Reforma agraria integral para una vida digna. Foro global de la tierra 2018

Lorenzo Solíz Tito [*]

La Coalición Internacional por la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés) es una alianza global que trabaja por la gobernanza de la tierra centrada en las personas como elemento fundamental para lograr un mundo justo, equitativo e inclusivo. Está conformada por 256 organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales de 77 países de África, Asia, Europa, Cercano Oriente, América del Norte, América Latina y el Caribe. El IPDRS es uno de sus miembros.

Entre los días 24 y 27 de septiembre recién pasado se llevó a cabo el Foro global de la Tierra y la Asamblea de la ILC, en la histórica ciudad de Bandung, Indonesia. Hay que recordar que Bandung fue la sede el año 1955 de la Conferencia Asia África de países recientemente liberados de la colonia y que sentó bases para el Movimiento de los países no alineados, que conservó una posición neutral ante las potencias Unión Soviética y Estados Unidos durante la guerra fría, el conflicto geopolítico e ideológico mundial. Bolivia es uno de sus miembros, junto con otros 76 países, de los diferentes continentes.

Para la ILC, hoy, la reforma agraria debe volver a ocupar su lugar en las agendas políticas nacionales si se quiere superar y corregir las desigualdades. Una reforma agraria redistributiva de la tierra, que otorgue seguridad jurídica sostenible y con igualdad de género, es sustancial para reducir los conflictos y redistribuir la riqueza. Es fundamental que la reforma agraria: 1) se base en políticas coherentes y sustentables de agricultura, tenencia, inversión y uso de la tierra; 2) esté respaldada con recursos adecuados e infraestructura social; 3) esté diseñada e implementada con la participación significativa de las organizaciones que representan a pequeños propietarios, pueblos indígenas, pastores y comunidades locales afectadas; y 4) reconozca la relación intrínseca de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos naturales, respalde todos los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra como un camino para abordar los conflictos de tierras. Hace este llamado porque el acceso, tenencia, defensa y gestión de la tierra y territorio sigue presentando déficits o estancamiento, y en algunos casos hay riesgos o retrocesos evidentes.

En el caso de Indonesia el movimiento campesino sigue luchando por una auténtica reforma agraria, con redistribución y no solo con certificación de las tierras, tarea en la que está concentrado el actual gobierno. Hay que recordar que en Indonesia, las luchas por reforma agraria se remontan a los años 60 del siglo pasado. El primer programa de reforma agraria tuvo lugar en 1960, se redactó una ley básica de agricultura que fundamentalmente trataba de paliar los graves problemas de acceso a la tierra que tenían los campesinos del país. Después de siglos de feudalismo y colonización, la mayoría de las tierras agrícolas estaba en manos de grandes empresas coloniales y terratenientes. Durante los años que siguieron, el gobierno de Sukarno trató de poner en marcha la reforma agraria, pero fue truncado con el golpe militar de Suharto. A lo largo de los casi treinta años de la dictadura militar en ese país, la reforma agraria no avanzó en absoluto.

Tras la dictadura, en 1998, el movimiento campesino a favor de la reforma agraria pudo salir de la clandestinidad, volver a organizarse y luchar abiertamente por sus derechos. Sin embargo, los sucesivos gobiernos no han puesto en marcha las leyes de reforma agraria, y los acuerdos alcanzados con el Banco Mundial y grandes empresas multinacionales siguen impidiendo el acceso de los campesinos a la tierra.

“Nosotros luchamos por una genuina reforma agraria en Indonesia, queremos visibilizar los conflictos que hay sobre la tierra, el acaparamiento de las tierras por grandes propietarios y empresas. No solo queremos la certificación sino la redistribución y titulación de las tierras… La reforma agraria no será posible sin el apoyo de las organizaciones sociales y campesinas. Somos 103 organizaciones campesinas de Indonesia que nos hemos comprometido con este proceso”, mencionó enfática Dewi Kartika, Secretaria general del Consorcio para la Reforma Agraria (KPA) de Indonesia, durante el Foro.

Mientras se desarrollaba el Foro Global por la tierra, el gobierno Indonesio promulgó, este 26 de septiembre recién pasado, el decreto presidencial de la reforma agraria. Ya el “Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (RPJM) 2015-2019 había establecido un objetivo para la Reforma Agraria que cubre 9 millones de hectáreas, que consiste en la legalización de activos que cubren 4.5 millones de hectáreas y la redistribución de tierras que cubren 4.5 millones de hectáreas. El plan también ha establecido 12.7 millones de hectáreas para la silvicultura social. Este programa ha incluido el reconocimiento y la protección de los bosques indígenas a las comunidades de derecho consuetudinario en todo el archipiélago.” (https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/24/133900726/darmin--program-reforma-agraria-bukan-sekedar-bagi-bagi-tanah)

Pero avances y logros como el que acabamos de mencionar no son dádiva de ningún gobierno son resultado de largas y duras luchas que cuestan muchas vidas a hombres y mujeres dirigentes y líderes y defensores de la tierra y el medio ambiente. Precisamente este fue otro de temas que ocupó la atención del Foro global en Bandug, el aumento de homicidios, ataques y criminalización de comunidades y personas que buscan acceder y defender la tierra, el territorio y el medio ambiente. Sólo en Indonesia, en la última década, según el Consorcio para la Reforma Agraria (KPA), se ha registrado la detención de 1.617 defensores de la tierra y el medio ambiente, y el asesinato de 122 defensores; esta situación es similar a la de países de Centro América, que fue testimoniado por mujeres líderes en el Foro, y el registrado para el 2017 en diferentes países de Sudamérica (IPDRS, 2018).

En países con alta intensidad de conflictos por la tierra, la estigmatización, la persecución, los ataques, la criminalización y asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente son solo parte de una estrategia integral y deliberada, que incluye cambios en normativas y hasta de institucionalidad. El desafío que queda es extremar medios y recursos para defender a los defensores de derechos, de pueblos indígenas, de la tierra y el medio ambiente; la ILC hace un llamado a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones de proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente y apliquen plenamente la Declaración de las Naciones Unidas adoptada hace 20 años y para garantizar que compañías e inversionistas respeten los derechos de dichos Defensores en sus actividades y cadenas de suministro.

Los avances y los beneficios logrados con la reforma agraria pueden verse gravemente socavados o presentar retroceso al promover modelos de desarrollo e inversión basados en la adquisición de tierras a gran escala por parte de inversores nacionales y extranjeros. Existe suficiente evidencia en diferentes países alrededor del mundo que las adquisiciones de tierra a gran escala a menudo causan despojos, desplazamientos forzados, y la concentración de riqueza y oportunidades fuera de las comunidades, como ocurre en Indonesia, que durante la última década, según el Consorcio para la Reforma Agraria (KPA), el desalojo de 3,5 millones de personas por acaparamiento de tierras. Esto es totalmente contrario a la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, especialmente el objetivo primero y segundo, sobre el fin de la pobreza y el hambre creo, respectivamente.

Por ello la necesidad de reforzar, de fortalecer permanentemente los liderazgos y las organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores tanto para el acceso a la tierra como para la defensa y gestión productiva de sus tierras y territorios y sus recursos naturales; con adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; con la lucha por políticas públicas apropiadas e inversión pública hasta lograr que la reforma agraria integral se traduzca en el logro de una vida digna en el campo. En ese marco, la agenda del decenio de la agricultura familiar, debe ser una oportunidad para acompañar y consolidar el acceso y posesión duradera y productiva de la tierra por parte de familias y comunidades de campesinos indígenas y pequeños productores alrededor del mundo. Este es otro de los desafíos del presente siglo.

[*] Lorenzo Soliz Tito, Filósofo con maestría en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano, diplomado en metodologías de investigación y educación superior. Tiene experiencia de más de dos décadas en desarrollo rural, con proyectos económicos y sociales. Fue director general de CIPCA (2008-2016) y director regional de CIPCA Cochabamba (1998-2004). Coordinador del Foro andino amazónico de desarrollo rural. Docente Invitado en desarrollo rural por el CIDES UMSA, La Paz. Miembro del IPDRS desde 2017, a cargo de Planificación y Proyectos.

TERRITORIOS ALTO ANDINOS PASTORILES: POLÍTICAS, REDES Y ESTRATEGIAS AL CAMBIO CLIMÁTICO.

M. Sc. Carla Virginia Rodas Arano [*]

Las comunidades pastoriles de los Andes tienen una peculiaridad relacionada a su historia: comprenden un territorio construido a partir de una continua movilidad espacial. Este modo de construir territorio va enlazado a la relación de las comunidades con los camélidos y sus movimientos.

Las migraciones de camélidos, importantes para las economías pastoriles de los Andes, han influenciado a la comprensión de un territorio discontinuo y del contacto con distintos pisos ecológicos. Por lo tanto, los camélidos y los movimientos están inscritos en la cultura de estas comunidades.

Aquí cualquier transformación en la relación entre camélidos y comunarios afecta no sólo al factor económico, sino a todo el entrelazado de territorio, organización sociopolítica, creencias y prácticas (Rodas, De la llama libre a la llama cercada: cambios en la construcción territorial de Curahuara de Carangas, 2013). Así, debido a la economía basada principalmente en la producción camélida, desde tiempos pre-coloniales, es de emergencia considerar el aumento de la mortandad camélida ocasionada por los efectos del cambio climático.

Sobre el cambio climático

El cambio climático trae consigo varios efectos a considerar: influye en los ecosistemas y la biodiversidad se reduce alterando los ciclos de vida (Parry et al, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, 2007). Por ende es un factor que influye a la economía: “[e]l cambio climático representa un cambio único para la economía: es el mayor ejemplo nunca visto de fallo del mercado. El análisis económico debe ser global, debe tratar horizontes temporales largos, debe tener en su núcleo el riesgo y la incertidumbre, y debe examinar la posibilidad de cambios mayores, no marginales” (Stern Review: The Economics Climate Change, 2006).

En América Latina el cambio climático ha ocasionado mayor derretimiento de glaciares, especialmente en el área conocida como Andes Tropicales: “es evidente un retroceso acelerado desde inicios de los años 80 que juntamente con una aparición cada vez más recurrente e intensa de los eventos El Niño estarían provocando esta desaparición de varios de los glaciares tropicales. Sin duda en los próximos 30 años varios glaciares pequeños menores a 1 Km² habrán desaparecido de forma similar a lo que ocurrió con el glaciar Chacaltaya y lo que está ocurriendo con los glaciares de Tuni-Condoriri” (Ramírez, Impactos del cambio climático y gestión del agua sobre la disponibilidad de recursos hídricos para las ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia, 2008:59). A su vez, el derretimiento de glaciares, la falta de agua y el aumento de la época seca ha traído consigo mayor mortandad camélida, como ocurre el ayllu pastoril Taypi Cañuhuma.

Taypi Cañuhuma se ubica en el municipio de Curva, de la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz, Bolivia. La población de este ayllu se encuentra a lo largo de la cuenca Cañuhuma, debajo de los glaciares ubicados en el macizo Ulla Khaya. La cuenca Cañuhuma (en el Área de Manejo Integrado Apolobamba) tiene una superficie de 81 Km² y una altura que varía desde 4588 msnm hasta 4337 msnm (Plan de Manejo Área Natural de Manejo Nacional Integrado Apolobamba, 2016).

