En el Paraguay, el problema de la tierra sigue siendo un aspecto determinante de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. La actual estructura de tenencia de la tierra, caracterizada por una enorme concentración en un pequeño grupo de propietarios, es fruto de un largo y conflictivo proceso histórico que ha significado el despojo y el desarraigo de miles de hombres y mujeres del campo, al tiempo de que otros han logrado permanecer en sus comunidades, mediante enormes sacrificios y una admirable fuerza de voluntad.

Desde esta premisa integral, el autor desarrolla un trabajo analítico sobre la tenencia de la tierra en ese país, con una perspectiva crítica sobre las políticas públicas vigentes en materia de tierras, y apuntando los aspectos que han dificultado su acceso a los grupos sociales que históricamente la poseyeron, trabajaron y protegieron.

El contenido del presente artículo de la Serie Diálogos es parte del Documento sobre Políticas Públicas Respecto a la Tierra, elaborado por el mismo autor dentro de la iniciativa del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.

Cadena de efectos

Las políticas públicas se desarrollan a partir y dentro de un marco legal e institucional que establece los mecanismos para que la población rural pueda acceder a una superficie de tierra. En el Paraguay, en las últimas décadas, la política de distribución de tierras se ha incluido en la política denominada de Reforma Agraria, de mucha relevancia para la sociedad paraguaya, al punto que tiene un estatus constitucional, donde se la define como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural, mediante la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. A partir del desarrollo constitucional de la reforma agraria se desprenden las leyes, instituciones y lineamientos para llevar adelante la política de distribución de tierras, como el Estatuto Agrario del 2002 y la ley que creó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el año 2004.

Al tiempo de resaltar la importancia de la reforma agraria, la Constitución Nacional de 1992 destaca la existencia del latifundio dentro de la estructura agraria del país, estableciendo como objetivo su eliminación progresiva, entre otras formas, a través de un sistema tributario que lo desaliente; permite la expropiación pública de la propiedad privada por causa de utilidad pública o por interés social, en especial para los casos de latifundios improductivos. La utilidad pública es pertinente cuando se expropia para construir caminos, tendido eléctrico o infraestructura pública, mientras que el interés social se aplica en los casos en que existe una demanda genuina de tierras por parte de una población que no la tiene.

Según el Estatuto Agrario, para que se cumpla la función económica y social de la tierra, las propiedades deben tener aprovechamiento eficiente, uso racional y ser ambientalmente sostenibles, según las leyes ambientales vigentes. Pero contradictoriamente establece un parámetro muy bajo para considerar el uso racional de un inmueble, lo cual perjudica su aprovechamiento eficiente. Cuando la propiedad no cumple con dicha función, el Estado debe intervenir, expropiándola y poniéndola a disposición de la política de redistribución de tierras.

Débil distribución de tierras y estructura inequitativa de tenencia

Las políticas públicas en relación a la distribución de tierras tienen que ver, en diferentes aspectos, con los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es encargado de ejecutar la política de tierras a través del INDERT y de la Procuraduría General de la República, responsable de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, entre ellos los relacionados a las tierras fiscales. El Poder Legislativo es el responsable de aprobar los presupuestos anuales para cada institución estatal, entre ellos los destinados a la política de tierras, además de la atribución de aprobar las expropiaciones. El Poder Judicial es el terreno en el cual se deben recuperar las tierras adjudicadas ilegalmente a personas no sujetos de la reforma agraria, además de las tierras fiscales apropiadas irregularmente por particulares, mediante procesos y mensuras judiciales. 

Haciendo una mirada retrospectiva de los últimos veinte años, se puede constatar que la política de distribución de tierras no ha tenido variaciones importantes, ha sido una política débil, sin ningún impacto en la estructura de propiedad de la tierra, la cual mantiene su rasgo característico de una gran concentración y desigual distribución. Según el Censo Agrícola Nacional del 2008, las fincas cuya superficie supera las 500 hectáreas representan el 2,6 % del total de fincas existentes en el país, pero a ellas corresponden el 85 % de la superficie total de tierras censadas. El índice de Gini para la distribución de tierras en el país es de 0,93 según la FAO, el más alto del mundo.

En la estructura de distribución de tierras observada en dicho Censo, las pequeñas fincas, que tienen menos de 20 hectáreas, son el 83,5 % del total existente, pero la superficie que ocupan solo abarca el 4,1 % de las tierras. En contrapartida, las propiedades que superan las 100 hectáreas son el 6,1 % de las unidades existentes, y acaparan el 92,6 % del territorio censado. La tendencia observada en las dos últimas décadas (según los datos de los Censos agrícolas de 1991 y 2008), es hacia un aumento de la concentración de tierras en pocos propietarios, dado que las grandes fincas crecen en cantidad y en superficie, mientras que las pequeñas propiedades van disminuyendo. 

Este escaso impacto de la política de distribución de tierras se ha debido en gran medida a que la misma se redujo casi exclusivamente a la compra de tierras por parte del INDERT, utilizando solo en casos muy aislados los recursos de expropiación y de recuperación de tierras fiscales apropiadas por terratenientes. Por su poca efectividad, la compra de tierras no es el mecanismo adecuado para una política de reforma agraria y redistribución de tierras, dados los altos precios de las tierras y el bajo presupuesto con que se ha contado para este fin.

Censo rural y percepciones campesinas

Una de las últimas políticas públicas impulsadas con relación a la problemática de la tierra fue el Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de Tierras y Diagnóstico de Colonias, conocido como Censo rural, impulsado por el INDERT los últimos años, bajo el gobierno de Federico Franco, contando con un presupuesto de 4 millones US$. El objetivo fue conocer la situación real de las colonias del INDERT, sus ocupantes actuales, los destinatarios originales, la utilización de esas tierras, los servicios básicos a los que acceden, e incluso detectar los posibles negociados que se han hecho en las colonias con las tierras. Para su ejecución, el INDERT firmó un contrato en noviembre del 2012 con la no gubernamental Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), que administraría los fondos y coordinaría con el ente gubernamental las tareas del censo.

Las metas del Programa fueron: El geo referenciamiento de 223.225 lotes de la región oriental del país; el registro de ocupantes de aproximadamente 122.188 lotes agrícolas carentes de titulación; el levamiento demográfico y socioeconómico aproximado de 1.140 colonias; y la digitalización de alrededor de 1.140 colonias habilitadas por el INDERT o entidades antecesoras, con sus correspondientes lotes.

En los informes de avance de ese trabajo se consignaron aspectos obtenidos en los diagnósticos realizados, donde los campesinos y campesinas señalaron sus críticas hacia el propio INDERT, entre las que sobresalen: a) la desmotivación, pues algunos de ellos ya han pagado la totalidad de sus lotes y aún no les llega sus títulos; b) la desconfianza hacia la institución para tramitar los títulos ya que no llegan los reclamos a las instancias correspondientes (canales de comunicación ineficientes). Alegan que a pesar de no contar siempre con dinero, tienen voluntad de pagar sus lotes pero que la desconfianza en los funcionarios hace que no se muevan para hacerlo, sienten la falta de acompañamiento del Estado; y c) la venta y compra de las tierras por parte de funcionarios, sin conocimiento y sin aprobación de los dueños que viven en las colonias.

Esas declaraciones reflejan parte de los problemas que afectan a las familias campesinas que intentan acceder y regularizar sus tierras, frente a un Estado que antes de facilitar, dificulta su realización.

Desarrollo en asentamientos campesinos

Una política pública innovadora, no directamente orientada a la política de tierras, sino más bien como un complemento a la misma, en el marco del desarrollo de la reforma agraria, fue la creación en el 2008 de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), mediante el decreto 838/08 del gobierno de Fernando Lugo, como instancia de coordinación interinstitucional, para la ejecución y evaluación de las políticas orientadas al desarrollo de los asentamientos campesinos.

El objetivo de la CEPRA fue acompañar la entrega de tierras y la creación de colonias, con programas complementarios como la instalación de energía eléctrica, agua potable, apertura y mejoramiento de caminos, dotación de servicios de salud y educación, programas de viviendas, provisión de documentos de identidad, asistencia técnica y capacitación, entre otros.

En el marco de la implementación de la CEPRA, entre los años 2009 y 2012 se asistió a 317 asentamientos, del total de 1.061 colonias habilitadas por el INDERT (antes IBR) desde el año 1963. En los mismos se desarrollaron diferentes políticas, como el Programa de Producción de Alimentos del MAG, programas de merienda y kits escolares del Ministerio de Educación, expansión de las Unidades de Salud Familiar del Ministerio de Salud, apertura y mejoramiento de caminos rurales, instalación de sistemas de agua potable, programas de higienes a través de Soluciones Básicas Sanitarias, extensión del servicio eléctrico, políticas habitacionales, entre otras. Todas estas políticas han tenido un alcance limitado, dados los restringidos presupuestos aprobados por el Congreso en cada caso.

Durante los siguientes gobiernos, la CEPRA perdió apoyo político, por lo que sus acciones se redujeron considerablemente. No ha sido eliminada por la presión de algunas organizaciones campesinas, aunque esto no se descarta que ocurra.

Consecuencias y desafíos

La política de distribución de tierras a la población campesina paraguaya en los últimos años, incluso décadas, ha sido por demás insatisfactoria en relación a la demanda existente. No ha existido un proceso de redistribución de tierras ni una modificación, aún mínima, de la extrema concentración de tierras que existe en el país.

Como resultado de eso, juntamente con otros factores, en el país se da un fuerte flujo migratorio de campesinos, campesinas e indígenas hacia las ciudades, abandonando el campo por la imposibilidad de acceder a una tierra propia y contar con el apoyo del Estado para lograr condiciones mínimas de vida, en un proceso acelerado de descampesinización, que está teniendo múltiples consecuencias negativas para toda la sociedad, como la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria, el aumento de la informalidad, el subempleo y el desempleo, así como de la pobreza y la violencia en las zonas urbanas.

Por la complejidad e importancia del problema, su solución requiere de una amplia participación de la población, tanto rural como urbana, así como el involucramiento de los tres poderes del Estado, que tienen directa relación con varios obstáculos y limitaciones señaladas.

Algunas de las líneas que deben abordarse para modificar la situación actual son la modificación del Estatuto Agrario, estableciendo parámetros de productividad mayores para que una propiedad cumpla su función económica y social; la modificación del procedimiento de expropiación pública, que debe tener un rol central en la reforma agraria, pasando a ser una atribución del Poder Ejecutivo, como sucede en Brasil y  Bolivia.

Por otro lado, son necesarias medidas como la depuración del Poder Judicial, de modo que no obstaculice los procesos de saneamiento de tierras; la recuperación de excedentes fiscales y tierras mal habidas; y la modificación del Impuesto inmobiliario, de tal manera que sea abonado en función al valor de mercado de las tierras.

Al mismo tiempo, son imprescindibles medidas que aseguren una mayor asignación de presupuesto para la reforma agraria, el fortalecimiento de instancias de cooperación interinstitucional, la realización de un catastro de propiedades rurales riguroso y confiable, y la revisión y modificación del rol y la conformación de la Junta Asesora del INDERT, actualmente dominada por sectores afines a los terratenientes.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En este número de la serie quincenal Diálogos presentamos una entrevista lograda en Puerto Maldonado, capital del departamento Madre de Dios, en plena Amazonía peruana. Como podrán apreciar las y los lectores, su contenido es muy ilustrativo sobre la historia corta de esa región en general y, de forma particular, sobre la historia del pueblo Esse Ejja, protagonista de una ardua ruta de tensiones y desafíos sobre la vida en la selva. La entrevista fue realizada por la investigadora Ruth Bautista Durán y transcrita por María Julia Fernández, secretaria del IPDRS.

Con raíces en las primeras expediciones de colonos que ingresaron a Madre de Dios (Perú) en el siglo pasado, Víctor Zambrano Gonzales (VZ) hoy se identifica como campesino conservacionista, un “ecologista con los pies en la tierra, pisando firme y mirando el horizonte”. Conversamos con él en la recepción del refugio ecológico K’erenda Homet (‘brillante amanecer’ en lengua esse ejja), que está a nombre su hija y de donde él es el administrador. 

El departamento peruano Madre de Dios está en la Amazonía y es considerado un “departamento selvático”. Su capital, Puerto Maldonado, está en la confluencia del río Madre de Dios y el río Tambopata. La zona tiene límites con  Brasil al norte, al este con Brasil y Bolivia y al oeste con Cusco.

K’erenda Hometes un Área de Conservación Privada de 40 hectáreas restituidas de la actividad ganadera hace casi 30 años. El testimonio de Víctor Zambrano da cuenta de la disputa territorial en Madre de Dios, y su historia revela parte del pensamiento que acompaña la construcción sociocultural y los avatares que enfrenta una de las regiones amazónicas más importantes de Sudamérica.

RB. ¿Cuál es el origen de su familia y cómo llegaron a esta región?

VZ.Soy el último de los Zambrano Gonzales, de padre cusqueño y de madre arequipeña. A los 14 años mi padre se unió al Tte. Cnel. Ricardo León Velarde y participó en una de las primeras expediciones del ejército para entrar a la selva. Desde la zona de Limpani, vecina de Tirapata (Puno) bajaron al llano amazónico. En esa época había tensiones con los hermanos nativos Esse Ejja, todavía no contactados, que estaban en ese proceso de “civilización” y con la fuerte presión de un líder histórico Shajabo (sic), que era el dueño de toda la comarca del parque territorial del Madidi, y bajó con la expedición, sorteando mil dificultades, hasta llegar a la cuenca alta del río Tambopata.

Hasta ahora tenemos como muestra de la travesía dos cables de los puentes colgantes, en la desembocadura del río Tábara y el río Tambopata. Ese era el proyecto de los nativos para hacer caminos para cruzar el río Tambopata y llegar a la zona de Puerto Maldonado. Aparece en escena mi madre, llevan a mi padre a Arequipa y ya en el siguiente viaje, en 1925, se trae a la vieja, cruzando todas esas peripecias. Finalmente, fuimos ocho hermanos.

RB. ¿Cómo recuerda su infancia en Madre de Dios y el contacto con la población nativa?

VZ. Mi padre estuvo 60 años de servicio en el ejército, y en la marina fue maestro de armas, estuvo a cargo de la lancha Fitzcarrald (Carlos Fermín Fitzcarrald fue un cauchero y explorador que descubrió el istmo que une las cuencas de los ríos Ucayali y Madre de Dios) y luego terminó de capitán de resguardo de aduana. Esas actividades permitieron a la familia asentarse definitivamente. El terreno que tenía era de lado a lado, daba la vuelta al río. Como en esa época no había mucha gente, cada cual se asignaba grandes áreas, mi padre se asignó 200 hectáreas, pero por ceder espacios para chacras, fueron quedando 100 y disminuyeron hasta las actuales 40.

A mí nunca me gusto vivir enmarcado en sistemas rígidos, por eso tuve dificultad desde niño, porque no me acomodaba, y nació en mí una identificación con los hermanos nativos. Nosotros vivíamos en el Puerto Capitanía. Como mi padre era aduanero, tenía que irse a Puertopata por seis meses. Allá hizo una relación muy buena con el curaca de ese entonces, el mítico Ramallo.

Ese nativo era como un familiar, y cuando mi padre quería ir a Puerto Maldonado lo llamaba y él preparaba a su gente con vituallas, para llevar a vender plátano, yuca, charque, y bajaba una canoa para bajar al viejo. El trayecto hasta Puerto Maldonado era de dos días y, por eso, cuando yo era pequeño los veía como semidioses.

Ramallo tenía su historia, a él los Esse Ejja lo encontraron en Rurrenabaque (Bolivia), en una concesión de unos españoles que trabajaban castaña y siringa. Los nativos del monte se lo llevaron a Palma Real, donde fue creciendo y se fue oscureciendo, era un auténtico nativo, pero no cambiaron sus ojos verdes. Ramallo era un gigante, lo admiré mucho y él me enseñó todo, desde los senderos en la selva y cómo se anda con zapatos, eso me motivó desde niño y quise ser como ellos.

RB. ¿Cómo fue su retorno?

VZ.No habían secundarias, me tuve que ir a Lima y, aburrido completamente, me frenó mi madre a volver, diciéndome que no iba a tener proyecciones en Madre de Dios. Ella me animó y postulé a la Marina, ingrese y me quedé durante 15 años en las Fuerzas Especiales. Viajé al extranjero, pero siempre añorando mi tierra. Hasta que llegó el momento crucial. En 1987 me había salido de la Marina, ilusionado de volver al terreno en la Amazonía, llegué y ya no existía, lo que encontré fue un desierto, porque acá se hizo mucha ganadería, los suelos degradados, sin árboles, solamente pasto importado, y entonces decidí quedarme definitivamente.

