Wilson Poma Calle
Egresado de Sociología

El 27 de septiembre de 1979 fue establecido como Día Mundial del Turismo, por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en conmemoración a la aprobación de su estatuto orgánico. En este documento iniciaremos con la pregunta: ¿Es el turismo una alternativa para el desarrollo rural? Intentaremos responderla a partir de algunos apuntes sobre experiencias en Bolivia y Perú.

El turismo es considerado como una industria que no daña el medio ambiente, al interior de él se generaron variantes como: el turismo recreativo, turismo de aventura, turismo vivencial, eco turismo y turismo comunitario, entre otros. Y con muchos matices, es tomado en cuenta en la legislación de la mayoría de países en la región.

Existe una variedad de atractivos turísticos que se ofertan a los visitantes que residen en los demás continentes. Este conjunto de atractivos lo podemos agrupar de la siguiente manera: atractivo cultural, atractivo natural, atractivo arqueológico o histórico, cabe mencionar que mucho tiene que ver donde se desarrolla el turismo para determinar su potencial como atractivo y poder ser ofrecido en el mercado.

Hay que considerar también que el turismo, en su variedad de ofertas, dinamiza los mercados locales, donde la población local toma el rol como de demandante, en su mayoría personas que residen en las urbes, y ofertante, comunidades rurales e instituciones privadas o públicas que brindan estos servicios.

En este caso, Las comunidades rurales poseen una serie de espacios naturales, antropológicos y actividades propias de su cultura, entre otros atractivos, que motivan el desplazamiento de una persona o grupo, que por curiosidad o por la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual, asisten en su búsqueda. Las comunidades rurales, en su afán de dinamizar su economía, tiende a invertir en estos recursos acompañandolos con otros servicios como el hospedaje, alimentación, transporte y otros. Estas actividades son hechos que promueven una visión utilitaria del paisaje, población y demás recursos de los territorios rurales.    

En Bolivia existen una serie de emprendimientos donde las comunidades rurales incursionan en el turismo como las comunidades en la Isla del Sol en el lago Titicaca (La Paz), donde el turismo ha proliferado desde hace décadas. Donde emprendimientos privados toman el protagonismo, reduciendo la participación de los comunarios a trabajadores, con la función de exotizar la expresión de la comunidad andina, idealizando su cotidianidad y creando una tensión en la relación entre las familias comunarias (observadas) y los visitantes.

También se tiene el caso de un denominado ‘Museo del Altiplano’, instalación privada al interior del hostal Inca Utama en Huatajata (sector Lago Titicaca), donde se encuentran una serie de representaciones de la vida cotidiana “típica” de una familia andina, además, las personas que la representan visten ropa típica y realizan actividades tradicionales, creando una presentación idílica sobre el diario vivir en comunidad.

A partir de estos casos podemos afirmar que, existe una pérdida de valores culturales y sus comportamientos, un sometimiento al mercado, se idealiza y cosifica la vida en comunidad, se promueve una marcada distinción entre la comunidad andina y los visitantes.

En Perú en la localidad de Raqchi Sicuani (Cusco), la población declara que su principal ingreso económico es la agricultura pero en realidad es la venta de productos “culturales” y la gran mayoría de estos productos son de procedencia externa, además, esta actividad económica reconfigura el comportamiento de los integrantes de una familia en la localidad (Córdova, Incidencias del turismo receptivo en los cambios de identidad cultural de los pobladores de la localidad de Raqchi Sicuani-Cusco, 2017)

Muchas familias se encuentran en contextos donde su comunidad posee varios atractivos turísticos. La comunidad de Raqchi Sicuani tiene bastantes atractivos arqueológicos del tiempo de los Incas, atractivo que motiva una variedad de visitas, por tal motivo, los comunarios se dedican a vender una serie de productos y servicios. La mayoría de esta población es intermediaria de productos “culturales” y muchos de estos vienen con innovaciones descontextualizadas de la cultura incaica; además, los vendedores son intermediarios de servicios como la consulta con sacerdotes y curanderos con saberes ancestrales.

En esta experiencia existe un gran sometimiento al mercado, cambiando la cotidianidad de la población local, una cosificación de los símbolos de la cultura local y usándolas de una forma inadecuada, por ejemplo; sombreros de paja con símbolos andinos.

No podemos negar que existen casos donde la comunidad es la principal protagonista, como el emprendimiento ecoturístico en Chalalán (Norte La Paz, Bolivia) y la isla de Taquile (Puno, Perú). Estos emprendimientos son un hito del turismo, en sus países, porque cuentan con una participación activa de la comunidad local. Aunque no se libran de conflictos y dificultades, Chalalán sigue vigente pero con muchos problemas internos en la comunidad, de carácter económico e intromisión de inversiones externas (Mamani, Trabajo Dirigido en el Gobierno Autónomo de Rurrenabaque, 2019). En el caso de Taquile, que logra y mantiene un control comunitario del turismo al interior de la isla; no obstante, en los últimos años, se perdió el control del transporte, y además, han incorporado “mejoras” en sus domicilios, como el uso de materiales de construcción no-tradicionales y falta de transmisión de los saberes culturales (idioma, comidas tradicionales y otros); señales de un paulatino acercamiento a lo “moderno” (Zorn y Farthing. Desafíos de un turismo controlado por la comunidad: el caso de la Isla Talique, Perú. 2006), y un distanciamiento de lo tradicional, una contradicción pues precisamente, lo tradicional es el principal capital del turismo en la comunidad rural.

Reflexión

El turismo promueve un comportamiento que tiende a la ‘modernización’; es decir, ciertos esquemas culturales, de consumo, vivienda y apreciación. Un emprendedor local debe necesariamente adecuarse a las condiciones y brindar un buen servicio. En esta tarea, el emprendedor debe adquirir; por ejemplo, productos de buena calidad, instalaciones adecuadas de hospedaje con servicios básicos, acceso a agua caliente, dormitorios, condiciones salubres en el preparado de alimentos, acceso a medios de comunicación (cobertura telefónica, internet, caminos a un poblado, entre otros), incluso se debe cualificar el servicio que presta el personal a cargo, pidiendo que éste se instruya en actividades puntuales, como la recepción, cocina, guiaje de trekking, entre otros. Es decir ‘mejorar’ su oferta de productos y servicios para captar mayores y mejores ingresos.

Los casos expuestos y valorando las múltiples dificultades que se dan en la comunidad rural, podemos afirmar que la incursión de la comunidad al mercado del turismo, representa más pérdidas que beneficios, pues su cultura está siendo instrumentalizada, exotizada e invadida por la influencia de otras culturas. El esfuerzo por realizar mejoras conlleva una serie de cambios en el cotidiano vivir de la población rural, además de promover un comportamiento direccionado a mercantilizar lo cultural. Sin embargo, existen casos donde las comunidades son beneficiadas directamente y logran la autogestión, abriendo sus puertas a diferentes alternativas de desarrollo. Y estos casos pueden replicarse, siempre y cuando, tengan los estudios y apoyo necesario para que la población pueda empoderarse del emprendimiento.   

Tierratorio de la paz-conflicto y el
desacuerdo de paz

Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz

Docente investigador Área conflicto y dinámica social

Director Programa de Geografía - Universidad Externado de Colombia

Andrés Felipe López Galvis

Estudiante de Doctorado

Universidad Toulouse 2 – Jean Jaurès, UMR CNRS 5193 LISST/Dynamiques Rurales, Francia y
Programa de Geografía, Universidad Externado de Colombia

Luis Ángel Ojeda Rodríguez
Agrónomo – Universidad Nacional de Colombia

1. Marco General

Las comunidades manifiestan que sin acceso a la tierra no hay garantías para acceder al apoyo del Estado. En las zonas rurales de Colombia solo 16 % de los pequeños productores tienen acceso a crédito. El microcrédito no transforma las problemáticas asociadas a la tierra y que requieren acciones específicas contra la pequeña propiedad y microfundios. Según la Fundación PARES en el 2017, la población desplazada fue de 75 mil personas y la ACNUR en el 2018 indica que un poco más de 30 mil. De los desplazados, 87 % han tenido como origen el campo de acuerdo al CNMH, lo que ha dejado cerca de 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza.

Durante las negociaciones y el Acuerdo de paz, se vivió un intenso debate sobre la guerra y su vínculo con los conflictos socioambientales, el control de los territorios, la extracción de recursos, y la persistencia de la fumigación de cultivos ilícitos, entre otros.

El despojo de la tierra, la reparación a las víctimas y el tema agrario son puntos centrales del Acuerdo de paz, no obstante, existe una gran conflictividad, al momento de aprobar la normatividad correspondiente, pese a los compromisos del Estado. El cambio de gobierno no representó un cambio en la matriz económica reprimarizada, más de 60 % de sus exportaciones están representadas en petróleo, minerales, oro y otras piedras.

Los detentores del poder político han convertido a la Jurisdicción Especial para la Paz en el blanco de los ataques. La justicia especial para la paz, la recomposición del movimiento popular y las disputas por el poder local, son procesos que posibilitarían un gobierno de transición a la paz.

2. Avances (y retrocesos) en el acceso a la tierra y el territorio: tensiones en la implementación de la Reforma Rural Integral

El área destinada al uso agropecuario, según el último Censo Nacional Agropecuario, comprendía 43 millones de hectáreas, de las cuales 34,5 correspondía a pastos y rastrojos y 8,5 al uso agrícola. Los productores residentes alcanzan cerca de 12,3 millones de hectáreas del área rural dispersa, los productores no residentes ocupan más de 28,3 millones de hectáreas.