El ayllu ha sido afectado los últimos 12 años; y en mayor notoriedad desde hace 4 años; por el aumento de la época seca, provocando la desaparición de algunas especies, aparición de plagas, desaparición de ojos de agua, aumento de la helada, cambios en los ciclos, aumento de la mortandad camélida por falta de alimentos y mayor cantidad de abortos de alpacas y llamas: “este tiempo cambia más, sol también está, ya no hay pastos, mucho está secando, agua también está rebajando porque ya, este nevado parece que ya se está subiendo, poco ya está, poca agua no más viene, por eso la alpaca apenas esta, porque ya no hay comida, ya no hay agua...nosotros alpaca no más criamos” (EC5, 2017, entrevista). Ante esta emergencia los comunarios han retomado prácticas para minimizar los impactos del cambio climático.

Sobre las políticas respecto al cambio climático

Las normativas relevantes que protegen la cuenca y la biodiversidad de este sector, y regulan el uso de los recursos naturales son: Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Reglamento general de Gestión Ambiental, Reglamento en materia de contaminación hídrica y el Reglamento General de Áreas Protegidas. Asimismo, la ratificación del Acuerdo de París; presente en el Ley Nº 835 del 17 de septiembre de 2016; impulsa a fortalecer la adaptación y reducir los efectos del cambio climático. No obstante; y a pesar de los esfuerzos de las instituciones (como el Área Natural de Manejo Integrado Nacional-Apolobamba y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas) a través de investigaciones y prácticas; estas normativas no parecen minimizar los efectos del cambio climático en Taypi Cañuhuma debido a la falta de conocimiento sobre el ayllu.

El ayllu Taypi Cañuhuma, que se encuentra dentro de un Área Protegida, está alejado de las ciudades intermedias y tiene escasa comunicación con otros sectores del municipio. De este modo es difícil comunicar a otras instituciones y a otros sectores del municipio los problemas acaecido por el aumento de sequía en su territorio. La falta de comunicación fue el principal motivo para instalar una antena que permite el uso de internet en la escuela.

Los comunarios desconocen muchas normativas que protegen el medio ambiente y que regulan el uso de recursos naturales, de manera que no resultan útiles en el diario vivir. Así ante la necesidad urgente de minimizar los efectos de la sequía los habitantes de Taypi Cañuhuma han creado actividades y retomado prácticas (ancestrales): 1) mueven el ganado camélido de un lugar a otro de acuerdo a la época húmeda y la época seca, tratando de coincidir con el ciclo reproductivo de los camélidos; 2) mueven el agua de un lugar a otro en época seca a través de canales; y 3) cercan una cierta cantidad de pasto para reserva en época seca (EC4, 2017, entrevista).

Sobre la emergencia de las comunidades pastoriles en relación a los efectos del cambio climático

Para Taypi Cañuhuma la rotación del pastoreo y el traslado del agua han permitido, durante años, sobrevivir a las inclemencias de la sequía. Sin embargo los cambios ocurridos a finales de la década de los 80, y especialmente hace 3 años atrás, han traído consigo enormes preocupaciones a la población.

Estas variaciones en el clima (aumento de calor, sequía, disminución del agua, entre otros) han reducido la población camélida y han afectado a los pastizales. Entonces ¿cómo conservar evitar el aumento de la mortandad camélida ocasionada por el cambio climático? En Bolivia las políticas, para conservar los ecosistemas donde habitan los camélidos, se han centrado estos últimos años en torno a los bofedales. Hacia este cometido el Estado Plurinacional de Bolivia considera como prioridad la conservación y recuperación de estos humedales (Ley Nº 404, 2013).

Sin embargo el desconocimiento sobre estas comunidades pastoriles (cómo se relacionan con el entorno y cómo construyen su territorio) no ha permitido dar más pasos al respecto. Aquí es inevitable tomar en cuenta el conocimiento de los comunarios respecto a su entorno: la movilidad espacial que imita la migración de los camélidos, los indicadores naturales para épocas secas y épocas húmedas, las prácticas realizadas para minimizar las inclemencias climáticas. De este modo crear políticas conjuntas que verdaderamente permitan reducir los efectos negativos del cambio climático.      

[*] Carla Virginia Rodas Arano, es licenciada en antropología (UMSA-Bolivia) y magister en estudios socioambientales (FLACSO-Ecuador). Es especialista e geopolítica, desarrollo sustentable y justicia ambiental. Su trayectoria investigativa se centra en temáticas socio-ambientales, de cambio climático, derechos y patrimonio. Es miembro activo de la Asociación de Antropólogos de La Paz desde su fundación.

La autonomía indígena es una oportunidad para todos. Reflexiones sobre un el curso virtual “Autonomías indígenas en Bolivia”

Ruth Bautista Durán[*]

La primera versión del Curso de Autonomías indígenas en Bolivia, coordinado por la plataforma de Interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y desarrollado en esta gestión, tuvo la participación de al menos 50 personas provenientes de Bolivia, Ecuador, Brasil, entre otros. Todas ellas comprometidas con los procesos autonómicos indígena originario campesinos, desde el acompañamiento técnico, la militancia por los derechos de los pueblos indígenas, la academia y otros.

A partir del proceso constituyente (2008) y la declaración de la plurinacionalidad en Bolivia, varios pero no suficientes procesos locales han emprendido su camino hacia la autonomía administrativa por la vía de la restitución de sus territorios o por la vía de la conversión municipal. De inicio valoramos la gran expectativa que estos procesos locales significan para la reconfiguración de la noción tradicional del Estado-nación, la toma de conciencia de la forma de vivir la democracia y buscar alternativas a la delegación del poder político.

Nuestra lucha es por todas las autonomías

Desde el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, participamos en la fase final del curso y el planteamiento de desafíos. Propusimos un ejercicio reflexivo sobre el documental “Tejedoras de autonomía”, un material audiovisual que tiene la potencialidad de comunicar la voz de las mujeres indígenas originarias campesinas al resto de la sociedad; y además, muy bien valorado por ellas mismas, observándose a sí mismas como protagonistas de los procesos autonómicos de sus territorios. Resulta interesante que haya sido producido precisamente por el Órgano Electoral Plurinacional, una institución pública como lo son las muchas instancias a las que a lo largo del curso hemos aludido y demandado, mayor flexibilidad, mayor comprensión, apertura real, etc. Este trabajo documental muestra al Estado, como plantea Magali Copa (2018), como un ente “permeable”, que puede filtrar imágenes, voces y significados. Esta constatación es fundamental para continuar realizando las acciones e interpelaciones necesarias para viabilizar las autonomías administrativas de los territorios e instituciones indígenas.

Apostamos porque el tema de la autonomía de las mujeres indígenas originarias campesinas debía plantearse no como adicional o transversal como suelen comprenderse los proyectos de género en el desarrollo, sino desde la perspectiva vital de las mujeres. Además, la tensión y conflicto en la comprensión de las nociones de ‘autonomía’, ‘autogobierno’ y ‘autodeterminación’, frente a la enorme burocracia desplegada por el Estado central ante el avance de las autonomías indígenas, nos invita a buscar ámbitos en los que podamos rescatar el sentir autonómico y la necesidad del autogobierno, sin duda, los cuerpos de las mujeres son un ámbito en el que las posibilidades del ejercicio de derechos se pone a prueba.

No ha faltado entre las reflexiones y debate del curso la recurrente descalificación de las teorías de género y feministas como occidentales, principalmente desde posturas que esencializan la identidad indígena; pero ha salido a flote la valoración al aporte de las mujeres en el proceso de consolidación de sus territorios. Definitivamente la constitución, o más bien, la institucionalización de los actuales gobiernos indígenas debe no sólo incluir a las mujeres como un cupo cuantificado, sino que debe concretizar las demandas y reivindicaciones que las mujeres postergan por la lucha de los derechos colectivos.

Entre los aportes sustanciales de los participantes del curso, se manifestó reiteradamente el principio de la equidad de género, profundizar la paridad en ámbitos públicos y la opción de articular diferentes luchas. Debe comprenderse que si la autonomía de los pueblos indígenas es una lucha de largo aliento, su alcance comprenderá el ejercicio de derechos, obligaciones, y además, una ética peculiar, por ejemplo, respecto a la violencia contra las mujeres. Si se considera el aporte de las mujeres a la memoria de los pueblos, a través del textil, el relato histórico, la gastronomía, las múltiples tareas del cuidado de la vida y las muchas estrategias por sostener su participación en ámbitos “extra-domésticos”, se podrá dimensionar que buena parte de los avances, logros y conquistas de los pueblos indígenas, se lo deben a la mitad de su población, a las mujeres. De esta forma, como se reflexionó, las niñas podrán tener mejores y más allegadas mujeres referentes de liderazgo, conocimiento, empatía e incluso apariencia.

El documental propuesto también permitió un acercamiento a las relaciones intergeneracionales que se viven duramente. Las madres consideran que sus hijas están mejor preparadas en el actual mundo moderno, ¿qué pensaran estas hijas de sus madres? Como reflexionaron los participantes del curso, la labor de la tecnología de información y comunicación es fundamental para comunicarse con las nuevas generaciones, en particular, las mujeres tienen en estos medios y redes, la oportunidad de disputar el significado de los cuerpos, voces, roles, etc.

La autonomía, retórica y procesos vivos

Realizar trabajos grupales en un curso virtual suele resultar un proceso fortuito, o nos llena de incertidumbre o la empatía busca cómo canalizarse. Las controversias suscitadas entre estudiantes que no se conocen personalmente, pero que suponen intereses comunes seguramente se parecieron mucho a las dinámicas que viven los consejos de gobierno indígena o las comisiones redactoras de estatutos orgánicos, ámbitos que no pueden perder de vista el proyecto político autonómico, pero que a la vez, deben enfrentar las dificultades tecnológicas, económicas y culturales de estos procesos, y resolverlas sobre la marcha.

Por otra parte, se planteó como ejercicio la elaboración de un video-carta personal, con la intención de personalizar un rol dentro y a favor de los procesos autonómicos. Ocurre un fenómeno con los hechos sociales y es que sus repercusiones, el permanente debate, análisis y posicionamiento de propios y extraños, permite la construcción de una retórica que es fácilmente manipulable y capitalizable. El momento amerita a poner atención a la premura de las autoridades y dirigentes de los procesos autonómicos, a hacer posibles las reflexiones y postulados, concretizar propuestas situadas en los territorios.

La mayor preocupación que mostraron los participantes del curso se debió a las nuevas generaciones, es decir, al tema de la educación propia y el relevo generacional de estos procos políticos como momentos y espacios cruciales en la afirmación y construcción de los proyectos autonómicos indígenas. La educación es el ámbito en el que se puede fortalecer la cultura, los saberes y las formas propias de gobierno, de producción y de reproducción de la vida, explicaron los estudiantes.

Un aspecto importante que destacan las propuestas es la posibilidad de compartir responsabilidades con los jóvenes. Lo cual implica desestabilizar la noción convencional de la juventud como exenta de responsabilidades colectivas, que ha calado tan fuertemente en las familias campesinas que privilegian la formación de los y –recientemente- las hijas muchas veces a pesar de su despojo étnico y cultural, y el abandono de los territorios. La urgencia por hacer que los jóvenes decidan “quedarse en el territorio” implica transformar a fondo las estructuras de producción agropecuaria y reproducción cultural. Es urgente poder brindarles espacios de formación y trabajo, no se puede reproducir la idea de lo rural y del campo, como pre-modernos y antagónicos al avance tecnológico. La educación y las nuevas generaciones son momentos y sujetos en los que se puede sembrar el principio ético en contra de la violencia a las mujeres, la discriminación a los ancianos y el no adultocentrismo, promoviendo así un verdadero diálogo intergeneracional como forma de construcción de conocimiento propio y afirmación identitaria.

