceso cuantitativo pero también cualitativo. Cuantitativamente, la agricultura contemporánea debe nutrir hasta  a siete mil millones de personas, que hasta el 2050 se espera sean diez mil millones. Una agricultura que debe prever la producción a esta escala de población es un gran desafío. En lo cualitativo, el proceso de urbanización está produciendo cambios en la dieta, un fenómeno muy especial, en el que los alimentos que se consumen varían entre periodos, se incrementa el consumo de legumbres, se prevé la disminución de granos y, de forma paralela, aumenta el consumo de la carne, que es a su vez un elemento de contaminación de la tierra.

Detengámonos en este aspecto. La ganadería produce más cantidad de gas invernadero (38 % más de gases de CO2) que todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre; así, el futuro de la alimentación plantea nuevos problemas e, incluso, otros paradigmas  para la agricultura. Se trata de un modelo negativo que sigue desarrollando el consumo de carne, de la comida rápida chatarra o fast food, y sus consecuencia en la salud significan que se debe multiplicar por dos o tres veces la producción de alimentos en el mundo.

La segunda función de la agricultura campesina es conservar la naturaleza y permitir la regeneración de la madre tierra. Es cierto que esto no va a lograrlo solo la agricultura pero tiene un papel central y uno de sus desafíos es cómo hacer esta regeneración con el equilibrio de los ecosistemas. Y el modelo actual productivista  es un modelo destructor.

De hecho, en el mundo actual hay un proceso muy rápido de deforestación, especialmente en el Sur y de forma particular en América latina y en ésta, en la selva amazónica. Mientras que en el centro del África, en los países acechados por las guerras desde hace más de diez años, paró la explotación de la selva, pero se está retomando, y en Asia hay procesos de deforestación que destruyen 130 mil kilómetros cuadrados por año. Es un proceso que continúa con todos los gobiernos del mundo, independientemente de su orientación política.

Lo cierto es que hay discursos y prácticas contradictorios. Al mismo tiempo que se enuncia un discurso de conservación de la naturaleza, hay extractivismo creciente y, aunque hay pequeños programas de reforestación, muy concentrados, éstos, como dice la FAO, son programas en 80% inútiles porque no tienen la continuidad necesaria, nacen y desaparecen.

En estas condiciones estamos frente a una deforestación continua en el mundo. Por ejemplo en Indonesia, en la isla de Sumatra, comenzó desde 1900 primero y después continuó en 1950,  ya para el año dos mil el mapa muestra la destrucción avanzada y el último mapa que se conoce, el del año 2010, se ve una destrucción casi total de la selva, debido sobre todo a la extensión de cultivos de la palma africana y el eucalipto. Especialmente de la palma, para agro combustible.

La extensión del agro cultivo con productos químicos ha tenido resultado fatales en Asia, y en la selva amazónica la situación es similar. No soy optimista porque en el sur amazónico se muestra una destrucción parecida de la selva, debido a la penetración de la frontera agrícola, especialmente en la zona del Matogroso del sur, por los cultivos extensivos de la soja y de la palma africana. 

La Amazonía está asediada. Hay avances de las fronteras petroleras con su consecuente efecto de destrucción; en el sur los monocultivos; en este y oeste las minas a cielo abierto y en el centro la explotación de madera además de la expansión del hidro combustible con las represas que inundan miles de hectáreas. Si las cosas siguen así, en 40 años ya no tendremos selva amazónica sino una sabana con algunos boques.

Monocultivo, violencia y agro combustibles

Otro hecho que me motivó a entrar en la lucha por la defensa de la agricultura campesina fue una invitación de la Comisión Justicia y Paz en la zona del Chocó, en Colombia, región cercana  al océano pacifico, donde  se extienden los cultivos de palma africana.

Estuve en las comunidades y viví muchas situaciones, entre ellas la violencia del conflicto interno, que expulsa a los campesinos de sus tierras, donde priman la intimidación, el temor y la expansión del desierto verde de la  palma.

Me invitaron a visitar comunidades donde se asesinó niños, se demolió iglesias y escuelas, y me mostraron el resultado de la destrucción de los buldóceres de las grandes empresas palmeras. Estas realidades  se repiten en la región sudamericana con sus particulares diversidades.

Ahí empecé a estudiar el problema de los agro combustibles, para mostrar esta falsedad mimetizada tras la energía verde, que antes de ser verde ha destruido muchas bases naturales de la propia producción.

Los monocultivos son elementos de una cultura, de una manera de pensar que ve natural la dominación del hombre sobre la naturaleza, esa especie de mesianismo del hombre sobre la naturaleza y el orgullo del ser que conquista la naturaleza.  Factores simbólicos que dominan este modelo y que debemos cambiar para evitar futuras catástrofes.

Otro ejemplo de monocultivo destructor es el cultivo de maíz en la cuenca del rio Mississippi, en  Estados Unidos, donde se triplicó la producción del grano para producir etanol de forma subsidiada, lo que requiere muchos agroquímicos por tonelada de maíz, cuyos efectos negativos llegan a las costas y generan un mar muerto. Esto se está multiplicando frente a las desembocaduras de los grandes ríos del mundo, que son dañados terriblemente. Externalidades o daños sociales que no son pagados por el capital, sino por las personas, por los individuos, las comunidades, los indígenas que deben emigrar de sus lugares de vida y de trabajo.

De ese modo, la agricultura se transforma en mercancía y es la única manera de tener ganancia,  propiciando el pasaje de la agricultura campesina a la agricultura capitalista, en un afán de contribuir  a la acumulación del capital donde los daños ecológicos y sociales no cuentan.

El bienestar de los campesinos

Más o menos tres mil millones de personas viven de la agricultura en el mundo y es preciso desarrollar un tipo de trabajo digno, un trabajo que sea decente para las y los campesinos.

En el Ecuador, un ejemplo, la producción de brócolis exportados es presentada por el gobierno actual como el modelo de una nueva matriz productiva, lo que permitirá al Estado recibir más entradas para apoyar las políticas sociales, pero a un precio muy alto, como la destrucción del suelo y del agua y el acaparamiento de comunidades; la contaminación de los productos químicos y la falta de respeto a las leyes. Y son empresas ecuatorianas las que tienen capitales en paraísos fiscales y explotan la mano de obra a mujeres con tasas muy bajas que escapan al seguro social. ¿Cómo es posible construir el socialismo del siglo 21 con el capitalismo del siglo 19? Esta y otras son realidades sobre las que debemos reflexionar y generar crítica, y no sólo emitir un discurso contradictorio.

En ese modelo el sujeto aparece como una forma arcaica, perdiendo su calidad de sujeto, como objeto. En América Latina, en  particular, estas son condiciones muy negativas y el problema radica en cómo reconstruir  o plantear condiciones que permitan al campesino ser un actor en todo el sentido. Si se estudia la realidad se puede ver al campesino como actor en condiciones muy precisas.