El índice de GINI, en 1988 era de 0,84, pasó en 2012 a 0,88 y en 2016, ascendió a 0,89. El conflicto se debe a que los 6 millones de hectáreas de vocación ganadera, en la actualidad presentan 38 millones de hectáreas; es decir, esta actividad concentra áreas de vocación forestal, agrícola y agroforestal. El área de vocación agrícola que tiene más de 11 millones de hectáreas, pero solo se aprovecha 6 millones de hectáreas.

Se creó el Fondo de Tierras con 525 mil hectáreas transferidas, en el último año se avanzó en el diseño participativo de 16 Planes definidos que incluyen el diagnóstico de 11 mil veredas.

El Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) no logra dar respuesta a las problemáticas inmediatas, las comunidades y organizaciones sociales tuvieron que movilizarse para ser incluidos en el plan de desarrollo. Se vive la ausencia de un efectivo proceso pedagógico en las comunidades sobre los acuerdos de paz. La metodología implementada ha generado fraccionamiento y conflictos en las organizaciones sociales. Hasta mayo se recibieron 13.977 solicitudes de inscripción en el Registro de Sujetos de Ordenamiento, que incluyen a las comunidades étnicas con un plan de atención específico, y que reportan la legalización de 27 resguardos indígenas con 2.584 familias repartidas en 245.811 hectáreas. De estas últimas, más de 95 % corresponden a dos resguardos en el departamento del Vichada, la ampliación de 3 resguardos indígenas correspondientes a 506 familias y 377 hectáreas; la titulación de 15 consejos comunitarios de comunidades negras con 1.738 familias y 6.844 hectáreas.

La ANT reportó un total de 1.928 títulos otorgados, y la formalización de 1.974 títulos a familias campesinas en al menos 6.000 hectáreas. Se aprobó un nuevo perímetro que corresponde al polígono 2 de la propuesta de Zona de Reserva Campesina Montes de María en los municipios de Córdoba, El Guamo, Zambrano y San Juan Nepomuceno.

3. Conflictos en el post acuerdo

El conflicto ha consistido en la disputa de los grupos armados por el territorio y las actividades que han servido como financiamiento de estos ejércitos al margen de la ley. La desigual distribución de tierras y la ausencia de reforma motivan el conflicto, que tienen a 15 regiones y 78 municipalidades con graves problemas de seguridad.

El gobierno firmó pactos colectivos de sustitución de cultivos con más de 120 mil familias en el 2017, sin plantear una solución productiva sostenible. La salida de las FARC originó la llegada de grupos ilegales, que controlan los cultivos y ejercen presión a los productores para que no se integren al PNIS.

Los departamentos de Arauca, Guaviare, Caquetá y Putumayo son corredores estratégicos del narcotráfico y el control territorial que ejercen grupos de poder, en lugar del Estado. Estas disputas generan la violencia e inseguridad que afectan a las comunidades rurales.

En la Amazonía y el Pacífico donde están los territorios de comunidades negras e indígenas, un gran número de municipios sin información catastral, tierras que están articuladas al PNIS donde, la tierra no puede ser adjudicada, por ser territorios colectivos o zonas de reserva forestal.

En la región de la Orinoquía, 5.5 millones de las 7.3 millones de hectáreas, que el Ministerio de Agricultura y la Sociedad de Agricultores de Colombia estiman como aptas para ser incluidas en las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), iniciativa impulsada por grandes ingenios azucareros y gremios de cultivo de palma de aceite, entre otros, como una alternativa de inversión

El persistente conflicto y la implementación del Acuerdo, han puesto en riesgo el avance de los procesos organizativos y sociales. En junio de 2018 se contaban 148 asesinatos, a partir de la firma del Acuerdo de paz, y luego de la posesión del nuevo presidente, se presentaron 120 asesinatos de líderes sociales. Estos asesinatos están ligados a la búsqueda del reconocimiento efectivo de derechos, restitución a derechos de víctimas, derechos colectivos territoriales y culturales, y la participación de sectores políticos alternativos.

4. Algunas respuestas desde las regiones y las organizaciones sociales

Se conforma una “Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo” integrado por una gama de actores, incluidos organizaciones campesinas e indígenas en conflicto por la delimitación de sus tierras, por lo que no se ha podido constituir la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.

Una medida es la constitución de Guardias campesinas como figura civil de seguridad del territorio y de la vida, para velar por los intereses y la autonomía campesina.

A inicios de 2019, en la Audiencia Pública: “El campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo”, los sectores detractores del señalan que éste desconoce al agro. El Movimiento Alternativo Indígena y Social señala que el PND refleja el poco interés del gobierno de Duque tiene hacia el desarrollo rural. Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras, mostró la vulneración de derechos a los sujetos de especial protección constitucional que se deben beneficiar con la RRI. Adriana Fuentes de FIAN, argumentó sobre lo inapropiado de las estrategias gubernamentales, que expuso su mayor preocupación por la actividad minera, que por la agropecuaria. Mientras que el campesinado invisibilizado, por la “productividad” que brindan las empresas y por un Estado centralista. La adecuación de tierras está basada en alianzas público privadas, los distritos de riego están privatizados y abocados a la palma de aceite, en lugar del cultivo de alimentos.

5. Propuestas: la Minga como respuesta

Se tuvo una participación multitudinaria en consultas populares para decidir sobre sus derechos y territorios. En la mayoría de las manifestaciones en Bogotá, se mostró la disposición de dialogar con el Estado. No obstante, también se vio la inasistencia a las mesas de trabajo planificadas por parte del gobierno.

La Minga Indígena de inicios de 2019, surge como alternativa al Plan de Desarrollo y la urgencia de frenar los asesinatos, secuestros, desplazamientos forzosos, y además, por el rechazo al Tratado de Libre Comercio y la aplicación de las políticas de la Seguridad Democrática. El Consejo Regional Indígena del Cauca reclamó el cumplimiento de compromisos de 2005 y sumó exigencias acordar un plan cuatrienal 2019-2022. Más organizaciones se suman, y acuerdan un Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina y presentan una “propuesta campesina para el PND”.

Cerca de 1.700 campesinos exigieron su inclusión en el censo poblacional. La Corte Suprema de Justicia pidió al Estado, delimitar el concepto de campesino, contabilizar e identificar su situación actual para garantizar el derecho a la igualdad material.

6. Normas: ámbito jurídico para la implementación del Acuerdo
   de paz

Gobernanzas locales

La Zona de Reserva Campesina Valle del río Cimitarra estableció, en los años 90, un acuerdo entre las comunidades de la zona con el ELN y las FARC para evitar la deforestación y respetar ese territorio, medida que continua en vigencia. Otros ejemplos son el de la ZRC de la cuenca del río Pato y Balsillas, donde hay un acuerdo escrito entre las familias de la zona, se registra cuánto se tala y cuánto se caza. Y finalmente, la ZRC de Cabrera donde sus habitantes realizaron una consulta popular que prohibió los proyectos mineros en el complejo de páramos Sumapaz y Cruz Verde.

La restitución de tierras a víctimas de la violencia

A fines de 2018, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 120.233 solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas, 93.165 se encuentran habilitadas para la restitución de tierras. Se ha finalizado el trámite administrativo para 72 % de las solicitudes habilitadas y 24.352 (36 %), fueron incluidas en el Registro. Estas inscripciones corresponden, a su vez, a 2.310.227 hectáreas.

En el 2018, se decretó la primera Zidres, con 175 mil hectáreas de extensión. Este instrumento de fomento productivo permite que el Estado arriende o concesione grandes extensiones de tierras a empresarios que deseen desarrollar un proyecto productivo con medianos y pequeños productores, bajo un esquema asociativo.

7. Instituciones

Se hizo una consulta previa sobre el Proyecto de ley que modifica la Ley de Reforma Agraria y al Decreto 902 (2017), a la cabeza del MADR y la ANT. 

Las organizaciones que siguen la implementación de una política rural redistributiva y reconocimiento de derechos, han argumentado que, al contrario de lo formulado en el PND, su enfoque es “anticampesino” debido a que “no reconoce el papel de los pobladores rurales en el desarrollo rural”. Las críticas al PND 2018-2022 se refieren a que el incentivo a la asociatividad se enfoca hacia la agroindustria a partir del desarrollo de clústeres, cadenas de valor, etc. sin promover la pequeña y mediana producción. El Catastro Multipropósito parece estar orientado “a dar legalidad a situaciones irregulares e ilegales que se presentan en los procesos de adquisición y acumulación de tierras, para generar la confianza inversionista”, requerida en grandes proyectos agroindustriales y de infraestructura. En cuanto a la Infraestructura productiva, 75 % de las vías terciarias se encuentran en mal estado, y la meta para la construcción de nuevas vías terciarias de 400 kilómetros muestra que la estrategia “sólo funciona a pocos kilómetros de las vías secundarias y principales, a distancias más profundas, los altos costos de intermediación los tornan inviables”. Respecto a la cobertura de riego, en Colombia es apenas de 6 % de los 18,4 millones de hectáreas con potencial para incorporar riego y drenaje. El PND propone ampliar la cobertura, pero es significativa la diferencia entre las 5.900 hectáreas en áreas de riego para pequeños productores contrastan con las 144.917 hectáreas con distritos de adecuación, que seguramente serán priorizados en áreas donde se establezcan los encadenamientos agroindustriales. El acelerado crecimiento de cultivos ilícitos es uno de los mayores retos para la construcción de la paz, los profesionales que estuvieron en la Mesa de Concertación Nacional, muestran que la exclusión de compra de predios por mejoras cuando existan cultivos ilícitos implica en la práctica no brindar alternativas a “miles de familias que dependen de este tipo de economías”. Finalmente, respecto a las mujeres rurales, el PND indica que los procesos de acceso y formalización de tierras, sumarán de 8 mil a 12 mil las mujeres beneficiadas. Las metas apuntan a que la participación en servicios y créditos, llegue a 30 % y a 34 %, respectivamente. Sin embargo, Jennifer Mojica, ex-subgerente del Incoder señala que “el enfoque diferencial se limita a decir que una parte de los “beneficiarios” serán mujeres, más no recoge las necesidades diferenciales de género”, la economía del cuidado y otras formas propias de producción de la mujer rural.