Otro tema que suscita propuestas es el de la soberanía alimentaria y la producción agropecuaria sostenible, mostrando así una y otra vez, la necesidad de apoyar y privilegiar la producción local por sobre las importaciones y otro tipo de dieta alimentaria. En el curso se ha tenido el aporte de estudiosos de la reciprocidad que no dudaron en plantear la oportunidad de institucionalizar las prácticas y sistemas de reciprocidad que muchas veces son desprestigiadas y subalternizadas en los territorios, a pesar de que son prueba histórica de su supervivencia, por su sostenibilidad y su eficacia para la alimentación de la población local y para la reproducción ritual agrícola tan fundamental para la vida rural. Esta necesidad por recuperar y fortalecer los sistemas tradicionales de producción, distribución y circulación de la fuerza de trabajo comunitaria engrana fluidamente con el planteamiento de los Planes de Gestión Territorial Comunitario que los gobiernos autónomos indígenas deben realizar, y, también puede combinarse con otro tipo de economías, sin vivir un aislamiento económico o el no acceso a créditos, remesas, compras públicas, u otras formas de financiación económica para proyectos productivos. Debe comprenderse que varias generaciones rurales participan en sistemas tradicionales y también incursionan en mercados modernos, lo interesante será poder imponer la lógica propia de la redistribución y reciprocidad a otro tipo de economías y mercados.

Posicionarse a favor de la autonomía indígena

Se agradece que muchos de los participantes del curso no perdieron la oportunidad de expresar su compromiso por los procesos autonómicos, y además, plantear que la interpelación de estas acciones les afecta como personas y como ciudadanos dispuestos a renovar sus nociones de poder, representatividad y gobierno, en el marco de la democracia.

Pocas personas se animaron a hablar sobre problemas internos y cuestionar, por ejemplo, la verticalidad de las dirigencias indígenas, que han aprehendido las formas de gobierno centralizado, unipersonal y hegemónico, y que hoy, están dispuestas a negociar con estructuras gubernamentales –y sin su base social- sobre agendas reivindicativas de largo aliento. Resulta importante que así como pedimos la voluntad política de las instituciones públicas, invirtamos energía en la voluntad por descentrar la retórica y horizontalicemos nuestra mirada y nuestros diálogos con los pueblos indígenas.

La molestia generalizada porque estos procesos vean atoradas sus perspectivas por la mucha burocracia debe hacerse sentir en varios ámbitos. El endurecimiento del Estado –aún central- debe alertarnos sobre la voluntad política de profundizar la democracia y construir la plurinacionalidad constitucionalizada, y la sociedad debe preguntarse ¿Cómo se vive la plurinacionalidad?

Considerando las cifras de violencia estructural que todavía hoy exterminan a líderes indígenas en el mundo, la xenofobia y el racismo internalizado en la región sudamericana, por ejemplo, respecto al pueblo mapuche que es visto como enemigo interno de los países que han ocupado sus territorios, es importante escuchar a al menos 50 personas afirmar con tanta certeza que ningún Estado puede pedir certificación de la ancestralidad de un pueblo indígena.

Se agradece el esfuerzo por elaborar videos y escribir cartas a las autoridades de las que depende, en parte, la viabilidad de los procesos autonómicos. Todos los participantes del curso están en alguna medida articulados a alguno de ellos, y es importante que como ciudadanos, todos podamos levantar la voz por estas luchas locales que con grandes esfuerzos están construyendo la plurinacionalidad desde abajo.

[*] Ruth Bautista Durán, socióloga (UMSA). Tiene estudios sobre estudios de género, etnicidad, literatura, edición y otros abocados al desarrollo rural. Actualmente es coordinadora del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, responsable del Área de Investigación-acción del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica-IPDRS y miembro de la Colectiva Ch’ixi.

LAS SEMILLAS VIAJERAS

Vivian T. Camacho H. [*]

Cada pueblo ha preservado sus memorias ancestrales, prácticas rituales, ceremonias para honrar a la vida, a la tierra que nos cuida y alimenta, para el Tawantinsuyu (traducido como “los 4 pueblos del sol” del idioma Quechua, territorio amplio que ocupa: Ecuador, Perú, Bolivia, Norte de Chile, Norte de Argentina, parte de Colombia y Venezuela) aún vivos como territorio, quedan vigentes los encuentros de sabiduría e intercambio que fortalecen a las comunidades.

Organizaciones como Pratec y Ceprosi difunden desde hace más de veinte años el respeto, reconocimiento y promoción de los saberes ancestrales para la vida comunitaria. Responsables de estos reencuentros con las ceremonias ancestrales como horizonte para la humanidad hacia el “encariñamiento” con la vida que somos y que nos rodea desde nuestra cosmovisión andina. Son varias escuelas rurales y comunidades que participan, reciben y cuidan de la ceremonia comunitaria para las Abuelas Semillas. Gracias a los esfuerzos de maestros y maestras que decidieron reaprender de su propio lugar de origen indígena campesino, retornando a su comunidad desde hace más de veinte años, caminan más allá de la enseñanza académica monocultural universitaria actual para reencontrarse con la fuerza de la espiritualidad ancestral, nos convocan a recordar el camino sagrado de las Abuelas Semillas.

Raqchi, ubicado en la provincia Canchis de Cusco - Perú, se encuentra el centro ceremonial del templo de Wirakocha; que recibe cada luna llena de junio para reiniciar el ciclo del Tata Inti (este último traducido del quechua como Padre Sol) a las Abuelas Semillas acompañadas de su comunidad humana y espiritual.

Las comunidades organizadas reciben a los visitantes del Antisuyu, Kontisuyu, Chinchaysuyu y Qollasuyu, también participan otros pueblos de otras culturas y países como Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Argentina, Chile; bienvenidos todas las personas que con un corazón y mente abiertas asisten dispuestas a compartir, intercambiar y bendecir las semillas que llegan (las abuelas en la comunidad aclaran que las semillas son las que deciden venir y gracias a su cariño las personas son llamadas para participar de su encuentro. La primera vez que llegué a Raqchi al dejar mis semillas para la ceremonia dije “he traído mis semillas desde Cochabamba, las dejo para el intercambio” y la abuelita que las recibe me mira y dice “hija, vos no has traído las semillas, ellas te han traído a ti para que las acompañes”) desde sus territorios para que regresen renovadas a seguir cuidando de sus comunidades.

Todas las fotos de colección propia.

Las semillas son celebradas con adornos de flores, bendecidas en ceremonia realizada por los maestros y maestras de las comunidades de los pueblos invitados, acomodados en ronda empieza el festejo con cantos y danzas, con fuego sagrado, sahumadas con distintos aromas de incienso y hierbas medicinales.

Se inicia el recorrido por el camino del Qapaq Ñan, ruta arqueológica que nos conduce hacia el templo de Wirakocha, donde se saludan a los guardianes del camino, a los Apus y Achachilas,  desde la cosmovisión andina, no es solamente una ruta o camino para transitar de un pueblo a otro, también es el camino de la sabiduría y la justicia, que debe ser recorrido con espíritu humilde pidiendo que los dones que nos hacen las personas se  manifiesten en nuestro ser, para apoyar al cuidado de la comunidad, de la vida en este sagrado tiempo-espacio Pachamama.

Las Abuelas Semillas son cargadas en andas, plataformas en forma de Chakana que es la cruz andina cuadrada que simboliza el Tawantinsuyu y sus 4 pueblos, como también la conexión del mundo visible junto al mundo invisible que hacen prosperar la vida en nuestro planeta dentro de la galaxia en este universo. Decoradas con flores caminan sonriendo y visitando ellas mismas a los lugares sagrados, así dialogan, saludan al mundo espiritual, para luego al entrar al lugar central de la ceremonia y recibir con gran alegría los rayos de Tata Inti y de Mama Quilla.

Nosotros como comunidad humana también somos semillas de nuevas posibilidades para la vida, de nuevas alegrías y bendiciones para las comunidades a las que pertenecemos. En palabras de los sabios y sabias que guían la ceremonia nos recuerdan que somos parte de aquello que amamos y cuidamos profundamente, las Abuelas Semillas junto a nosotros se encargan de cuidar nuestras vidas produciendo alimento, que refleja el amor infinito de la Madre Primera: Sumaq Ñusta Pachamama, la más hermosa madre tierra. Sin ella no tendríamos nada en absoluto, todo lo que nuestros ojos pueden observar, pese a que haya sufrido transformaciones físico-químicas, todo ha salido de su vientre. Ella nos alimenta, nos viste, nos cobija, a ella retornaremos en cuerpo, cuando sea nuestro tiempo de regresar al camino de las estrellas que los Apus han marcado en nuestros pies.

Estos mensajes son compartidos en medio de la celebración con cantos y danzas que la niñez y la juventud campesina expresa con sus coloridas prendas, propias de su cultura y su ancestralidad. La noche es recibida y nos acompaña la luz de luna llena velando a las Abuelas Semillas que cubiertas en ambiente de silencio, conversan toda la noche con las semillas jóvenes para decirles las formas en las que deben cuidarnos.

Amanece y luego del frío congelante al que nos sometemos por velar a las semillas, agradecemos profundamente el primer rayo de sol que llega a calentar no solamente nuestros cuerpos sino la vida misma en la tierra. Con una ceremonia sencilla, dulce, se agradece a todos y todas quienes han llegado desde lejos dejando sus casas, sus familias para venir a acompañar a las abuelas semillas, nos despedimos con abrazos y música; mientras va ocurriendo el intercambio de las semillas, cada quien recorre la ronda de semillas, explicando cuál es la semilla que deja, toma otra semilla y así nuevamente el territorio vivo que somos se reintegra y las semillas regresan a sus comunidades; ellas piden que por favor les ayudemos a caminar porque tienen la misión de alimentar a la humanidad, nadie debe pasar hambre, siempre se produce lo necesario para que podamos vivir en paz.

Estas memorias de las Semillas Viajeras son una invitación a participar desde cualquier territorio de vida y acompañar la siguiente luna llena en Raqchi, o tal vez puedas reencontrarte con tu comunidad para intercambiar y bendecir las semillas que alimentan allí donde vives.

Ante el pensamiento monocultural que se impone globalmente, basado en un materialismo enfermizo que mercantiliza el hambre del mundo desde el monocultivo y los agrotóxicos como opción productiva, las comunidades campesinas guardianas del alimento, velando por la salud y la vida eligen la agroecología, la producción natural junto a prácticas, saberes productivos; con urgencia se ve la necesidad de reencontrar la fuerza ancestral que mantiene a los pueblos en pie pese a la destrucción siglo tras siglo.

Algo intensamente humano que la mente académica occidental monocultural no ha logrado comprender y por tanto niega y menosprecia, son justamente la emocionalidad, la espiritualidad propia de la humanidad, no es de una sola religión o una sola cultura, sino de la gran humanidad diversa, múltiple, variada que puebla este amplio mundo.

Desde reencontrarnos con nuestra identidad ancestral humana profunda nace el recuerdo de ser una sola familia, un Ayllu o comunidad de vida, nos afectamos mutuamente y al tomar consciencia de ello surge la responsabilidad del cuidado entre nosotros y hacia las nuevas generaciones. Cada quien aporta desde aquello que sabe hacer para construir dignidad y alegría en el lugar que nos haya sembrado la vida. De esta manera proponemos reconstruirnos como seres comunitarios al cuidado de la salud y la vida en este planeta.

Una semilla del gran amor por la humanidad que hace 50 años se sembró en Bolivia nos convoca a “ser siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”, esta frase de Ernesto Guevara, conocido como Che Guevara resume el reencuentro de esta comunidad humana que busca sanar y espera ver el amanecer de un nuevo tiempo mientras vamos transitando la noche neoliberal, tanteando las respuestas, arañando en la tierra nuevamente para encontrar las herramientas necesarias y transformarnos, donde respetando quienes somos  se pueda  respetar a los diferentes, desde la justicia social, el amor a nuestros pueblos, se pueda alcanzar un mundo equilibrado y pleno. 