El reto fue convertir ese asunto, no tenía libros, documentos, pero comenzamos a idear algunas formas de recomposición y por ahí conocí a un amigo que sembró cacao y una serie de alternativas que fracasaron, pues no había mercado. Bebí esa fuente inagotable del conocimiento sobre la recomposición, recuperación de suelos degradados, y comenzamos a cambiar, primero una hectárea, sacando el braquiaria (pasto) a punta de pala de raíz, metiendo alguna ceniza y, luego, instalando leguminosas, árboles como las ingás, guabas, pacaes, shimbillo, y luego hortalizas.

RB. Entonces, ¿Estamos en un terreno de bosque restituido?

VZ. Es la propia convicción de defensa de los suelos, yo soy propietario de 40 hectáreas, no son muchas, pero estoy manejando este sistema agroforestal. Tengo la primera área natural protegida normada aquí en Madre de Dios. Somos cuatro (concesionarios privados), y son cosas de convicción, alentamos a nuestros hermanos campesinos a seguir conservando sus espacios territoriales. Ya son 27 años y hemos embalado unas 120 especies, 60 % maderables y medicinales y 20% frutales, ese es el legado que les voy a dejar a la generación de mi hija K’erenda. Al principio fue una obsesión por sembrar, se nos tildaba de locos -“¡qué tiene ese señor! ¿Para qué plantar árboles en la Amazonía?”- decían, pero teniendo la conciencia de que el extractivismo extremo de la zona tiene la lógica de “siempre se saca pero no se repone” y la visión que quise rescatar de mi infancia, insistí en un nuevo sistema agroforestal para recuperar áreas degradas e incorporando recursos genéticos silvestres para el desarrollo de la chacra.

RB. ¿En qué momento de su historia de vida se instauró la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD)

Antiguamente la dictadura había entregado estos suelos a manos militares y habían conformado cooperativas de producción. Estos suelos formaban parte de la cooperativa, pero no legalmente, estaban en libre disponibilidad en el registro público y apelé al juez, me arremetí y, a raíz de esto, la gente se arremolinó, vinieron viejos agricultores y recolectores, y así nació el Comité de Productores Agrarios del Río Tambopata. Constituimos esa organización y empezamos a movernos para promover la agricultura.

El gobierno de Fujimori se manda un “paquetazo”, nosotros teníamos un banco agrario, los campesinos apelaban al banco porque el Estado siempre ha sido el que propiciaba la ampliación de fronteras agrícolas tradicionales, el extractivismo extremo y otorgaba crédito por la cantidad de áreas y hectáreas deforestadas. Los campesinos se dan cuenta de que les van a quitar sus derechos y organizan una marcha desde Inambari hasta Puerto Maldonado. Cuando llega nuestro grupo a la plaza de armas, el día 6 de junio de 1991, se hacen tres días de movimiento y en una reunión se organizan comités y me dan la presidencia del Comité de Lucha; consolidamos con otras regiones, paralizamos Madre de Dios por diez días, tumbamos árboles, lamentablemente, pero no permitíamos salir camiones. La naciente Federación convocó a las autoridades para decirles que “ya no más”.

Las fuerzas del orden comienzan a perseguir a los dirigentes, yo aún era presidente del Comité de Lucha y recién en 1992 me nombraron Secretario General, y comenzamos el trabajo gremial. Habíamos tenido una constitución pequeña y cortoplacista, pero nos proyectamos en base a tres columnas básicas centradas en las actividades campesinas. Primero, el tipo de producción, el Estado obligaba a hacer el monocultivo, la mono actividad es lesiva a la biodiversidad; entonces nace una alternativa opuesta, era necesario diversificar la producción. Segundo, el Estado miraba a la familia campesina que debía estirar la mano para dádivas y favores, frente a eso, propusimos la autogestión y el autodesarrollo, pensar alternativas no paternalistas. Y tercero, frente al pensamiento de la selva como despensa, planteamos un adecuado manejo y conservación de los recursos naturales; para que este proceso avance, empezamos a promocionarnos y gestionar financiamiento externo. Hemos querido nuestra independencia y hubo un crédito propiciado por el Estado nacional, nos tendieron la trampa y casi colapsamos, pero pudimos sobrellevar.

Eso es lo que hemos podido plantear como alternativas de desarrollo. Con diferentes órganos directivos hasta diciembre de 1999, termina mi gestión en la FADEMAD, y me metí a mi chacra y me olvide de todo, yo avanzaba en mi sueño de cuatro a ocho de la mañana, el resto del tiempo lo tenía copado en la Federación.

RB. ¿Qué relación tiene la FADEMAD con la zona de amortiguamiento?

VZ. El año 2000 aparecen los dirigentes en el carrito de la Federación, y me convencieron “queremos armar una estrategia para enfrentar a este gobierno”. Nos metemos a otro lío, huelgas, enfrentamientos con la autoridad y otras situaciones. Somos la única organización histórica que propició la creación de dos reservas naturales. A Fujimori lo pusimos contra la pared y obligamos a su ministro, le arrancamos la zonificación de Tambopata. Imagínese qué nivel de trascendencia. Las demás organizaciones nos apoyaron, salió la zonificación y se crea la Reserva Nacional de Tambopata y se amplía el Parque Nacional Bawaja-Sonene a 500 mil hectáreas. Fujimori nos quería contentar con eso, pero la propuesta que enviamos era la revisión de límites de la zona de amortiguamiento y de la Reserva, lo que queríamos era hasta la carretera para poder resguardar con más amplitud. Así nació la Reserva y se amplió el Parque a un millón ciento setenta y cinco mil hectáreas.

RB. Actualmente, además de su trabajo en este refugio ¿Cuál es su labor en el Comité de Gestión?

VZ. A nivel comunal soy Presidente de la Asociación de Moradores del Corredor Ecoturístico de Isuyama “Kiajabaki Bame”, donde hay varios emprendimientos que tienen por objetivo la conservación de este espacio territorial para mantener un ambiente sano, equilibrado y que sea pulmón de la ciudad de Puerto Maldonado. Además, soy representante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, que se complementa con el actual Parque Nacional Bawaja-Sonene y que colinda con el actual Parque Madidi.

El Comité de Gestión es un espacio normado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Perú, en el que participan diferentes actores de la sociedad civil y del Estado. Nuestro fin es coadyuvar a que todas las actividades que se realizan en la zona de amortiguamiento sean compatibles con el área protegida. Esto es un ideal que choca con la realidad que vivimos en este momento porque nuestra región está invadida por actividades económicas no sostenibles, como la minería, la tala ilegal, el comercio humano, la prostitución y una serie de lacras ilegales.

Buscamos los espacios posibles para revertir este flagelo y, por eso, la función del Comité es de gestión de ayuda, aunque en los hechos fuimos más allá de nuestras competencias y optamos por buscar mecanismos de organización. Hemos obligado a la policía, hemos avanzado en organizar a los pobladores y el gobierno regional para constituir en las comunidades juntas vecinales de seguridad ciudadana enmarcadas en una norma de seguridad nacional. Así, hemos establecido un sistema de alerta temprana de las actividades ilegales, para informar a la autoridad correspondiente en tiempo real, abordarlos con medios de comunicación y derivar a la autoridad; es un trabajo complicado, nos arriesgamos y exponernos demasiado, pero no hay alternativa frente a la necesidad de la gente que pide justicia y no la encuentra.

RB. ¿Cómo se revierten los flagelos de esta zona?

VZ. Hay propuestas, poblados que tienen un terreno de áreas cultivadas (Santa Rosa, Unión Progreso, El Progreso, etc.). Son organizaciones netas, campesinos agricultores que han revolucionado el sistema de producción y que jamás van a cambiar su actividad por la minería, que se superpone en este tipo de comunidades que tienen hasta 30 años de posesión. Pero los campesinos han tomado una decisión y han dicho “este suelo es lo único que tengo y lo defenderé con mi vida”, y no entra nadie, así sólo tengan certificado de posesión que es una etapa previa al título de propiedad.Los campesinos se han permitido desalojar grandes maquinarias (mineras) para la agricultura.

Al recorrer la carretera interoceánica que atraviesa la ciudad de Puerto Maldonado, impactan muchas escenas, los niños alrededor de las escuelas de los poblados de las comunidades campesinas, las familias movilizadas entorno a plantas de acopio y transformación de diferentes frutos amazónicos, camiones enormes transportando madera, y lo más dramático, campamentos mineros que instalan la informalidad y propagan su explícita atmósfera de ilegalidad y excesos que incluyen el alcoholismo y la trata de menores. Sin duda, los logros de la organización campesina que relata Víctor Zambrano exponen una fortaleza en pulsión a este duro contexto. Su testimonio, su historia y el refugio ecológico que ha (re)construido, son reflejo del tipo de disputa que vive la Amazonía, en todo caso, la enseñanza es que promueve es que es posible la reversión de los daños.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El investigador belga François Houtart acaba de publicar el libro Agriculturas Campesinas en Latinoamérica, una edición que recoge artículos académicos escritos por cientistas sociales de Latinoamérica (seis de México, tres de Bolivia, dos de Francia, dos de Brasil y, respectivamente uno de Perú, Ecuador, Argentina, Guatemala y Cuba), que participaron en un evento internacional del mismo nombre. El documento fue presentado recientemente en La ciudad de La Paz, Bolivia,  por el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

En el acto de presentación, Oscar Bazoberry, coordinador del Instituto, mencionó que se trata de obra pertinente, concretada gracias a un esfuerzo conjunto en el que también participaron como editores el ecuatoriano Francisco Hidalgo, director de la Carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, y la boliviana Pilar Lizárraga, directora de la Comunidad de Estudios Jaina.

El texto aporta al análisis y al debate sobre sobre muchos temas, como los mundos rurales, el acceso y la propiedad de la tierra, las agriculturas, campesina, la situación de la alimentación,  que están interconectados, aunque cada autor los aborde desde distintos enfoques, logrando un enfoque global de todas estas preocupaciones. Pero en el presente artículo François Houtart comparte con nosotros, sobre todo, el largo camino que lo trajo hasta la región. Este artículo está basado en la transcripción de su exposición ocasión del evento de presentación del libro en la ciudad de La Paz, el pasado 28 de mayo.

Personalmente me interesé en los temas agrarios, a pesar que mi especialidad era la sociología de la religión y la sociología urbana, trabajando en varios continentes como Asia, África y América Latina. En los últimos 50 años he descubierto la importancia no solo de la agricultura campesina, sino del campesinado, mujeres y hombres como actores sociales, y fue así que fui indagando en estas perspectivas para, poco a poco, comenzar a estudiar aspectos de la sociología rural y la importancia de los campesinos como actores de una transformación más amplia que sólo un enfoque sobre la agricultura como problema.

Trabajando primero en Asia, luego en Sri Lanka y posteriormente en Vietnam, pude estudiar muchos aspectos de la vida rural de esos países, particularmente desde la importancia de la religión en las sociedades rurales, y descubrí el valor fundamental de las culturas de base, lo  que me ayudó a entrar en nuevas perspectivas.

La larga historia de este libro

Este proceso empezó en Vietnam, a finales de los años 70, luego de la reunificación, cuando me pidieron ayudar en la restructuración de la carrera de Sociología debido a que en los países socialistas se había suprimido en las universidades, porque el marxismo tenía las respuestas a todos los problemas, pero cuando se comenzaron a enfrentar dificultades en el funcionamiento de las sociedad socialistas,  se empezaron a buscar alternativas.

Cuando los vietnamitas me pidieron realizar este trabajo, yo era presidente de la Asociación Bélgica- Vietnam y puse una condición que resultó algo extraña, sobre todo por provenir de alguien de la Universidad Católica de Lovaina y, más aun, siendo sacerdote: la condición fue realizar el estudio desde la perspectiva marxista, es decir una postura crítica. Y aceptaron.

Después de dos años de trabajo con jóvenes vietnamitas del campo para promover en ellos una formación sociológica, metodológica y teológica, se eligió para estudio de caso una comuna en el Vietnam del norte en el delta del rio Rojo, frente al mar de China.

Estudiamos esta comuna en todos sus aspectos, desde su historia, construcción y estructura, hasta la guerra y sus consecuencias, la reforma agraria, sus aspectos de producción, la religión, su cultura y su organización social, económica política. Fue una experiencia extraordinaria, que me permitió acercarme y entrar en una sociedad rural basada en la agricultura. 22 años después me pidieron rehacer el estudio, pero ya en función a la trasformación de la sociedad vietnamita influenciada con la introducción de la lógica del mercado (Doimoi o renovación), en una sociedad que se había desarrollado en base a una reforma agraria de tipo socialista.

Hice ese segundo estudio con el Instituto de Sociología de Vietnam y encontramos, entre otras cosas,  que el periodo socialista había creado lo que el Banco Mundial llamaba, una “situación de  pobreza”,  caracterizada por un ingreso de dos dólares al día. Pero era una pobreza diferente, una pobreza en la dignidad, situación en la que nadie conocía el hambre, con acceso a las escuelas, centros de salud y a la cultura.

Cuando se inició la apertura al mercado hubo un crecimiento económico rápido de la mayoría de la población vietnamita, pero también empezaron a generarse las diferencias sociales; más o menos 20% de la población de una misma comuna no pudo aprovechar esta apertura al mercado y quedó relegada; también disminuyeron las tareas sociales, y empezó la desorganización de tareas primordiales que antes se realizaban colectivamente, como los mantenimientos de canales de riego.  La lógica de mercado contribuyó a la construcción de otro tipo de sociedad, caracterizada por el crecimiento económico que permite mejorar las casas, quizá la infraestructura urbana y los caminos, pero también aumenta las distancias o brechas sociales.

Años después, en la década de los años 80, el Frente Sandinista me pidió trabajar en Nicaragua con la Revolución, para ello, también me adentré en el problema agrario e hice una serie de investigaciones con varios colaboradores. Uno de ellos fue el estudio sobre El Comején, una comarca cerca la ciudad de Masaya, investigando la configuración de la sociedad rural en distintos periodos, desde la entrada del capitalismo agrario con la producción extensiva de algodón, luego en la reforma agraria, después en el retorno del neoliberalismo y así sucesivamente. Esto nos permitió conocer la realidad de la vida y la agricultura campesinas nicaragüenses.

Veinte años después, en el 2010, se organizó en China un primer seminario sobre la agricultura campesina de Asia, con la participación de 11 países de ese continente, para abordar la problemática frente de la penetración masiva del monocultivo y la agricultura industrial destinada  a  la exportación.

En ese entonces y frente a la penetración masiva de los cultivos agroindustriales invasivos, pensamos en la necesidad de estudiar el fenómeno y todo lo que significaba, como por ejemplo los procesos de destrucción de la madre tierra. Fue así que, con la Universidad de Pekín, se vio la necesidad de pensar y realizar un movimiento para reanimar la agricultura campesina en China.

En China las tierras son del Estado, nadie posee privadamente la tierra, pero el Estado hace contratos para entregar el derecho de uso de la tierra a las nuevas generaciones y le da al campesino la seguridad  de renovación de contrato a futuro y, a la vez, de no permitir una nueva concentración  de tierra, lo que podría significar el acaparamiento, a manera de una contrarreforma.

Por otro lado, China es un país – potencia,  que  posee mucho conocimiento y tecnología pero, a la vez tiene un proceso de destrucción ecológica asombroso, casi el 80% de las aguas subterránea están contaminadas y  800 millones de personas  beben esos afluentes. En las grandes ciudades no se ve a más de un kilómetro debido a la polución  y cada año mueren un millón doscientas mil personas por la contaminación del aire, según datos de la revista médica Británica The Lancet.

¿Eso es desarrollo? nos cuestionábamos, por esa inquietud hubo la iniciativa de reanimar y promover  la agricultura campesina en China donde, al igual que en Vietnam, existe una base fuerte social muy fuerte.

Basados en esa experiencia comenzamos a preguntarnos sobre la situación de la agricultura campesina en otras partes del mundo y, de ese modo, se promovió un seminario de la misma magnitud en Latinoamérica. Y el libro que motivó el encuentro y el presente artículo, es su producto final.

Tareas y desafíos de la agricultura  contemporánea

En un capítulo del libro escrito por el agrónomo, docente e investigador francés, Marc Dufumier, se mencionan las tres grandes tareas de la agricultura campesina. La primera es nutrir a la humanidad, la segunda permitir a la tierra regenerarse y la tercera asegurar el bienestar de los actores.

Nutrir implica un proceso cuantitativo pero también cualitativo. Cuantitativamente, la agricultura contemporánea debe nutrir hasta  a siete mil millones de personas, que hasta el 2050 se espera sean diez mil millones. Una agricultura que debe prever la producción a esta escala de población es un gran desafío. En lo cualitativo, el proceso de urbanización está produciendo cambios en la dieta, un fenómeno muy especial, en el que los alimentos que se consumen varían entre periodos, se incrementa el consumo de legumbres, se prevé la disminución de granos y, de forma paralela, aumenta el consumo de la carne, que es a su vez un elemento de contaminación de la tierra.