Pacto de Leticia, reunión infructuosa
para la Amazonía

Oscar Bazoberry Chali

El día 6 de septiembre, se llevó a cabo una Reunión de Jefes de Estado y Jefes de Delegaciones en Colombia. El fuego y la devastación de los incendios para la deforestación en la región sudamericana, ya se habían difundido a nivel mundial, y en especial, la población de los países amazónicos mostraba su preocupación por las políticas y la responsabilidad de sus gobiernos en estos fenómenos donde confluyen causas climáticas con acciones humanas.

A mediados de septiembre, con mayor información sobre la magnitud de los incendios y su recurrencia en los últimos años, y la escasa reacción de los países y la región en emergencias de esta naturaleza. Ningún gobierno dispuso a la población de información continua, sistemática, y en tiempo real sobre los incendios. Este hecho que desnudó la escasa información oficial y pública sobre la tenencia y distribución de tierras, permisos de desforestación, y otros que permitirían tener mayor certeza sobre las responsabilidades y acciones de previsión a futuro.

Sobre esta base, se puede valorar la reunión de los presidentes y el texto firmado, que se denominó “Pacto de Leticia por la Amazonía”.

Primero:

La convocatoria y la reunión se realizaron al margen de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). El documento del pacto se refiere a esta institución intergubernamental de los mismos países que propiciaron el encuentro de Leticia, como un tercero, un externo, al mismo nivel que otros Estados y fuentes de cooperación: “Nuestra intención de cooperar y nuestro llamado a otros Estados interesados, a la Organización  del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y demás organizaciones regionales e internacionales a cooperar para la consecución de las acciones aquí acordadas construyendo en armonía con los esfuerzos nacionales y en atención a las solicitudes de los países amazónicos signatarios de este Pacto y con pleno respeto a su soberanía” (Pacto de Leticia, 2019).

El Pacto llama a “Fortalecer la acción coordinada para la valoración de los bosques y la biodiversidad, (…) Establecer mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información para combatir acciones ilegales, (…) Crear la Red Amazónica de Cooperación ante desastres naturales”; entre otras intenciones y verbos que expresan acciones inaugurales como si no existieran o no habrían existido anteriormente, incluyendo la creación de organizaciones intergubernamentales.

A su vez la OTCA, que visiblemente no jugó ningún rol en el evento, días después publica un comunicado valorando la acción de los Estados en apaciguar los incendios forestales, controlar la deforestación, y remata la publicación en formato de noticia, con un mensaje de la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), que llama a retomar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y dar funcionalidad a la OTCA, en vez de crear nuevas instituciones.

Al parecer, como en otros casos en la región, nuevamente tenemos una organización intergubernamental disfuncional con los procesos políticos de la región, con escasa capacidad técnica y con ninguna relevancia en el alcance de sus propios objetivos.

Segundo:

Resalta en el texto publicado, la “advertencia” de que las Amazonías, son propiedad y un asunto de los Estado-nacionales. Afirmación llamativa porque el trasfondo de la declaración es una reiteración histórica de la mirada de los Estados sobre los territorios y poblaciones, a quienes se les niega su historia propia, cultura y formas de gobierno subnacional, y de autogobierno reconocido en sus normativas, y por el derecho internacional refrendado en los países.

Utilizamos en plural Amazonías, por la interdependencia de los sistemas ecológicos y la acción humana, y que desde la mirada de los Estados son territorios fragmentados por el derecho internacional y su soberanía, aunque no atención. Como reza el Pacto de Leticia: “Reafirmando los derechos soberanos de los países de la región Amazónica sobre sus territorios y sus recursos naturales, incluyendo el desarrollo y el uso sostenible de esos recursos, conforme es reconocido por el derecho internacional”, agrega “Alentando a la comunidad internacional a cooperar por la conservación y el desarrollo de la Amazonía, sobre la base del respeto a sus respectivas soberanías, prioridades e intereses nacionales”

Dada la primacía de los Estados, cabe la pregunta ¿Para qué un pacto? Caben dos respuestas: 1) para mejorar la colaboración de los Estados en un objetivo común sobre la Amazonía; 2) para ratificar sus soberanías en un contexto de globalización que amenaza las decisiones de los gobiernos. En este texto, prima la segunda.

Tercero:

Se reconoce la importancia que en la declaración, y en la organización del evento, ha tenido y tiene la población indígena. La combinación del enfoque de biodiversidad y “pueblos indígenas y tribales y pueblos en condición de aislamiento voluntario  y  contacto  inicial  (PIACI)  poseedores  de  saberes  ancestrales, conocimientos  tradicionales  y  diversidad  cultural  y  lingüística,  que  deben protegidos”, es altamente significativa.

Sin embargo, es tenue el reconocimiento a los derechos sobre el territorio, y las demandas de autonomía, derecho a la consulta, participación en las decisiones sobre el territorio independientemente del Estado que los acoja, y a estas alturas, también podemos decir, a pesar de quienes ostentan sus gobiernos.

Resulta más ilustrativa, la ambigüedad de la declaración respecto a los otros actores que se encuentran en la Amazonía, quienes impulsan la deforestación, quienes realizan las actividades ilegales, quienes fomentan el mercado inmobiliario y las ciudades, quienes contaminan los ríos, quienes extraen la madera. Se omite, como en otros documentos oficiales, nombrar a los otros sujetos que se encuentran activos en la Amazonía y que amparados en las leyes de los países o en las omisiones institucionales, son parte del problema que se pretende enfrentar, y tendrán que ser parte activa de las soluciones.

La omisión a la multiplicidad de actores e intereses, en este caso, resguarda la responsabilidad de los Estados apuntando al conjunto de “actividades ilegales que atentan la conservación de la Amazonía”, y no así a las actividades legales e impulsadas por los propios Estados, incluida la violencia ejercida contra los líderes y población indígena amazónica.

Para terminar

El Pacto de Leticia anticipa, o más bien reitera, el ánimo de los Estados sudamericanos respecto a los recursos naturales, la biodiversidad, los recursos estratégicos como el agua, y su subordinación a la economía extractiva y dependiente que está vigente y se consolida en los últimos años, incluidas las actividades que en el documento se señalan como ilegales. En este sentido la Amazonía no es una excepción.

Como en otros documentos, siempre será un gran paso el reconocer a los pueblos indígenas, el patrimonio de la biodiversidad. Sin embargo, continuará siendo una visión parcial si no se nombra, identifica y conoce a los otros actores que intervienen en los territorios, y en buena parte de las veces violentan las estructuras sociales y las de la naturaleza, por codicia de la acumulación y por la búsqueda de mejores oportunidades. En este sentido, no se puede aislar discursivamente a la Amazonía del conjunto de políticas nacionales y la responsabilidad de los gobiernos en los desplazamientos forzados, y en los incentivos, formales e informales, a la inversión extractivista –nacional o transnacional- insostenible.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que las iniciativas, actividades, prácticas, expectativas que atentan con la biodiversidad y las culturas amazónicas, se han transnacionalizado, translatinizado, por lo que los intereses de los gobiernos, en protección de empresas de sus países, contradice la idea de soberanía a la que hacen alusión en el Pacto de Leticia. Si a esto le sumamos la histórica y permanente debilidad de las organizaciones intergubernamentales, de los mecanismos de colaboración y cooperación regional que se han creado en Sudamérica y Latinoamérica, el impacto de la OTCA o lo que pueda sustituirla en el corto plazo, es más un juego de luces que la voluntad de fortalecimiento de un sistema de coordinación efectivo.

Algunos datos

El encuentro de Leticia es producto del Encuentro Presidencial y V Gabinete Binacional Perú-Colombia que se reunió el 27 de agosto de 2019 en la ciudad de Pucallpa Perú. En el comunicado indica: “4. Los señores Presidentes reconocieron la necesidad de unir esfuerzos en beneficio de la protección y uso sostenible de la región Amazónica, por ser uno de los ecosistemas más importantes para la resiliencia del planeta, y coincidieron en impulsar la propuesta de Colombia de convocar a los países amazónicos para establecer un Pacto que procure su conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible, en beneficio de las comunidades que la habitan, con pleno respeto a las respectivas soberanías nacionales. Para ello acordaron convocar una urgente reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la región Amazónica en Leticia (Colombia) el 6 de septiembre, con el fin de aunar esfuerzos para este propósito” (https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/50233-declaracion-de-pucallpa).

Con un lapso muy breve, para 10 días después, el Presidente de Colombia llama a una Cumbre Presidencial por la Amazonía, y hace una alusión al tratado y estructura intergubernamental vigente, “Es cierto que en 1978 se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y después, en la década del 2000, se creó la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), pero lo cierto es que la OTCA y el Tratado como tal se han quedado cortos y no han tenido el suficiente liderazgo a nivel presidencial para entender cómo debemos ejercer una protección armónica, confiable y basada en indicadores, de nuestra Amazonía” (https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Presidente-Duque-liderara-este-viernes-en-Leticia-la-Cumbre-Presidencial-por-la-Amazonia-191905.aspx).

Cabe recordar que el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), ha sido firmado julio de 1978 por todos los países que tienen presencia en la Amazonía. Con un protocolo de enmienda, firmado en Caracas en diciembre de 1998, se crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) con sede permanente en Brasilia. En esta coyuntura, la Secretaría General está en manos de Bolivia.