Tareas pendientes

Sin duda todo lo visto y estudiado exige promover otro modelo de desarrollo, porque dentro del modelo predominante no podemos esperar el tipo de desarrollo humano que buscamos, ese paradigma que debemos cambiar.

Vemos actualmente la profundidad de la crisis financiera, una crisis económica, energética y alimentaria con la especulación que lleva adelante el capitalismo en el área de la producción de alimentos. Todo eso es fruto de la lógica de una modernidad absorbida por la ley del mercado. Se deben aplicar reformas, pero eso no basta frente a una crisis de civilización, ética y moral, y por ello debemos pensar en alternativas, algunas son planteadas por el libro Agriculturas Familiares en Latinoamérica.

¿Cómo trasformar la relación con la naturaleza? ¿Acaso desde un modelo de extracción, que concibe a la naturaleza como mercancía? ¿O desde una concepción de la naturaleza como fuente de vida, de lo espiritual, de una base material de la vida -pues no hay vida sin base material-? ¿Cómo  hacer el pasaje del valor de cambio como único valor a la visión del valor de uso? Debemos seguir reflexionando.

Hay miles de iniciativas en distintos ejes, principalmente en la otra producción de vida material desde la economía popular, en el orden de la defensa de los derechos de mujeres, de los indígenas y de los y niños. El problema es que son iniciativas locales, la mayoría de las veces marginadas, y no hay fuerza acumulada que permita su visualización y empoderamiento. No cabe duda que se trata de un proceso largo y duro, que significará luchas sociales, porque el capitalismo no muere por sí mismo, sino que su desaparición será resultado de las luchas sociales.

Por ello se deben promover estas trasformaciones para lograr el apoyo a la agricultura campesina como una apuesta revolucionaria en el mundo actual, lo que equivale, en términos más concretos, a luchar para la creación de condiciones que permitan responder a los tres desafíos de la agricultura mundial: Nutrir a la humanidad, permitir a la tierra regenerarse y asegurar el bienestar de los actores. Vale la pena.

El camino que propone el libro

En resumen, el  libro Agriculturas Familiares en Latinoamérica trata de ver los grandes aspectos de la agricultura campesina de hoy, las dificultades de producir, las dimensiones de la comercialización, las relaciones con la ciudad, el problema de la cultura y la falta de equipamiento social cultural, entre otros.

El texto nos ayuda a tener una visión sobre cómo recrear la agricultura campesina organizada socialmente y la forma en que ésta permitiría a los campesinos vivir una vida digna sin forzarlos a migrar a la ciudad en un proceso salvaje.

Pretendemos estudiar la realidad y hacer propuestas políticas que, entre otras dimensiones, incluyen: Ayudar a favorecer la pequeña agricultura con la posibilidad de producir mejor con los mejores instrumentos, los más adaptables a los suelos y tierras; mejorar el comercio, las vidas los campesinos y la comunicación; organizar respuestas eficaces a los problemas de salud y educación en el medio rural, y así sucesivamente, cosas concretas para una vida campesina con alta calidad.

Hoy, en general, la agricultura campesina ofrece poca calidad de vida para sus sujetos actores, los campesinos. Sin embargo, la situación que se repite en los distintos países de la región es que, precisamente se extienden las políticas en favor del monocultivo que en la mayoría de los países dan resultados favorables inmediatos, incrementan la exportación y la generación de divisas para el fisco, por lo que casi todos los Ministerios de Agricultura de América Latina lo favorecen.

Una alternativa, que no es la única solución, pero  ayudaría es alentar la integración latinoamericana para la limitación de las grandes multinacionales, potencias tan grandes que los pequeños países no pueden combatir, poniendo normas, por ejemplo, sobre el uso de transgénicos, sobre las extensiones dedicadas al monocultivo. Luchar en bloque será el único camino.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Para continuar aportando al diálogo sobre el estado actual de la Agricultura familiar, difundimos en esta oportunidad el presente artículo, que mereció una mención entre los resultados del Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, en la versión del año pasado. El autor nos propone una mirada actual al tema a partir de la construcción de su concepto, de algunos hechos de escala internacional y de experiencias de políticas públicas en Brasil que están contribuyendo a reinstalarlo, definitivamente, en las agendas del momento.  

La Agricultura Familiar no es un tema reciente ni desconocido, ya se ha estudiado desde hace varios años. Sin embargo actualmente comienza a estar en boca de todos como concepto revolucionario, esperando llegar a nuestras bocas (literalmente) en forma de bienes de consumo. Por ello, para abordarlo es preciso antes definir el concepto.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se entiende como Agricultura Familiar aquella producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad entre países y dentro de cada país, tiene un acceso limitado a recursos de tierra y capital; hace un uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el o la jefa de familia quien participa de manera directa del proceso productivo; y en la cual la actividad productiva es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar.

Se plantean tres tipologías de Agricultura Familiar: la de subsistencia, orientada principalmente al auto consumo y no es actividad de dedicación exclusiva, la de transición, que tiene mayor dependencia al auto consumo y genera pocos excedentes, y la consolidada, que abastece el auto consumo y genera excedentes suficientes para la reinversión[1].

De nuevo en agenda

¿Qué permitió que el concepto adquiriera la relevancia que tiene hoy? La convergencia de varios factores ha sido fundamental para llevar a la Agricultura Familiar a donde está hoy. Un breve recuento histórico nos remonta a la Cumbre Mundial Sobre Alimentación, del año 1996, donde se definió el concepto de Seguridad Alimentaria como la garantía en todo momento de “acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana[2].

Posteriormente, se aprobó la Declaración de los Objetivos del Milenio. En el debate también se añadió la definición del concepto de Soberanía Alimentaria como “el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de espacios rurales[3].

Otros dos hechos, más recientes, explican la consolidación del este concepto dentro de las agendas nacionales: por un lado la crisis alimentaria de los años 2007 y 2008 y, por otro,  la Declaración del Año de la Agricultura Familiar por parte de las Naciones Unidas en el 2014.

El mundo ha encontrado en la Agricultura Familiar una alternativa para enfrentar algunos problemas. Este tipo de agricultura, por otra parte,  de acuerdo a la FAO, contribuye al alcance de los Objetivos del Milenio, principalmente tres: erradicar la pobreza extrema y el hambre, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

¿Qué pasa en Colombia?

En Colombia, mi país de origen, el sector rural ha sido abandonado por décadas, y este desprecio ha sido una de las causas del origen y la agudización del conflicto armado que aún hoy padecemos. Sin embargo, en los últimos años y gracias a la coyuntura internacional, el país ha venido interesándose en la Agricultura Familiar, entendiéndola como una opción para la superación de la pobreza y la pobreza extrema, que permita disminuir la brecha entre el sector urbano y el rural; como una solución al calentamiento global y, sobre todo, como una herramienta para la construcción de la paz. De hecho, la Agricultura Familiar constituye un apoyo a la reconstrucción del tejido social, dado el contexto de las negociaciones entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Colombia ha venido aprendiendo de una serie de experiencias a nivel internacional relacionadas con el tema, esperando, eventualmente, poder adaptarlas a su contexto. Una de ellas es la de Mapeo y Análisis de la Seguridad Alimentaria (VAM por su sigla en inglés), que constituye una herramienta de análisis y entendimiento de la dinámica de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional.