Detengámonos en este aspecto. La ganadería produce más cantidad de gas invernadero (38 % más de gases de CO2) que todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre; así, el futuro de la alimentación plantea nuevos problemas e, incluso, otros paradigmas  para la agricultura. Se trata de un modelo negativo que sigue desarrollando el consumo de carne, de la comida rápida chatarra o fast food, y sus consecuencia en la salud significan que se debe multiplicar por dos o tres veces la producción de alimentos en el mundo.

La segunda función de la agricultura campesina es conservar la naturaleza y permitir la regeneración de la madre tierra. Es cierto que esto no va a lograrlo solo la agricultura pero tiene un papel central y uno de sus desafíos es cómo hacer esta regeneración con el equilibrio de los ecosistemas. Y el modelo actual productivista  es un modelo destructor.

De hecho, en el mundo actual hay un proceso muy rápido de deforestación, especialmente en el Sur y de forma particular en América latina y en ésta, en la selva amazónica. Mientras que en el centro del África, en los países acechados por las guerras desde hace más de diez años, paró la explotación de la selva, pero se está retomando, y en Asia hay procesos de deforestación que destruyen 130 mil kilómetros cuadrados por año. Es un proceso que continúa con todos los gobiernos del mundo, independientemente de su orientación política.

Lo cierto es que hay discursos y prácticas contradictorios. Al mismo tiempo que se enuncia un discurso de conservación de la naturaleza, hay extractivismo creciente y, aunque hay pequeños programas de reforestación, muy concentrados, éstos, como dice la FAO, son programas en 80% inútiles porque no tienen la continuidad necesaria, nacen y desaparecen.

En estas condiciones estamos frente a una deforestación continua en el mundo. Por ejemplo en Indonesia, en la isla de Sumatra, comenzó desde 1900 primero y después continuó en 1950,  ya para el año dos mil el mapa muestra la destrucción avanzada y el último mapa que se conoce, el del año 2010, se ve una destrucción casi total de la selva, debido sobre todo a la extensión de cultivos de la palma africana y el eucalipto. Especialmente de la palma, para agro combustible.

La extensión del agro cultivo con productos químicos ha tenido resultado fatales en Asia, y en la selva amazónica la situación es similar. No soy optimista porque en el sur amazónico se muestra una destrucción parecida de la selva, debido a la penetración de la frontera agrícola, especialmente en la zona del Matogroso del sur, por los cultivos extensivos de la soja y de la palma africana. 

La Amazonía está asediada. Hay avances de las fronteras petroleras con su consecuente efecto de destrucción; en el sur los monocultivos; en este y oeste las minas a cielo abierto y en el centro la explotación de madera además de la expansión del hidro combustible con las represas que inundan miles de hectáreas. Si las cosas siguen así, en 40 años ya no tendremos selva amazónica sino una sabana con algunos boques.

Monocultivo, violencia y agro combustibles

Otro hecho que me motivó a entrar en la lucha por la defensa de la agricultura campesina fue una invitación de la Comisión Justicia y Paz en la zona del Chocó, en Colombia, región cercana  al océano pacifico, donde  se extienden los cultivos de palma africana.

Estuve en las comunidades y viví muchas situaciones, entre ellas la violencia del conflicto interno, que expulsa a los campesinos de sus tierras, donde priman la intimidación, el temor y la expansión del desierto verde de la  palma.

Me invitaron a visitar comunidades donde se asesinó niños, se demolió iglesias y escuelas, y me mostraron el resultado de la destrucción de los buldóceres de las grandes empresas palmeras. Estas realidades  se repiten en la región sudamericana con sus particulares diversidades.

Ahí empecé a estudiar el problema de los agro combustibles, para mostrar esta falsedad mimetizada tras la energía verde, que antes de ser verde ha destruido muchas bases naturales de la propia producción.

Los monocultivos son elementos de una cultura, de una manera de pensar que ve natural la dominación del hombre sobre la naturaleza, esa especie de mesianismo del hombre sobre la naturaleza y el orgullo del ser que conquista la naturaleza.  Factores simbólicos que dominan este modelo y que debemos cambiar para evitar futuras catástrofes.

Otro ejemplo de monocultivo destructor es el cultivo de maíz en la cuenca del rio Mississippi, en  Estados Unidos, donde se triplicó la producción del grano para producir etanol de forma subsidiada, lo que requiere muchos agroquímicos por tonelada de maíz, cuyos efectos negativos llegan a las costas y generan un mar muerto. Esto se está multiplicando frente a las desembocaduras de los grandes ríos del mundo, que son dañados terriblemente. Externalidades o daños sociales que no son pagados por el capital, sino por las personas, por los individuos, las comunidades, los indígenas que deben emigrar de sus lugares de vida y de trabajo.

De ese modo, la agricultura se transforma en mercancía y es la única manera de tener ganancia,  propiciando el pasaje de la agricultura campesina a la agricultura capitalista, en un afán de contribuir  a la acumulación del capital donde los daños ecológicos y sociales no cuentan.

El bienestar de los campesinos

Más o menos tres mil millones de personas viven de la agricultura en el mundo y es preciso desarrollar un tipo de trabajo digno, un trabajo que sea decente para las y los campesinos.

En el Ecuador, un ejemplo, la producción de brócolis exportados es presentada por el gobierno actual como el modelo de una nueva matriz productiva, lo que permitirá al Estado recibir más entradas para apoyar las políticas sociales, pero a un precio muy alto, como la destrucción del suelo y del agua y el acaparamiento de comunidades; la contaminación de los productos químicos y la falta de respeto a las leyes. Y son empresas ecuatorianas las que tienen capitales en paraísos fiscales y explotan la mano de obra a mujeres con tasas muy bajas que escapan al seguro social. ¿Cómo es posible construir el socialismo del siglo 21 con el capitalismo del siglo 19? Esta y otras son realidades sobre las que debemos reflexionar y generar crítica, y no sólo emitir un discurso contradictorio.

En ese modelo el sujeto aparece como una forma arcaica, perdiendo su calidad de sujeto, como objeto. En América Latina, en  particular, estas son condiciones muy negativas y el problema radica en cómo reconstruir  o plantear condiciones que permitan al campesino ser un actor en todo el sentido. Si se estudia la realidad se puede ver al campesino como actor en condiciones muy precisas.

Tareas pendientes

Sin duda todo lo visto y estudiado exige promover otro modelo de desarrollo, porque dentro del modelo predominante no podemos esperar el tipo de desarrollo humano que buscamos, ese paradigma que debemos cambiar.

Vemos actualmente la profundidad de la crisis financiera, una crisis económica, energética y alimentaria con la especulación que lleva adelante el capitalismo en el área de la producción de alimentos. Todo eso es fruto de la lógica de una modernidad absorbida por la ley del mercado. Se deben aplicar reformas, pero eso no basta frente a una crisis de civilización, ética y moral, y por ello debemos pensar en alternativas, algunas son planteadas por el libro Agriculturas Familiares en Latinoamérica.

¿Cómo trasformar la relación con la naturaleza? ¿Acaso desde un modelo de extracción, que concibe a la naturaleza como mercancía? ¿O desde una concepción de la naturaleza como fuente de vida, de lo espiritual, de una base material de la vida -pues no hay vida sin base material-? ¿Cómo  hacer el pasaje del valor de cambio como único valor a la visión del valor de uso? Debemos seguir reflexionando.

Hay miles de iniciativas en distintos ejes, principalmente en la otra producción de vida material desde la economía popular, en el orden de la defensa de los derechos de mujeres, de los indígenas y de los y niños. El problema es que son iniciativas locales, la mayoría de las veces marginadas, y no hay fuerza acumulada que permita su visualización y empoderamiento. No cabe duda que se trata de un proceso largo y duro, que significará luchas sociales, porque el capitalismo no muere por sí mismo, sino que su desaparición será resultado de las luchas sociales.

Por ello se deben promover estas trasformaciones para lograr el apoyo a la agricultura campesina como una apuesta revolucionaria en el mundo actual, lo que equivale, en términos más concretos, a luchar para la creación de condiciones que permitan responder a los tres desafíos de la agricultura mundial: Nutrir a la humanidad, permitir a la tierra regenerarse y asegurar el bienestar de los actores. Vale la pena.

El camino que propone el libro

En resumen, el  libro Agriculturas Familiares en Latinoamérica trata de ver los grandes aspectos de la agricultura campesina de hoy, las dificultades de producir, las dimensiones de la comercialización, las relaciones con la ciudad, el problema de la cultura y la falta de equipamiento social cultural, entre otros.

El texto nos ayuda a tener una visión sobre cómo recrear la agricultura campesina organizada socialmente y la forma en que ésta permitiría a los campesinos vivir una vida digna sin forzarlos a migrar a la ciudad en un proceso salvaje.

Pretendemos estudiar la realidad y hacer propuestas políticas que, entre otras dimensiones, incluyen: Ayudar a favorecer la pequeña agricultura con la posibilidad de producir mejor con los mejores instrumentos, los más adaptables a los suelos y tierras; mejorar el comercio, las vidas los campesinos y la comunicación; organizar respuestas eficaces a los problemas de salud y educación en el medio rural, y así sucesivamente, cosas concretas para una vida campesina con alta calidad.

Hoy, en general, la agricultura campesina ofrece poca calidad de vida para sus sujetos actores, los campesinos. Sin embargo, la situación que se repite en los distintos países de la región es que, precisamente se extienden las políticas en favor del monocultivo que en la mayoría de los países dan resultados favorables inmediatos, incrementan la exportación y la generación de divisas para el fisco, por lo que casi todos los Ministerios de Agricultura de América Latina lo favorecen.

Una alternativa, que no es la única solución, pero  ayudaría es alentar la integración latinoamericana para la limitación de las grandes multinacionales, potencias tan grandes que los pequeños países no pueden combatir, poniendo normas, por ejemplo, sobre el uso de transgénicos, sobre las extensiones dedicadas al monocultivo. Luchar en bloque será el único camino.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Para continuar aportando al diálogo sobre el estado actual de la Agricultura familiar, difundimos en esta oportunidad el presente artículo, que mereció una mención entre los resultados del Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, en la versión del año pasado. El autor nos propone una mirada actual al tema a partir de la construcción de su concepto, de algunos hechos de escala internacional y de experiencias de políticas públicas en Brasil que están contribuyendo a reinstalarlo, definitivamente, en las agendas del momento.  

La Agricultura Familiar no es un tema reciente ni desconocido, ya se ha estudiado desde hace varios años. Sin embargo actualmente comienza a estar en boca de todos como concepto revolucionario, esperando llegar a nuestras bocas (literalmente) en forma de bienes de consumo. Por ello, para abordarlo es preciso antes definir el concepto.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se entiende como Agricultura Familiar aquella producción agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que, pese a su gran heterogeneidad entre países y dentro de cada país, tiene un acceso limitado a recursos de tierra y capital; hace un uso preponderante de fuerza de trabajo familiar, siendo el o la jefa de familia quien participa de manera directa del proceso productivo; y en la cual la actividad productiva es la principal fuente de ingresos del núcleo familiar.

Se plantean tres tipologías de Agricultura Familiar: la de subsistencia, orientada principalmente al auto consumo y no es actividad de dedicación exclusiva, la de transición, que tiene mayor dependencia al auto consumo y genera pocos excedentes, y la consolidada, que abastece el auto consumo y genera excedentes suficientes para la reinversión[1].

De nuevo en agenda

¿Qué permitió que el concepto adquiriera la relevancia que tiene hoy? La convergencia de varios factores ha sido fundamental para llevar a la Agricultura Familiar a donde está hoy. Un breve recuento histórico nos remonta a la Cumbre Mundial Sobre Alimentación, del año 1996, donde se definió el concepto de Seguridad Alimentaria como la garantía en todo momento de “acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana[2].

Posteriormente, se aprobó la Declaración de los Objetivos del Milenio. En el debate también se añadió la definición del concepto de Soberanía Alimentaria como “el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva para toda la población respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de espacios rurales[3].

Otros dos hechos, más recientes, explican la consolidación del este concepto dentro de las agendas nacionales: por un lado la crisis alimentaria de los años 2007 y 2008 y, por otro,  la Declaración del Año de la Agricultura Familiar por parte de las Naciones Unidas en el 2014.

El mundo ha encontrado en la Agricultura Familiar una alternativa para enfrentar algunos problemas. Este tipo de agricultura, por otra parte,  de acuerdo a la FAO, contribuye al alcance de los Objetivos del Milenio, principalmente tres: erradicar la pobreza extrema y el hambre, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

¿Qué pasa en Colombia?

En Colombia, mi país de origen, el sector rural ha sido abandonado por décadas, y este desprecio ha sido una de las causas del origen y la agudización del conflicto armado que aún hoy padecemos. Sin embargo, en los últimos años y gracias a la coyuntura internacional, el país ha venido interesándose en la Agricultura Familiar, entendiéndola como una opción para la superación de la pobreza y la pobreza extrema, que permita disminuir la brecha entre el sector urbano y el rural; como una solución al calentamiento global y, sobre todo, como una herramienta para la construcción de la paz. De hecho, la Agricultura Familiar constituye un apoyo a la reconstrucción del tejido social, dado el contexto de las negociaciones entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Colombia ha venido aprendiendo de una serie de experiencias a nivel internacional relacionadas con el tema, esperando, eventualmente, poder adaptarlas a su contexto. Una de ellas es la de Mapeo y Análisis de la Seguridad Alimentaria (VAM por su sigla en inglés), que constituye una herramienta de análisis y entendimiento de la dinámica de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional.

La experiencia VAM, que ha sido implementada en varios países, entre ellos Bolivia, ha permitido entender que una de las causas de la inseguridad alimentaria (común a los países latinoamericanos), es la baja capacidad de respuesta ante los factores que vulneran la seguridad alimentaria. La iniciativa del Programa Mundial de Alimentos (PMA), permitió también evidenciar que no son los factores climáticos (como sequías o inundaciones) los que de manera exclusiva determinan un estado de inseguridad alimentaria y nutricional, sino que además existen una serie de factores sociales que deben ser tomados en cuenta. Sobre este punto resulta interesante el enfoque diferencial hacia la población indígena que se realizó durante la implementación de la experiencia en Colombia.

Otra experiencia que vale la pena mencionar es el programa de Compras para el Progreso (P4P por su sigla en inglés) aplicado en más de 20 países a nivel mundial, también iniciativa del PMA, que busca fortalecer la Agricultura Familiar por medio del fomento de la asociación, la asistencia técnica y las alianzas estratégicas, con el fin de asegurar la inserción efectiva de los pequeños productores en los mercados, así como la reducción de intermediarios en las cadenas productivas y de comercialización, con vistas a aumentar sus excedentes como sujetos productores.

En el contexto de experiencias exitosas merece especial destaque la estrategia integral “Fome Zero” de Brasil, que tiene por objetivo erradicar el hambre y la pobreza extrema, para lo cual es importante resaltar que cuenta con una institucionalidad y normatividad bien establecidas, que garantizan la oferta de los programas sociales que hacen parte de ella.

La estrategia “Hambre Cero” gira alrededor de cuatro ejes. Por un lado el fortalecimiento de la Agricultura Familiar, por medio de la asistencia técnica y extensión rural; el acceso al financiamiento, las compras públicas y el ordenamiento agrario, entre otras medidas. En segundo lugar, el acceso a los alimentos, con acciones como la de Adquisición de Alimentos (PAA), el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Garantía de Precios, entre otros. El tercer eje es la generación de ingresos y la articulación (con programas como Bolsa Familia, entre otras acciones y, finalmente, la movilización y control social, con destaque al papel de los consejos en los municipios.

Hacer visible lo invisible

Un aspecto común a las iniciativas de Agricultura Familiar es la identificación explícita de sus sujetos principales, precisamente los agricultores familiares, ya sea por medio de la creación de registros o censos poblacionales o a través del fomento a la asociación de los pequeños productores, con el fin de aumentar su poder de negociación.

Así mismo, factores que este tipo de estrategias no dejan nunca de lado son la articulación entre las instituciones y el aprovechamiento conjunto del trabajo de las mismas. Un claro ejemplo de esto es el registro que se realizó para identificar los beneficiarios del programa Bolsa Familia, en Brasil, a quienes se les haría una transferencia de recursos. Esos datos, por cierto, son utilizados por otros programas gubernamentales como fuente de información.