En el portal electrónico de la OTCA, se publica una noticia en la que la Ex Secretaria de la OTCA, la ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano (gestión 2004-2007), sin hacer referencia a la reunión de Leticia, publica una nota titulada “El porqué de la OTCA”, donde indica lo siguiente: “La idea de crear un nuevo tratado significaría desconocer una tradición que ya tiene cuatro décadas e implicaría un partir de cero en la consecución de acuerdos en los que ya la organización tiene cierta experiencia. Es hora de volver al multilateralismo para solucionar los problemas, de fortalecer las instituciones y no crear nuevas que entrañan dificultades burocráticas para cristalizar acuerdos” (http://www.otca-oficial.info/news/details/582).

Una década para la reparación de los daños que dejaron los incendios forestales

Lorenzo Soliz

Tristemente, el 2019 pasará a la historia como el año en que la humanidad incendió el planeta, la casa grande de todos los seres vivos. El fuego está arrasando con muchas áreas de distintas regiones de países del norte y del sur.

Arden los pulmones del planeta

Se suele decir que la Amazonía es el pulmón del planeta, y los africanos nos enseñaron que los bosques tropicales del África son el otro pulmón. Este año ambos pulmones están soportando incendios de magnitud y mayores presiones por diferentes frentes. Sin embargo, nada se compara con los incendios de la Amazonía -sobre todo brasilera, pero también una parte de la Amazonía boliviana y peruana, como pudimos evidenciar hace unos días-, de los Bosques de la Chiquitanía y del Chaco paraguayo, que movilizaron a la sociedad civil, la condena y repudio de organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la comunidad internacional en general.

Los datos preliminares de las superficies quemadas fueron proporcionados por INPE en el caso de Brasil, reportan 57.827 km2 quemados, de los cuales 18.629 (más de 1.800.000 hectáreas) corresponderían a la Amazonía. En el caso de Bolivia, solo en la Chiquitanía al menos 750.000 hectáreas y en Paraguay 350.000 hectáreas. En la zona de la triple frontera amazónica de Perú, Bolivia y Brasil, en el lado peruano, en Iñapari, fueron quemadas más de 1.500 hectáreas.

Modelos de desarrollo y consumismo gatillan los incendios forestales

Los incendios que están aconteciendo en la Amazonia y en las tierras bajas de Sudamérica tienen su origen en la irresponsable acción humana, principalmente por la codicia y el enriquecimiento a costa del extractivismo y destrucción de la naturaleza; la demencia por el crecimiento económico de los modelos de desarrollo imperantes en la región; las leyes, políticas, prácticas e inversiones que la sustentan y respaldan. Asimismo, en estilos de vida basados en el consumismo de bienes y servicios a gran escala. Juntos gatillan el incremento de la producción y exportación de commodities, la ampliación de la frontera agrícola y la deforestación basada en las quemas que hoy están mermando los pulmones del planeta.

Si bien el uso del fuego es una práctica antigua en la agricultura, éste se utilizó en la disputa por tierras y recursos naturales sea para expulsar a comunidades campesinas, pueblos indígenas de sus territorios o para justificar el haber realizado trabajo e “inversiones” y legalizar la posesión. Hoy, además, -incluso declarando el 10 de agosto como “el día del fuego” en el caso de Brasil- se lo utiliza para dar cumplimiento a las verdaderas políticas y planes de los gobernantes de los países afectados, que respaldan y promueven los intereses de grandes propietarios de la tierra, capitales transnacionales del agronegocio, de sendos encuentros de gobernantes de otras latitudes que concluyeron con acuerdos y compromisos de exportación de comodities, especialmente de carne. No desconocemos que algunos pequeños productores siguen esta ruta, en el furgón de cola del agronegocio, incendiando los bosques para habilitar tierras para cultivos industriales y la ganadería. En el caso de Bolivia, según la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde 2017 los “actores de desmonte” son comunidades campesinas en 31%; en 6% las comunidades indígenas, y 63% correspondió a los propietarios privados; esta es una tendencia que se mantiene al menos las últimas dos décadas.

Pese a las estimaciones preliminares o definitivas de las superficies quemadas, nunca se podrá determinar las cuantiosas pérdidas en biodiversidad, en fauna y flora; de las inversiones y bases productivas, de bosques manejados con recursos forestales no maderables, la melea, los recursos de caza, pesca y farmacopea de comunidades y pueblos indígenas en sus territorios y sus bosques. Tampoco los costos de la contaminación ambiental a nivel local y global; los efectos de la contaminación de ríos y fuentes de agua como de la lluvia ácida que sobreviene; los gastos de la población por las afectaciones a su salud, las horas no trabajadas y las horas de clases perdidas en las escuelas de las zonas directamente afectadas. Imposible determinar el esfuerzo humano de tantos voluntarios y personal asignado para sofocar los incendios y los enormes costos de la logística por tierra y aire, etc. Éstos y los gastos no informados ni transparentados por los gobiernos son el alto costo del “desarrollo”, del tipo de crecimiento económico que ellos promueven y respaldan.

En riesgo los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo por el clima

Estamos próximos a completar el cuarto año de vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como se sabe, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó en septiembre de 2015, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, debido a los incendios forestales y sus múltiples efectos, sobre todo en las zonas directamente afectadas en los diferentes países no será fácil poner fin a la pobreza en todas sus formas (ODS 1); tampoco lograr el hambre cero, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y la agricultura sostenible (ODS 2) cuando las bases productivas, el hábitat y los bosques y áreas de sustento se han perdido y llevará tiempo en recuperarse. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible (ODS 8), corre el riesgo de quedar en slogan, si no se toma en cuenta adecuadamente que lo sostenible, como recupera la Declaración de la ONU, implica lo social, económico y ambiental, y no solamente el ímpetu por el crecimiento económico. Con los incendios forestales y sus efectos multidimensionales se ha retrocedido décadas en la tarea adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13) y, más aún, en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, y detener la pérdida de biodiversidad (ODS 15). Estos efectos multidimensionales que están provocando los incendios forestales comprometerán también la reducción de las desigualdades (ODS 10), que es el mayor reto de nuestros tiempos.

A ello se añade que existe un serio riesgo de no lograr evitar el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial; en vez de reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en 45% para 2030, estas cifras se han incrementado a nivel planetario, especialmente desde la Amazonía.

En Vísperas del Sínodo por la Amazonía

El Papa Francisco convocó para este 6 al 27 de octubre venidero a una Asamblea Sinodal Especial sobre la Panamazonía, región del planeta en que habitan cerca de 34 millones de personas, de los cuales más de tres millones son indígenas de más de 390 pueblos y culturas que conviven en una relación vital con la naturaleza. Ya en el primer encuentro preparatorio del Sínodo en 2018, el Papa indicó “Probablemente, los pueblos originarios amazónicos, nunca estuvieron tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes”. Los incendios forestales y la crisis climática que actualmente vive esta región en vísperas del Sínodo son parte y expresión de dichas disputas, que están provocando los efectos multidimensionales que hemos mencionado, especialmente sobre la población más vulnerable y la biodiversidad. Sin duda la Asamblea sinodal deberá referirse no sólo a la situación actual de crisis ambiental sino sobre los modelos de desarrollo imperantes en la región, como ya lo ha manifestado recientemente el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

Una década para la reparación de los daños

La tarea inmediata es extremar recursos y voluntades para apagar los incendios, infelizmente fue necesaria la movilización social y el repudio internacional para sensibilizar a algunos gobernantes.

Sofocado el fuego, los especialistas indican que se requerirán 200 años para la recuperación de los bosques primarios, es necesario declarar la década de la reparación de los múltiples daños a la naturaleza, al ambiente y a las poblaciones locales, con medidas específicas y recursos asignados en terreno. Entre ellas, veda por 10 años para la caza y pesca en las zonas afectadas, salvo si en ellos viven poblaciones nativas. Recuperación de áreas protegidas, de bosque primario y planes de manejo de recursos naturales. Asignación de recursos para la reforestación efectiva con especies locales, asegurando su prendimiento y monitoreo hasta su madurez, tarea a la que deben contribuir soldados, premilitares, voluntarios, etc. Recuperación y fortalecimiento de las bases productivas de las poblaciones afectadas. Implementación del manejo de cuencas y microcuencas de las áreas afectadas. Derogatoria de normas, políticas y leyes que autorizan quemas e incentivan el desbosque, endurecimiento de sanciones a los infractores, con acciones de reparación y reforestación. Incremento de la productividad según la vocación productiva de cada en área, sin necesidad de ampliar nuevas superficies, con innovación tecnológica, promoción de la agricultura sostenible, la agricultura sin quema, entre otras. Sobre esto último hay muchas experiencias locales en los diferentes países que optan por modelos productivos sostenibles, tomados en cuenta por los gobernantes pero solo en el papel más no en la práctica. Reforzamiento de la educación ambiental en todo el sistema educativo formal y no formal. Estas propuestas se suman o son parte de acuerdos internacionales sobre el clima, los Objetivos de desarrollo sostenible al 2030, la década de la agricultura familiar, entre otras.

El poder de los consumidores locales, nacionales y de ultramar también puede contribuir a la reparación de las zonas afectadas, desde la demanda y el consumo responsable e informado. Quienes tienen el poder político y el poder de la influencia pueden contribuir a cambiar los modelos productivos y modelos de desarrollo, para evitar y reparar lo que está aconteciendo en 2019, por los incendios forestales.

Las semillas son bienes comunes ¿necesitamos leyes para protegerlas?