La experiencia VAM, que ha sido implementada en varios países, entre ellos Bolivia, ha permitido entender que una de las causas de la inseguridad alimentaria (común a los países latinoamericanos), es la baja capacidad de respuesta ante los factores que vulneran la seguridad alimentaria. La iniciativa del Programa Mundial de Alimentos (PMA), permitió también evidenciar que no son los factores climáticos (como sequías o inundaciones) los que de manera exclusiva determinan un estado de inseguridad alimentaria y nutricional, sino que además existen una serie de factores sociales que deben ser tomados en cuenta. Sobre este punto resulta interesante el enfoque diferencial hacia la población indígena que se realizó durante la implementación de la experiencia en Colombia.

Otra experiencia que vale la pena mencionar es el programa de Compras para el Progreso (P4P por su sigla en inglés) aplicado en más de 20 países a nivel mundial, también iniciativa del PMA, que busca fortalecer la Agricultura Familiar por medio del fomento de la asociación, la asistencia técnica y las alianzas estratégicas, con el fin de asegurar la inserción efectiva de los pequeños productores en los mercados, así como la reducción de intermediarios en las cadenas productivas y de comercialización, con vistas a aumentar sus excedentes como sujetos productores.

En el contexto de experiencias exitosas merece especial destaque la estrategia integral “Fome Zero” de Brasil, que tiene por objetivo erradicar el hambre y la pobreza extrema, para lo cual es importante resaltar que cuenta con una institucionalidad y normatividad bien establecidas, que garantizan la oferta de los programas sociales que hacen parte de ella.

La estrategia “Hambre Cero” gira alrededor de cuatro ejes. Por un lado el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, por medio de la asistencia técnica y extensión rural; el acceso al financiamiento, las compras públicas y el ordenamiento agrario, entre otras medidas. En segundo lugar, el acceso a los alimentos, con acciones como la de Adquisición de Alimentos (PAA), el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Garantía de Precios, entre otros. El tercer eje es la generación de ingresos y la articulación (con programas como Bolsa Familia, entre otras acciones y, finalmente, la movilización y control social, con destaque al papel de los consejos en los municipios.

Hacer visible lo invisible

Un aspecto común a las iniciativas de Agricultura Familiar es la identificación explícita de sus sujetos principales, precisamente los agricultores familiares, ya sea por medio de la creación de registros o censos poblacionales o a través del fomento a la asociación de los pequeños productores, con el fin de aumentar su poder de negociación.

Así mismo, factores que este tipo de estrategias no dejan nunca de lado son la articulación entre las instituciones y el aprovechamiento conjunto del trabajo de las mismas. Un claro ejemplo de esto es el registro que se realizó para identificar los beneficiarios del programa Bolsa Familia, en Brasil, a quienes se les haría una transferencia de recursos. Esos datos, por cierto, son utilizados por otros programas gubernamentales como fuente de información.

Énfasis en políticas públicas

La Agricultura Familiar ha sido objeto de políticas públicas específicas,  como es el caso del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), también en Brasil, con el objetivo principal de estimular la generación de ingresos y mejorar el uso de la mano de obra familiar, por medio del financiamiento de actividades y servicios rurales agropecuarios y no agropecuarios  desarrollados en un establecimiento rural o en áreas comunitarias cercanas.

Para cumplir con su objetivo, la etapa inicial del programa fue la realización de un registro de identificación de los Agricultores Familiares llamado Declaración de Aptitud al PRONAF – DAP (por sus siglas en portugués Declaração de Aptidão ao PRONAF), creándose una figura especial, conocida como DAP Jurídica para asociaciones y cooperativas de productores. El registro los hace elegibles para ser beneficiarios de las políticas públicas de los distintos ministerios, no obstante, no es una garantía de que sean efectivamente elegidos.

Dentro de las dificultades que afrontan los agricultores familiares está el acceso a financiamiento y a los mercados, por eso, uno de los programas a los que pueden acceder quienes posean la DAP es el de Crédito Rural y el de Seguros de Agricultura Familiar (SEAF), que cuenta con financiamiento de origen público y privado, y otorga tasas de interés especiales a los pequeños productores.

También en Brasil, otro  programa que atiende estas necesidades es el de Garantía de Precios para la agricultura familiar, en el que se establecen precios mínimos de compra para asegurar que los agricultores familiares vendan su producto en condiciones competitivas con el mercado y estén protegidos ante eventuales caídas en los precios. Por otra parte, con el fin de garantizar el acceso a los alimentos por parte de poblaciones en situación de seguridad alimentaria y el acceso a los mercados por parte de los pequeños productores, se diseñaron programas como el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

En el mismo país se identificó como un problema notorio la dificultad de los productores familiares campesinos para obtener asistencia técnica, lo que motivó la creación del Programa Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (PRONATER), a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, entidad encargada específicamente de las políticas relacionadas con la Agricultura Familiar. De este modo, los agricultores familiares reciben asistencia de un equipo de técnicos que les ayudan a elaborar proyectos de producción de acuerdo a su entorno y los acompañan en el desarrollo de los mismos. El programa cuenta con una herramienta conocida como Sistema Informatizado de Asistencia Técnica y Extensión Rural (SIATER), que permite realizar un acompañamiento online y una institucionalidad completa encabezada por la Agencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ANATER), que opera bajo la Ley de Asistencia Técnica y Extensión Rural.

Uno de los programas mencionados que resulta más interesantes en la experiencia brasileña es el PAA, creado en 2003, que atiende el objetivo doble de promover el acceso a los alimentos por parte de poblaciones en situación de seguridad alimentaria y la inclusión social y económica en el campo por medio del fortalecimiento de la agricultura familiar. El programa es desarrollado con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), sus directrices son definidas por un Grupo Gestor coordinado por el MDS y compuesto por más de cinco ministerios, en asociación con la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y los gobiernos estatales y municipales.

El programa tiene varias modalidades, entre ellas la de Compra con Donación Simultánea, mediante el cual los productos son destinados a bancos de alimentos, entidades socio asistenciales, cocinas comunitarias y comedores populares; la PAA – Leche, específica para la región nordeste de Brasil por su situación de inseguridad alimentaria en este producto; la de Formación de Stocks y la de Compras Institucionales.

En la modalidad de Formación de Stocks solo se trabaja con asociaciones y cooperativas de agricultores familiares (es decir, asociaciones en las cuales más del 60% de los integrantes estén identificados como agricultores familiares) que posean DAP – jurídica y la comercialización está a cargo de CONAB. Entendiendo el problema que afrontan tanto en la demanda (en casos de desabastecimiento) como en la  oferta (por caídas de precios en los mercados), esta modalidad surge como una alternativa que permite a la CONAB comercializar los productos de los agricultores familiares en el momento más oportuno a precios justos.