Énfasis en políticas públicas

La Agricultura Familiar ha sido objeto de políticas públicas específicas,  como es el caso del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), también en Brasil, con el objetivo principal de estimular la generación de ingresos y mejorar el uso de la mano de obra familiar, por medio del financiamiento de actividades y servicios rurales agropecuarios y no agropecuarios  desarrollados en un establecimiento rural o en áreas comunitarias cercanas.

Para cumplir con su objetivo, la etapa inicial del programa fue la realización de un registro de identificación de los Agricultores Familiares llamado Declaración de Aptitud al PRONAF – DAP (por sus siglas en portugués Declaração de Aptidão ao PRONAF), creándose una figura especial, conocida como DAP Jurídica para asociaciones y cooperativas de productores. El registro los hace elegibles para ser beneficiarios de las políticas públicas de los distintos ministerios, no obstante, no es una garantía de que sean efectivamente elegidos.

Dentro de las dificultades que afrontan los agricultores familiares está el acceso a financiamiento y a los mercados, por eso, uno de los programas a los que pueden acceder quienes posean la DAP es el de Crédito Rural y el de Seguros de Agricultura Familiar (SEAF), que cuenta con financiamiento de origen público y privado, y otorga tasas de interés especiales a los pequeños productores.

También en Brasil, otro  programa que atiende estas necesidades es el de Garantía de Precios para la agricultura familiar, en el que se establecen precios mínimos de compra para asegurar que los agricultores familiares vendan su producto en condiciones competitivas con el mercado y estén protegidos ante eventuales caídas en los precios. Por otra parte, con el fin de garantizar el acceso a los alimentos por parte de poblaciones en situación de seguridad alimentaria y el acceso a los mercados por parte de los pequeños productores, se diseñaron programas como el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA).

En el mismo país se identificó como un problema notorio la dificultad de los productores familiares campesinos para obtener asistencia técnica, lo que motivó la creación del Programa Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (PRONATER), a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario, entidad encargada específicamente de las políticas relacionadas con la Agricultura Familiar. De este modo, los agricultores familiares reciben asistencia de un equipo de técnicos que les ayudan a elaborar proyectos de producción de acuerdo a su entorno y los acompañan en el desarrollo de los mismos. El programa cuenta con una herramienta conocida como Sistema Informatizado de Asistencia Técnica y Extensión Rural (SIATER), que permite realizar un acompañamiento online y una institucionalidad completa encabezada por la Agencia Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ANATER), que opera bajo la Ley de Asistencia Técnica y Extensión Rural.

Uno de los programas mencionados que resulta más interesantes en la experiencia brasileña es el PAA, creado en 2003, que atiende el objetivo doble de promover el acceso a los alimentos por parte de poblaciones en situación de seguridad alimentaria y la inclusión social y económica en el campo por medio del fortalecimiento de la agricultura familiar. El programa es desarrollado con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) y el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), sus directrices son definidas por un Grupo Gestor coordinado por el MDS y compuesto por más de cinco ministerios, en asociación con la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y los gobiernos estatales y municipales.

El programa tiene varias modalidades, entre ellas la de Compra con Donación Simultánea, mediante el cual los productos son destinados a bancos de alimentos, entidades socio asistenciales, cocinas comunitarias y comedores populares; la PAA – Leche, específica para la región nordeste de Brasil por su situación de inseguridad alimentaria en este producto; la de Formación de Stocks y la de Compras Institucionales.

En la modalidad de Formación de Stocks solo se trabaja con asociaciones y cooperativas de agricultores familiares (es decir, asociaciones en las cuales más del 60% de los integrantes estén identificados como agricultores familiares) que posean DAP – jurídica y la comercialización está a cargo de CONAB. Entendiendo el problema que afrontan tanto en la demanda (en casos de desabastecimiento) como en la  oferta (por caídas de precios en los mercados), esta modalidad surge como una alternativa que permite a la CONAB comercializar los productos de los agricultores familiares en el momento más oportuno a precios justos.

Por otra parte, la modalidad de Compras Institucionales requirió de la creación de una base legal para exentar de los procesos licitatorios a los agricultores familiares por parte de las entidades públicas (universidades, hospitales, cuarteles militares, entre otros). En el caso de la red pública de enseñanza se identificó una alta población de estudiantes que necesitaban ser alimentados (es decir una demanda muy alta), ante esta oportunidad, se estableció un mínimo de 30% de compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar. Ante dificultades como el rápido vencimiento de los alimentos, se prefirió la compra de productos provenientes de las mismas regiones, lo cual se tradujo en otros beneficios, como menores costos de transporte y generación de ingresos del entorno. En esta modalidad es fundamental el papel del Ministerio de Educación de Brasil. 

Esperando la Cosecha

En conclusión, basándonos en las experiencias mencionadas, las políticas públicas enfocadas en la Agricultura Familiar deben apuntar a la identificación de su población objetivo, para lo cual es necesario contar con datos que no deben ser meramente expositivos. El registro de agricultores familiares resulta útil para garantizar el acceso a la oferta de programas institucionales como se ha demostrado en varios casos.

Actualmente, en Colombia se está desarrollando el Censo Rural, después de 43 años sin contar con información oficial sobre el sector, y se espera que sus resultados permitan entender la realidad rural del país, en la cual la Agricultura Familiar juega un papel primordial. Su fortalecimiento ayudará a superar entre otras problemáticas, como el conflicto entre el uso y la vocación del suelo, pues aunque de acuerdo a la FAO cerca del 80% de la producción agrícola del país proviene de la agricultura familiar, el área sembrada con relación al área cultivable es todavía muy pequeña.

Lo anterior se debe, en parte, a la alta concentración de la propiedad rural, ante lo cual la creación de cooperativas de pequeños productores constituiría una alternativa de solución, puesto que estos productores al aumentar su productividad y su nivel de ingresos, pueden eventualmente llegar a hacerse con más y mejores tierras.

Con el aumento de la productividad, el mayor acceso al financiamiento y a los mercados (algunos de los beneficios que implican los programas citados), se generarán mejores condiciones económicas y sociales en el sector rural, lo cual en mi país es fundamental en el ámbito del post conflicto, porque serviría para garantizar  a los combatientes desmovilizados oportunidades reales de empleo y una vida digna, lejos de las armas.

Por todas estas razones, poner la mira en la Agricultura Familiar y en iniciativas como la recientemente pasada Declaración del Año de la Agricultura Familiar es fundamental y se debe aplaudir a quienes ejecutan este tipo de políticas, que no solo ayudan a los pequeños productores, sino que ponen la Agricultura Familiar en boca de muchos.         

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Continúa la convulsión en el valle del Tambo, en la región de Arequipa, departamento del sur del Perú, donde los agricultores iniciaron un paro hace casi dos meses, protestando contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú Copper Corporation. El gobierno envió a la zona más de dos millares de policías y un contingente de militares. En el distrito de Cocachacra, hubo fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías con un saldo de tres muertos (dos pobladores y un policía) y centenares de heridos, hasta la fecha. 

En julio del año 2009, Southern Perú presentó al Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Tía María. Esta empresa opera una fundición y una refinería de cobre en la ciudad de Ilo, región Moquegua. Actualmente viene explotando las minas de Toquepala en Tacna y Cuajone en Moquegua. Con Tía María, extendería sus actividades mineras a tajo abierto en la región Arequipa.

Según el periódico español El País, “el proyecto Tía María genera tensiones en la zona desde 2009, cuando Southern Perú presentó por primera vez el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, planteando usar agua de río para la extracción de cobre: una evaluación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) lo rechazó, realizando r138 observaciones. En 2011 las protestas contra el proyecto causaron tres muertos y casi 50 heridos. La minera entregó un segundo EIA en 2013 con una modificación: desalinizar agua de mar para no abastecerse del río Tambo, y en 2014 el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, los agricultores temen que el polvo de la operación minera dañe sus cultivos”.

El mismo medio difundió la explicación del economista José de Echave, quien explicó que los agricultores de Islay temen “la profundidad de los dos tajos que prevé la operación, pues hay canales de aguas subterráneas muy cerca del trazo. La percepción es que Tía María va a romper los equilibrios en un valle donde no abunda el agua”, lo cual podría producir que gradualmente la agricultura desaparezca.

El conflicto de Tía María no es una excepción en el enfrentamiento económico y social que se produce cuando la agricultura familiar campesina y la extracción minera, dos formas de actividad económica, compiten por los recursos naturales de una región, principalmente el agua. Basta recordar, en el mismo Perú, las convulsiones en Bagua (Selva) y las de Cajamarca, con otro proyecto minero actualmente suspendido denominado Conga.

Por el interés y la sensibilidad del tema, tratado en varias oportunidades desde esta página web, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), contactó a Federico Tenorio, director del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS NORTE), institución con presencia en seis departamentos del Perú y más de treinta años trabajando en áreas de desarrollo local.

¿Cómo puede analizarse el conflicto desde la perspectiva del desarrollo local?

Los conflictos generados en los últimos años, como el de Tía María, no se iniciaron con una paralización ni con actos violentos,  tampoco con la población en contra del Estado. Se iniciaron por la toma de decisiones de manera vertical, sin una consulta previa; la población, al no sentirse escuchada en sus intentos por dialogar y expresar sus preocupaciones, opta por movilizaciones, huelgas o paralizaciones. Recién en ese contexto, y con la presión de los medios de comunicación, las empresas le prestan alguna atención. Todo ello refleja la desarticulación del Estado en sus diferentes niveles y un proceso de descentralización deficiente; los gobiernos locales no se sienten parte del Estado en su conjunto. A eso se suman capacidades limitadas de sus decisores y equipos para transformar constructivamente un conflicto y concertar decisiones.

En Perú un conflicto sólo es visibilizado cuando se encuentra en un estado de violencia y ha cobrado víctimas. No obstante, los conflictos son parte del desarrollo de un sistema social, nos permiten analizar situaciones y las formas de hacer las cosas y corregir los problemas para el bienestar de la población involucrada. Como señalan estudiosos del tema, en regímenes democráticos la conflictividad social es parte de una dinámica pluralista y consecuencia lógica de un ejercicio de libertades, de capacidades de acción colectiva y de participación en el espacio público y la democracia es un “orden conflictivo” por naturaleza. La clave está en que la conflictividad social se canalice institucionalmente, a través de mecanismos previsibles y de maneras pacíficas, de forma tal que no sean disruptivos del orden público ni de los derechos de terceras personas.

Estos sucesos ponen en evidencia que nuestras sociedades son débiles institucionalmente, con altos niveles de exclusión social y un desencuentro entre sus expectativas y las posibilidades de acceso a bienes, servicios y, sobre todo, reconocimiento. En muchas ocasiones algunos representantes estatales actúan bajo patrones de negociación y de acción política altamente contradictorios.

Todo ello genera retrocesos en el desarrollo local. Desde el punto de vista económico la paralización estanca la producción y genera pérdidas, sobre todo en los sectores marginados, que subsisten de sistemas productivos locales como la agricultura. No obstante, como menciona Martín Tanaka, en su artículo El futuro de los conflictos en el Perú, no todo es negativo, ya que estos procesos han producido un nivel de organización de la población para sus protestas o movilizaciones, formando colectivos de sociedad civil que se integran por un objetivo común y refuerzan su condición de ciudadanía.

¿Quiénes están en contra son efectivamente agricultores campesinos familiares o también participan empresas grandes de producción agrícola?

En el Valle de Tambo viven especialmente familias dedicadas a la pequeña agricultura que constituyen los actores directos que, en su gran mayoría, se manifiestan contra el proyecto minero. Pero también  se encuentran la Municipalidad de Dean Valdivia, representada por Richard Ale y otros alcaldes distritales y el alcalde provincial de Islay, quienes han expresado su apoyo a las medidas tomadas por la población.

De acuerdo a la información de la Junta Nacional de Usuarios, en este valle se encuentran inscritos 3,529 usuarios, organizados en tres juntas de regantes y 20 comisiones que abastecen alrededor de 9,800 hectáreas bajo riego. En su gran mayoría los usuarios son propietarios de entre una y diez hectáreas. Según la misma fuente, aproximadamente el 30% de estas tierras cuenta con cultivos permanentes, principalmente de caña de azúcar, frutales, olivo y alfalfa, siendo 70% de cultivos transitorios como arroz, cebolla, ajo, maíz, papa y hortalizas, entre otros; todo orientado a los mercados regionales y nacional.

Alrededor del conflicto socio ambiental de Tía María están involucrados otros actores diversos, como autoridades locales, regionales y nacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

¿El riesgo potencial afecta a ambas modalidades de producción? ¿De qué manera?

El agua es utilizada para el desarrollo de actividades agrarias y de consumo familiar, siendo vital para la sobrevivencia de las familias, en ese sentido la población se sienten amenazada, por la inequidad en la distribución de los recursos, lo cual se convierte en una fuente de confrontación. Toda inversión minera que parte de la explotación de recursos naturales afecta a los sistemas de producción, sobre todo a la pequeña agricultura familiar, dado su fuerte dependencia del agua y bajos niveles de tecnificación. 

Desde una mirada optimista, las inversiones mineras podrían promover el desarrollo de negocios y emprendimientos locales en torno a las necesidades de la población que trabaja para las grandes empresas extractivas; así mismo, la demanda de productos agrarios se incrementaría, la infraestructura vial mejoraría y el dinamismo económico de las ciudades intermedias podría experimentar un crecimiento. No obstante, estas inversiones también generan una nueva distribución de los recursos, principalmente el agua.

Desde el lado de las empresas extractivas se hace necesario,  el cumplimiento de los requerimientos ambientales, la protección de los recursos locales y garantizar a la población que estos recursos no se verán afectados, además de una comprensión de las sociedades locales, de las expresiones culturales y sus dinámicas económicas y que no siempre son estudiados y analizados desde antes del inicio de cualquier operación. Adicional a ello, es necesario considerar los antecedentes de las inversiones efectuadas por esta empresa que no ha permitido generar confianza en la población.

Según el análisis presentado por Actualidad Ambiental, “…en casi seis décadas de operaciones ininterrumpidas, en las regiones de Tacna y Moquegua, a donde llegaron para extraer cobre hace más de medio siglo, han denunciado constantes casos de contaminación que afectaron directamente a los agricultores de los valles costeros y las localidades cercanas a sus centros de operación”.

En poblaciones cuya actividad económica principal es la pequeña agricultura, un proyecto como el de Tía María genera muchos temores, debido a la comunicación inadecuada y a la inexistencia de consensos sobre temas claves  no resueltos.  Aunque han superado la preocupación por el uso de las aguas del río Tambo, descartado por el Ministerio de Energía y Minas y la propuesta de usar agua del mar, el temor es por los riesgos ambientales frente a las excavaciones que pueden afectar seriamente los lechos de las aguas subterráneas, el uso de los ácidos y partículas nocivas que se generarán en las minas y corren el riesgo de expandirse; que podrían limitar sus actividades productivas y generar cambios de cédula de cultivos, que no respondan a una mejor rentabilidad en el mercado. De hecho, se han producido casos con cambios en los sistemas de producción de las poblaciones más cercanas a los entornos mineros, abandonando la producción tradicional agropecuaria, por el acceso a trabajo remunerado en las empresas mineras y en algunos casos venden sus tierras y emigran a las ciudades.  

¿Hay experiencias en su país sobre arreglos que prometan una convivencia fructífera entre agricultura y extracción minera?

En Perú hay experiencias que se pueden catalogar como menos conflictivas, producto de un trabajo desde la empresa para ganar legitimidad ante la población, partiendo de propuestas claras e inversiones sociales que han logrado de alguna manera responder a sus necesidades, además de contar con buena reputación dentro del sector minero. Por ejemplo, en una primera etapa de trabajo se sensibiliza a los distintos actores (pobladores y autoridades comunales, autoridades municipales, líderes locales y de diversas actores de la sociedad civil), formulando diagnósticos participativos, que permiten conocer el perfil de los diferentes actores, su visión y sus expectativas sobre los temas críticos en los que es pertinente generar encuentros y consensos, identificando cuáles son sus percepciones y temores, que mediante espacios de diálogo deben ser abordados.

Algunas empresas cuentan con una estrategia de responsabilidad social y desarrollo sostenible expresados de manera clara, transparente y, sobre todo, con una actuación que involucra a todas las áreas de la organización. Esta característica es asumida por el conjunto del personal, que asume un relacionamiento de cooperación y compromiso real por el desarrollo de su entorno de influencia directa.

Es preciso mencionar que la mayoría de los ámbitos donde la minería trabaja presenta altos índices de exclusión y pobreza, con un contexto organizativo desde la sociedad civil y los gobiernos locales altamente debilitado y fragmentado; donde los recursos de que disponen son vitales para la población. En ese contexto, las empresas podrían establecer alternativas de beneficio mutuo desde el inicio, creando confianza y seguridad en la población acerca de un desarrollo conjunto y no aprovechamiento desoyendo la participación de las comunidades.