Siguiendo a Mahatma Gandhi y la frase “sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Como seres comunitarios es necesario reconocer que somos el cambio que queremos ver en el mundo, ahora es nuestro tiempo de vivir y florecer.

[*] Vivian Tatiana Camacho Hinojosa, Médica Cirujana de profesión y Partera Quechua de corazón, Coordinadora de Salud de los Pueblos Bolivia. Promotora de Medicina Tradicional Ancestral, Parto Respetado y Agroecología. Comunicadora indígena; integrante y colaboradora de Radio Alter-Nativa Lachiwana y Koka Tv. .

EL MITO DE AGROQUÍMICOS INOCUOS: CUANDO GLIFOSATO RIMA CON ASPIRINA Y SUSTENTOLOGÍA CON ASTROLOGÍA

Eduardo Gudynas [*]

Las polémicas sobre los riesgos y efectos de uno de los herbicidas más usados en el planeta, el glifosato, no cesan. Cobraron un nuevo empuje al conocerse el veredicto de culpabilidad contra su más conocido productor, Monsanto, en un juicio entablado por un jardinero de 46 años que padece cáncer terminal. La corporación deberá pagar US$ 289 millones (US$ 39 millones en compensaciones y US$ 250 millones por daños punitivos).  Hay otros 450 casos de próximas consideración de una lista total estimada ahora en ocho mil demandas. 

En los días siguientes el valor de mercado de la alemana Bayer, que acaba de adquirir a Monsanto, se derrumbó a su más bajo valor en cinco años, con pérdidas por US$ 18 mil millones, y sólo ahora, poco a poco, se está recuperando. Algunos analistas de mercado advierten que si pierden los próximos juicios en una proporción similar al reciente caso, se deberán enfrentar pagos por US$ 5 mil millones. Paralelamente, países como Francia, Alemania e Italia anuncian que revisarán sus posturas frente al glifosato.

Todo esto también tuvo efectos en los países de América del Sur que usan intensivamente el glifosato, especialmente en los monocultivos de soja transgénica (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay). Muchos grupos ciudadanos utilizaron aquel veredicto de Estados Unidos para reforzar sus críticas a ese herbicida. En esas naciones, el uso del herbicida y la soja transgénica habían recrudecido por razones tales como intentar superar los problemas económicos aumentando esas exportaciones.

Defendiendo el glifosato

Ha dejado de ser llamativo que esa defensa del agroquímico se originara en un amplio conjunto que incluye a gobierno y académicos, o agricultores y empresas de insumos agrícolas. Todos ellos, de distinto modo, argumentan que el glifosato sería inocuo, no implica riesgos si es bien usado, y proclaman que eso es una verdad “científica”. Agregan que las críticas y advertencias serían expresiones de charlatanes o ignorantes.

Por ejemplo, en Argentina, el ministro de ciencia y tecnología ha comparado en distintos momentos al glifosato con agua con sal, con los antibióticos, con la electricidad y con los automóviles, para sostener que son inofensivos, y que los problemas se deben a malas aplicaciones. En Uruguay, el glifosato sería como una aspirina según la explicación de una delegación del Ministerio de Ganadería y Agricultora ante el senado[1].

Desde el bando académico aparecieron slogans tales como sostener que el glifosato es menos tóxico que la cafeína. Esto se publicó en la prensa enfocada en el sector agrícola, en el suplemento Rural del diario Clarín de Buenos Aires, en un artículo de un universitario español conocido por sus encendidas defensas de los agroquímicos y las burlas a la agroecología[2]. Más o menos lo mismo repiten los biotecnólogos criollos.

La imagen invocada es poderosa: se sostiene que el glifosato es seguro porque sería más benigno que el café o el agua con sal, y por ello no debería tener ninguna regulación, justamente como se vende una aspirina en cualquier farmacia. Uno de los articulistas, que se autopresenta como académico, llega a proclamar que todo eso es tan verdadero que no existe debate científico al respecto.

Las asociaciones de sojeros y empresas siguen la misma perspectiva. En el reciente congreso de la asociación de agricultores de la siembra directa de Argentina, se consideran que las alertas sobre el glifosato son producto de ignorancia o perjuicio sin base científica, retomando el mismo slogan: “la sal es más peligrosa que el glifosato” [3]. No se contentaron con eso y dieron un paso más inventando una nueva palabra: “sustentología”.  Ese concepto se lo presenta como la fusión de ciencia, tecnología y sustentabilidad – una palabra que evoca el cuidado ambiental. Esta es una estrategia que sigue la misma lógica que la empleada por las corporaciones mineras con la llamada “minería sostenible”.

Estamos por lo tanto frente a dos argumentaciones: una que sostiene que el herbicida glifosato es inocuo, y que ello está demostrado científicamente; y la otra, como consecuencia, es posible tener una agricultura “sostenible”, la “sustentología”, que utilice ese agroquímico. Es necesario abordar estas concepciones para dejar en claro que no sólo son falsas, sino que además son peligrosas.

Herbicida y café: una comparación sin sentido

Las comparaciones del glifosato con café o aspirina a pesar de ser usada desaprensivamente por algunos académicos, en realidad no provienen del ámbito científico sino de las propias corporaciones. Desde hace años, tanto por Monsanto como los portales que apoya, como Genetic Literacy Project, han presentado esas comparaciones. Por lo tanto, lo que hacen esos académicos y funcionarios gubernamentales es simplemente repetir los slogans empresariales. La diferencia es que cuando esa analogía se instala en los gobiernos o la opinión pública, esas empresas logran legitimar que son innecesarios los controles sobre los herbicidas.

Formalmente es cierto que el café es más “tóxico” que el glifosato, pero esa imagen es una simplificación y deformación tan extrema que se vuelve imposible[4]. Aclaremos en primer lugar que el glifosato no se “sirve” solo, sino que el “herbicida” es realmente un compuesto que incorpora otras sustancias tales como surfactantes, cada una con sus riesgos específicos y con efectos complementarios entre ellas. Eso hace que los impactos sobre el ambiente y la salud deben considerar todo ese conjunto, y es un error asumir que se fumiga glifosato en estado puro.

Una segunda cuestión clave, es que la comparación con el café se basa solamente en la toxicidad aguda y de ese modo desaparecen por un lado la toxicidad crónica, y por el otro lado la carcinogénesis, o sea, la responsabilidad de la sustancia en la ocurrencia de cáncer. Quedan ocultas las implicaciones sanitarias que son crónicas o que se expresan en las probabilidades de contraer un cáncer y que son abordadas por evaluaciones epidemiológicas. No puede extrañar que esas referencias al café o al agua con sal sean calificadas por algunos toxicólogos como comparaciones “estúpidas”; es como plantear que el cigarrillo es poco tóxico ya que es muy difícil morir asfixiado por su humo,  ocultando así que aumenta la incidencia de ciertos carcinomas en el fumador y en quienes le rodean.

Un tercer error es la ceguera frente a la diversidad de ámbitos afectados. No sólo están los efectos directos del herbicida sobre quienes los aplican, sino que también cuentan los impactos indirectos, como por ejemplo sobre los vecinos fumigados. Por si fuera poco, el herbicida invade el suelo, agua y aire, terminando en todo tipo de alimentos y objetos de uso cotidiano (hay reportes de glifosato en muchos alimentos, desde la miel a las cervezas, desde los cereales del desayuno a la leche maternizada para bebés). Esto muestra que estamos ante un enorme abanico de riesgos, con efectos sobre enormes superficies geográficas y millones de personas.

Una cuarta consideración es que tampoco puede excluirse las discusiones sobre los impactos ecológicos de estos herbicidas, incluyendo la fauna y la flora.

El mito ante las alertas científicas

Queda en claro entonces que aquella metáfora no es solamente una simplificación extrema sino que es una distorsión de la evidencia científica. La mitología que reivindica al glifosato insiste en que los reportes científicos muestran que no tiene efectos negativos sea por su toxicidad (aguda o crónica) como en su incidencia en cánceres, o incluso sobre el ambiente.  Es cierto que hay reportes que eso indican. Pero lo que sistemáticamente callan o niegan es que hay muchos otros estudios científicos que señalan impactos concretos o posibles en la salud, sean por observaciones directas como por la evidencia derivada de ensayos en laboratorios. Entre ellos están los que revelan desde daños renales a alteraciones en el funcionamiento endócrino y hepático, aunque la mayor preocupación está en los datos que apunta a que es cancerígeno, otros que incluso plantean que es teratogénico (induce malformaciones en recién nacidos), y finalmente que algunas consecuencias se expresarán no necesariamente en el sujeto afectado sino en su descendencia[5]. Todo eso lleva a señalar que la imposición del glifosato enarbolando banderas científicas está alejada de la ciencia.

Es llamativo que los defensores del glifosato nunca dudan y siempre lo saben todo. En cambio, en el verdadero científico prevalece la duda, avanza esgrimiendo preguntas, y cada paso significa poner en cuestión las propias ideas. Cuando el biotecnólogo José Mulet afirma en Clarín que “el debate científico no existe” como demostración de su inocuidad, está profundamente errado. La controversia científica es enorme, muy intensa, y llega a tal punto que una de las revisiones más recientes del tema concluye que las regulaciones sobre este químico están basadas en una ciencia anticuada y que por lo tanto son necesarios nuevos estudios epidemiológicos y nuevos estándares[6].

No sólo esto, sino que al hacerse públicos documentos internos de Monsanto se encontró que la empresa operaba sobre la comunidad científica para defender a su producto y simultáneamente atacar a las personas y reportes que advertían sobre sus efectos negativos. Sus prácticas fueron diversas, incluyendo el pago a académicos, apoyo a asociaciones y grupos de información, acciones sobre los editores de revistas científicas, e incluso sobre técnicos de la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) [7]. Esto debe generar una enorme preocupación en los países del sur, ya que es común que se tomen como referencia a las decisiones de la EPA para los propios controles.

La defensa ciega del glifosato no es propia de científicos, sino que es una retórica típica de tecnólogos que promocionan una tecnología específica. Es similar a los dichos, por ejemplo, de un mecánico que alaba su herramienta predilecta o el vendedor de una máquina que la presenta como una maravilla. Ese es el campo donde opera una corporación como Monsanto en tanto es una proveedora de tecnologías. Lo que observamos es que algunos de esos vendedores de herramientas colocan la etiqueta “ciencia” como estrategia de marketing en sus productos.

Es más, como los defensores del glifosato son esencialmente promotores tecnológicos tampoco comprenden las implicaciones en las políticas públicas. Una vez más, la comparación entre café y glifosato desnuda esa limitación. Es que al fin de cuentas, la decisión de tomar café siempre es personal, y la cantidad de tazas que se tomen determinarán las consecuencias tóxicas en el propio cuerpo. Pero en el sector agroalimentario, las empresas y los gobiernos no han despojado de esa capacidad de decidir a cada uno de nosotros sobre los tipos de alimento o bebida que preferimos, ya que casi todo está contaminado por glifosato. Además se resisten a informarnos o consultarnos sobre si deseamos comer o beber el glifosato, y es evidente que en muchos casos eso ocurre contra la voluntad ciudadana. Por todo esto, la imagen que compara glifosato con café o agua con sal, sólo sirve para calmar a la ciudadanía frente a una imposición autoritaria de una tecnología que es incapaz de contenerse a sí misma y contamina todo lo que tiene a su alrededor. Simultáneamente, se erosiona una ciencia que sirva para alimentar un debate democrático.