Por otra parte, la modalidad de Compras Institucionales requirió de la creación de una base legal para exentar de los procesos licitatorios a los agricultores familiares por parte de las entidades públicas (universidades, hospitales, cuarteles militares, entre otros). En el caso de la red pública de enseñanza se identificó una alta población de estudiantes que necesitaban ser alimentados (es decir una demanda muy alta), ante esta oportunidad, se estableció un mínimo de 30% de compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar. Ante dificultades como el rápido vencimiento de los alimentos, se prefirió la compra de productos provenientes de las mismas regiones, lo cual se tradujo en otros beneficios, como menores costos de transporte y generación de ingresos del entorno. En esta modalidad es fundamental el papel del Ministerio de Educación de Brasil. 

Esperando la Cosecha

En conclusión, basándonos en las experiencias mencionadas, las políticas públicas enfocadas en la Agricultura Familiar deben apuntar a la identificación de su población objetivo, para lo cual es necesario contar con datos que no deben ser meramente expositivos. El registro de agricultores familiares resulta útil para garantizar el acceso a la oferta de programas institucionales como se ha demostrado en varios casos.

Actualmente, en Colombia se está desarrollando el Censo Rural, después de 43 años sin contar con información oficial sobre el sector, y se espera que sus resultados permitan entender la realidad rural del país, en la cual la Agricultura Familiar juega un papel primordial. Su fortalecimiento ayudará a superar entre otras problemáticas, como el conflicto entre el uso y la vocación del suelo, pues aunque de acuerdo a la FAO cerca del 80% de la producción agrícola del país proviene de la agricultura familiar, el área sembrada con relación al área cultivable es todavía muy pequeña.

Lo anterior se debe, en parte, a la alta concentración de la propiedad rural, ante lo cual la creación de cooperativas de pequeños productores constituiría una alternativa de solución, puesto que estos productores al aumentar su productividad y su nivel de ingresos, pueden eventualmente llegar a hacerse con más y mejores tierras.

Con el aumento de la productividad, el mayor acceso al financiamiento y a los mercados (algunos de los beneficios que implican los programas citados), se generarán mejores condiciones económicas y sociales en el sector rural, lo cual en mi país es fundamental en el ámbito del post conflicto, porque serviría para garantizar  a los combatientes desmovilizados oportunidades reales de empleo y una vida digna, lejos de las armas.

Por todas estas razones, poner la mira en la Agricultura Familiar y en iniciativas como la recientemente pasada Declaración del Año de la Agricultura Familiar es fundamental y se debe aplaudir a quienes ejecutan este tipo de políticas, que no solo ayudan a los pequeños productores, sino que ponen la Agricultura Familiar en boca de muchos.         

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Continúa la convulsión en el valle del Tambo, en la región de Arequipa, departamento del sur del Perú, donde los agricultores iniciaron un paro hace casi dos meses, protestando contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú Copper Corporation. El gobierno envió a la zona más de dos millares de policías y un contingente de militares. En el distrito de Cocachacra, hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías con un saldo de tres muertos (dos pobladores y un policía) y centenares de heridos, hasta la fecha. 

En julio del año 2009, Southern Perú presentó al Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Tía María. Esta empresa opera una fundición y una refinería de cobre en la ciudad de Ilo, región Moquegua. Actualmente viene explotando las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua. Con Tía María, extendería sus actividades mineras a tajo abierto en la región Arequipa.

Según el periódico español El País, “el proyecto Tía María genera tensiones en la zona desde 2009, cuando Southern Perú presentó por primera vez el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, planteando usar agua de río para la extracción de cobre: una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lo rechazó, realizando r138 observaciones. En 2011 las protestas contra el proyecto causaron tres muertos y casi 50 heridos. La minera entregó un segundo EIA en 2013 con una modificación: desalinizar agua de mar para no abastecerse del río Tambo, y en 2014 el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los agricultores temen que el polvo de la operación minera dañe sus cultivos”.

El mismo medio difundió la explicación del economista José de Echave, quien explicó que los agricultores de Islay temen “la profundidad de los dos tajos que prevé la operación, pues hay canales de aguas subterráneas muy cerca del trazo. La percepción es que Tía María va a romper los equilibrios en un valle donde no abunda el agua”, lo cual podría producir que gradualmente la agricultura desaparezca.

El conflicto de Tía María no es una excepción en el enfrentamiento económico y social que se produce cuando la agricultura familiar campesina y la extracción minera, dos formas de actividad económica, compiten por los recursos naturales de una región, principalmente el agua. Basta recordar, en el mismo Perú, las convulsiones en Bagua (Selva) y las de Cajamarca, con otro proyecto minero actualmente suspendido denominado Conga.

Por el interés y la sensibilidad del tema, tratado en varias oportunidades desde esta página web, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), contactó a Federico Tenorio, director del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS NORTE), institución con presencia en seis departamentos del Perú y más de treinta años trabajando en áreas de desarrollo local.

¿Cómo puede analizarse el conflicto desde la perspectiva del desarrollo local?

Los conflictos generados en los últimos años, como el de Tía María, no se iniciaron con una paralización ni con actos violentos,  tampoco con la población en contra del Estado. Se iniciaron por la toma de decisiones de manera vertical, sin una consulta previa; la población, al no sentirse escuchada en sus intentos por dialogar y expresar sus preocupaciones, opta por movilizaciones, huelgas o paralizaciones. Recién en ese contexto, y con la presión de los medios de comunicación, las empresas le prestan alguna atención. Todo ello refleja la desarticulación del Estado en sus diferentes niveles y un proceso de descentralización deficiente; los gobiernos locales no se sienten parte del Estado en su conjunto. A eso se suman capacidades limitadas de sus decisores y equipos para transformar constructivamente un conflicto y concertar decisiones.

En Perú un conflicto sólo es visibilizado cuando se encuentra en un estado de violencia y ha cobrado víctimas. No obstante, los conflictos son parte del desarrollo de un sistema social, nos permiten analizar situaciones y las formas de hacer las cosas y corregir los problemas para el bienestar de la población involucrada. Como señalan estudiosos del tema, en regímenes democráticos la conflictividad social es parte de una dinámica pluralista y consecuencia lógica de un ejercicio de libertades, de capacidades de acción colectiva y de participación en el espacio público y la democracia es un “orden conflictivo” por naturaleza. La clave está en que la conflictividad social se canalice institucionalmente, a través de mecanismos previsibles y de maneras pacíficas, de forma tal que no sean disruptivos del orden público ni de los derechos de terceras personas.

Estos sucesos ponen en evidencia que nuestras sociedades son débiles institucionalmente, con altos niveles de exclusión social y un desencuentro entre sus expectativas y las posibilidades de acceso a bienes, servicios y, sobre todo, reconocimiento. En muchas ocasiones algunos representantes estatales actúan bajo patrones de negociación y de acción política altamente contradictorios.