Otro mecanismo son los fondos sociales, conformados a partir de recursos de los pagos realizados por la concesión que las empresas hacen al Estado. En otros casos, las propias empresas se han autoimpuesto un porcentaje de sus utilidades para alimentar estos fondos. La administración de estos fondos es asumida por representantes de la población, el gobierno local y  la empresa. Estos recursos pueden facilitar un ambiente de licencia social a través del fortalecimiento de la institucionalidad local, como un medio para impulsar el desarrollo sostenible del territorio, con inversiones socialmente responsables; sin caer en el asistencialismo.

Finalmente, se están haciendo nuevos planteamientos sobre la distribución de una parte de las utilidades de la explotación minera que deberían beneficiar de manera directa a las poblaciones afectadas. Por otro lado, es importante que las comunidades locales cuenten con información suficiente y sistematizada para adoptar decisiones que les permita formular una visión de sus territorios, aprovechando sus potencialidades en armonía con los conflictos de uso y gestión de los recursos naturales, previendo las necesidades de las generaciones futuras y la satisfacción de las actuales.

¿Puede hablarse de una posición intermedia, qué aspectos contempla?

En ciertos territorios, como el caso de Huancavelica, Pasco o Cajamarca, luego de décadas con importantes inversiones y crecimiento económico basado en la minería, no se ha podido evidenciar mayores impactos en el desarrollo social y en el bienestar de sus habitantes especialmente rurales. En la percepción de la población, la presencia del Estado está caracterizada por ofertas incumplidas, incapacidad para la negociación, precariedad en los servicios e incapacidad de gestión para favorecer a los amplios sectores de población como son las comunidades rurales y los barrios más pobres.           

Estos niveles de conflictividad y desigualdad menguan el proceso de desarrollo y trasmiten desconfianza ante el Estado, las pérdidas generadas son invalorables y hay demanda de inversiones mayores por todos los actores  inmersos en los territorios para superar y transformar esta situación. Frente a esto, se hace inevitable la trasformación de las formas de actuar de las instituciones, especialmente las estatales, para adoptar acuerdos y evitar el escalamiento que provoca confrontaciones, las mismas que demandarán intervenciones nacionales e internacionales.

Como actores en los territorios tenemos responsabilidades compartidas entre Estado, empresas mineras y sociedad civil. Es imprescindible promover espacios de diálogo y búsqueda de consensos para construir la unidad, donde cada cual tenga ese sentido de pertenencia e identidad con su territorio y proyecto futuro; evitando el conflicto improductivo y generador de brechas y maltratos.

Las actividades extractivas en general, por su alto riesgo ambiental, requieren ser especialmente controladas por nuestras autoridades y vigiladas por la población, en base a parámetros precisos y planes de gestión territorial. Antes de iniciar operaciones en un espacio la actividad minera debe ser técnicamente sustentada, políticamente institucionalizada y democráticamente legitimada por la población. Ello implica que las empresas mineras, deben demostrar un alto grado de responsabilidad social y ambiental, y en coordinación con el Estado y agentes de sociedad civil, se comprometan con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Basados en el análisis realizado por CEDEPAS Norte, una visión compartida del desarrollo, en ámbitos con potencial minero, requiere de:

• La planificación concertada del territorio con la participación amplia de todos los actores locales, que permita contar con instrumentos orientadores para el desarrollo de las comunidades, respetando el valor y modelos de gestión que asuman sobre los recursos naturales.
• Desarrollar labores de comunicación con la población, brindar una adecuada y transparente gestión de la información; generando el conocimiento racional y sustentado acerca de las oportunidades y riesgos que genera la minería en su territorio; sobre de qué modo afectará sus propiedades y modos de vida; y tomar conocimiento sobre los potenciales beneficios que se pueden obtener en el corto, mediano y largo plazo (empleo, servicios, inversiones, mercado, recepción de posibles ganancias, etc.).
• Desarrollar capacidades locales para negociar favorablemente frente a las empresas mineras supone conocer mejor la naturaleza de la actividad y sus distintas fases (exploración, construcción, explotación y cierre). Las posibilidades de presentar alternativas para compartir las decisiones, los riesgos y las ganancias mineras.
• Desarrollar capacidades para la gestión y conservación de los recursos naturales locales; especialmente, fortalecer la institucionalidad local para un monitoreo de la actividad minera y sus efectos sobre los recursos naturales, especialmente del agua, con información de base e indicadores establecidos concertadamente.
• Formar recursos humanos locales con capacidad de planificar y gestionar su desarrollo social y económico, así como de vigilancia estricta del uso de los recursos públicos.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Las últimas semanas Bolivia estuvo pendiente de la realización y conclusiones de la denominada Cumbre del agro, convocada por el Gobierno de Evo Morales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Alrededor del evento corrieron muchas especulaciones, análisis y advertencias (Ver la sección noticias en esta página web). Por ello es oportuno difundir el presente artículo, basado en el documento con el mismo nombre que el autor presentó en un reciente simposio internacional sobre la importancia de la agricultura familiar comunitaria para la seguridad y soberanía alimentaria). El artículo demuestra que en Bolivia, donde la población rural campesina e indígena es aún significativa y está inmersa en un proceso político intenso de empoderamiento y participación, el reconocimiento de la importancia de la agricultura familiar para la alimentación y nutrición de la población, dentro de un concepto de soberanía alimentaria, no es suficiente para que este sector productivo mejore su oferta productiva, su calidad de vida y su participación política.

Los sistemas de alimentación y nutrición de una sociedad están compuestos por relaciones dinámicas entre diferentes componentes de nivel personal, familiar y comunitario, que llevan a un resultado final expresado en el estado nutricional de la población. La importancia de cada componente depende de la situación socioeconómica de las personas que operan los sistemas en sus sociedades.

Los agricultores familiares son un componente destacado en los países en vías de desarrollo y con población rural significativa, para asegurar la disponibilidad de alimentos. Su importancia ha sido reconocida a nivel mundial hace varios años, gracias a la incidencia que a nivel regional y global realizó el movimiento Vía Campesina. Este reconocimiento vino aparejado con el lanzamiento del concepto de soberanía alimentaria, entendido como la capacidad de una sociedad para definir y establecer sus propios sistemas de abastecimiento de alimentos, con las consideraciones ecológicas, culturales y sociales respectivas, entre otros aspectos.

El nuevo concepto obliga a consideraciones políticas respecto a los agricultores familiares, quienes desde entonces fueron “designados” como los principales responsables de la soberanía alimentaria, aunque el concepto, sin embargo, no abarca todo un sistema de alimentación y nutrición y se enfoca especialmente en la producción local de alimentos.

Sucesivos gobiernos han establecido diversos programas de apoyo a la agricultura familiar (desde los de infraestructura de riego hasta los de incremento de productividad, asociatividad y el mercadeo “justo”), lo que debe ser beneficioso para la sociedad en general en lo concerniente a incrementar la oferta alimentaria y porque permitirá ejercer una mayor soberanía sobre la disponibilidad de alimentos en los mercados locales.

Una mirada al contexto

En Bolivia la mayor cantidad de población en situación de extrema pobreza se localiza principalmente en las áreas rurales, donde la mayoría también tiene como principal actividad económica la producción agropecuaria a través de pequeñas propiedades. Un indicador de esta pobreza, que es también el resultado del sistema ineficiente de su sistema de alimentación y nutrición, es una alta prevalencia de desnutrición. Aún más, también sufre de una alta inseguridad o vulnerabilidad alimentaria (PMA, Bolivia).

El Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018 (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2013) establece en su marco conceptual de “agricultura familiar sustentable” el desafío de erradicar la pobreza extrema hasta el año 2025 y la necesidad de que en esa dirección se establezca un vínculo entre seguridad alimentaria y extrema pobreza, entendiendo que es en el ámbito rural donde se localizan. Si los agricultores familiares sufren de pobreza, expresado en desnutrición y alta inseguridad alimentaria, ¿Es justo que se hagan responsables de la soberanía alimentaria nacional? ¿Es justo que estén en esta situación de exclusión estructural?

El abastecimiento de alimentos en el país está a cargo principalmente de los pequeños agricultores familiares, los que reciben poca compensación social y económica por ella. Al lado opuesto, hay un pequeño grupo de grandes productores que aportan poco al abastecimiento de alimentos, pero que gozan de altos ingresos y de otros beneficios, especialmente el de tenencia de grandes extensiones de tierras, además de subsidios significativos como el de combustibles.

El rol del Estado respecto a la producción agropecuaria ha cambiado positivamente en los últimos años, pero no ha sido suficiente. Por ejemplo, se reconstruyó el espacio agrario público con diversas unidades – aunque a costa de la unidad y coordinación de sus intervenciones-; se han establecido nuevos marcos legales y programas de servicios (como las Leyes 071, 144, 300, 338 y otras); se incrementó la inversión pública sectorial de 76 millones de dólares a 220 millones entre el 2006 y el 2013, aunque en términos relativos pasó de 8,6 a 6,4% del total de la inversión pública. Sin embargo, con acciones, programas e inversiones no se produce lo suficiente para atender la demanda interna de alimentos, especialmente porque la agricultura familiar continúa en desventaja ante la agroindustria. En las 2,400.000 hectáreas en producción actual, aproximadamente la tercera parte, 800.000 hectáreas, están dedicadas mayormente a la soya.

Pero los productos tradicionales que componen las canastas de alimentos de las familias bolivianas todavía son principalmente abastecidos por los desatendidos agricultores campesinos e indígenas (Danilo Paz Ballivián, La Razón, 3/8/14). La productividad de los cultivos de ambos grupos, sin embargo, es baja, por lo que su principal diferencia es la magnitud de la propiedad (La soya está en 2,5 TM/Ha, la papa en 5,6, la quinua en 0,46, el maíz en 2,76) debajo de los niveles alcanzados en países vecinos (MDRYT, 2013).

Pese a todo, hay potencialidades

Pese a los datos precedentes, hay que reconocer que hay un espacio importante para incidir en las capacidades productivas de los agricultores familiares, principalmente campesinos e indígenas en Bolivia, y mejorarlas, expandiendo sus potencialidades. Productividad por tecnología. La productividad por cultivo puede incrementarse fácilmente (y en algunos casos duplicarse o más) con cambios tecnológicos simples, como el de la introducción de semillas mejoradas y técnicas básicas de cultivo. Esto ha sido probado en Potosí con la papa y las habas.

Productividad por riego. El acceso a sistemas de micro riego que maximicen la captación y uso del agua de micro cuencas para el riego de las parcelas puede tener un alto impacto en la productividad, así como en el aseguramiento de los ciclos vegetativos de los cultivos. El mejoramiento del abastecimiento de agua, por su nivel de inversión, usualmente trae consigo la implantación de cultivos diversos y de alto rendimiento.

Rentabilidad por acceso a cadenas de valor. El valor de las ventas de los productos de los agricultores puede incrementarse por su conocimiento y mejor acceso a las respectivas cadenas de valor. Igualmente, se pueden reducir los costos de los insumos y otros determinantes de la producción,  significando desde ya una incorporación del agricultor a las reglas del mercado.

Rentabilidad por asociatividad. El valor de las ventas también se puede incrementar por negociaciones y capacidades grupales por producto, así como para obtener insumos con ventajas comparativas. Este potencial debe sumarse al de las cadenas de valor, para defender a los agricultores familiares de las distorsiones de los mercados.

Rentabilidad por acceso a sistemas locales cortos de seguridad alimentaria. Se trata de ingresos generados por las demandas institucionales para alimentación complementaria local. Generalmente se requiere un mejoramiento de la capacidad del agricultor familiar para afrontar con mayor eficiencia los procesos de post cosecha y transformación.

Protección de valores culturales. Los campesinos e indígenas conducen la producción agropecuaria con base a conocimientos y tradiciones locales, generalmente entrelazadas con una cosmovisión integral con los recursos naturales y los modos de vida comunitarios.

Protección de los recursos naturales. Por su misma cosmovisión, la producción agropecuaria familiar se hace respetando y cuidando el agua, la tierra y las semillas (genes) de variedades adaptadas a su medio. Los bosques y la fauna local, sin embargo, no tienen la misma valoración.

También hay limitaciones

Asumiendo que todas estas potencialidades pudieran ser desarrolladas de tal manera que se complementen, se obtendrían cambios significativos en la productividad de las unidades familiares y sus ingresos económicos, lo que puede tener un efecto muy importante en la reducción de la pobreza rural, especialmente la de grado extremo.

Sin embargo, hay limitaciones de orden estructural que impiden que estos cambios beneficien a esta población en forma sostenible y que trasciendan a la generación agricultura actual. Algunas de estas limitaciones, se mencionan a continuación.

Acceso limitado a la tecnología disponible en el país y escasa capacidad institucional para la generación de tecnología apropiada. Los servicios institucionales disponibles de transferencia de tecnología son mínimos, entre otros factores porque el sector público agropecuario en su componente de asistencia técnica ha sido reducido a sus niveles mínimos en los últimos decenios, para el servicio a pequeños productores, mientras que los grandes productores lo adquieren con la compra de “paquetes” tecnológicos que incluyen insumos y tecnología. La investigación agropecuaria también se ha minimizado y en muchos casos se concentró en los productos para la agricultura y ganadería mayor. Los bajos niveles educativos de los campesinos e indígenas también limitan su acceso.

Poca disponibilidad de agua y de tierras irrigables. Las zonas donde se concentran los campesinos e indígenas en la región occidental y en la zona chaqueña de Bolivia carecen de fuentes significativas de agua para riego (y consumo) y dependen de aspectos climáticos irregulares que tienden a la sequía. Al mismo tiempo, estas mismas poblaciones se asientan en áreas con bajo potencial de riego por sus características fisiográficas difíciles.

Limitada capacidad de valor agregado de los productos. Aunque los agricultores puedan acceder a cadenas de valor para maximizar la eficiencia de la gestión de sus emprendimientos, incluso con el uso de tecnología apropiada, el pequeño tamaño de las unidades productivas minimiza las magnitudes de los valores agregados que se obtienen. Algunos cultivos que producen ingresos extraordinarios por hectárea, como la coca, no son expandibles y, además, están en franco proceso de rendimientos decrecientes. Otros con alta demanda local, como la papa o el arroz, sufren la inestabilidad de precios y distorsiones de mercado (Contrabando, estacionalidad y otros) que escapan a la capacidad de gestión de los productores.

Escaso impacto de la asociatividad. El poder de negociación de los productores solamente generará incrementos de ingresos hasta el límite de la “incapacidad” de la magnitud de sus unidades productivas, el promedio es de una hectárea por familia en el occidente del país.

Insuficiente impacto generacional del acceso a sistemas locales cortos. Aunque para la generación actual este acceso le asegura mercado e ingresos para la familia, no es suficiente para sostener a las siguientes generaciones de productores en las condiciones actuales antes enumeradas.

Pérdida de valores culturales locales. La urgencia de la actividad económica eficiente para la supervivencia de la familia conduce a la práctica agrícola comercial que se aleja de los valores culturales locales. A ello se suma la emigración de la población joven a áreas urbanas.

Agotamiento de recursos naturales. Por la misma razón anterior, a lo que se suma el limitado acceso a capital y el bajo nivel educativo de la población, se hace un uso inapropiado del suelo y el agua. El suelo no es adecuadamente protegido ni fertilizado por sus altos costos. A ello se suma el cambio climático expresado localmente principalmente por la reducción del período de lluvias, para lo cual todavía no hay significativas capacidades de adaptación y resiliencia.

Conclusiones

Por lo expresado, la agricultura familiar en Bolivia, que todavía es la principal abastecedora de la canasta de alimentos de la mayoría de la población, tiene la posibilidad de maximizar sus potencialidades si es que se superan todas las limitaciones que se han enumerado. Sin embargo el mejoramiento tendrá un nivel relativamente limitado en impacto económico y a la presente generación poblacional, debido a la presencia de factores estructurales, entre los cuales están principalmente el de la tenencia de la tierra y el limitado ejercicio del derecho a la educación.

El éxito que se pudiera tener en la maximización de las potencialidades puede contribuir significativamente a la reducción de la pobreza extrema que afecta a esta población rural, pero no tendrá un efecto sostenible para la reducción de la pobreza en general. Es aún más incierta la posibilidad de que este sector productor pueda mantener en un nivel adecuado la oferta de alimentos tradicionales para asegurar la plena soberanía alimentaria nacional.