Jhaquelin Dávalos Escobar

El acaparamiento de las semillas a nivel del mundo es un asunto crucial para la autonomía de las naciones, organizaciones campesinas e indígenas. Las empresas de semillas se valen no sólo de mecanismos tecnológicos para apropiarse de las semillas sino también de mecanismos jurídicos, logrando que los Estados les atribuyan derechos de propiedad intelectual o derechos de obtentor vegetal (Bravo, 2019). Ante esta fuerte presión, las y los sujetos de la agricultura familiar han generado resistencias a nivel de la inventariación, conservación, intercambio de semillas y el posicionamiento de esta problemática en la agenda internacional (Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, 2018). Sin embargo, una formación para discriminar algunos enfoques de protección de las semillas, se avizoraba muy necesaria. Por ejemplo, la certificación de semillas, queriendo o sin querer, le hace el juego a los grandes monopolios de semillas. Por eso, hacía falta generar un curso que profundice el enfoque de los bienes comunes en el análisis de las leyes de semillas a nivel de la región andina. De esa manera, dicha experiencia virtual será compartida aquí.

Enfoques de protección de las semillas

Para diferenciar los enfoques de protección de las semillas es útil analizar los argumentos que defienden normativas internacionales que instalan un mercado de semillas. En el curso, Elizabeth Bravo, bióloga y docente del curso, propuso un ejercicio bastante arriesgado: ver el documental "La Gran Historia - Perú: Biopiratería". El argumento principal de este video, alineado al Protocolo de Nagoya, es que la problemática de las semillas radica en la biopiratería y la falta de pago de beneficios a los territorios que han proveído semillas a las empresas. El video es tan convincente que cualquiera se pone a protestar por el robo de recursos fitogenéticos y empieza a simpatizar con la idea de que debiera existir compensaciones económicas por ello. Sin embargo, desde el enfoque de los bienes comunes el problema surge con la acumulación por desposesión de las semillas y con la obligatoriedad tácita de que los territorios sean asumidos como mercados de semillas en una nomenclatura (proveedores-usuarios) que los convierte en territorios dependientes. Este análisis no hubiera sido fácil de no comprender que:

Los (bienes) comunes cuestionan las nociones de propiedad: numerosos (bienes) comunes no pueden ser usados y explotados por todos a su libre antojo, pero tampoco son propiedad privada. En los regímenes de propiedad privada las personas tienen la propiedad legal de determinados bienes, pueden excluir legalmente a otros del uso y los beneficios de esa propiedad, y tienen el derecho a disponer de la propiedad como lo deseen. La propiedad individual y privada constituye la base del intercambio comercial. Expresar tales transacciones como “derechos” da a entender que los derechos humanos son necesariamente individuales, y que en un mercado todos los actores tienen los mismos “derechos”. Los (bienes) comunes, por otro lado, se remiten a una posesión y “propiedad” (a falta de mejores términos) colectiva, donde un grupo o más de personas ejerce derechos colectivos para usar, beneficiarse y tomar decisiones sobre algo compartido: un espacio, recursos, etc. A diferencia de los regímenes de propiedad privada, la gobernanza de los (bienes) comunes tiene en cuenta las asimetrías de poder entre personas y comunidades, así como el posible abuso de poder (Shalmali, 2017:2)

Otro ejercicio para comprender las tendencias de los enfoques de protección de las semillas es analizar las políticas nacionales de protección de semillas. En algunas sesiones con técnicos bolivianos en Charagua, Santa Cruz, y Macharatí, Chuquisaca, territorios en proceso de consolidación de la autonomía indígena, se reflexionó, por ejemplo que “(…) el desequilibrio de disponibilidad entre semillas nativas y criollas de maíz y semillas de soya. El ente responsable de la certificación de semillas en Bolivia, ha priorizado, por lo menos en el chaco, más variedades de soya que variedades de maíz criollo. De hecho, el INIAF solo tiene inscritos al maíz gateado y blando, de acuerdo al agrónomo Gilberto Gaspar” (Dávalos, 2019); aunque el maíz es alimento fundamental en la zona para garantizar la seguridad alimentaria guaraní y criolla. Sin embargo, desde la institución estatal se prioriza la soya para su certificación y desde el lenguaje se procura su aceptación a partir de nominaciones locales. Así, variedades de soya tienen nombres locales como “munasqa”, querer en quechua, o “jenecherú”, el fuego que nunca se apaga, en guaraní.

Ahora, ejercitar una mirada que afirme las semillas como bienes comunes tampoco es tan sencillo de hacer; pero, una, manera de hacerlo es poniendo en relación la realidades jurídicas de nuestros países, reconociendo problemáticas comunes y plateando creativamente algunas estrategias para afirmar a las semillas como bienes comunes. Al respecto compartimos un mapa verbo icónico, de Luana Rockenbach del Brasil.

“Para mantener las semillas criollas es necesario mantener el territorio y la cultura de los pueblos que las cultivan. La educación debe ser integral y considerar los conocimientos tradicionales como un patrimonio a ser mantenido. La tierra y las semillas deben ser bienes comunes de libre acceso a los pueblos. Qué es el agronegocio sino la expresión del machismo y patriarcado sobre la tierra. Por eso, el feminismo campesino debe garantizar que la mujer participe de las decisiones sobre qué y cómo plantar y trabajar la tierra, que pueda expresarse sobre la tierra, las semillas y sus conocimientos.

En el mapa se muestra cómo fortalecer al campesino con un consumo consciente de parte del público urbano, cooperativas y sistemas de participación de garantía que le permita seguir produciendo con biodiversidad. Es muy importante que las personas en la ciudad estén conscientes de la marginación que sufre las semillas y el campesino para que se sumen a la lucha por derechos y contra el monopolio sobre las semillas.” (Luana Rockenbach).

Este curso virtual no sólo ha sido un ejercicio cognitivo sino una manera de posicionar el enfoque de los bienes comunes desde trabajos puntuales como memes, infografías, podcasts y de mapas. Además, de acuerdo a Germán Vélez, docente que diseño el curso, ha permitido desarrollar “herramientas para  conocer los marcos jurídicos internacionales sobre propiedad intelectual, biodiversidad, semillas que se implementan en los países andinos; conocer las normas  relativas a la propiedad intelectual y de certificación de semillas; conocer los marcos normativos sobre semillas en los países andinos; e  identificar estrategias, acciones sociales y locales que buscan proteger y defender los bienes comunes frente a la privatización y el control  de las semillas”

El Curso virtual: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes ha sido ha sido organizado en la alianza IPDRS, Grupo Semillas, CIDES UMSA y CIPCA bajo el principio de que ningún pueblo en el mundo podrá vivir autónomamente sin sus semillas.

Referencias bibliográficas

BRAVO, Elizabeth (2019). Unidad 1: Marcos jurídicos internacionales sobre las semillas. En: Curso virtual. Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes comunes. La Paz: IPDRS-Interaprendizaje. Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural. 

DAVALOS, Jhaquelin (2019). Macharetí y Charagua, región del chaco boliviano, en el curso virtual de Leyes de semillas en los países andinos. La Paz: Interaprendizaje-IPDRS. Recuperado de: http://bit.ly/2FuujKT

GRUPO HISPAN TV (13 de noviembre de 2013). La Gran Historia Perú: Biopiratería. Recuperado de: https://bit.ly/2Cy4S9J

ONU. (2018). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/73/165 Consultada en marzo 15 de 2019.

SHALMALI, Guttal (22 de noviembre 2017). El derecho a los (bienes) comunes. Boletín 234. Uruguay:  Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Recuperado de: https://bit.ly/2GxnJFD

 Las Reformas Tributarias: una cátedra de la dominación en el Paraguay

Luis Rojas Villagra

Por enésima vez en las últimas décadas, se vuelve a hablar de una reforma tributaria en el Paraguay. Las causas de este recurrente debate son las mismas de siempre: los insuficientes recursos provenientes de impuestos con que cuenta el Estado paraguayo, la bajísima presión tributaria del país, la baja inversión pública en salud, educación, vivienda, etc., el escaso aporte de los sectores más rentables de la economía como el de los agronegocios, el injusto sistema tributario que aumenta las desigualdades, entre otros.

Desde el inicio de la denominada transición democrática en 1989, varias reformas tributarias se han implementado, a partir del diagnóstico señalado, pero las mismas no solo no solucionaron dichos males, sino que, en ciertos casos, los profundizaron. La primera de ellas, la reforma de 1991, plasmada en la Ley 125/91, generalizó el IVA, el impuesto menos justo y progresivo, colocándolo como la columna vertebral del sistema tributario, cargado principalmente sobre las espaldas de la estrecha clase media y las amplias capas empobrecidas del país.

La segunda reforma significativa del periodo llegó en el 2004, 13 años después, con la denominada Ley de Adecuación Fiscal (Ley 2421/04), que fue impulsada con un fuerte componente discursivo de justicia tributaria. La misma creó el Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias (IMAGRO), con la promesa de mayor contribución de los sectores de más altos ingresos, lo cual de ninguna manera ocurrió: el IRP no entró en vigencia sino hasta el año 2012 (8 años después), cuando fue desfigurado por el Legislativo en su capacidad recaudatoria; por su parte el IMAGRO nunca recaudó un monto significativo del sector ganadero y sojero, garantizando privilegios para los mismos. Además de esto, la ley del 2004 eliminó los denominados derechos aduaneros de exportación (como resultado del lobby sojero), una figura que contemplaba la ley anterior para gravar el comercio externo; además redujo la tasa del impuesto a la renta empresarial (IRACIS), del 30 al 10 %.