Todo ello genera retrocesos en el desarrollo local. Desde el punto de vista económico la paralización estanca la producción y genera pérdidas, sobre todo en los sectores marginados, que subsisten de sistemas productivos locales como la agricultura. No obstante, como menciona Martín Tanaka, en su artículo El futuro de los conflictos en el Perú, no todo es negativo, ya que estos procesos han producido un nivel de organización de la población para sus protestas o movilizaciones, formando colectivos de sociedad civil que se integran por un objetivo común y refuerzan su condición de ciudadanía.

¿Quiénes están en contra son efectivamente agricultores campesinos familiares o también participan empresas grandes de producción agrícola?

En el Valle de Tambo viven especialmente familias dedicadas a la pequeña agricultura que constituyen los actores directos que, en su gran mayoría, se manifiestan contra el proyecto minero. Pero también  se encuentran la Municipalidad de Dean Valdivia, representada por Richard Ale y otros alcaldes distritales y el alcalde provincial de Islay, quienes han expresado su apoyo a las medidas tomadas por la población.

De acuerdo a la información de la Junta Nacional de Usuarios, en este valle se encuentran inscritos 3,529 usuarios, organizados en tres juntas de regantes y 20 comisiones que abastecen alrededor de 9,800 hectáreas bajo riego. En su gran mayoría los usuarios son propietarios de entre una y diez hectáreas. Según la misma fuente, aproximadamente el 30% de estas tierras cuenta con cultivos permanentes, principalmente de caña de azúcar, frutales, olivo y alfalfa, siendo 70% de cultivos transitorios como arroz, cebolla, ajo, maíz, papa y hortalizas, entre otros; todo orientado a los mercados regionales y nacional.

Alrededor del conflicto socio ambiental de Tía María están involucrados otros actores diversos, como autoridades locales, regionales y nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

¿El riesgo potencial afecta a ambas modalidades de producción? ¿De qué manera?

El agua es utilizada para el desarrollo de actividades agrarias y de consumo familiar, siendo vital para la sobrevivencia de las familias, en ese sentido la población se sienten amenazada, por la inequidad en la distribución de los recursos, lo cual se convierte en una fuente de confrontación. Toda inversión minera que parte de la explotación de recursos naturales afecta a los sistemas de producción, sobre todo a la pequeña agricultura familiar, dado su fuerte dependencia del agua y bajos niveles de tecnificación. 

Desde una mirada optimista, las inversiones mineras podrían promover el desarrollo de negocios y emprendimientos locales en torno a las necesidades de la población que trabaja para las grandes empresas extractivas; así mismo, la demanda de productos agrarios se incrementaría, la infraestructura vial mejoraría y el dinamismo económico de las ciudades intermedias podría experimentar un crecimiento. No obstante, estas inversiones también generan una nueva distribución de los recursos, principalmente el agua.

Desde el lado de las empresas extractivas se hace necesario,  el cumplimiento de los requerimientos ambientales, la protección de los recursos locales y garantizar a la población que estos recursos no se verán afectados, además de una comprensión de las sociedades locales, de las expresiones culturales y sus dinámicas económicas y que no siempre son estudiados y analizados desde antes del inicio de cualquier operación. Adicional a ello, es necesario considerar los antecedentes de las inversiones efectuadas por esta empresa que no ha permitido generar confianza en la población.

Según el análisis presentado por Actualidad Ambiental, “…en casi seis décadas de operaciones ininterrumpidas, en las regiones de Tacna y Moquegua, a donde llegaron para extraer cobre hace más de medio siglo, han denunciado constantes casos de contaminación que afectaron directamente a los agricultores de los valles costeros y las localidades cercanas a sus centros de operación”.

En poblaciones cuya actividad económica principal es la pequeña agricultura, un proyecto como el de Tía María genera muchos temores, debido a la comunicación inadecuada y a la inexistencia de consensos sobre temas claves  no resueltos.  Aunque han superado la preocupación por el uso de las aguas del río Tambo, descartado por el Ministerio de Energía y Minas y la propuesta de usar agua del mar, el temor es por los riesgos ambientales frente a las excavaciones que pueden afectar seriamente los lechos de las aguas subterráneas, el uso de los ácidos y partículas nocivas que se generarán en las minas y corren el riesgo de expandirse; que podrían limitar sus actividades productivas y generar cambios de cédula de cultivos, que no respondan a una mejor rentabilidad en el mercado. De hecho, se han producido casos con cambios en los sistemas de producción de las poblaciones más cercanas a los entornos mineros, abandonando la producción tradicional agropecuaria, por el acceso a trabajo remunerado en las empresas mineras y en algunos casos venden sus tierras y emigran a las ciudades.  

¿Hay experiencias en su país sobre arreglos que prometan una convivencia fructífera entre agricultura y extracción minera?

En Perú hay experiencias que se pueden catalogar como menos conflictivas, producto de un trabajo desde la empresa para ganar legitimidad ante la población, partiendo de propuestas claras e inversiones sociales que han logrado de alguna manera responder a sus necesidades, además de contar con buena reputación dentro del sector minero. Por ejemplo, en una primera etapa de trabajo se sensibiliza a los distintos actores (pobladores y autoridades comunales, autoridades municipales, líderes locales y de diversas actores de la sociedad civil), formulando diagnósticos participativos, que permiten conocer el perfil de los diferentes actores, su visión y sus expectativas sobre los temas críticos en los que es pertinente generar encuentros y consensos, identificando cuáles son sus percepciones y temores, que mediante espacios de diálogo deben ser abordados.

Algunas empresas cuentan con una estrategia de responsabilidad social y desarrollo sostenible expresados de manera clara, transparente y, sobre todo, con una actuación que involucra a todas las áreas de la organización. Esta característica es asumida por el conjunto del personal, que asume un relacionamiento de cooperación y compromiso real por el desarrollo de su entorno de influencia directa.

Es preciso mencionar que la mayoría de los ámbitos donde la minería trabaja presenta altos índices de exclusión y pobreza, con un contexto organizativo desde la sociedad civil y los gobiernos locales altamente debilitado y fragmentado; donde los recursos de que disponen son vitales para la población. En ese contexto, las empresas podrían establecer alternativas de beneficio mutuo desde el inicio, creando confianza y seguridad en la población acerca de un desarrollo conjunto y no aprovechamiento desoyendo la participación de las comunidades.

Otro mecanismo son los fondos sociales, conformados a partir de recursos de los pagos realizados por la concesión que las empresas hacen al Estado. En otros casos, las propias empresas se han autoimpuesto un porcentaje de sus utilidades para alimentar estos fondos. La administración de estos fondos es asumida por representantes de la población, el gobierno local y  la empresa. Estos recursos pueden facilitar un ambiente de licencia social a través del fortalecimiento de la institucionalidad local, como un medio para impulsar el desarrollo sostenible del territorio, con inversiones socialmente responsables; sin caer en el asistencialismo.

Finalmente, se están haciendo nuevos planteamientos sobre la distribución de una parte de las utilidades de la explotación minera que deberían beneficiar de manera directa a las poblaciones afectadas. Por otro lado, es importante que las comunidades locales cuenten con información suficiente y sistematizada para adoptar decisiones que les permita formular una visión de sus territorios, aprovechando sus potencialidades en armonía con los conflictos de uso y gestión de los recursos naturales, previendo las necesidades de las generaciones futuras y la satisfacción de las actuales.