Estudios recientes de consumo de alimentos y nutrición en poblaciones campesinas e indígenas en el departamento de Chuquisaca, que han sido apoyadas por programas de seguridad alimentaria de la sociedad civil y de asociaciones público – privadas en los últimos cinco años, incluyendo el manejo de cadenas de valor y la demanda de sus productos por programas institucionales, no han podido modificar significativamente las magnitudes de su consumo familiar de alimentos (Ayuda en Acción, 2013). Agregando a este paquete de intervención la generación de capacidades para la diversificación con la producción orgánica de hortalizas, se lograron mejoras significativas en los ingresos, pero la limitación insuperable fue la tenencia de la tierra para ganar una sostenibilidad generacional (Ayuda en Acción, CENAPE, FAO, 2012 – 2013). Las unidades de producción en la zona tienen una superficie promedio menor a 1 Ha., de las cuales solamente se asignaron a la producción orgánica un promedio de 1.600 m2 o 0,16 Ha.

Por otro lado, familias provenientes de ámbitos rurales que migraron a la zona subtropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, y optaron por la producción de cultivos comerciales, tuvieron resultados altamente significativos en sus ingresos familiares. Con la coca Bs.24.000/Ha/año; con el café orgánico Bs.13.000/Ha/año (Cáritas Coroico, 2014). Iguales resultados se obtuvieron con familias que migraron a los programas de asentamiento en zonas de Yapacaní y San Julián, departamento de Santa Cruz, donde se ha evolucionado a la agricultura moderna agroindustrial familiar y a la generación de puestos de trabajo como asalariados para otros campesinos del mismo origen (Fundación Tierra, 2013).

Propuestas

Estos resultados permiten concluir que es conveniente (y sobre todo un acto de justicia) apoyar a la agricultura familiar campesina e indígena en Bolivia, en el plazo inmediato, para maximizar sus potencialidades y contribuir en la lucha contra la pobreza extrema rural.

Sin embargo, en ese plazo no debe restringirse el apoyo al incremento de la oferta de productos alimenticios solamente sino también trascender hacia la producción para fines comerciales, aunque no sean alimentos, pero que generen un ingreso familiar significativo, lo que redundará en una mayor capacidad adquisitiva de los agricultores que en parte se expresará en un incremento de su consumo de alimentos.

Por justicia y defensa de sus derechos, este apoyo debe proyectarse explícitamente para que en la siguiente generación (10 a 20 años) se conduzca una transformación de la unidad productiva actual a otra con mayor productividad en base a tecnología apropiada y recibiendo del Estado iguales o mayores beneficios que los que otorga a los grandes productores.

Este último punto cuestiona directamente la “obligación” que se quiere dar al agricultor familiar de defender la soberanía alimentaria nacional, que más bien debe ser un objetivo nacional que abarque a todos los productores, especialmente a aquellos que tienen más capacidades para ello.

La limitación estructural más grande que tienen los agricultores familiares es el minifundio. En consecuencia, se deben generar alternativas políticas nuevas que den acceso a estos agricultores a superficies agrícolas donde la productividad sea más sostenible en el largo plazo y que tampoco se limite a la asignación de tierras sino que sean programas de desarrollo local integral.

Hay que reconocer que el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018 (MDRYT) establece políticas y objetivos estratégicos encaminados en esta dirección (Especialmente la Política 1 y los objetivos estratégicos 2, 3 y 4). Conocidos algunos esfuerzos iniciales del gobierno boliviano enmarcados en esta política para reasentar campesinos de occidente en tierras fiscales del oriente, se sugiere establecer una estrategia nacional que permita hacer un reasentamiento masivo dentro de programas integrales de desarrollo territorial, utilizando las tierras fiscales que el país tiene (que ningún otro tiene en la región) y que esto sea una iniciativa motivacional y de movilización nacional en una gran alianza nacional.

En esa alianza deben participar el sector público, las organizaciones sociales, la cooperación internacional, el sector privado empresarial y también la sociedad civil promotora del desarrollo. Curiosamente, en el mencionado plan del sector agropecuario se excluye totalmente a este último grupo que, sin embargo, fue conservado y protegido en las capacidades técnicas agropecuarias del país durante la época de los ajustes estructurales promovidos por el Fondo Monetaria Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, de hecho, quedaron como único apoyo para la pequeña producción agropecuaria.

También es conveniente extender la responsabilidad de la soberanía alimentaria de Bolivia a los grandes productores agropecuarios del país. Esto se puede lograr con programas concertados de producción por productos prioritarios, con el condicionamiento de la ampliación de fronteras y habilitación agrícola de tierras a la habilitación de tierras fiscales para los reasentamientos campesinos e indígenas (El 14 de agosto se ha anunciado un acuerdo del gobierno con la empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para la ampliación de la frontera, sin más condiciones que los apoyos del gobierno y el propósito de ampliar la producción).

Finalmente, los agricultores familiares campesinos e indígenas deben ser considerados, como un objetivo para la atención de la sociedad más bien que por su precariedad, y por cierto no como responsables de una tarea para la cual injustamente no tienen las capacidades suficientes. Debemos apoyarlos para ganar seguridad alimentaria propia y con soberanía, en vez de esperar que ellos lo hagan para nosotros.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El presente artículo describe y evalúa la incidencia de la transferencia de tecnología en el trabajo de agricultores familiares lecheros de acuerdo a su entorno, a partir de dos casos en los que se ha intervenido de manera directa en acciones de investigación y extensión, uno en Perú y otro en Argentina.

Conocer la situación geográfica es fundamental para comprender el perfil de desarrollo de las distintas regiones, más aún cuando se trata de experiencias concretas, como los dos casos que constituyen el meollo del presente artículo. Por ello, en primera instancia vamos a compartir algunos datos sobre el entorno de su ubicación.

Santa Rita de Siguas

Santa Rita de Siguas es un distrito ubicado en el Desierto costero del Perú (Provincia y Departamento de Arequipa). Cuenta con un clima subtropical árido aunque, paradójicamente, tiene un perfil de desarrollo agrícola-ganadero. Gracias a la intervención humana mediante obras de ingeniería de irrigación actualmente posee aptitud agrícola y ganadera, constituyendo, además, una gran cuenca lechera en el sur peruano.

En el año 1934 se construyó el sistema de irrigación que permite el aprovechamiento de tierras desérticas en tierras cultivables bajo riego. El sistema de riego captura el agua proveniente del deshielo y las lluvias en las zonas altas que convergen y dan origen a los ríos. Una vez capturada y embalsada en enormes represas, el agua se transporta por medio de un complejo sistema de acueductos hacia las fincas (establecimientos agropecuarios).

Lindando con la irrigación Santa Rita de Siguas se encuentra el proyecto de irrigación Majes-Siguas etapa II. Las dos han culminado una primera atapa y la segunda está en construcción; ambas obtienen su caudal de las aguas del Río Siguas. Irrigaciones cercanas obtienen su caudal del vecino Río Chili. Esto trae sus propios problemas.

Las invasiones de terrenos fiscales a la vera del Río Chili se han convertido en un fenómeno social en crecimiento. Algunos asentamientos humanos de manera irregular vuelcan sus efluentes directamente al río sin previo tratamiento. Por tanto, la contaminación del río que aguas abajo abastece a las irrigaciones mencionadas ocasiona perjuicios que repercuten en la comercialización de los productos.

Las fincas del Distrito Siguas oscilan con una extensión de entre cinco y 60 hectáreas, y se dividen en aquellas que cuentan con sistema de riego tecnificado y aquellas que cuentan con riego por gravedad. La característica productiva de acceso y uso del recurso agua revela el nivel de capitalización de los productores.

Los sistemas sofisticados demandan menos agua por cultivo y actúan de amortiguadores en épocas de poco caudal, ya que el productor cuenta con un reservorio de agua. Mientras que los productores con riego por gravedad se ven directamente perjudicados cuando baja el caudal, ya que no cuentan con un reservorio de agua.

Los primeros propietarios de las tierras, fundadores del Distrito de Santa Rita de Siguas, son migrantes que llegaron desde zonas vecinas. Las fincas actuales son propiedad mayoritariamente de descendientes de esos primeros pobladores y corresponden a la segunda o tercera generación familiar.

Los productores con riego tecnificado tienen personal contratado de manera permanente, quienes se ocupan de las tareas productivas, mientras que los propietarios operan como administradores de la finca. La siembra la realiza personal contratado temporalmente de manera grupal, bajo la modalidad denominada cuadrillas, que están compuestas por mujeres, se emplean por jornada laboral y es una forma de precarización del empleo rural, ya que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Estas mujeres son principalmente descendientes del pueblo quechua y sobre todo provienen del departamento serrano de Puno (tierras altas).

El asesoramiento técnico de las fincas bajo riego tecnificado lo realizan profesionales contratados de manera permanente. Pero es el rol de la empresa recolectora de leche el que adquiere importancia en esta tarea, ya que ésta proporciona tecnología de recursos a los productores por medio de asesores de campo. Según un relevamiento del investigador Arturo Flórez M. el año 2001, en los últimos años en Santa Rita de Siguas y distritos vecinos la presencia de programa forrajero motivado por una empresa láctea (Gloria S.A.) produjo un gran aumento de producción. La transferencia de tecnología incluye la adquisición de maquinarias o cultivos y su correspondiente asesoramiento en la utilización.

Esta transacción tiene la particularidad de que el productor paga los servicios o bienes adquiridos con descuentos en la venta de leche a la propia industria que se los suministra. Además, los costos son bajos en comparación con los del mercado. El mejoramiento animal se produce gracias al aporte de las empresas proveedoras de semen congelado, que también vienen con el asesoramiento.

Los propietarios de fincas con riego por gravedad están en clara desventaja, ya que llevan a cabo la mayoría de las tareas productivas ellos mismos, sumando a algún empleado permanente y asalariado. Estos productores dependen del capital cultural familiar, aunque excepcionalmente reciban asesoramiento de personal de instituciones estatales y de las empresas de recolección de leche.

Independientemente de la escala productiva, la producción primaria lechera en Siguas cuenta con un denominador común: el ganado bovino lechero especializado raza Holstein y la inseminación artificial como forma de servicio.

Los productores con sistema de riego tecnificado tienen modelos productivos intensificados con sus animales en confinamiento, con base nutricional de silo de maíz forrajero y suplementos energéticos-proteico, vitamínico y de minerales. El maíz forrajero se siembra y desmaleza de forma manual tras la contratación de cuadrillas. El picado se realiza con maquinarias para tal fin.

Aquellos agricultores familiares no lecheros con planteos netamente agrícolas cultivan cochinilla, alcachofa, papa, quínoa y cebolla amarilla. Actualmente hay una tendencia al cultivo de la quínoa que goza de buen precio internacional. De este modo, el cultivo del cereal se convierte en una potencial competencia frente a los sistemas lecheros ineficientes.

Los productores con sistema de riego por gravedad producen alfalfa para el pastoreo de ganado vacuno lechero, aunque también se suelen encontrar pastoreando ovejas y cabras.

La totalidad de la leche cruda se expende a empresas que dominan el mercado interno. Las industrias realizan la recolección con camiones cisterna o camiones que transportan los recipientes lecheros (porongos). Acopian la leche en distritos cercanos y luego la procesan a derivados lácteos que vuelcan al consumo interno. Una minoría de productores destina la leche al autoconsumo.

El Colorado

Por otro lado tenemos a la ciudad de El Colorado, situada en el Departamento Pirané, Provincia de Formosa en el norte de Argentina. Está inmersa en un clima subtropical sin estación seca. Presenta un régimen de precipitaciones distribuido de manera homogénea a lo largo del año, que suma unos 1000 Mm cúbicos anuales. Las tierras con aptitudes agrícolas y ganaderas son aprovechadas para ganadería lechera y cultivos varios. El ganado lechero adaptado a la zona dio lugar a una cuenca lechera que busca crecer gracias al apoyo de algunas instituciones públicas y privadas.

Los campos (establecimientos agropecuarios) poseen zonas adecuadas para la agricultura y ganadería que son producto del desmonte. Las zonas no desmontadas se aprovechan en un sistema de producción silvopastoril.

Los propietarios de los campos son, en su mayoría, de segunda o tercera generación de inmigrantes, generalmente descendentes de familias dedicadas a la ganadería lechera en sus países de origen (principalmente Alemania). Esta sucesión generacional preserva el capital cultural familiar.

No hay personal contratado permanente, ya que las familias se ocupan casi exclusivamente de las tareas productivas. En ellas hay una distribución del trabajo por sexo muy marcada. Por ejemplo, los hombres se ocupan del mantenimiento del rodeo y ordeñe, mientras las mujeres se encargan del procesamiento de la leche y la fabricación de quesos.

El asesoramiento proviene de múltiples lugares y de manera constante, con presencia de las Agencia de Extensión Rural y Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (A.E.R. INTA El Colorado y E.E.A INTA El Colorado), técnicos asesores de Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa, organizaciones no Gubernamentales (ONG) e instituciones educativas secundarias, terciarias y universitarias, las que, mediante pasantías, brindan espacios de encuentro entre futuros profesionales y productores.

El forraje disponible para alimento del ganado vacuno consta de pastizales naturales, pasturas implantadas asociadas y parcelas de caña de azúcar, leucaena y sorgos forrajeros.

El ganado vacuno actual es producto de varios cruzamientos de razas criollas con razas importadas. En los comienzos se utilizaron las razas Holstein y Jersey para intentar mejorar los rodeos criollos. La introducción de genética lechera fue paulatina, pero también han introducido razas carniceras, como Bradford o Brangus, para lograr mejores condiciones cárnicas en los terneros. Por ende, la genética es muy variable, así como la aptitud de los animales, tratándose fundamentalmente de animales de doble propósito.

Según relevamientos del INTA en el Departamento Pirané Sur durante el año 2013, 51% de los productores lecheros procesan su leche siendo al mismo tiempo  productores lecheros y queseros. El restante 38% produce leche para autoconsumo y la minoría la comercializa en la localidad como leche fluida. La ausencia de expendio de leche a empresas recolectoras de leche es una característica, por lo cual el ejemplo es claramente diferente a lo observado en el distrito Siguas del Perú.

Dos asociaciones cooperativas nuclean a varios productores en la zona de influencia de la localidad de El Colorado. La Cooperativa “El Progreso del Km. 210” y la Cooperativa “Perla Del Sur” son casos de productores asociados que industrializan la leche en conjunto para comercializarla en grandes ferias o a través de intermediarios de localidades vecinas. Además, industrializan leche de productores no asociados.

Los productores independientes procesan la leche en una actividad familiar integradora, donde la familia colabora con el ordeñe, procesamiento y posterior venta de quesos en las ferias locales.

Lecciones de la comparación

En el distrito de Santa Rita de Siguas la cadena de valor láctea no tiene relación estrecha entre consumidor y productor. Es inexistente el procesamiento de la leche cruda por parte de los productores, quienes venden la leche a empresas, que son las que producen derivados lácteos y abastecen el mercado interno.

Sin embargo, en El Colorado se observa un escenario diferente, con un esquema acorde a un sistema alimentario local, donde los productores asociados industrializan y comercializan directamente sus productos en ferias regionales. Por ello, en este escenario es factible pensar en otras actividades colectivas, como el caso de la posible compra de recursos y obtención de créditos, ya que en esta cuestión dependen de la asistencia de las instituciones.

El asesoramiento de campo otorgado por las empresas de recolección lácteas en el distrito de Santa Rita de Siguas es fundamental en cuanto a la facilidad para transferencia de tecnología de recursos. Pero este apoyo no propicia el encuentro entre productores, como se evidencia en la localidad de El Colorado por parte de las instituciones mencionadas. La transferencia de tecnologías de información suma mayor eficiencia en comparación con tecnologías de recursos.

Las experiencias compartidas entre los productores de El Colorado, tales como las capacitaciones técnicas, entrega de equipos en programas de apoyo (máquinas ordeñadoras, maquinarias agrícolas) visitas de estudiantes y transacciones inter-productores son ingredientes que fortalecen los lazos entre productores. La presencia de las cooperativas es la visibilización de este capital social.

En conclusión, generar espacios de diálogo apropiados desde instituciones constituye una estrategia para crear lazos entre productores y aumentar la transferencia de tecnologías de información para hacer crecer la eficiencia productiva. No obstante, la adquisición de tecnologías de recursos simplifica tareas mejorando las condiciones laborales de los agricultores familiares lecheros. Esto es posible en tanto y en cuanto los recursos sean accesibles económicamente y formen parte de un objetivo de desarrollo integral que no siempre está presente.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS

A menudo se habla de la necesidad de mostrar experiencias concretas en el plano de la producción agroecológica, para trascender las palabras de un discurso que la promueve, pero que no necesariamente logra demostrar su viabilidad. Movidos por ese interés, en esta oportunidad difundimos el artículo de tres activistas del área que comparten con las y los lectores de Diálogos las principales características de una experiencia exitosa y de alcance más que mediano.