Ante el mantenimiento de la baja recaudación y la injusticia tributaria, nuevamente en el 2013 tuvo lugar otra reforma: la Ley 5061/13, que implementó el IVA Agropecuario y la sustitución del IMAGRO por el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRAGRO). Esta reforma estuvo enfocada en el escaso aporte del sector agropecuario, y fue una reacción de dicho sector a la posibilidad de aprobación del impuesto a la exportación de granos en el Congreso, que debía ser tratado. Ese impuesto fue descartado bajo la (falsa) promesa de que con el IRAGRO y el IVA agropecuario la recaudación desde este influyente sector se incrementaría significativamente: el impulsor técnico de este proyecto, Manuel Ferreira, entonces ministro de Hacienda, hablaba de un incremento en el aporte en torno a los 300 millones de dólares. Esto nunca ocurrió, en el 2018 el IRAGRO solo aportó el 2,4 % de las recaudaciones y los defectos del sistema fiscal se mantuvieron, por lo cual en el 2019, se vuelve al mismo debate de los últimos 30 años.

Un Estado controlado

Lo relatado anteriormente describe una dinámica recurrente en relación al Estado y la política en el país: mientras los discursos y justificaciones van en una dirección, las acciones y medidas concretas van en la dirección contraria. No se hace lo que se dice, más bien se concreta y prolonga lo que se dice combatir. Mientras la Constitución Nacional garantiza empleo, salud, educación, vivienda, ambiente sano y oportunidades para el desarrollo de toda la población, la realidad cotidiana nos muestra desempleo, pobreza, pésimos servicios sanitarios y educativos, falta de tierras y viviendas, desalojos recurrentes, amplia contaminación y deforestación, migración forzada, cárceles repletas, violencia creciente.

En el caso del sistema tributario, el discurso ha sido durante cada proceso de reforma, el de lograr mayor justicia tributaria, más recaudación e inversión social, así como menos privilegios. En la práctica, las reformas realizadas han garantizado privilegios tributarios a los sectores de altos ingresos, han mantenido la presión tributaria más baja de Sudamérica[1], una bajísima inversión social y el incremento de las desigualdades sociales.

¿Por qué el Estado y la práctica política prolongan y profundizan un modelo tributario (y económico) que perpetúan la exclusión social y el enriquecimiento de ciertos sectores? ¿Por qué se habla de bien común y equidad social, cuando se gobierna según los intereses de los grupos de poder? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos conduce a otras preguntas, más de fondo ¿qué es el Estado? ¿a quién representa el gobierno? Sobre esto no hay consenso, si muchos debates y polémicas. En la versión liberal (dominante en el pensamiento colectivo de nuestra sociedad), el Estado es la nación jurídicamente organizada, y se constituye en un árbitro imparcial, que dirime de forma neutral los conflictos entre los diversos sectores de la sociedad. En esta visión idealizada del Estado, el mismo busca el bien común de todos los ciudadanos por igual.

Por el contrario, desde el pensamiento crítico, el Estado es la expresión de la correlación de fuerzas existente entre los diferentes sectores sociales, el tipo de Estado en un país es la condensación del poder y la fuerza de esos sectores en conflicto. En consecuencia, el Estado y el gobierno no son imparciales o neutrales, sino instrumento de diferentes sectores, de acuerdo al poder, a la fuerza, que detenten los mismos. Más allá de una retórica políticamente correcta, no está en la práctica al servicio de todos los sectores por igual, sino que se gobierna fundamentalmente para la defensa y ampliación de los intereses de los grupos o clases sociales de mayor poder e influencia.

Para explicar el comportamiento del Estado y la propia sociedad, el influyente intelectual italiano Antonio Gramsci (1891 – 1937), trabajó con el concepto de hegemonía, que expresa la conducción de un grupo social sobre otros, resultado de relaciones sociales conflictivas, donde el grupo hegemónico recurre a la construcción de consensos en el pensamiento colectivo, o a la coerción a partir del control de los poderes del Estado[2]. Señala Gramsci que, en las sociedades occidentales, tiende a prevalecer la dominación (hegemonía) por medio de la construcción de consensos, de ideas, convicciones y creencias, a través de instrumentos de la sociedad civil, particularmente los medios de comunicación, instituciones de formación, iglesias, asociaciones gremiales, partidos, entre otros, que moldean el pensamiento en función a los intereses del sector dominante. Una de las ideas centrales construidas para mantener los privilegios de un sector, es que vivimos en un sistema democrático, donde el Estado canaliza las demandas sociales hacia la construcción del bien común. Nada más alejado de la realidad paraguaya.

Lo que viene ocurriendo en el Paraguay desde hace varias décadas es que gobiernan el país, a partir de su posición hegemónica, miembros o representantes del sector empresarial, tanto nacional como extranjero, donde predomina un poderoso sector terrateniente vinculado a la explotación de la tierra y la especulación inmobiliaria, un moderno sector transnacional que controla el comercio exterior, y una burguesía fraudulenta, enriquecida a partir de sus negocios con el Estado, la corrupción y diversas actividades ilegales. Los partidos políticos principales y los aparatos ideológicos son instrumentos de los Cartes, Zucolillo, Vierci, Wasmosy, Riquelme, Favero, Cargill, Bayer-Monsanto, JBS, Itaú, etc., para la conservación del modelo económico y político vigente en el Paraguay, que les reditúa enormes ganancias y bajos impuestos, en detrimento de los sectores sociales de menores recursos y capacidad de incidencia.

Más recientemente, el fenómeno del control del Estado por parte de una élite poderosa ha sido definido por la organización internacional OXFAM como una Captura del Estado, que se da con “el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y en detrimento del interés general de la población. Cuanto más concentrado está el poder (que puede provenir de la riqueza, pero también de otras fuentes), más capacidad tienen las élites de crear o moldear leyes, políticas e instituciones que facilitan sus privilegios”[3].

Una nueva Reforma, una vieja práctica

El actual proceso de reforma fiscal, impulsado por el gobierno de Abdo Benítez, se inscribe en la lógica descrita: es un proceso con objetivos grandilocuentes en el discurso, mayor equidad social, justicia tributaria, eficiencia y transparencia, pero que en lo concreto apunta al mantenimiento de la misma estructura tributaria vigente, con leves retoques. La idea fundamental colocada en la opinión pública, para el mantenimiento de este sistema tributario de privilegios, es que con esta reforma el Paraguay logra competitividad para la atracción de inversiones, en base a bajas tasas de impuestos, que serán mantenidas o incluso reducidas, como señalan sus promotores: “la reforma tributaria ayudará a la competitividad y a la atracción de inversiones, ya que en la misma se plantea una baja de la tasa del impuesto para las empresas que remesan utilidades en el exterior para la inversión extranjera directa”[4]. De hecho, la reforma tributaria no plantea ningún cambio sustantivo en el sistema, solo retoques en consonancia con los intereses del sector empresarial, que busca mantener los bajos costos para sus empresas, como señala Manuel Ferreira “el país es atractivo en materia del bajo costo impositivo, energía eléctrica accesible, mano de obra y materiales a bajo costo”[5]. Para el ex ministro y asesor empresarial, es positivo que la mano de obra, es decir los trabajadores y trabajadoras, cobren bajos salarios, sin importar en qué condiciones viven.

El gobierno actual representa los intereses del mismo sector que ejerce una hegemonía excluyente desde hace décadas en el país. Por ello, para la elaboración de esta propuesta de reforma, el Ministerio de Hacienda conformó una Comisión Técnica Económica Tributaria, integrada por representantes del sector público y del sector privado, en especial, por miembros y asesores del sector empresarial. Como para dejar en claro quienes tienen influencia real y poder de decisión sobre las políticas económicas. Además de los representantes del gobierno y el Congreso en la Comisión, la integraron Santiago Peña (Banco BASA), Manuel Ferreira (DENDE), César Barreto (DENDE y Banco Familiar), los consultores de empresas Nora Ruoti y Carlos Mersán, Manuel Riera (Asociación Rural del Paraguay), Gustavo Volpe (Unión Industrial Paraguaya), Beltrán Macchi (Visión Banco), Carlos Jorge Bidermann (Cámara de Anunciantes del Paraguay), Esteban Morabito (MAAHSA), entre otros miembros del sector privado. No hubo representantes de los trabajadores, campesinos, indígenas o cooperativistas.

Este hecho nos trae a la memoria el denominado 1er Seminario sobre Reforma Agraria realizado en 1958, durante el gobierno de Stroessner. En el mismo, participaron los representantes del gobierno, de la FAO, de los terratenientes (ARP) y los empresarios (FEPRINCO). Para discutir sobre reforma agraria no se invitó a representantes de campesinos ni indígenas, a pesar de ser la población más numerosa interesada en la temática. De entonces a hoy, pasaron 60 años, tiempo en el que se ha mantenido dicha práctica, la captura del Estado por parte de los sectores de mayor fuerza (económica, política, comunicacional) en la sociedad, quienes gobiernan para sí mismos, desde los tres poderes.

Episodios similares se repiten de diversas maneras. En muchos entes públicos, existen asesores o consejeros permanentes, nombrados por los gremios empresariales, por ejemplo, en el BNF, INDERT, Fondo Ganadero, IPTA, CONACYT, INFONA, entre otros. También es recurrente que ejecutivos de empresas ocupen de forma intercalada, cargos en el sector público y privado, como ha ocurrido con presidentes del Banco Central, Ministros de Hacienda, de Industria, Obras Públicas, y muchos entes más. Los intereses empresariales, principalmente la búsqueda del lucro, están íntimamente entrelazados con las políticas públicas del Estado.