Sustentología: astrología para los agroquímicos

En ese contexto es que se inserta la idea de la “sustentología”, como síntesis de la ciencia, tecnología y sustentabilidad. Como ya vimos arriba, el componente “ciencia” si es tomado en serio, requeriría retirar al glifosato de la agricultura intensiva. Del mismo modo, las ideas originales de sustentabilidad provienen de las ciencias ambientales, incluyendo las tempranas denuncias contra los agroquímicos por sus impactos en los ecosistemas. Por ello, si ese componente se toma en serio, se convierte en otra razón para impedir el uso del glifosato. En cambio, la “sustentología” lanzada desde Argentina es usada en sentido contrario, para justificar a los agroquímicos y los monocultivos.

De un modo u otro, queda en evidencia que estamos ante creencias, que más allá de las intenciones o sinceridad en cada uno, es casi una religión. Nos alejamos de la ciencia en sentido estricto pero se la usa en sentido inverso, asignándole toda la carga de la prueba a aquellos que perciben los riesgos de ser contaminados por el glifosato u otros químicos, debiendo demostrar la peligrosidad de esos productos. Cuando alguno puede hacerlo ya es demasiado tarde, tal como el caso del jardinero que demando a Monsanto, quien solo tiene una esperanza de vida de dos años según los médicos.

El mito del glifosato más inocuo que el café no sumerge en un campo que es más propio de lo que podría ser una astrología agropecuaria productivista. A esos creyentes, que no dudan en decir que glifosato rima con aspirina, les respondo que sustentología rima con astrología.

[*] Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Twitter: @EGudynas

[1] Sobre el caso argentino ver Ministros de los agrotóxicos, por D. Aranda, Página 12, Buenos Aires, 6 agosto 2018; sobre el de Uruguay Agroquímicos como aspirinas: maniobrando contra la agroecología, por E. Gudynas, Montevideo Portal, 15 julio 2018.

[2] El glifosato es seguro, por José M. Mulet, Clarín Rural, Buenos Aires, 23 mayo 2018. El autor es profesor en la Universidad de Valencia, y según los registros públicos patenta productos con la corporación BASF (disponibles en https://patents.justia.com/inventor/jose-miguel-mulet-salort).

[3] El XXVI Congreso de Aapresid. La Nación, Buenos Aires, 18 agosto.

[4]   Aclaro que no tengo nada en contra de usar imágenes, metáforas e incluso slogans, y de hecho las aprovecho para denunciar problemas ambientales. Pero ese recurso debe servir para brindar nueva información y no para ocultarla, debe desentrañar complejidades y no simplificar, y debe alentar a un pensamiento crítico propio y no a una aceptación pasiva.

[5] Tan sólo como ejemplo ver Teratogenic effects of glyphosate-based herbicides: divergence of regulatory decisions from scientific evidence, por M. Antonious y colaboradores, Environmental Analytical Toxicology S4, 2012.

[6] Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement, por J.P. Myers y colaboradores, Environmental Heatl, 15, 2016.

[7] Estas y otras acciones de Monsanto sobre académicos, sus instituciones y sus revistas, se ilustran en los Monsanto Papers; una selección en castellano disponible en el sitio web http://monsantopapers.lavaca.org/

Documento preliminar: Plaguicidas altamente tóxicos en Bolivia

Roberto Bascopé Zanabria [1]; Ulrike Bickel [2]; Johanna Jacobi [3] y Freddy Delgado [4]

Incremento del uso de plaguicidas en Bolivia

La importación tanto que el uso de plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) en Bolivia se incrementó entre 2005 y 2016 en 400%, pasando de 10 mil toneladas a más de 40 mil toneladas importadas anualmente en promedio. (IBCE, Boletín Bimensual Nº 592, 2017)

Este incremento coincide con la introducción de soya el año 1997 y la legalización en el año 2005 bajo decreto supremo 28225 de la soya genéticamente modificada. Entre 2013 y 2017, la importación de plaguicidas alcanzó los 1.136 millones de dólares por la compra de 212 mil toneladas, siendo el pico más alto el 2014 con 242 millones de dólares; entre 2016 y 2017 la importación se incrementó en un 24% alcanzando el valor de 241 millones de dólares. (IBCE, Boletín Bimensual Nº 592, 2017)

Los herbicidas más importados según SENASAG son: Glifosato, paraquat, atrazina y clethodim, de las cuales todos menos clethodim están presentes en la lista de la PAN (Red de Acción de Plaguicidas) de “plaguicidas altamente tóxicos”(http://www.rapam.org)

Los plaguicidas vienen en su mayoría de China con un 34%, Argentina 22%, Brasil 9%, y Uruguay 9%. Se estima que hasta un 30 a 35% entra al país de manera ilegal (contrabando) sin ser registrado. Por esta razón los montos de plaguicidas que se usan son posiblemente aún más altos. (Suarez, V. En 2017, Bolivia importó insumos agropecuarios superior a 302,471.657 millones de dólares, 2018)

El 2015 mediante resolución administrativa 24 y 25 de SENASAG, se prohíbe la importación, comercialización distribución y uso de los plaguicidas de uso agrícola 1) metamidofos (efectos en sistema nervioso), 2) endosulfan (malformaciones congénitas, hipotiroidismo) y 3) monocrotofós (posible cancerígeno y abortivo) y sus mezclas en todas sus concentraciones debido al alto riesgo que significa para la salud de las personas y del medio ambiente (toxicidad para abejas e insectos beneficiosos). 

En Bolivia se usan plaguicidas prohibidos en otros países por su toxicidad

En una investigación sobre sistemas alimentarios sustentables en Santa Cruz y otro estudio en La Paz, Comarapa y Tarija utilizando la lista de La PAN se encontraron 78 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) por ser tóxicos y nocivos para la salud, presentes en las casas comerciales y en el campo del productor. Notablemente, 105 de los 229 ingredientes activos registrados en Bolivia son prohibidos en varios países. Sin embargo, estos siguen siendo comercializados en el mercado formal e informal. Entre ellos Paraquat, 2.4D, fipronil, cipermetrina, metamidofos, endosulfan y monocrotofós, los tres últimos prohibidos en Bolivia.

Asimismo, un estudio de 2014, señala que en Bolivia existen al menos 550 toneladas de plaguicidas obsoletos (en mal estado, caducados, prohibidos, deteriorados y abandonados) al alcance de la población. (Ramos, N.; En Bolivia hay 550 toneladas de plaguicidas obsoletos y tóxicos, Página SIETE; 2014).

El número y monto de plaguicidas prohibidos de contrabando que se usan en el país se desconoce.

Según diferentes reglamentos los siguientes PAP deberían prohibirse con urgencia: Paraquat dichloride, Diquat bromide, Epoxiconazole, Chlorothalonil, Carbofuran, Methamidofos, Propiconazole, Tridemorph, Bifenthrin, Deltamethrin y Arseniato de cobre cromatado, por causar daños neurológicos, cáncer, abortos, deformaciones, hipotiroidismo y la muerte (Chuquimia, L. Al menos cuatro agroquímicos prohibidos aún se venden en Bolivia. Página SIETE; 2018).

Clasificación y reglamento de plaguicidas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los plaguicidas según su toxicidad en estudios con animales. Algunos son tan tóxicos que la ingestión de 5 ml (una cuchara de té) de plaguicidas Ia y Ib es suficiente para matar a una persona. 

El informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación al Consejo de Derechos Humanos en 2017, focaliza en el análisis de los plaguicidas y sus repercusiones negativas en los derechos humanos a la salud y al medio ambiente, las limitaciones de la estructura jurídica nacional e internacional y los desafíos que plantea el actual régimen de plaguicidas. Concluye que la comunidad internacional juntamente con los gobiernos debería: 1) elaborar políticas para reducir el uso de plaguicidas y un marco para la prohibición y la eliminación progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos; 2) promover la agroecología; y 3) imputar responsabilidad causal a los productores de plaguicidas.

Directrices internacionales: Convenios firmados por Bolivia

Bolivia, como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), reconoce en su Constitución Política de Estado de 2009 los derechos humanos fundamentales, y resalta que es obligación del Estado [Gobierno] garantizar los derechos a la alimentación; al agua (Art. 16); a la salud (Arts. 9, 18, 35, 37, 46) y a vivir en un medio ambiente sano, saludable, protegido y equilibrado (Arts. 30, 33).

Por otro lado Bolivia es parte del Convenio de Rotterdam sobre la gestión de productos químicos (1998), mediante la Ley nº 2469 (2003). El convenio tiene como objetivo promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes (países) en el comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

El Estado Plurinacional de Bolivia también adhiere al Convenio de Estocolmo desde 2002 mediante Ley N° 2417, que tiene como objetivo la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos.

Residuos de plaguicidas en tomates, lechuga y leche materna

Estudios científicos realizados en Omereque y Rio Chico demostraron la presencia de residuos de plaguicidas organosfosforados en tomates (clorpirifos, dimetoato, metilparation, malation), encima de los límites permisibles. Lo más preocupante fue la presencia de metilparation que se encontró que más del 60% de las muestras contenían una concentración mayor al límite máximo permitido (0,2mg/kg). Este plaguicida es extremadamente peligroso, según la OMS por inhalación los efectos respiratorios son hemorragia y escurrimiento nasal, en contacto con la piel causa sudores y contracciones involuntarias y el envenenamiento agudo afecta al sistema nervioso central. (Fundación PLAGBOL-Fundación Pasos; Plaguicidas organofosforados en los cultivos de tomate. Municipios de Omereque y Río Chico;  2012)

En el 50% de las muestras de lechuga obtenidas de los diferentes mercados de la ciudad de La Paz se encontraron residuos de los siguientes plaguicidas: Cipermetrina (posible cancerígeno), clorpirifos (síndrome neurológico central), difenoconazol y lambad. – cihalotrin (toxico en la reproducción). En 20% de las muestras, además de sobrepasar los límites permisibles, además contenían 2 a 3 plaguicidas, según estudios. (Skovgaard, M. Residuos de plaguicidas en vegetales bolivianos; 2015)

De igual forma en un estudio realizado en el hospital “Los Andes” El Alto, con 112 mujeres de 30 años en promedio y en la última semana de gestación, se encontraron residuos de plaguicidas organoclorados en la leche materna. 62 muestras dieron positivas y 5 muestras se encontraban al límite de máximo permitido 9,2 ppm. (Ávila, R., & Gemio S.; Residuos de plaguicidas organoclorados en leche materna. Revista Boliviana de Química; 2011)

Resultados del Municipio de San Pedro-Santa Cruz (zona agroindustrial soyera) bajo modelos de paquetes tecnológicos

Se realizó un estudio sobre el uso de agroquímicos durante el periodo 2016 en el municipio de San Pedro del departamento de Santa Cruz, municipio que cuenta con la mayor superficie cultivada con soya y donde predomina el sistema agroindustrial soyero. Las dos campañas agrícolas reportan un rendimiento promedio de 2,9 tn/ha.

Según lo registrado a lo largo de la etapa fenológica del cultivo se realizaron de 6 a 13 aplicaciones de diferentes caldos con un promedio de 35 kilos por ha/año (2016). En los 9 casos de estudio (1 hectárea por caso) por el periodo de un año anotamos 64 marcas de plaguicidas. De ellos, 4,7% son etiqueta roja (entre ellos dos productos con metamidofos, Orquesta Ultra y Priori); 35,9% etiqueta amarilla (un producto con metamidofos, Hamidof); 14,1% azul y 45,3% etiqueta verde según el Registro Nacional de Insumos Agrícolas.