A partir de la década de los 90 comenzó a gestarse un movimiento agroecológico en el Ecuador con la conformación de redes de productores y consumidores y de Organismos no Gubernamentales (ONG) para asumir un rol activo en la revalorización del campo, a partir del análisis de los sistemas productivos y alimentarios de nuestros pueblos, que parte de una lectura bastante intermediada por la academia. La agroecología une a esos sujetos porque es una apuesta de vida en el campo. El enfoque es parte del concepto de desarrollo sostenible, impulsado sobre todo desde ONG y programas de cooperación, que han dejado una huella importante en la validación de tecnologías agroecológicas en el callejón interandino del Ecuador.

Las raíces de experiencia

En el año 1995, en la provincia de Loja (ubicada al sur de Ecuador frontera con Perú), se iniciaron procesos formativos en agroecología con el Consorcio Latinoamericano de Agroecología (CLADES). Tales iniciativas fueron impulsadas por la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) y estaban dirigidas a profesionales y mujeres y hombres líderes campesinos. Del sector campesino participaron miembros de la Federación Unitaria Provincial de Organizaciones Campesinas y Populares de Sur (FUPOCS) creada en 1981, de la Unión Popular de Mujeres de Loja (UPML), creada en 1984 y de la Red Agroecológica Loja creada en el 2007, quienes han trabajado la producción agroecológica en sus organizaciones de base y avanzaron en su difusión hasta nuestros días. La RAL, la FUPOCS y la UPML se integran con grupos campesinos diferentes que además han sido apoyados por diversas ONG para iniciativas que contribuyen al desarrollo y la conservación.

Loja es una provincia donde su principal actividad económica es la agricultura en zonas rurales y urbano marginales; es una de las regiones ecuatorianas con más parroquias rurales (75). Tiene una población de 450.000 habitantes, con más mujeres que hombres. Se estima que más de 175.000 habitantes se dedican a actividades agrícolas (INEC 2013) y en su mayor parte no aportan al seguro social.

En la provincia existen 65.625 unidades productivas agropecuarias (UPA) trabajando en una extensión de 995 mil hectáreas; el 84% de fincas pertenece a pequeños productores que ocupan el 27% de la superficie de uso agropecuario, con un tamaño promedio por finca de 5ha/UPA, según datos del III Censo Nacional Agropecuario del año 2000.

En toda la provincia hay terrenos de marcada pendiente, por ubicarse en las faldas de la cordillera occidental, desde los 2400 msnm bajando hasta los 1100 msnm. El sistema de tecnificación en riego es bajo, solo el 14% de la superficie total provincial posee riego y apenas el 4% de la superficie cultivada está ocupada por una agricultura que respeta el medio ambiente y busca la calidad y no sólo la cantidad de producción.

Entre los principales productos están los de ciclo corto (maíz, fréjol seco, cereales, maíz choclo, fréjol tierno, maní, yuca, hortalizas, papa y cebolla). El maíz amarillo duro (48.718 hectáreas) ocupa el cuarto lugar en producción a nivel nacional. En la parte alta están los cultivos de café aromático (19.176 hectáreas) y en la parte baja del valle la caña de azúcar (8.016 hectáreas) y arroz, provocando grandes daños ecológicos, debido al monocultivo y la deforestación. Otra fuente de ingresos es el ganado vacuno y caprino (415.039 hectáreas de pastos cultivados y naturales) (PDOTPL/2011).

Del total de productores y productoras lojanas, el 85% vende su producción a intermediarios; el 14%, la vende directamente al consumidor; el 1% la comercializa con el procesador industrial, y todos destinan aproximadamente un 13% para el autoconsumo.

Una historia de esfuerzos compartidos

En 2006, varios representantes de organizaciones campesinas de la provincia de Loja, que más tarde conformarían la Red Agroecológica Loja, visualizaron la necesidad de unirse para crear estrategias y alternativas de mercado local para los productos con enfoque ecológico. La primera experiencia fue una feria agroecológica mensual en el Parque Jipiro en la ciudad de Loja, con la participación de un promedio de 15 productores pertenecientes a varias organizaciones.

La feria implicó un proceso organizativo de conocimiento de problemas, propuestas y apuestas, que se realizó mensualmente, se gestionó ante instituciones públicas, como el Consejo Provincial de Loja y la Universidad Nacional de Loja, así como la relación con otras organizaciones de trabajo en agroecología a nivel nacional, como la Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología (CEA) para adaptar la iniciativa, logrando mayor acogida entre las mujeres productoras.  

Entre los años 2007 y 2008 se realizó un proceso de institucionalización de la iniciativa Red Agroecológica Loja- RAL, definiendo su visión, misión y estructura organizativa. Establecen la relación con el Municipio local, lo cual dio como resultado la posibilidad de participar en un espacio de las ferias libres dominicales en el centro de la ciudad, con un promedio de 15 a 20 productoras, la cual sería ampliada posteriormente  con su presencia en una feria sabatina al sur de la ciudad, con 10 productoras.

Se creó un Sistema Participativo de Garantía (SPG) con base a otras experiencias conocidas, para lo cual se adaptó un reglamento acorde a la realidad de la producción agroecológica de los grupos participantes, cuyas características se aplican a la producción en finca permitiendo, en lo posterior, el reconocimiento de la garantía de productos campesinos en mercados locales y territoriales por sus valores en lo  ambiental, en la forma de manejo del suelo, agua, semilla-cultivos y crianza ecológica de animales. Actualmente se cuenta con un reglamento de producción agroecológica y difunde a nuevos grupos la propuesta de producción y feria para la integración de nuevos grupos en la Red.

En el período comprendido entre 2009 y 2010 se fortaleció la práctica de la producción, en alianza con la Universidad Nacional de Loja y otras entidades formativas, se inició la capacitación en prácticas de agroecología y se incrementó la dinámica de participación en diversas ferias a nivel provincial y nacional.

Un paso importante fue la creación de la feria agroecológica al norte de la ciudad, en la cual los sábados, participan entre 30 y 35 productores y los grupos de productoras se incrementaron de cuatro a ocho. De manera complementaria, las y los productores participan activamente en el mes de julio, desde hace ya aproximadamente 11 años, en los encuentros anuales binacionales entre Ecuador y Perú, recuperando e intercambiando semillas y fomentando espacios de encuentro de los pueblos campesinos de ambos países.

En el período que va desde el año 2010 al 2011, la RAL manejó tres ferias agroecológicas en la ciudad de Loja, ejecutó un proyecto de apoyo a las fincas agroecológicas con soporte de la cooperación internacional, creando un Fondo para compartir de recursos con la devolución de las inversiones realizadas por cada finca a la organización. El Fondo es un medio solidario de financiar la producción agroecológica en cadena y en forma adecuada a las socias/os agroecológicos, sin necesidad de hipotecas. Los montos que se prestan son de hasta 600 dólares a dos años plazo y a un interés del 8% anual, que considera los beneficios de compartir esa posibilidad con otros socios. Al momento, con el capital semilla se han beneficiado 50 familias además de la posibilidad de compartir entre socias y socios beneficiarios.

Del año 2012 al 2014 hubo una ruta de constante incremento en participación en la RAL, pasando de siete grupos, una feria y 15 productores del año 2006 a 21 grupos, siete ferias y 150 productores con más de 140 productos en las líneas de hortalizas, tubérculos, frutas, carnes frescas, procesados, granos y artesanías. Este crecimiento se dio con el apoyo económico de varias instituciones de cooperación internacional, aliadas estratégicas del emprendimiento, y con las alianzas fraternas entre la RAL, UPML, FUPOCS, Universidad Nacional de Loja y Municipios de Loja, Saraguro y Paltas.

Actualmente se mantienen el sistema de Ferias Randy Namá, el Fondo del Compartir, el Sistema de formación agroecológica, el Sistema Organizativo, el Sistema Participativo de Garantía-SPG, que se transmite como modelo de gestión de la experiencia a nuevas organizaciones en diferentes cantones de la provincia y en nuevas ferias agroecológicas a nivel nacional; todo ello está orientado a cambiar el modelo de agricultura extractiva por la agroecológica. 

El desafío de trabajar en red

Para la RAL, la agroecológica es una filosofía de vida, que surge a partir del reconocimiento y la revalorización del saber acumulado por los pueblos indígenas campesinos y el entendimiento de la cosmovisión indígena como elemento de un nuevo modelo agrario de producción, frente al evidente desastre social y ambiental que nos ha traído la agricultura empresarial de los monocultivos y los agro negocios, impulsados por la famosa revolución verde.

Dentro de la cosmovisión andina, que es la manera de ver al mundo de esta población, la economía debe sustentarse con principios de solidaridad, reciprocidad e interculturalidad. Dentro de esa concepción económica, que podría considerarse alternativa al modo occidental, están las prácticas del trueque (cambio), la pampa mesa y la minga, que la RAL ha rescatado, esperando sensibilizar a la población para mantenerlas y difundirlas más ampliamente.

La RAL ha marcado la práctica de la agroecología como un proceso de incidencia política, unidad, resistencia y organización dado que se configura como un espacio para compartir saberes, prácticas económicas solidarias (minga, trueque y pampa mesa) y la recuperación de la identidad (cosmovisión andina) de los pueblos del sur (Saraguro, Palta, Shuar y mestizo campesino). Dicha recuperación se realiza a través del trabajo en las chacras campesinas, desechar el uso de agro tóxicos, el manejo sustentable de los recursos naturales como suelo, agua, semillas, y el cuidado de los animales, rescatando sus tradiciones culturales ancestrales (HUACA, Nancy. Cosmovisión Andina: práctica de  economía de solidaridad y reciprocidad. Tesina Curso de economía Social y Solidaria. Loja 2013).

La experiencia está demostrando que la recuperación de las prácticas activas de apoyo a la agricultura campesina agroecológica de diversas organizaciones, fortalece la base social, construye modelos de gestión autónomos, participativos y solidarios, y protege a las familias, una de las  principales razones para producir agroecológicamente.

La RAL funciona como una red social, estructurada en tres niveles de gestión. En primer lugar la Asamblea General, que es la instancia máxima de toma de decisiones; en segundo lugar el Directorio, como instancia de dirección estratégica y el nivel de los emprendimientos, que son la instancia operativa del manejo de las ferias, del Sistema Participativo de Garantía, la Caja del Compartir y de la Formación. Las acciones se planifican y sincronizan colectivamente de acuerdo al calendario agro-festivo de los pueblos.

La organización es dirigida por las y los socios trabajadores, siendo el 90% mujeres, con un modelo de gestión organizado en sectores de la actividad económica. La producción agroecológica está integrada por 21 grupos organizados en comunas, asociaciones y grupos comunitarios; el  financiamiento solidario está integrado por la Caja de Compartir de Fondos; la comercialización está conformada por siete Ferias Agroecológicas Randy Namá, y los servicios de formación y diálogo de saberes están conformados por una  Alianza entre la RAL y la Universidad Nacional de Loja. El centro de la gestión de la RAL es la fuerza del factor solidaridad de la filosofía andina.

¿Un modelo a seguir?

El modelo de gestión de la RAL ha sido consolidado durante los últimos dos años con la incorporación de varias herramientas de gestión de la Agroecología y de la economía social y solidaria, que se han combinado, permitiendo fortalecer la gestión de la organización, la producción, el mercadeo, el sistema económico-financiero y el factor solidaridad.

Las personas beneficiarias han logrado mejorar su forma de vida y su calidad de alimentación y salud; sus ingresos económicos, que han crecido un 13% en los últimos dos años, garantizan de primera mano su auto sostenibilidad y aportan a otras y otros para que continúen en esta experiencia, un cambio social y firme, promovido principalmente por mujeres, para resolver problemas comunes de forma solidaria en un entorno político adverso, marginador de las iniciativas de vida de estos pueblos.

Esperamos seguir multiplicando la experiencia y aportando de forma positiva a la conservación del Buen Vivir, con el Buen Comer y el Bien Hacer.  

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Toda comunicación se establece en un contexto social determinado que la condiciona. El contexto social determina la calidad de la comunicación para hacerla más profunda y sincera. En el ámbito rural, una comunicación veraz debe crear conciencia sobre los problemas de producción, de educación, de vivienda, de salud, entre muchos otros ámbitos de la vida de la población, empoderando a las y los campesinos como protagonistas de su propio desarrollo. Bajo tales premisas, la autora propone una mirada integral sobre el uso de plaguicidas, eco sistémica, según la visión de PLAGBOL, cuya experiencia es la base del texto que presentamos en la versión 145 de la serie Diálogos.

Existen muchos problemas en el área rural que demandan intervención, uno de ellos tiene que ver con los agroquímicos. Si bien la problemática de los plaguicidas en Bolivia está inserta en los ámbitos doméstico, agrícola y de la salud pública, es en la agricultura donde cobra mayor importancia, ya que es el que cuenta con el mayor porcentaje de uso de estas sustancias químicas y, por lo mismo, es el que ocasiona mayor preocupación debido a las implicancias negativas que genera en la salud de los agricultores y de los comercializadores de esos insumos y consumidores de alimentos.

El problema y su respuesta

La producción de alimentos es una de las principales actividades económicas del país. Hay varios factores que han creado la necesidad de usar plaguicidas en nuestro territorio. Por un lado,  la existencia de superficies cultivadas (grandes, medianas y pequeñas), la necesidad de cumplir con plazos rigurosos y estándares de exportación, la falta de información accesible para los agricultores y la agresiva publicidad de las empresas productoras y comercializadoras de plaguicidas, inclusive los más tóxicos, como la única solución para el control de plagas y enfermedades. Este uso ha estado caracterizado por ser excesivo e irracional, causando muchas veces daños en la salud de los agricultores y sus familias y contaminando el medio ambiente. Cada año las importaciones de estos químicos suben de manera alarmante, siendo los más utilizados fungicidas, herbicidas e insecticidas.

El uso de estos productos en nuestro país se remonta a la década de los años sesenta; desde entonces, su uso va en aumento anualmente, tal como lo señala el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) para el año 2011, cuando se importó cerca de cincuenta mil toneladas de esos insumos (SENASAG, Área Nacional de Registros de Insumos Agrícolas, 2011).

Las áreas donde el uso de plaguicidas es mayor son las de los rubros de la producción de grandes extensiones de monocultivos de soya y otros productos. Pero no se trata de una práctica solamente vinculada a los grandes agricultores, sino también está presente en la pequeña y mediana agricultura, donde se producen hortalizas y frutales en todo el territorio nacional.

La Fundación PLAGBOL es una organización que nació el año 2001 como una respuesta a la problemática del uso inadecuado de los plaguicidas en Bolivia. Varios proyectos han sido implementados desde el año 2001, con un enfoque eco sistémico que integra y articula las áreas de la salud, la agricultura y ambiente a partir de una educación ambiental dirigida a los diferentes actores involucrados en el tema. El propósito es reducir los efectos adversos del uso irracional de estas sustancias químicas en la salud de la población boliviana en general, mediante la prevención de los daños a la salud y al ambiente causados por plaguicidas.

La educación ambiental está orientada a generar conciencia, conocimiento, actitudes, habilidades y capacidad de evaluación y participación entre los diferentes sujetos sociales y económicos que participan y se vinculan alrededor de los procesos productivos y de su comercialización en los mercados del país, para fomentar acciones de cuidado y respeto por el medio ambiente y la preservación de la salud humana.

Una propuesta metodológica

La perspectiva eco sistémica  tiene tres componentes: salud, agrícola y comunicación, cada uno con un objetivo en particular. El componente de salud busca disminuir el número y la mortalidad de intoxicaciones por plaguicidas en la población en general, mediante un mejoramiento del diagnóstico, tratamiento, registro y prevención de las intoxicaciones. El componente agrícola pretende reducir el número de intoxicaciones ocupacionales, la contaminación del medio ambiente y de los procesos agrícolas a través de la promoción de un Manejo Integrado de Plagas (MIP) y, finalmente, el componente de comunicación busca concientizar a la sociedad boliviana acerca de la problemática de los plaguicidas en nuestro entorno.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocurren en el mundo aproximadamente tres millones de intoxicaciones agudas cada año, la mortalidad total por intoxicaciones agudas alcanzaría la cifra de 220.000 defunciones al año. La exposición intensa a largo plazo, principalmente laboral, podría representar a unos 735.000 casos con efectos crónicos específicos. Se estima que la exposición de baja intensidad a largo plazo podría causar unos 37.000 casos de cáncer y otros efectos crónicos inespecíficos. En algunos países han ocurrido intoxicaciones masivas de gran envergadura, principalmente de origen alimentario, según advierte M. Arbelaez en el documento Vigilancia sanitaria de plaguicidas; Experiencia de PLAGSALUD en Centroamérica. Las mujeres y los niños son el grupo más vulnerable para sufrir intoxicaciones agudas o crónicas por exposición a plaguicidas.