En resumen, en el Paraguay una minoría con poder gobierna para esa misma minoría. Lo cual ocurre en todos los ámbitos, sea en lo relativo a la tierra, la producción, la vivienda, el salario mínimo, el medio ambiente, la educación o la salud. Es la expresión del poder, de múltiples fuentes, que ha acumulado dicho sector. Para que las políticas públicas y las nuevas reformas que se vayan a implementar beneficien a los sectores populares, a los empobrecidos y marginados, será necesario un cambio en la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad. Será necesario que, éstos mismos sectores, empiecen a actuar colectivamente con mayor fuerza, a partir de la conciencia, organización, articulación y movilización, en dirección a las transformaciones sociales necesarias y la conquista de los derechos para todas y todos. Sin privilegios, como los que hoy detentan quienes se adueñaron del Estado y del país.

[1] Solo del 13 %, mientras Uruguay, Argentina y Brasil están por encima del 30 %.

[2] Antonio Gramsci, Análisis de las Situaciones. Relaciones de fuerzas. Disponible en www.gramsci.org.ar

[3] https://www.oxfam.org/es/que-es-la-captura-del-estado-y-que-tiene-que-ver-con-el-aumento-de-la-desigualdad-en-america-latina-caribe

[4]   https://www.5dias.com.py/2019/04/reforma-tributaria-no-implica-suba-de-tasas/

[5] https://www.abc.com.py/nacionales/2019/06/29/beneficios-para-el-paraguay-con-acuerdo-mercosur-ue/

 Reflexiones del informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en sudamérica 2018[1]

Oscar Bazoberry Chali,
sociólogo, coordinador general Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Ruth Bautista Durán,
socióloga, investigadora Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Presentamos algunas reflexiones que emergieron en el trabajo de coordinación de la cuarta versión del Informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, y el trabajo de edición realizado sobre los 9 capítulos correspondientes a 9 países de la región, que presenta el Informe 2018, un esfuerzo colectivo que se enmarca en las acciones del Movimiento Regional por la tierra y territorio.

Puede que en este acercamiento prime el ámbito gubernativo, que dificulta el abordaje regional e impone en los análisis, aquellas subjetividades, empatías o rechazos que nos generan los circunstanciales caudillos, líderes y representantes nacionales.

La oportunidad de tener lecturas comprometidas con las luchas campesinas e indígenas, en una estructura común para presentar los países, nos muestran síntomas, procesos y hasta consecuencias comunes a diversos países, y podemos visibilizar diálogos y alternativas de construcción horizontal.

1. Derechos de los campesinos

La Asamblea General del año 2018, 73ª periodo de sesiones, Resolución A/RES/73/165, de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, aún sin impacto visible. Desde que se presentó la iniciativa hasta que se emitió la declaración, pasaron 17 años. Tiempo que supuso mucho trabajo, comisiones, consejos y otros mecanismos de discusión en las Naciones Unidas. Finalmente la aprobaron en la Asamblea General, con 121 votos a favor, 8 en contra, 54 abstenciones y 10 países que no votaron.

De Sudamérica, en la sesión final, ocho países votaron a favor, ninguno en contra, tres se abstuvieron y uno no votó. Los que votaron a favor fueron: Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela. Los que se abstuvieron fueron Argentina, Brasil, Colombia. Paraguay no votó. En el caso de Paraguay habrá que indagar si fue un cambio de opinión, pues en la primera ronda votó favorablemente.

Los países que impulsaron la Declaración, a nivel interno no han generado ninguna repercusión y los gobiernos no han hecho mayor difusión. Corresponde entonces, un trabajo para garantizar su difusión y aplicación.

2. Estados dependientes, populismos y un nuevo ciclo neoliberal

Uno de los capítulos afirma que la actual coyuntura, es “una etapa transicional hacia el retorno neoliberal”, y otro explica que el Estado “no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero”. La figura del retorno podría ser cuestionable si se toma en cuenta que en el trasfondo de los progresismos en gobierno, no dejó de ser un modelo económico basado en la reprimarización de la economía y la concentración y privatización –y extranjerización– de los recursos naturales.

Ecuador como Argentina, recurren a negociar con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de equilibrar sus economías y salir a flote en un sistema en crisis. Este nuevo ciclo de profundización neoliberal determina el rol que juega el Estado (nacional) como protagonista, mediador o un actor más en la dinámica del mercado global.

Otro síntoma de esta renovación o profundización del modelo neoliberal, tiene que ver con la institucionalidad pública tomada por sectores gremiales específicos. A nombre del desarrollo, modernización y eficiencia, son los representantes de la agroindustria quienes dirigen los ministerios de agricultura, desarrollo rural, etc.

La relación de las organizaciones sociales y los gobiernos populistas restaron fuerza e independencia a las agendas reivindicativas. Esta es una alerta a sostener la independencia sindical u organizativa y la perspectiva de la libre determinación.

El endurecimiento de los gobiernos tiene que ver con decisiones a nivel económico y con una serie de radicalizaciones como respuesta a lo que se supone han sido los gobiernos de izquierda, el “discurso de odio” que promueve Jair Bolsonaro en Brasil, y también, la sistemática omisión a las aspiraciones a la paz en Colombia.

La importancia del rol del Estado sobrepasa la dimensión económica y el liberalismo de mercado. Los procesos de deslegitimación, escándalos de corrupción que se extienden al tráfico de tierras y al narcotráfico, ponen en entredicho la naturaleza de la democracia.

En cuanto al acceso a la tierra, estos temas se traducen en la reestructuración y el cambio de estatus que adquieren los temas rurales en la institucionalidad pública. En Colombia, la implementación de la paz invisibiliza la concentración y acaparamiento de tierras, y la política agraria está basada en alianzas público privadas.

En toda la región, existe una nítida concentración y centralidad del Estado nacional, en diversos países se han revertido decisiones locales respecto a los sistemas productivos, a exigencia de las corporaciones.

3. Disputa por la matriz de desarrollo

La posibilidad de acceder a la tierra para campesinos e indígenas se esclarece en la disputa por la matriz de desarrollo. Bolivia persiste en construir una imagen indígena estatal y un discurso populista, no obstante, delata su vocación desarrollista por los proyectos de infraestructura, generación de energía, y lo más reciente, la proliferación de la necesidad de la biotecnología, transgénicos y la producción de alcohol anhidro para biocombustibles.

En Colombia, así como se aprobó la primera ZIDRES, se logró aprobar un nuevo perímetro de la propuesta de Zona de Reserva Campesina Montes de María. En Paraguay, centro de la “república de la soja”, se articuló una propuesta de ley para crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural y se debatió una ley marco de “Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación”.

El caso del Uruguay, las mayores movilizaciones del agro articularon diferentes sectores, los pequeños productores, los medianos e incluso los grandes. No discutiendo el modelo, pero sí el permanente y creciente desplazamiento de la propiedad accionaria.

La disputa por la matriz de desarrollo está en la crítica y también en las alternativas y apuestas por construir otros modelos y formas propias de desarrollo. La toma de conciencia –de la población rural y urbana– por el agua y por los impactos de los megaproyectos de desarrollo, generan una corriente de opinión masiva contra el avance del extractivismo, la megaminería, el fracking y las fumigaciones aéreas.

4. Titularización masiva e individualización de la tierra

Bajo la idea de que la seguridad jurídica es una garantía para los derechos de las personas, familias y comunidades, mucha población rural, se sumerge en largos procesos por el reconocimiento, adquisición y/o titularización de las tierras que poseen.

En Bolivia, no se han viabilizado más demandas de titularización colectiva, gran parte de las demandas han sido cubiertas, y el INRA ha dejado de socializar los beneficios que conlleva el título colectivo.

En Paraguay, los datos de avance de dotación y titulación son insignificantes, y el esfuerzo gubernamental ha pasado por regularizar jurídicamente lotes dentro de las colonias campesinas, bajo una política de titulación masiva, de acuerdo a las políticas del Banco Mundial. Y en Uruguay, los reguladores de facto son las grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros que apoyan la legalización de colonias campesinas, y exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra.

En Perú el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, no obstante, se privilegia la titulación individual. El nulo apoyo a la titulación colectiva está relacionado al poco financiamiento, pero además, aunque se hayan ratificado los derechos colectivos, aún no se comprende la demanda de titulación integral del territorio del pueblo indígena Achuar (Pastaza).

Los más de 30 mil desplazados por el conflicto armado en Colombia, han vivido la modificación no sólo de su pertenencia territorial, sino también un dislocamiento en su concepción de vida. No tocar la concentración de la tierra en este país muestra la dureza del modelo imperante. Los procesos de reconocimiento, regularización y titulación agraria son mecanismos de control y disciplinamiento para las comunidades campesinas e indígenas. Impulsar la titularización individual de la tierra, tiene que ver con los intentos modernizantes de generar sujetos incorporados al mercado, como fuerza de trabajo o como consumidores.

5. Propuestas de autogobierno y jurisdicciones propias

En un contexto desalentador y peligroso para los defensores de la tierra y los territorios en la región, en Brasil, tres mil personas se manifestaron en la explanada de los ministerios, reivindicando la demarcación de tierras indígenas. Además, el Foro Alternativo Mundial del Agua propuso la construcción de la alianza de diversidades para enfrentar “ao sistema capitalista, patriarcal, racista e colonial”.

Al sur, en Chile por primera vez, 36 familias no mapuche ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue en manos de empresas forestales. En Argentina, se avanzó con la recuperación territorial de la zona de Pichunko-Ladera Correntoso (Neuquén) y en el Chaco, la comunidad originaria de Miraflores inició la recuperación del territorio ancestral de 10 mil hectáreas. En Paraguay, las familias no descansaron ante la injusta condena de 11 campesinas y campesinos, por la masacre de Curuguaty, finalmente, un recurso de casación presentado al Tribunal de Apelaciones, los devolvió a la libertad.

La resistencia a los proyectos de desarrollo en Uruguay generó diversas plataformas. El movimiento Cota 81, el colectivo eco-feminista “Por el costado de la vía” y el movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, defienden la producción familiar granjera.