Ante estas evidencias, se considera importante y urgente que el Gobierno boliviano asuma con mayor responsabilidad el respeto, protección y promoción de los derechos humanos a la salud, alimentación y a un medio ambiente sano. Asimismo la revisión de la legislación según las recomendaciones de la OMS, PAN y Greenpeace siempre tomando en cuenta la clasificación más precautiva de los tres (principio de la precaución), como también prohibir los plaguicidas altamente peligrosos. Fortalecer la legislación y fiscalización en la lucha contra el comercio ilegal de agroquímicos reforzando el control en las fronteras, en ferias y tiendas y en el campo. Implementar acciones educativas a la población sobre los riesgos agudos y crónicos de los plaguicidas, especialmente los de alta toxicidad. Priorizar la agroecología en la formación, investigación y en el asesoramiento agrícola, promoviendo emprendimientos orgánicos en sistemas diversificados de producción.

[1] Roberto Bascopé Zanabria; doctorante en Agroecología Agruco-UMSS, becario del  proyecto “Hacia la sustentabilidad alimentaria” (CDE-Universidad de Berna).

[2] Ulrike Bickel; M. Sc. en Agronomía Tropical por parte de la Universidad de Rostock,  Alemania.

[3] Dra. Johanna Jacobi; coordinadora de proyectos y posdoctorado en el Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente de la Universidad de Berna.

[4] Dr. Freddy Delgado; Coordinador R4D –Bolivia Comunidad Pluricultural Andina—Amazónica para la Sustentabilidad (COMPAS)

APROPRIAÇÃO DA ÁGUA NO NORDESTE BRASILEIRO

Claudio Dourado de Oliveira *[1]

O crescimento do agronegócio é baseado na acumulação ou apropriação de água e de territórios camponeses e indígenas. Este artigo, do antropólogo Claudio Dourado, da Comissão Pastoral da Terra do Brasil, vincula o agronegócio, o turismo de negócios e a política pública de captação e uso da água na Chapada Diamantina, Bahia.

O fenômeno da acumulação ou apropriação das águas acontece quando poderosas corporações, instaladas em um território, assume o controle dos recursos e das bacias hidrográficas para fins privados e colocando em risco os ecossistemas e o acesso a este recurso, por parte das comunidades locais (PNUD de 2016).

Isso acontece, mesmo que a terra, o território e os recursos, incluindo a água, sejam reconhecidos como um direito das comunidades tradicionais e povos indígenas, de acordo com a Convenção 169 da OIT (Art. 26, nº 1) e ratificado pelos Estados, incluindo o Brasil, em 25 de Julho 2002, se comprometendo em "garantir o reconhecimento legal e proteção a essas terras, territórios e recursos" (Art. 26, nº 3).

Agronegócio, turismo de negócios e grilagem de água na Chapada Diamantina

O agronegócio chegou na chapada Diamantina por volta da década de 1980, na região já tinha duas heranças malditas. Primeiro, os herdeiros das sesmarias ainda mantinham grande parte dos camponeses em sistema de meeiros. Esses lavradores desmatavam as florestas para o suposto proprietários extrair a madeira, criar gado e enquanto implantava as pastagens cultivavam mamona, milho e feijão e ainda eram obrigados pagar metade da produção. Quando toda a fazenda era explorada esse camponês deixava de ser útil e o latifundiário soltava os animais nas roças, queimavam as casas e os enxotavam do campo.

Segundo, a cultura do garimpo e a distância do Estado Oficial, criou no imaginário do povo um Estado paralelo, sustentado pelo coronelismo. Os camponeses estavam submetidos a um sistema de lealdade e gratidão a esses coronéis, chegaram a atuar como soldados em tempos de guerras, lutando na defesa desses coronéis.

Na época da chegada do agronegócio já existia algumas resistências, por parte dos acamponeses, a esse modelo de desenvolvimento, mas os movimentos sociais, que rebatiam o latifúndio agrário, ainda acreditavam que podiam conciliar produção camponesa com o agronegócio. Exatamente 40 anos depois, grande parte da sociedade percebe que esse desenvolvimento era uma farsa. Manteve as mesmas estruturas de opressão e dependência praticados pelo latifúndio e coronelismo. Isso prova que o processo de autonomia comunitária passa também pela mudança das estruturas sociais, culturais e politicas.

Hoje, assistimos um abandono total, por parte do Estado, no processo de industrialização e uma aposta no capital especulativo (rentismo no campo). Nesse modelo de desenvolvimento, o agronegócio tem preferência nos territórios onde ainda existe as últimas reservas dos recursos naturais, a exemplo da Chapada Diamantina, água em abundância, solos férteis e clima favorável; tudo isso para o agronegócio são vistos unicamente como fatores de produção – simplesmente mercadoria.

No entanto, a maximização dos benefícios do agronegócio é cada vez mais questionada. Por exemplo, em um estudo sobre o monopólio da produção de etanol no Brasil (Vinicius, Pitta e Mendonça, 2011) fica evidente que "... enquanto a produção de cana-de-açúcar continua a se expandir em grande velocidade no Brasil, acompanhado nos últimos anos por um declínio na produtividade, o que sugere que o aumento nos níveis de produção é devido à expansão da área ocupada por monoculturas" (Guide The global water grabbing de Kay and Franco, 2012). Assim, a rentabilidade da produção de cana-de-açúcar no Brasil depende da apropriação da terra e da agua.

Na exportação de Commodities estão embutidas a água, as florestas, a cultura, o suor e o sangue de nossos povos. Uma nação que tem o rentismo no campo e a especulação como política de Estado está sujeita a barbárie e é fadada ao fracasso, mantendo-se na periferia da economia mundial de forma submissa e colonial. Essas mudanças passam também pelo viés da política oficial. Nesse quesito ainda estamos reféns de uma onda muito conservadora. Mais da metade do legislativo, de uma forma ou de outra, no Congresso Nacional representa bancadas ligadas a esse modelo de desenvolvimento. 

O mito de desenvolvimento, assim como o mito da modernidade serviu para encobrir as alteridades. Desconsideram e/ou negam todos os povos tradicionais e originários, com suas formas próprias de fazer, criar e viver. Quando não encontram uma forma de encobrir ou expulsar esses camponeses, exterminam, inclusive com o aval do Estado, unicamente por serem antagônicos a esse modelo. 

Impacto ambiental e impacto nas comunidades

O agronegócio logo que se instalou no alto Paraguaçu, região de Ibicoara, e a água foi ficando escassa, o Estado entra em ação construindo a Barragem do Apertado, a poucos quilômetros da cabeceira do rio Paraguaçu, concluída em 1998, pela Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia – CERB. Conforme estudos, essa barragem possui usos distintos, dentre os quais destacam-se a irrigação e o abastecimento doméstico, mas na prática o objetivo principal é atender as demandas hídricas da irrigação, comprovado nos últimos três anos em que acentuou o colapso hídrico no alto Paraguaçu (2015/17). Nesse período o rio chegou a cortar logo abaixo da barragem e, inclusive o sistema de abastecimento da cidade de Mucugê foi interrompido. A cidade estava abastecida por poços tubulares.

Diante disso, percebemos que o agronegócio afetam o meio ambiente, as questões socioambientais e impede o “uso múltiplo das águas” (Art. 1º - IV, Lei 9433); e toda a identidade dos povos, pois a noção de território, típicas da cultura camponesa, interligam sua relação com o espaço, tornando-se parte. Essa noção de territorialidade exige restrições de uso dos bens naturais, pois esses recursos são dimensões simbólicas intrínsecas na identidade camponesa, uma afinidade que define o estilo de vida do povo. Lá estão os acontecimentos, os fatos históricos, que mantem viva a memória das comunidades; estão enterrados os ancestrais e encontram-se os sítios sagrados, toda interação entre a visão humana e sua cosmologia.

O agronegócio, nesse contexto, não funciona apenas como uma técnica “moderna” de produção. Ele tem um caráter neocolonial. Quando o Estado propõe e disponibiliza recursos para o agronegócio, ele está propondo um processo de branqueamento da população. Nesse modelo, são válidos apenas técnicas eurocêntricas e os camponeses transformados em proletários, pois nessa realidade, apenas a mão de obra do camponês é necessária – muitas vezes como escravos.

Esse modelo único, à medida que esgotam todos os recursos migra para outra região, deixando os locais desolados com seus rastros de destruição. Atualmente, as empresas que atuavam em Ibicoara já tem extensões em Nova Redenção e Itaetê; e as empresas de Mirorós instalaram na região de Wagner e Utinga. Por onde passa destrói toda a técnica, o saber e a cultura do povo, e consequentemente todo o meio ambiente.

Apesar dos tratados internacionais (Organização Internacional do trabalho – OIT, Organização das Nações Unidas – ONU) e da Constituição Federal (CF – 1988. Art. 216, Inciso I e II) em que asseguram o direito das comunidades nas suas formas de expressão e o respeito aos modos de criar, fazer e viver; e da Própria Lei das Águas (nº 9433 Art. 7º) que prevê metas de racionalização de uso e a criação de áreas sujeitas a restrição de uso; o Estado pouco tem feito para defender esses povos e seus Direitos Costumeiros. Nos últimos três anos, por exemplo, só no subsistema hídrico do Rio Utinga, onze assentamentos, dez comunidades e três sistemas de abastecimento humano foram impactados, inclusive o da cidade de Lajedinho. Somando aproximadamente 2000 famílias sem água para o consumo humano, para as criações e para a produção.  

Políticas ecológicas encobertas

A Chapada Diamantina mesmo sendo decretada como Parque Nacional e parte em Área de Preservação Ambiental – APA não está imune do passivo ambiental do Agronegócio, todos os rios antes do parque e da APA estão tomados pela agricultura irrigada empresarial.

As belezas da Chapada Diamantina não são suficientes para garantir uma perspectiva de equilíbrio no futuro. São necessários planos de manejo tanto da bacia hidrográfica de forma integral como do Parque Nacional. Hoje, todas suas riquezas estão ameaçadas, primeiro pelo modelo de Parque aplicado, o “Culto ao Silvestre” baseado no modelo Norte-americano que exclui as pessoas, os nativos com toda sua sabedoria e convivência no território e permite a entrada de grandes empresas de turismo. Esse monopólio do turismo empresarial, elimina as comunidades e expõe a todas as mazelas das leis modernas capitalistas de mercado. Esse ecologismo é parte de modelo global de exploração inconsequente dos recursos naturais. São muitos pescadores, comunidades quilombolas que estão sujeitas de serem eliminadas do perímetro do parque contrariando a legislação quilombola, simplesmente, pelo fato do turismo está a serviço do mercado global – pensado para fora.

Existem algumas gênesis de turismo comunitário, isso parece interessante, reforça a economia popular e garante autonomia dos territórios. A comunidade de Remanso, em lençóis, tem muito a nos ensinar nessa alternativa, provando que não existe um equilíbrio ambiental sem atuação de forma integrada nas questões território/culturais, socioeconômicas e ambientais.  

Água e proteção legal das comunidades

Mesmo que a Lei das Águas (9.433) garante que a prioridade, entre os usuários, é o consumo humano e a dessedentação animal, em casos de escassez. A falta de manejo das bacias hidrográficas, como estrategia do Estado para expansão do agronegocio, dificilmente serão capazes de garantir esse direito. 