Bajo esa triple perspectiva, las líneas de acción priorizan procesos tales como la capacitación de  recursos humanos de las áreas de salud, agricultura y educación en la temática de los plaguicidas y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente;  la promoción de la investigación científica en las mencionadas áreas, en coordinación con Instituciones de educación formal superior; y la producción de materiales educativos e informativos para cada grupo meta que acompañe los procesos de información, educación y concientización.

Complementariamente, una línea fundamental está orientada a promover la integración de los actores involucrados en la temática de plaguicidas a nivel nacional e internacional. Se ha logrado coadyuvar en la articulación de acciones entre autoridades con poder de decisión y productores, tal es el caso del municipio de Comarapa en el departamento de Santa Cruz, donde los agricultores asociados realizaron un convenio con el Gobierno Municipal para dar capacitación a otros agricultores en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) y lograron producir con menos químicos

Después de trece años de trabajo en el campo de los plaguicidas con miras a reducir los efectos adversos de los mismos en la salud de las personas y en el medio ambiente a través del enfoque eco sistémico, se puede decir que se han conseguido resultados en el desarrollado de actitudes, capacidades y destrezas en el personal de salud, profesores y agricultores, contando con recursos humanos calificados en las diferentes áreas. Una muestra de ello es que se ha logrado incorporar el tema de plaguicidas y MIP en la curricula de Institutos Técnicos Agropecuarios e Institutos Normales Superiores; se ha implementadoa nivel nacional un sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones agudas debido a plaguicidas que puede ser consultado en la página oficial del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS);  se llevaron a cabo campañas de información, sensibilización y concientización, fruto de las cuales las autoridades con poder de decisión mostraron su interés y voluntad de generar políticas que contribuyan a darle una solución al  problema. Tal fue el caso de los municipios de Caranavi y Comarapa junto a los cuales se llevaron acciones de difusión de los riesgos potenciales de los plaguicidas en la salud y el ambiente.

Es destacable que se puedan mostrar logros a través de datos que consignan el incremento de la capacidad de atención de centros de salud al tratar a pacientes intoxicados, mediante un mejor diagnóstico, tratamiento y prevención de intoxicaciones por plaguicidas y, por tanto, el hecho de que se haya logrado reducir el uso de plaguicidas tóxicos mediante la promoción de las estrategias del Manejo Integrado de Plagas. Los agricultores capacitados se han asociado y ahora brindan servicios de asesoría y capacitación a otros productores en sus municipios para reducir el uso de plaguicidas y fomentar la aplicación del MIP.

Más gente involucrada produce mejores resultados

La experiencia de Plagbol comprobó que en el ámbito educativo son fundamentales acciones de efecto inmediato  de difusión pública y en el de las políticas institucionales la incidencia para un contacto sostenido y directo con autoridades y funcionarios de los distintos niveles estatales, a largo plazo es muy importante establecer vínculos con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, ya que estas sinergias benefician el logro de los objetivos generales de la estrategia.

Pero también es necesario incursionar en el campo de la investigación científica en las áreas agrícola y de salud debido a que los datos obtenidos se convierten en la mejor evidencia de la existencia de un problema que debe ser tratado. La investigación sobre residuos de plaguicidas organosforados en cultivos de tomate que realizamos el año 2012 en el municipio de Omereque (departamento de Cochabamba) y el de Río Chico (departamento de Chuquisaca) fue uno de los pilares para llevar adelante el proyecto “Alimentos y ambientes sanos” que busca fomentar la responsabilidad social y ambientalde las organizaciones civiles de base para disminuir la morbilidad asociada a los alimentos y medio ambiente contaminados por plaguicidas.

Es nuestro deseo que las experiencias exitosas conseguidas en todos estos años de trabajo se puedan replicar en otros contextos locales, regionales, nacionales e internacionales, y apoyar de esta manera mejoras en la calidad de vida de las personas y minimizar los riesgos de intoxicación y contaminación del entorno debido al uso de sustancias químicas.

Este artículo trata de manera anecdótica sobre las dificultades a las que me enfrenté y el aprendizaje que adquirí en Bolivia durante una experiencia académica basada en las vivencias en el terreno a partir de mi participación en el Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco.

Estoy agradecido a compañeros de instituciones y a actores campesinos e indígenas que me abrieron las puertas de sus espacios y comunidades. El tema central de este texto es la importancia que la investigación acción tiene en el acercamiento a la realidad y en la formación académica. Por ello, el eje articulador es señalar cómo la confrontación de la teoría con la práctica puede enriquecer nuestra comprensión del mundo rural.

Otro tipo de academia

A veces uno se cree poco capaz de hacer ciertas cosas. Al menos desde 2006 se despertó en mí (en quién no) el interés en el proceso de cambio en Bolivia. Seguía con peculiar afán las propuestas de los pueblos indígenas y campesinos en relación a su territorio y autonomía, pero no me imaginé que iba a estar en este país y, mucho menos, que esta visita iba a cambiar mi vida. Hasta tal punto alguien puede ser provinciano, que me parecía imposible conocer estas tierras lejanas. Pero tuve suerte pues, como sabemos, el azar tiene su propia lógica, desconocida para nosotros.   

Ciertamente, el niño que algún día fui y el adulto que ahora escribe no se reconocerían. Cuando pienso en mi destino, me da cierto escalofrío, pues de los múltiples caminos que pude haber tenido, este es el que menos me esperaba. Sin embargo, un día me encontré trabajando con comunidades campesinas y eso me llevó, en 2011, a estudiar la maestría en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, en el Distrito Federal de la Ciudad de México.

Debo decir que tengo aversión a las escuelas, casi desde que tengo uso de razón; también tengo aversión a las ciudades grandes como la monstruosa capital de la república mexicana pero, aun así, el instinto y lo que me comentaban algunos amigos, me hicieron aventurarme a estudiar el posgrado.

El primer día que llegué a la UAM, como si estuviera a prueba, presencié un accidente: mientras los transeúntes esperábamos para pasar la avenida, de entre la gente salió un hombre corriendo, que fue envestido por una camioneta que se dio a la fuga. Yo me quedé petrificado y temblando, mientras un señor me gritaba: “no te quedes ahí nomás viendo como pendejo, háblale a una ambulancia”. Para mi fortuna, una mujer ya estaba hablando a la cruz roja, porque yo, aun con la reprimenda, no me moví en un buen rato. El hombre atropellado me había empujado para cruzar a toda prisa la calle, y yo todavía sentía el roce entre su cuerpo y el mío mientras él estaba en el suelo, agonizando.

Después de eso llegué a las oficinas del posgrado. Me encontré con mi compañero Toño Meléndez y después salió Carlos Rodríguez Wallenius, el coordinador en ese entonces, para invitarnos un café, mientras les platicaba lo que había visto. En la noche regresé a preguntar si sabían algo del señor atropellado y un taxista me dijo que estaba en el hospital, un poco golpeado, pero la había librado. Sólo ese primer día fue de susto, los siguientes fueron más felices.

En el año 2013 entré al doctorado en Desarrollo Rural y me asignaron a Carlos Rodríguez como asesor. Esa noticia ya me parecía un exceso, la suerte me sonreía demasiado y me costaba trabajo creer lo que me estaba pasando. Muchos de los maestros a los que yo admiraba me saludaban y les podía hablar de tú, como a cualquiera. Después de todo, existen personas que están comprometidas y la investigación no siempre está alejada de la realidad de los sectores más desfavorecidos. Una de las premisas del posgrado es que la perspectiva teórica y metodológica se centra en el sujeto y su capacidad para transformar las condiciones de marginación y explotación en el sistema capitalista actual en el que vivimos.

Precisamente fue Carlos Rodríguez quien me propuso hacer una estancia en otro país. Me pasó los contactos de varias universidades y me dijo que contactara a la que más me llamará la atención. Para Bolivia, me dio el correo de Óscar Bazoberry y me puse de inmediato en contacto con él. También fui afortunado en contar con su apoyo. Hice todo el papeleó burocrático y en el cronograma de actividades estipulé que quería no sólo tomar clases sino también conocer el proceso agrícola y territorial de las comunidades indígenas y campesinas. Óscar aceptó; no me imaginaba hasta qué punto estaba de acuerdo con mi deseo de estar en las comunidades.  

La llegada a Bolivia, un mundo muy otro

Llegué a la Paz, Bolivia, el domingo 7 de septiembre de 2014 y mi regreso fue el 15 de diciembre del mismo año. Sólo serían poco más de tres meses para conocer un país diverso. Llegué el día del peatón, así que tuve que caminar desde el aeropuerto en la ciudad más alta del mundo hasta La Paz, sede de gobierno. Sin embargo, no me dio el mal de altura o sorojchi, como le dicen en Bolivia.

La gente me pareció algo desconfiada y menos amable que en mi tierra. Me reuní con Mikhail Calla, quien me contactó con mi amiga Pilar Lizárraga, oriunda de Cochabamba pero que vive en Tarija. Mikahil me empezó a enseñar algunas cosas sobre la capital

mientras tomábamos un té de coca; hablamos sobre la ciudad de El Alto, sus resistencias y luchas. Le hablé por teléfono a Óscar, como me había pedido hiciera en cuanto llegara. El andaba por Uruguay y llegaría a La Paz hasta el día martes. Mikahil me ofreció su casa hasta el día miércoles. Parecía que había llegado antes de lo previsto, a pesar de que mi llegada estaba programada para el primero de septiembre. Traté de contactar con mi familia y no contestaron; le escribí a mi asesor y no contestó; le escribí a Sonia Comboni, boliviana y coordinadora del posgrado, y no contestó.

Todo eso me produjo algo de angustia, estaba solo y no conocía gente. Ese día jugué ajedrez en la avenida el Prado (y gané todas las partidas) y me hospedé en el hotel Copacabana, donde algún día se hospedó el Che Guevara. Todo en su honor; todo para inclinarme y recordar que mis contratiempos eran niñerías burguesas al lado de lo que pasó ese gran hombre.

El martes yo ya había recorrido parte de la ciudad. Por fin conocí a Oscar y me presentó con su equipo de trabajo en el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS). Después fuimos al instituto de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA) donde conocí a los compañeros y profesores del doctorado en desarrollo rural.

Al pasar los días, esa hosquedad que percibí al principio, se fue transformando en solidaridad y camaradería. Con Jaqueline, integrante del IPDRS, subí a la recién inaugurada línea amarilla del teleférico, desde donde se percibe la imponente cordillera andina. Lo primero que asombra y que se queda hondo en la memoria del visitante son las soberbias montañas de los andes bolivianos.    

Una semana después, Oscar me propuso ir a tierras bajas del país y sistematizar el caso de mujeres productoras de cusi (el fruto de una palmera), en la comunidad de Yaguarú, provincia Guarayos, departamento de Santa Cruz. Acepté de inmediato.

El contraste fue abrupto. El clima –un calor agobiante-, la flora y fauna, la cultura e historia son distintos a la dinámica que han enfrentado los aymaras y quechuas en tierras altas. Las mujeres me recibieron con su alegría y su corazón abierto, yo les agradecía de todo corazón el permitirme estar con ellas. Un poco por las dificultades para comunicarnos  -pues no entienden muy bien el español- y un poco por su picardía, me dijeron que aceptaban mi corazón y me dijeron que me podía quedar con ellas si así lo quería. Mi corazón no va a olvidar las enseñanzas junto al fogón mientras se preparaba el aceite del fruto de la palmera de cusi en una cocina de adobe: su respeto al trabajar la materia, el compartir los conocimientos y las historias milenarias. 

Después de varios días regresé a La Paz; entusiasmado. La dinámica territorial y organizativa era muy diferente a lo que había conocido en México. Un consejo y la clave para comprender esa nueva realidad me los dio Oscar: tenía que tomar en cuenta la historia para tener una mejor perspectiva. Las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que hoy forman parte del territorio indígena, responden a una larga lucha de los pueblos indígenas, que en la década de los ochenta y noventa reivindicaron sus derechos ancestrales desde formas propias de organización y cuya manifestación más palpable fueron las marchas por la Tierra y la Dignidad.

Me parece que, desde la experiencia de las mujeres cusiseras, dos palabras encierran la clave para comprender la alternativa al desarrollo hegemónico: tierra y dignidad. Por eso llamé a la sistematización de su caso: Cusiseras en Yaguarú: palmera con trabajo de mujeres. Palmera que es fruto que es flor que es acto. Una propuesta epistemológica y de acción desde los conocimientos y prácticas indígenas.

El IPDRS busca sistematizar experiencias exitosas de acceso y usufructo de la tierra en Sudamérica. Lo primero que me cuestioné –y que creo también se cuestionan constantemente en el Instituto- es qué se entiende por “éxito”. Sin duda, las experiencias que conocí se pueden llamar exitosas desde un aspecto económico, social o cultural.

Pero ¿cómo se mide la dignidad? ¿Es parte del éxito ser digno o viene de un trasfondo histórico que no se puede medir? Estas preguntas me dieron vueltas en los otros cuatro casos que pude conocer y sistematizar. Se trata de experiencias de campesinos e indígenas que luchan por mejorar sus condiciones de vida pero, sobre todo, buscan una vida digna. Desde los pueblos indígenas y campesinos esta palabra toma otro sentido. Creo que el IPDRS haría bien en hablar de casos dignos más que de casos exitosos. No por nada el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, habla de la rabia digna. Algo incomprensible para el capitalismo: la dignidad y la tierra para hacer comunidad.

Mientras tanto, mi patria, el triste y dolorido México, sufría la barbarie del “narco estado”, que desapareció a 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Los hermanos bolivianos no dejaron de mostrar su solidaridad y apoyo a los familiares y al pueblo mexicano. Y es que cuesta trabajo aprender la dignidad pero, una vez que se incrusta en el corazón, no se olvida.

Evo Morales fue el primero de los jefes de Estado en pronunciarse contra esta violencia homicida. Diversos actores sociales a lo largo y ancho de Bolivia dieron su respaldo manifestándose y desplegando comunicados. A diario había muestras de apoyo para mi país y para sus sectores desfavorecidos como los pueblos indígenas y campesinos. A veces tanta solidaridad me hizo soltar unas cuantas lágrimas en las noches.

Sólo una vez, alguien me dijo: “¿qué les pasa a los mexicanos, por qué no hacen nada?, televisa los tiene idiotizados”. Esa vez, en lugar de soltar lágrimas iba a soltar golpes, pero me contuve; sólo le respondí que no conocía nada de mi país y su historia y que por eso hablaba. Lamentablemente, el cuento de que televisa nos tiene idiotizados era fomentado por los propios estudiantes mexicanos. Las cosas, empero, son más complicadas.   

Otros aprendizajes de investigación acción

He tratado de mostrar brevemente, con imágenes y desde las experiencias que viví, lo que significó estar en un país como Bolivia. En alguna ocasión, Ruth Bautista, compañera del IPDRS, me sugirió que no fuera tan metafórico o, como decimos acá en México, tan chorero. Sin embargo, lo hago deliberadamente. Creo que para proponer otra forma de comprensión sobre lo rural hay que tomar en cuenta los sentimientos, las imágenes, las alegorías, que es la forma en que también piensan los pueblos campesinos e indígenas. Por ello, en el siguiente apartado, señalo los principales aprendizajes que obtuve en las comunidades de Bolivia, que creo aportan al debate académico sobre los actores subalternos.    

Primero, los actores sociales tienen conciencia de clase y comprenden su situación de marginación y exclusión, lo que se muestra en sus alegorías y relatos históricos. A veces, me daba un poco de pena escribir algo diferente a lo que ellos me contaban, -con palabras más sencillas y profundas-, pues me parecía que interrumpía el fluir del relato. Esto me hace retomar la perspectiva marxista, según la cual existe una clase que puede percibir al capitalismo como una totalidad. Marx la llamó proletariado, nosotros las llamamos clases subalternas.

En segundo lugar, la economía de las comunidades y su lucha por la tierra, se enfrenta a una lógica de acumulación y de ganancia, por lo que podemos hablar de una economía de resistencia desde el territorio. Es decir, para que sigan siendo, los campesinos e indígenas, requieren de la apropiación de territorio. O como ellos lo llaman: Tierra y Dignidad.

Una tercera dimensión es que no existe una separación entre los elementos materiales y espirituales, pues se comprende que, para vivir en comunidad, hace falta una propuesta que abarque diferentes aristas de la vida en común. 

En cuarto lugar, la ecología y la economía se vuelven a unir, ya que no sólo se actúa conforme a la lógica costo-beneficio, sino sobre los derechos de seres meta humanos, como la madre tierra, percibida como un hogar.

Finalmente, existe una utopía territorializada y no en un más allá temporal, que se manifiesta en la praxis de los actores sociales indígenas y campesinos. Esta utopía es real, aunque está subsumida en las condiciones actuales donde domina el ideal del progreso y la vida urbana. 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.