¿Puede hablarse de una posición intermedia, qué aspectos contempla?

En ciertos territorios, como el caso de Huancavelica, Pasco o Cajamarca, luego de décadas con importantes inversiones y crecimiento económico basado en la minería, no se ha podido evidenciar mayores impactos en el desarrollo social y en el bienestar de sus habitantes especialmente rurales. En la percepción de la población, la presencia del Estado está caracterizada por ofertas incumplidas, incapacidad para la negociación, precariedad en los servicios e incapacidad de gestión para favorecer a los amplios sectores de población como son las comunidades rurales y los barrios más pobres.           

Estos niveles de conflictividad y desigualdad menguan el proceso de desarrollo y trasmiten desconfianza ante el Estado, las pérdidas generadas son invalorables y hay demanda de inversiones mayores por todos los actores  inmersos en los territorios para superar y transformar esta situación. Frente a esto, se hace inevitable la trasformación de las formas de actuar de las instituciones, especialmente las estatales, para adoptar acuerdos y evitar el escalamiento que provoca confrontaciones, las mismas que demandarán intervenciones nacionales e internacionales.

Como actores en los territorios tenemos responsabilidades compartidas entre Estado, empresas mineras y sociedad civil. Es imprescindible promover espacios de diálogo y búsqueda de consensos para construir la unidad, donde cada cual tenga ese sentido de pertenencia e identidad con su territorio y proyecto futuro; evitando el conflicto improductivo y generador de brechas y maltratos.

Las actividades extractivas en general, por su alto riesgo ambiental, requieren ser especialmente controladas por nuestras autoridades y vigiladas por la población, en base a parámetros precisos y planes de gestión territorial. Antes de iniciar operaciones en un espacio la actividad minera debe ser técnicamente sustentada, políticamente institucionalizada y democráticamente legitimada por la población. Ello implica que las empresas mineras, deben demostrar un alto grado de responsabilidad social y ambiental, y en coordinación con el Estado y agentes de sociedad civil, se comprometan con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Basados en el análisis realizado por CEDEPAS Norte, una visión compartida del desarrollo, en ámbitos con potencial minero, requiere de:

• La planificación concertada del territorio con la participación amplia de todos los actores locales, que permita contar con instrumentos orientadores para el desarrollo de las comunidades, respetando el valor y modelos de gestión que asuman sobre los recursos naturales.
• Desarrollar labores de comunicación con la población, brindar una adecuada y transparente gestión de la información; generando el conocimiento racional y sustentado acerca de las oportunidades y riesgos que genera la minería en su territorio; sobre de qué modo afectará sus propiedades y modos de vida; y tomar conocimiento sobre los potenciales beneficios que se pueden obtener en el corto, mediano y largo plazo (empleo, servicios, inversiones, mercado, recepción de posibles ganancias, etc.).
• Desarrollar capacidades locales para negociar favorablemente frente a las empresas mineras supone conocer mejor la naturaleza de la actividad y sus distintas fases (exploración, construcción, explotación y cierre). Las posibilidades de presentar alternativas para compartir las decisiones, los riesgos y las ganancias mineras.
• Desarrollar capacidades para la gestión y conservación de los recursos naturales locales; especialmente, fortalecer la institucionalidad local para un monitoreo de la actividad minera y sus efectos sobre los recursos naturales, especialmente del agua, con información de base e indicadores establecidos concertadamente.
• Formar recursos humanos locales con capacidad de planificar y gestionar su desarrollo social y económico, así como de vigilancia estricta del uso de los recursos públicos.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Las últimas semanas Bolivia estuvo pendiente de la realización y conclusiones de la denominada Cumbre del agro, convocada por el Gobierno de Evo Morales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Alrededor del evento corrieron muchas especulaciones, análisis y advertencias (Ver la sección noticias en esta página web). Por ello es oportuno difundir el presente artículo, basado en el documento con el mismo nombre que el autor presentó en un reciente simposio internacional sobre la importancia de la agricultura familiar comunitaria para la seguridad y soberanía alimentaria). El artículo demuestra que en Bolivia, donde la población rural campesina e indígena es aún significativa y está inmersa en un proceso político intenso de empoderamiento y participación, el reconocimiento de la importancia de la agricultura familiar para la alimentación y nutrición de la población, dentro de un concepto de soberanía alimentaria, no es suficiente para que este sector productivo mejore su oferta productiva, su calidad de vida y su participación política.

Los sistemas de alimentación y nutrición de una sociedad están compuestos por relaciones dinámicas entre diferentes componentes de nivel personal, familiar y comunitario, que llevan a un resultado final expresado en el estado nutricional de la población. La importancia de cada componente depende de la situación socioeconómica de las personas que operan los sistemas en sus sociedades.

Los agricultores familiares son un componente destacado en los países en vías de desarrollo y con población rural significativa, para asegurar la disponibilidad de alimentos. Su importancia ha sido reconocida a nivel mundial hace varios años, gracias a la incidencia que a nivel regional y global realizó el movimiento Vía Campesina. Este reconocimiento vino aparejado con el lanzamiento del concepto de soberanía alimentaria, entendido como la capacidad de una sociedad para definir y establecer sus propios sistemas de abastecimiento de alimentos, con las consideraciones ecológicas, culturales y sociales respectivas, entre otros aspectos.

El nuevo concepto obliga a consideraciones políticas respecto a los agricultores familiares, quienes desde entonces fueron “designados” como los principales responsables de la soberanía alimentaria, aunque el concepto, sin embargo, no abarca todo un sistema de alimentación y nutrición y se enfoca especialmente en la producción local de alimentos.

Sucesivos gobiernos han establecido diversos programas de apoyo a la agricultura familiar (desde los de infraestructura de riego hasta los de incremento de productividad, asociatividad y el mercadeo “justo”), lo que debe ser beneficioso para la sociedad en general en lo concerniente a incrementar la oferta alimentaria y porque permitirá ejercer una mayor soberanía sobre la disponibilidad de alimentos en los mercados locales.

Una mirada al contexto

En Bolivia la mayor cantidad de población en situación de extrema pobreza se localiza principalmente en las áreas rurales, donde la mayoría también tiene como principal actividad económica la producción agropecuaria a través de pequeñas propiedades. Un indicador de esta pobreza, que es también el resultado del sistema ineficiente de su sistema de alimentación y nutrición, es una alta prevalencia de desnutrición. Aún más, también sufre de una alta inseguridad o vulnerabilidad alimentaria (PMA, Bolivia).

El Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018 (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2013) establece en su marco conceptual de “agricultura familiar sustentable” el desafío de erradicar la pobreza extrema hasta el año 2025 y la necesidad de que en esa dirección se establezca un vínculo entre seguridad alimentaria y extrema pobreza, entendiendo que es en el ámbito rural donde se localizan. Si los agricultores familiares sufren de pobreza, expresado en desnutrición y alta inseguridad alimentaria, ¿Es justo que se hagan responsables de la soberanía alimentaria nacional? ¿Es justo que estén en esta situación de exclusión estructural?