Por outro lado, o conceito de “usuário” não atende toda a afinidade que as comunidades têm com os rios. O rio é parte do território onde praticam o lazer, as rezas, a economia, as histórias enfim, onde tece a vida. Tratar a política das águas nessas comunidades meramente como ações de políticas públicas é, de certa forma, transformar um bem natural indispensável na cultura popular em mercadoria. Discutir o problema da água é discutir as autonomias das comunidades diante de um Estado privatista e monocultural, é manter essa relação com os recursos naturais para além das leis do mercado.     

Diante de todos esses problemas na Chapada Diamantina, os movimentos sociais lideram permanentemente a campanha de conservação da bacia do rio Paraguaçu. A campanha é um espaço de discuções, denúncias e soma de experiências, tanto nas resistências das comunidades quanto na política emancipadora dos povos tradicionais e originarios.

Em nível de América do Sul, a realização de eventos alternativos, como o FAMA – Forum Alternativo Mundial da água está afirmando uma luta comum pelo direito à água e contra interrupçao do acesso público desse recurso. Essa luta tem várias frentes de trabalho. Um desses eixos é o campo jurídico estabelecido em instituições como o Tribunal Latino-Americano da Água. Embora a maioria dos casos apresentados a este Tribunal denuncie fortemente a poluição e o impacto ambiental dos recursos hídricos produzidos pela mineração e outras atividades extrativistas, as demandas que vinculam ao agronegócio e o acúmulo de fontes de água não são muitas. Por isso, é importante continuar aprofundando a análise sobre a relação do agronegócio e a restrição dos usos da água para fins privados, questionando esses processos globais de dominação e, junto com as comunidades, refletir sobre a colonialidade dos imaginários e repensar outros mundos possíveis, para os povos e pelos povos.

*[1] Claudio Dourado de Oliveira

Antropólogo – Universidade Salesiana de Quito/UPS e pós-graduado em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás/UFG, atua na Comissão Pastoral da Terra, Região Centro Norte da Bahia – Brasil.

UNASUR Y EL DESARROLLO RURAL

Oscar Bazoberry Chali *[1]

UNASUR conmemoró el 23 de mayo de 2018, el décimo aniversario de la firma de su Tratado Constitutivo, con una sede permanente de su Secretaría Ejecutiva medio abandonada en Quito Ecuador, y una sede del Parlamento Sudamericano en Cochabamba Bolivia que se utilizó ocasionalmente un par de veces.

Al momento no tiene un Secretario General designado, el 17 de abril del 2018 Bolivia asume la presidencia pro témpore, en la figura de su presidente Evo Morales; el año anterior le correspondió a Argentina, con Mauricio Macri. El 20 de abril recién pasado se anunció el retiro temporal de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo el siguiente tenor “"Dadas las circunstancias actuales, los países firmantes hemos decidido no participar en las distintas instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto no contemos, en el curso de las próximas semanas, con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización".

Quedan por tanto otros cinco países miembros: Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Uruguay y Venezuela. En tanto no existe ninguna señal de aproximación, la cancillería boliviana pretende desconocer la situación crítica del bloque, en tanto el electo presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la OEA acabar con UNASUR por ser una organización cómplice del régimen de Nicolás Maduro. ¡Pobre nuestra Sudamérica!

Continuamos asistiendo a una interpretación de las relaciones regionales, entre Estados, basada y orientada a los intereses de corto plazo de los gobernantes y sus acalorados asesores. Y no es que hayan roto relaciones, o dejen de hacer negocios, o favorecer a grupos económicos en las relaciones transfronterizas y la diplomacia financiera y tecnológica, simplemente lo siguen haciendo pero en condiciones de desventaja enorme para la construcción de una región que pueda ser ejemplo de desarrollo sostenible, soberanía alimentaria, conservación y recreación de la naturaleza, dadas las condiciones materiales y recursos que posee.

Y ese es mi tema, Sudamérica tiene las posibilidades materiales y naturales para convertirse en un agente global importante, en el largo plazo, en tres temas fundamentales, alimentos, biodiversidad y agua dulce. Recursos que son rifados, a expensas de los mercados internacionales, en beneficio de las cuentas nacionales y sus gobiernos, y una competencia injustificada en la deterioro de sus suelos y deforestación de sus bosques. No se ha modificado a su vez, la pobreza y desigualdad, o los logros siguen siendo muy vulnerables al retroceso, y ha incrementado la violencia contra activistas, la criminalización de la protesta, y está en duda la capacidad de movilización y autogestión de las organizaciones sociales.

La discusión podría plantearse bajo la pregunta, si lo que ocurre en UNASUR es un ajuste a un despropósito salido de la cabeza de Chávez y sus aliados, como afirman algunos políticos y analistas de mucho peso, o es un nuevo ejemplo de la estrechez con la que los políticos de la región afrontan la diplomacia regional, la dificultad, ya histórica, de construir una condición de negociación aceptable con el resto del mundo, y la ceguera en mirar que las raíces indígenas y la abundancia y diversidad de recursos puede jugar un factor de unidad y contribución universal, en términos de complementariedad y enriquecimiento material e inmaterial a la humanidad entera.

Sin duda, que otros ejercicios de construcción de boques regionales tienen sus propias características e importancia, como es el caso de Mercado Común del Sur (MERCOSUR), o la que sobrevive de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la propia Organización de Estados Americanos (OEA), pero a mi gusto ninguna de ellas tiene el potencial y las condiciones para resolver el tema de la pobreza rural en base a la dignificación de las actividades agropecuarias forestales, pesca, y otras actividades, en base a comunidades y muchas veces tierras y territorios colectivos y autogestionarios.

Sin embargo, para ello, la UNASUR tendría que haber tenido la fortaleza de discutir temas tan importantes como los límites de la sojización de la región, los límites a la política de expansión de los transgénicos, una política migratoria común para los trabajadores agrícolas, una institucionalidad adecuada a los intereses y necesidades de los productores campesinos e indígenas, mercados alternativos para los productos de la pequeña producción, sistemas de certificación apropiados regionalmente, currículos y sistemas universitarios compatibilizados y complementarios, normativas uniformes sobre productos químicos en el campo.

Solo con algunos de esos ejemplos, otro sería el cuento. En tanto, a rifar los recursos, a continuar con políticas contradictorias, con dramas humanos que pasan fronteras como los  jornaleros agrícolas, con empobrecimiento de la base alimenticia en las ciudades, con mayor desocupación real, mayor dependencia alimentaria industrial, mayor contaminación de las aguas y los suelos. Con toda certeza, por cada paso atrás que se siga dando, la restitución será más costosa.

*[1] Oscar Bazoberry Chali

Sociólogo, nacido en Tarija Bolivia. Actualmente es coordinador general del Instituto para el Desarrollo Rural en Sudamérica (IPDRS) y profesor en el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES – UMSA).

Emergencia, promesas estatales y defensa del agua:
Lago Titicaca, lagunas de Cajamarca y Amazonía

 Violeta Montellano Loredo *[1]

Licenciada en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés y Magíster en Antropología Visual y Documental Etnográfico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Investigadora e integrante de la agrupación Colectiva Ch’ixi y de la productora Creaciones Cinematográficas Huayrurito. Se desempeñó como docente de metodologías de investigación, escritura crítica, Antropología de la Identidad y Documental Reflexivo. Actualmente forma parte del Área de Investigación – acción en el Instituto para el Desarrollo Rural en Sudamérica.

Como una medida de urgencia, el pasado 2 de junio, el ministro de Medio Ambiente en Bolivia, Carlos Ortuño y el director de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), Rémy Rioux, visitaron el municipio de Puerto Pérez (provincia Los Andes del dpto. de La Paz), con la intención de definir acciones para enfrentar la crisis ambiental que experimenta el lago Titicaca, fundamentalmente en la cuenca Katari y el Lago Menor. Hace décadas, el IRD (Institut de Recherche pour le Développement) investiga y mide la contaminación del lago y, en el presente, la AFD prevé invertir aproximadamente 200 millones de dólares para descontaminarlo. Por otra parte, el gobierno boliviano en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que invertirá 86 millones de dólares para la construcción de plantas de tratamiento de aguas en poblaciones ribereñas y la ampliación de una planta de tratamiento de aguas en El Alto.

Durante el III Gabinete Binacional de Bolivia y Perú, realizado en septiembre del año pasado, uno de los temas tratados fue la contaminación acelerada del lago Titicaca. Perú anunció que invertiría 437 millones de dólares en la construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, mientras que Bolivia se comprometió ya entonces, con invertir 85 millones de dólares para la construcción de plantas residuales y rellenos sanitarios. Sin embargo, las consecuencias de la contaminación del lago se sienten desde hace al menos 20 años y los compromisos establecidos por ambos gobiernos no se han materializado en acciones concretas durante todo este tiempo. Además, parecen contradecirse con los proyectos desarrollistas que ambos gobiernos promueven y en los que invierten cantidades mucho mayores de presupuesto. 

El Titicaca, conocido por ser el lago más alto del mundo, fue considerado como un ser sagrado durante miles de años por las sociedades asentadas a su alrededor y, según el mito de origen andino, además es considerado como el centro donde nació el universo en su dimensión social y cósmica. Aunque esta representación simbólica actualmente es útil para fines políticos o comerciales, su carácter sagrado está anclado en su materialidad. El lago Titicaca es el eje central del sistema hídrico del altiplano andino y genera diversidad de pisos ecológicos.  

Actualmente, la crisis que enfrenta el lago Titicaca, es resultado de una serie de acciones humanas sustentadas en un modelo desarrollista de larga data y aún vigente. Para comenzar, el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés emprendió un estudio en la cuenca de Milluni, para conocer las consecuencias de la actividad minera desarrollada, entre 1929 y 1972, por la Fabulosa Mines (empresa inglesa) y entre 1975 y 1986, por COMSUR (propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada). Los resultados del estudio afirman que se acumularon alrededor de 3 millones de toneladas de restos de cobre y zinc generadas en el siglo pasado, que aún son recibidos por el lago Titicaca y seguirán contaminando las aguas durante siglos. 

El lago Titicaca, además de recibir contaminantes mineros, recibe residuos industriales provenientes tanto de Perú como de Bolivia. Sumado a esto, recibe grandes cantidades de desechos humanos. El año 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó a los gobiernos de Bolivia y Perú por los altos niveles de contaminación, reconociendo en aquel entonces, que las poblaciones ribereñas generan 100.000 toneladas de residuos que van a parar al lago cada año. Además de ello, las aguas residuales generadas en la ciudad de El Alto son evacuadas al lago y debido al crecimiento poblacional, estaría recibiendo desechos humanos de aproximadamente 9 millones de personas en las siguientes décadas.

Mientras que el lago sagrado, el más alto del mundo, se ha convertido en un símbolo importante para el nacionalismo peruano y boliviano, hemos olvidado las tecnologías y formas de vida sustentables, construidas por las sociedades que se criaron con el Titicaca durante milenios. A través de la crianza con el agua, las diferentes sociedades desarrollaron canales abiertos y subterráneos, construyeron represas, capturaron agua de los manantiales, realizaron movimientos de tierra para aprovechar la humedad, construyeron camellones, revestimientos de piedra y arcilla e impermeabilizaron y utilizaron losas y rugosidades para disminuir la velocidad del flujo, entre otras tecnologías. El pueblo Qnas Suñi Chipaya, conocido comúnmente como Uru Chipaya, tras una larga historia de colonialismo y aislamiento ocasionado por relaciones tensas con sus pueblos vecinos, cultiva la quinua en terrenos sumamente salinos tras procesos complejos de lameo de la tierra, aprovechando al máximo las cantidades escasas de agua que llegan a su territorio y reafirmando así, hasta el presente, su identidad como seres del agua. La presencia estatal para la resolución de problemas estructurales en torno al acceso al agua es mínima y más bien, resalta un apoyo coyuntural en situaciones de emergencia.  