El abastecimiento de alimentos en el país está a cargo principalmente de los pequeños agricultores familiares, los que reciben poca compensación social y económica por ella. Al lado opuesto, hay un pequeño grupo de grandes productores que aportan poco al abastecimiento de alimentos, pero que gozan de altos ingresos y de otros beneficios, especialmente el de tenencia de grandes extensiones de tierras, además de subsidios significativos como el de combustibles.

El rol del Estado respecto a la producción agropecuaria ha cambiado positivamente en los últimos años, pero no ha sido suficiente. Por ejemplo, se reconstruyó el espacio agrario público con diversas unidades – aunque a costa de la unidad y coordinación de sus intervenciones-; se han establecido nuevos marcos legales y programas de servicios (como las Leyes 071, 144, 300, 338 y otras); se incrementó la inversión pública sectorial de 76 millones de dólares a 220 millones entre el 2006 y el 2013, aunque en términos relativos pasó de 8,6 a 6,4% del total de la inversión pública. Sin embargo, con acciones, programas e inversiones no se produce lo suficiente para atender la demanda interna de alimentos, especialmente porque la agricultura familiar continúa en desventaja ante la agroindustria. En las 2,400.000 hectáreas en producción actual, aproximadamente la tercera parte, 800.000 hectáreas, están dedicadas mayormente a la soya.

Pero los productos tradicionales que componen las canastas de alimentos de las familias bolivianas todavía son principalmente abastecidos por los desatendidos agricultores campesinos e indígenas (Danilo Paz Ballivián, La Razón, 3/8/14). La productividad de los cultivos de ambos grupos, sin embargo, es baja, por lo que su principal diferencia es la magnitud de la propiedad (La soya está en 2,5 TM/Ha, la papa en 5,6, la quinua en 0,46, el maíz en 2,76) debajo de los niveles alcanzados en países vecinos (MDRYT, 2013).

Pese a todo, hay potencialidades

Pese a los datos precedentes, hay que reconocer que hay un espacio importante para incidir en las capacidades productivas de los agricultores familiares, principalmente campesinos e indígenas en Bolivia, y mejorarlas, expandiendo sus potencialidades. Productividad por tecnología. La productividad por cultivo puede incrementarse fácilmente (y en algunos casos duplicarse o más) con cambios tecnológicos simples, como el de la introducción de semillas mejoradas y técnicas básicas de cultivo. Esto ha sido probado en Potosí con la papa y las habas.

Productividad por riego. El acceso a sistemas de micro riego que maximicen la captación y uso del agua de micro cuencas para el riego de las parcelas puede tener un alto impacto en la productividad, así como en el aseguramiento de los ciclos vegetativos de los cultivos. El mejoramiento del abastecimiento de agua, por su nivel de inversión, usualmente trae consigo la implantación de cultivos diversos y de alto rendimiento.

Rentabilidad por acceso a cadenas de valor. El valor de las ventas de los productos de los agricultores puede incrementarse por su conocimiento y mejor acceso a las respectivas cadenas de valor. Igualmente, se pueden reducir los costos de los insumos y otros determinantes de la producción,  significando desde ya una incorporación del agricultor a las reglas del mercado.

Rentabilidad por asociatividad. El valor de las ventas también se puede incrementar por negociaciones y capacidades grupales por producto, así como para obtener insumos con ventajas comparativas. Este potencial debe sumarse al de las cadenas de valor, para defender a los agricultores familiares de las distorsiones de los mercados.

Rentabilidad por acceso a sistemas locales cortos de seguridad alimentaria. Se trata de ingresos generados por las demandas institucionales para alimentación complementaria local. Generalmente se requiere un mejoramiento de la capacidad del agricultor familiar para afrontar con mayor eficiencia los procesos de post cosecha y transformación.

Protección de valores culturales. Los campesinos e indígenas conducen la producción agropecuaria con base a conocimientos y tradiciones locales, generalmente entrelazadas con una cosmovisión integral con los recursos naturales y los modos de vida comunitarios.

Protección de los recursos naturales. Por su misma cosmovisión, la producción agropecuaria familiar se hace respetando y cuidando el agua, la tierra y las semillas (genes) de variedades adaptadas a su medio. Los bosques y la fauna local, sin embargo, no tienen la misma valoración.

También hay limitaciones

Asumiendo que todas estas potencialidades pudieran ser desarrolladas de tal manera que se complementen, se obtendrían cambios significativos en la productividad de las unidades familiares y sus ingresos económicos, lo que puede tener un efecto muy importante en la reducción de la pobreza rural, especialmente la de grado extremo.

Sin embargo, hay limitaciones de orden estructural que impiden que estos cambios beneficien a esta población en forma sostenible y que trasciendan a la generación agricultura actual. Algunas de estas limitaciones, se mencionan a continuación.

Acceso limitado a la tecnología disponible en el país y escasa capacidad institucional para la generación de tecnología apropiada. Los servicios institucionales disponibles de transferencia de tecnología son mínimos, entre otros factores porque el sector público agropecuario en su componente de asistencia técnica ha sido reducido a sus niveles mínimos en los últimos decenios, para el servicio a pequeños productores, mientras que los grandes productores lo adquieren con la compra de “paquetes” tecnológicos que incluyen insumos y tecnología. La investigación agropecuaria también se ha minimizado y en muchos casos se concentró en los productos para la agricultura y ganadería mayor. Los bajos niveles educativos de los campesinos e indígenas también limitan su acceso.

Poca disponibilidad de agua y de tierras irrigables. Las zonas donde se concentran los campesinos e indígenas en la región occidental y en la zona chaqueña de Bolivia carecen de fuentes significativas de agua para riego (y consumo) y dependen de aspectos climáticos irregulares que tienden a la sequía. Al mismo tiempo, estas mismas poblaciones se asientan en áreas con bajo potencial de riego por sus características fisiográficas difíciles.

Limitada capacidad de valor agregado de los productos. Aunque los agricultores puedan acceder a cadenas de valor para maximizar la eficiencia de la gestión de sus emprendimientos, incluso con el uso de tecnología apropiada, el pequeño tamaño de las unidades productivas minimiza las magnitudes de los valores agregados que se obtienen. Algunos cultivos que producen ingresos extraordinarios por hectárea, como la coca, no son expandibles y, además, están en franco proceso de rendimientos decrecientes. Otros con alta demanda local, como la papa o el arroz, sufren la inestabilidad de precios y distorsiones de mercado (Contrabando, estacionalidad y otros) que escapan a la capacidad de gestión de los productores.

Escaso impacto de la asociatividad. El poder de negociación de los productores solamente generará incrementos de ingresos hasta el límite de la “incapacidad” de la magnitud de sus unidades productivas, el promedio es de una hectárea por familia en el occidente del país.

Insuficiente impacto generacional del acceso a sistemas locales cortos. Aunque para la generación actual este acceso le asegura mercado e ingresos para la familia, no es suficiente para sostener a las siguientes generaciones de productores en las condiciones actuales antes enumeradas.

Pérdida de valores culturales locales. La urgencia de la actividad económica eficiente para la supervivencia de la familia conduce a la práctica agrícola comercial que se aleja de los valores culturales locales. A ello se suma la emigración de la población joven a áreas urbanas.

Agotamiento de recursos naturales. Por la misma razón anterior, a lo que se suma el limitado acceso a capital y el bajo nivel educativo de la población, se hace un uso inapropiado del suelo y el agua. El suelo no es adecuadamente protegido ni fertilizado por sus altos costos. A ello se suma el cambio climático expresado localmente principalmente por la reducción del período de lluvias, para lo cual todavía no hay significativas capacidades de adaptación y resiliencia.

Conclusiones

Por lo expresado, la agricultura familiar en Bolivia, que todavía es la principal abastecedora de la canasta de alimentos de la mayoría de la población, tiene la posibilidad de maximizar sus potencialidades si es que se superan todas las limitaciones que se han enumerado. Sin embargo el mejoramiento tendrá un nivel relativamente limitado en impacto económico y a la presente generación poblacional, debido a la presencia de factores estructurales, entre los cuales están principalmente el de la tenencia de la tierra y el limitado ejercicio del derecho a la educación.

El éxito que se pudiera tener en la maximización de las potencialidades puede contribuir significativamente a la reducción de la pobreza extrema que afecta a esta población rural, pero no tendrá un efecto sostenible para la reducción de la pobreza en general. Es aún más incierta la posibilidad de que este sector productor pueda mantener en un nivel adecuado la oferta de alimentos tradicionales para asegurar la plena soberanía alimentaria nacional.

Estudios recientes de consumo de alimentos y nutrición en poblaciones campesinas e indígenas en el departamento de Chuquisaca, que han sido apoyadas por programas de seguridad alimentaria de la sociedad civil y de asociaciones público – privadas en los últimos cinco años, incluyendo el manejo de cadenas de valor y la demanda de sus productos por programas institucionales, no han podido modificar significativamente las magnitudes de su consumo familiar de alimentos (Ayuda en Acción, 2013). Agregando a este paquete de intervención la generación de capacidades para la diversificación con la producción orgánica de hortalizas, se lograron mejoras significativas en los ingresos, pero la limitación insuperable fue la tenencia de la tierra para ganar una sostenibilidad generacional (Ayuda en Acción, CENAPE, FAO, 2012 – 2013). Las unidades de producción en la zona tienen una superficie promedio menor a 1 Ha., de las cuales solamente se asignaron a la producción orgánica un promedio de 1.600 m2 o 0,16 Ha.

Por otro lado, familias provenientes de ámbitos rurales que migraron a la zona subtropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, y optaron por la producción de cultivos comerciales, tuvieron resultados altamente significativos en sus ingresos familiares. Con la coca Bs.24.000/Ha/año; con el café orgánico Bs.13.000/Ha/año (Cáritas Coroico, 2014). Iguales resultados se obtuvieron con familias que migraron a los programas de asentamiento en zonas de Yapacaní y San Julián, departamento de Santa Cruz, donde se ha evolucionado a la agricultura moderna agroindustrial familiar y a la generación de puestos de trabajo como asalariados para otros campesinos del mismo origen (Fundación Tierra, 2013).

Propuestas

Estos resultados permiten concluir que es conveniente (y sobre todo un acto de justicia) apoyar a la agricultura familiar campesina e indígena en Bolivia, en el plazo inmediato, para maximizar sus potencialidades y contribuir en la lucha contra la pobreza extrema rural.

Sin embargo, en ese plazo no debe restringirse el apoyo al incremento de la oferta de productos alimenticios solamente sino también trascender hacia la producción para fines comerciales, aunque no sean alimentos, pero que generen un ingreso familiar significativo, lo que redundará en una mayor capacidad adquisitiva de los agricultores que en parte se expresará en un incremento de su consumo de alimentos.

Por justicia y defensa de sus derechos, este apoyo debe proyectarse explícitamente para que en la siguiente generación (10 a 20 años) se conduzca una transformación de la unidad productiva actual a otra con mayor productividad en base a tecnología apropiada y recibiendo del Estado iguales o mayores beneficios que los que otorga a los grandes productores.

Este último punto cuestiona directamente la “obligación” que se quiere dar al agricultor familiar de defender la soberanía alimentaria nacional, que más bien debe ser un objetivo nacional que abarque a todos los productores, especialmente a aquellos que tienen más capacidades para ello.

La limitación estructural más grande que tienen los agricultores familiares es el minifundio. En consecuencia, se deben generar alternativas políticas nuevas que den acceso a estos agricultores a superficies agrícolas donde la productividad sea más sostenible en el largo plazo y que tampoco se limite a la asignación de tierras sino que sean programas de desarrollo local integral.

Hay que reconocer que el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018 (MDRYT) establece políticas y objetivos estratégicos encaminados en esta dirección (Especialmente la Política 1 y los objetivos estratégicos 2, 3 y 4). Conocidos algunos esfuerzos iniciales del gobierno boliviano enmarcados en esta política para reasentar campesinos de occidente en tierras fiscales del oriente, se sugiere establecer una estrategia nacional que permita hacer un reasentamiento masivo dentro de programas integrales de desarrollo territorial, utilizando las tierras fiscales que el país tiene (que ningún otro tiene en la región) y que esto sea una iniciativa motivacional y de movilización nacional en una gran alianza nacional.

En esa alianza deben participar el sector público, las organizaciones sociales, la cooperación internacional, el sector privado empresarial y también la sociedad civil promotora del desarrollo. Curiosamente, en el mencionado plan del sector agropecuario se excluye totalmente a este último grupo que, sin embargo, fue conservado y protegido en las capacidades técnicas agropecuarias del país durante la época de los ajustes estructurales promovidos por el Fondo Monetaria Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, de hecho, quedaron como único apoyo para la pequeña producción agropecuaria.

También es conveniente extender la responsabilidad de la soberanía alimentaria de Bolivia a los grandes productores agropecuarios del país. Esto se puede lograr con programas concertados de producción por productos prioritarios, con el condicionamiento de la ampliación de fronteras y habilitación agrícola de tierras a la habilitación de tierras fiscales para los reasentamientos campesinos e indígenas (El 14 de agosto se ha anunciado un acuerdo del gobierno con la empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para la ampliación de la frontera, sin más condiciones que los apoyos del gobierno y el propósito de ampliar la producción).

Finalmente, los agricultores familiares campesinos e indígenas deben ser considerados, como un objetivo para la atención de la sociedad más bien que por su precariedad, y por cierto no como responsables de una tarea para la cual injustamente no tienen las capacidades suficientes. Debemos apoyarlos para ganar seguridad alimentaria propia y con soberanía, en vez de esperar que ellos lo hagan para nosotros.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.