Los Estados actúan con una doble moral. Por un lado, se comprometen con enfrentar la contaminación y escasez de agua, pero por otro lado, continúan emprendiendo proyectos desarrollistas que inciden en la crisis del agua. El pasado 12 de junio, el gobierno boliviano anunció la prospección y exploración aurífera en el río Madre de Dios, uno de los ríos más caudalosos de la Amazonía. El Viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, afirmó que el proyecto permitirá aumentar el aporte de regalías por parte del departamento de Pando y que además, se realizaron trabajos de exploración y prospección en el Madre de Dios desde la década de los 70, expresando la continuidad de un mismo modelo de desarrollo a pesar de los principios establecidos en la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Además de la explotación aurífera en el río Madre de Dios, el megaproyecto de la hidroeléctrica del Bala y el Chepete y el proyecto hidroeléctrico Rositas en el Chaco boliviano, expresan una concepción sobre el agua como recurso, en términos netamente económicos, y no como un bien común.    

Tanto el Estado boliviano como el peruano, emprendieron proyectos extractivistas en las últimas décadas, sin el consentimiento de las comunidades indígenas que resultan afectadas, a pesar de haberse adscrito al Convenio de la OIT. La persecución hacia líderes indígenas o activistas y la deslegitimación de sus protestas en defensa del agua, parece ser otro punto en común. En Perú, el caso emblemático de los y las guardianas de las lagunas que se opusieron al proyecto minero Conga, fue documentado por Amnistía Internacional en el texto “Una Receta para criminalizar: personas defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” (2018), que desarrolla cómo las autoridades gubernamentales emplean el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación para obstaculizar esfuerzos comunitarios en la protección de los derechos. En Bolivia, la denuncia realizada por Ruth Alipaz sobre la violación de los derechos indígenas en el marco de los proyectos de las megahidroeléctricas de Chepete, Bala y Rositas, el 18 de abril de este año en un foro de las Naciones Unidas, fue deslegitimada por el gobierno boliviano a través de argumentos que sostenían que Ruth no era una vocera legítima de los pueblos indígenas, no formaba parte de ninguna organización “orgánica” y ni si quiera era indígena. Ambos argumentos se relacionan con una táctica empleada por el gobierno boliviano reiterativamente para dividir organizaciones y así, negociar con dirigentes cooptados.  

Frente al papel que ejercitan los Estados en asociación con las empresas transnacionales, algunas comunidades practican formas de resistencia desde lo local que nos aclaran cada vez más el panorama. En marzo de este año, mujeres de distintas comunidades aledañas al lago Titicaca en Perú y Bolivia, realizaron jornadas de limpieza de residuos, como lo realizan ya hace algunos años. Su preocupación común frente al estado actual del lago, expresa que las fronteras estatales no superan la naturaleza del paisaje y el respeto a su vitalidad. Desde la vigilia continua realizada por las y los guardianes de las lagunas en Cajamarca, hasta los emprendimientos en torno a la limpieza del lago Titicaca y la continua lucha por la defensa de la Amazonía, las prácticas locales reflejan un posicionamiento distinto al modelo desarrollista, uno que se basa en la relación cercana con el paisaje que ha criado a las sociedades durante la historia humana.

Fuentes:

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20180611/alerta-cientifica-lago-titicaca-punto-del-colapso

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/peru-insta-a-parar-galopante-contaminacion-del-lago-titicaca-381344

http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/2/23/milluni-larga-agonia-contaminacion-128323.html

https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-ofrece-a-las-cooperativas-el-rio-madre-de-dios-para-la-explotacion-del-oro-388731

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0181582018SPANISH.PDF

https://drobisonbolivia.blogspot.com/2018/05/el-gobierno-indigena-la-empresaria.html?spref=fb

Los aguacates y el negocio detrás del agro en Chile

Alexander Panez Pinto *[1]

 Se ha divulgado en diversos medios internacionales como The Guardian, RT, Deutsch Welle e France Press, la grave problemática vivenciada en la provincia de Petorca (200km al norte de Santiago), en donde sus habitantes ya no cuentan con agua para el consumo humano y tampoco para regar sus cultivos y criar animales, debido a la sobre-explotación del agua de las cuencas hecha por el monocultivo de paltas (aguacates). Las denuncias hechas en diversos medios de comunicación internacionales ha coincidido con el abismante aumento del precio de la palta en el mercado chileno. Esto ha permitido un malestar social (temporal y de moda, lo sabemos) sobre la producción de este alimento en el país.

Imagen de las plantaciones de aguacates y las piscinas acumuladores de agua que se utilizan para su cultivo en la región semiárida de Petorca

Este malestar ha colocado en el centro de atención a un actor que hasta el momento no había logrado ser cuestionado con fuerza en la agenda política, el modelo agro-exportador frutícola chileno. En el país, la agricultura de exportación suele no generar inmediatas oposiciones entre los habitantes, comparado con otras actividades contemporáneas que generan significativos impactos socio-ecológicos, como la explotación minera, las plantas industriales contaminantes o los proyectos hidroeléctricos. Al final de cuentas, el sentido común y la propia propaganda del agronegocio, nos avisa que se trata de una actividad económica cuyo foco es producir alimentos, una función vital e ineludible para la sociedad.

No obstante, el objetivo de producir alimentos viene siendo sistemáticamente subordinado a los procesos de mercantilización agrícola, cuyo centro es garantizar ganancias a lo largo de toda la cadena de producción y circulación de los productos, desde las semillas hasta los supermercados. Esta transformación a nivel global implica: a) un protagonismo del sector químico y la biotecnología en la actividad agrícola, junto a la progresiva sustitución de productos agrícolas por agroindustriales, b) establecimiento de oligopolios mundiales en cada una de las fases de producción, circulación, comercialización y consumo de alimentos y c) procesos de acaparamiento y concentración de tierras en países del Sur global.

¿Dónde entra el aguacate en este panorama mundial de la agricultura? Estos cambios en la agricultura son acompañados de un cambio en el régimen alimentario de los países, que genera una polarización en las pautas de consumo de alimentos a nivel global. Mientras avanza la tendencia de que los pobres del mundo (tanto en los países del centro como de la periferia) basen su dieta en el consumo de alimentos procesados con alto contenido en grasas, azúcares y de baja calidad nutricional, los sectores medios y altos sobre todo de los países del Norte consolidan dietas que incluyen el consumo de vegetales y frutas todo el año sin límite estacional, y en especial nuevos alimentos “especiales”, sea por su exclusividad y/o propiedades nutricionales. Esto último ha consolidado el lucrativo negocio de los llamados “super-alimentos” entre los que se cuenta la quinoa, el açaí, la chia y la palta. En el caso de Chile,  sólo entre los meses de enero y octubre del 2017, la exportaron de paltas alcanzó un valor de 289 millones de dólares.

Estas pautas de consumo “hipster” generan una presión los flujos de energía y materia, que exige la expansión de la demanda de alimentos hacia otras latitudes y la subsecuente explotación de bienes comunes naturales que esa producción conlleva. Particularmente en el caso de Petorca, se trata de grandes cantidades de agua exportadas por medio de las paltas que los países importadores se ahorran de utilizar para fines agrícolas.

Frente a este escenario, la situación de la provincia de Petorca evidencia de manera dramática las consecuencias que la estrategia de “Chile: Potencia Alimentaria” exportadora, genera en los territorios del país. Ríos secos que se convierten recuerdos, la pérdida de soberanía alimentaria de los/as campesinos/as y la imposibilidad de una vida digna debido al precario acceso al agua (ni siquiera para bañarse o lavar ropa cotidianamente), son algunas características del paisaje de una “escasez” políticamente producida y económica conveniente en Petorca.

¿Cómo enfrentar esta situación? La respuesta del agronegocio es continuar con la explotación predatoria de los territorios sin considerar sus equilibrios socio-ecológicos. Una de sus grandes “soluciones” a largo plazo, tiene que ver con la construcción de un gran canal de regadío que trasladaría agua desde el norte de la región del Bio-Bio (sur del país) hasta Huasco, en la región de Atacama (un total aproximado de 1.540 kilómetros). Esta “Carretera Hídrica” impulsada por la iniciativa “Reguemos Chile” pretende disponibilizar agua para regar un millón de nuevas hectáreas en 7 regiones del país. De esta forma, la falta de agua dejaría de ser un problema y así se podrían mantener situaciones absurdas como las de la provincia de Petorca, un territorio con clima semiárido en donde el 60% del total de la superficie cultivada está plantada con una especie como el palto, que realiza un consumo intensivo de agua (Catastro frutícola, 2017). Los impulsores de este proyecto, estiman que permitiría que las exportaciones agrícolas pasen de 35 a 64 millones de dólares anuales. En lo que se refiere a los recursos para esta obra, sus impulsores estiman preliminarmente que se requiere una inversión entre 15 mil y 20 mil millones de dólares para los 5 tramos del proyecto, lo que involucraría un financiamiento público-privada según el modelo de concesiones. ¿Es ésta la prioridad para resolver la situación de abandono y despojo que afecta a regiones como Petorca?

Los conflictos, a pesar del sufrimiento y la digna rabia que muchas veces evidencian, son momentos creativos. Son espacio-tiempos en que aparecen cuestionamientos en torno a problemáticas que parecían “naturales” o “normales” hasta ese momento. Una de las cuestiones de fondo en el conflicto de Petorca, es la discusión olvidada y censurada sobre la cuestión de la tierra y el modelo agrícola chileno. Resulta fundamental cuestionarnos sobre ¿Cómo promover una agricultura que no atente contra los equilibrios de la dinámica socio-ecológica en los territorios? y en definitiva, ¿Producir alimentos para qué y para quiénes? Un dato nos puede iluminar en ese camino. Como algunos estudios vienen mencionando, el agronegocio de monocultivo y la gran producción agroindustrial sólo proveen el 30% de los alimentos a pesar de que acaparan las mejores tierras de cultivo que representan el 75% de la tierra a nivel mundial. Son los/as campesinos/as del mundo quienes proveen el 70% de los alimentos restantes en el 25 por ciento de la tierra (Grupo ETC, 2017). Es decir, el agronegocio no sólo tiene grandes impactos socio-ecológicos sino que además no es efectivo en su auto-proclamado objetivo de alimentar al mundo.

Necesitamos caminar hacia otras alternativas al modelo agro-exportador vigente en Chile, que se propagandea como exitoso y moderno frente al resto de los países. Este modelo que ha establecido la exportación frutícola intensiva como uno de los pilares del auto-proclamado “milagro económico” de la transformación neoliberal. Requerimos una agricultura que respete y restaure la dinámica socio-ecológica, y no una que pretenda la extracción infinita de nuestros bienes comunes naturales. Una agri+cultura que permita el florecimiento de la vida y no su destrucción por medio de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas. Un camino donde la agroecología como práctica y la soberanía alimentaria sean nuestros principios orientadores, como viene colocando la Vía Campesina. Esta reflexión tiene que ver con construir nuestras prioridades colectivas en la producción de alimentos. Y ese debate nos compete a todos/as, no sólo a las/os habitantes de Petorca.

Alexander Panez Pinto

Miembro del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA, Chile) e investigador del Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO) de la U. Federal Fluminense

*[1] Alexander Panez Pinto

Doctorando en Geografía, Programa de Post-graduación en Geografía, Universidad Federal Fluminense (Brasil). Investigador del “Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades” (LEMTO-UFF). Miembro del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA, Chile). Con experiencia de investigación en las temáticas de conflictos territoriales y reapropiaciones del agua en América Latina.