En Colombia, la paz se ha estado tejiendo en los territorios y las comunidades desde hace mucho tiempo, acuerdos comunitarios con los grupos armados por la protección de la biodiversidad y las poblaciones, que aún se respetan. Se han generado instancias locales con diversos actores, que convocan al sector armado y al gobierno. ¿Acaso éste no sería el rol de un Estado? ¿Acaso estas iniciativas no son gérmenes de autogobierno?

La movilización de las mujeres se ha visibilizado masivamente en las ciudades, ha tenido repercusión en la vida rural. En Argentina, se ha llevado a cabo un 1er Parlamento de Mujeres Originarias. El encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas en la comunidad mapuche-tehuelche de Costa del Lepá (Chubut), convocó a personas mapuche y no mapuche, a compartir responsabilidades en la resistencia al extractivismo y la violencia estatal sobre los pueblos indígenas.

Los autogobiernos indígenas y campesinos son resultado de la resistencia histórica y también del marginamiento de los Estados nacionales, unos más violetos que otros. No perder la perspectiva del autogobierno y el desarrollo de las jurisdicciones propias son ámbitos valorables, para proponer nuevas formas de interlocución con los Estados.

La nación originaria Qhara Qhara, en Bolivia, ha aportado jurisprudencia útil para los pueblos indígenas, frente a la justicia ordinaria, a la institucionalidad republicana y centralista. Además, reivindican la propiedad de las riquezas del Galeón San José, sumergido cerca de la costa de Cartagena de Indias, reclamado por la actual Corona de España, empresas estadounidenses y el Estado colombiano.

6. Venezuela

A pesar de los esfuerzos realizados por el IPDRS, no contamos con el capítulo de Venezuela, por no disponer de suficiente información y por múltiples y cotidianas dificultades y desafíos institucionales. Es una situación polémica, politizada, y para muchos una impronta de los esquemas globales, de los imperialismos, que se manifiestan descarnadamente. Para millones personas, es una situación límite, un drama humano.

Desde el enfoque rural, el acceso a la tierra y el territorio, la apuesta por la diversidad y el más amplio espectro de sujetos rurales, resulta difícil de discernir por el manto político y de política internacional que lo cubre todo.

En el 2013, la FAO reconoció al gobierno de Venezuela por reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre o subnutrición, gracias a que miles de personas tenían acceso a subsidios en los alimentos ofertados en la red de abastecimiento de alimentos del Estado. El 10 de abril del 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, afirmó que “la prevalencia de la subnutrición casi se ha triplicado en los últimos cinco años (…) Venezuela ha importado hasta el 75 % de sus alimentos. Como resultado de la crisis, la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos disminuyeron, al disminuir las importaciones, la producción local disminuyó y el poder adquisitivo disminuyó”.[2]

El 2017, nos preguntábamos sobre las políticas Agropatria, el Instituto Nacional de Tierras, o el Plan Chamba Juvenil para “enviar” jóvenes al campo. La mentada presencia del Estado en el agro y el campo rural, con una orientación productivista, inmediatista y en sentido de emergencia, lo que parece más una sobredimensión del verdadero alcance de los gobiernos.

¿Cuál es la situación de los productores del campo en una situación de crisis alimentaria? Se supondría que, además de garantizar su autoconsumo, los productores se podrían beneficiar, más allá de cualquier juicio moral, de una situación de escases. Al parecer no es así. Los agricultores, grandes y pequeños, son presas de otras formas de violencia y coacción. Sea por los sistemas formales que controlan la distribución, sea por los sistemas informales y hasta mafias.

[1] El texto corresponde a un resumen de la Introducción del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2019). Disponible en: https://bit.ly/2YZe8gm

[2] Acta de la reunión 8506, Consejo de Seguridad, ONU. Disponible en: https://undocs.org/en/S/PV.8506

 Fragmentación de fuerzas politicas reemplaza hegemonía progresista en ecuador. Analisis de elecciones municipales 2014 – 2019

Francisco Hidalgo  y Dominy Hidalgo

Sociólogo, profesor de Sociología Agraria en la Universidad
Central del Ecuador

Coordinadora del grupo de estudiantes de las Carreras de
Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad
 Central del Ecuador

En Sudamérica uno de los acontecimientos políticos de los últimos años es aquello que se ha denominado como el fin del ciclo progresista en cuyo reemplazo se abre un nuevo ciclo conservador.

En el caso de Ecuador, que atravesó una década de régimen progresista liderada por el ex – presidente Correa y ahora vive un retorno neoliberal con el presidente Moreno, está transformación tiene la particularidad de que los personajes y organizaciones provienen del mismo origen: el movimiento Alianza País.

Para conocer las repercusiones concretas de este proceso en la configuración de las fuerzas políticas, es importante analizar los resultados de las recientes elecciones seccionales, que se cumplieron el pasado mes de marzo de 2019, y compararlas con los resultados de las elecciones similares del 2014.

El estudio que presentamos tiene por objetivo comparar los resultados electorales de este 2019 con aquellos del 2014 y leer cómo ha evolucionado el panorama de las organizaciones políticas en el Ecuador en ese tránsito, poniendo énfasis en los cantones rurales.

ESTUDIO DE LAS ELECCIONES SECCIONALES 2014 – 2019 EN CANTONES RURALES

Como se ha indicado, el estudio se propone analizar la evolución del respaldo electoral de las organizaciones políticas en elecciones de gobiernos municipales en cantones rurales en el Ecuador, comparando dos procesos similares, el de 2019 frente al de 2014; el procesamiento de la información fue realizado por estudiantes de las asignaturas de Sociología del Desarrollo y Sociología Agraria de la Universidad Central del Ecuador[1] y la sistematización correspondió al profesor Francisco Hidalgo, responsable de dichas cátedras.

El estudio se pregunta: ¿Qué organizaciones políticas fueron las que alcanzaron mayor respaldo en las elecciones de gobiernos municipales del 2019, con referencia a los cantones rurales, comparando con las elecciones similares del 2014?

El estudio se realizó con las siguientes bases de datos: para la determinación de los cantones rurales, el Censo Poblacional 2010[2], para los datos electorales de 2014[3] y 2019[4]  se tomó los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral – CNE.

El enfoque del estudio está colocado en los cantones rurales en el Ecuador, para ello se adoptó el criterio de asumir como cantones rurales a aquellos que, de acuerdo a los datos del Censo Poblacional 2010[5], registran una población rural de 51 % o más del total del cantón, esto nos da un total de 152 cantones respecto a un universo total de 221 cantones registrados en el Ecuador.

Otro enfoque del estudio está colocado sobre los gobiernos municipales, que están presididos por el alcalde y los concejales, entre los que se distinguen concejales de las zonas urbanas y concejales de las zonas rurales. El Consejo Nacional Electoral reconoce en 127 cantones la elección de concejales rurales, ver el gráfico 1 del estudio.

Gráfico 1: Registro de Cantones Rurales

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

El estudio adoptó el criterio de dar seguimiento a la información respecto de quién preside el gobierno municipal, esto es el Alcalde, y el dato sobre el primer lugar en la elección de concejal rural, para dar cuenta de la opción política ganadora respecto del gobierno municipal.

Para la variable de concejal rural nos sujetamos estrictamente a aquellos reconocidos como tales por el Consejo Nacional Electoral, además este estudio deja fuera al registro “concejal por distrito rural”, pues consideramos en la variable “distrito” su comportamiento electoral está fuertemente influido por su pertenencia o proximidad a municipios fuertemente urbanos como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.

Otro enfoque del estudio se coloca sobre las formas políticas de las organizaciones que auspician a los candidatos a alcaldes y a concejales rurales, según la legislación electoral del Ecuador[6], las instancias reconocidas para presentar candidatos son: partidos políticos o movimientos políticos, estos últimos pueden ser de carácter nacional o local, en unos casos provincial y en otros cantonal, siempre y cuando se encuentren registrados en el Consejo Nacional Electoral; para los procesos electorales se admite la conformación de alianzas que pueden tener muchas combinaciones entre organizaciones nacionales con/sin, organizaciones locales.

En los procesos electorales tenemos básicamente tres etapas: i) inscripción de candidaturas; ii) campaña electoral; iii) día de elecciones y resultados.

En primer lugar, vamos a analizar los datos sobre la inscripción de candidatos a Alcaldes y Concejales Rurales, para ello veamos el Gráfico No. 2, que agrupa los auspicios para la inscripción de candidatos para las dignidades indicadas, estableciendo dos grupos, por un lado, candidatos auspiciados por un partido o movimiento político de carácter nacional, y, por otro lado, candidatos auspiciados por alianzas que integran a partidos o movimientos nacionales junto a movimientos locales y/o alianzas de agrupaciones solo locales.

Gráfico No. 2: Candidatos a Alcaldes promovidos por Partidos o Alianzas en cantones rurales:

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

Analizando los datos del Gráfico No. 2 tenemos lo siguiente: entre 2014 y 2019 se incrementa el número de candidatos a Alcaldes en los cantones rurales en 35 %, y se incrementa la forma alianza electoral como entidad que auspicia a los candidatos en 71 %; para el 2019 uno de cada tres candidatos a Alcaldes en los cantones rurales fueron auspiciados por alianzas electorales, más adelante veremos cuanta efectividad electoral tuvo esta forma política de auspicio.

Aquí un primer paréntesis en la lectura de los datos recopilados, para recordar que este 2019 se conmemoraron 40 años del retorno constitucional, luego de la última etapa de dictaduras militares, cuando en 1979 se realizaron las elecciones presidenciales que las ganó el binomio Jaime Roldós – Osvaldo Hurtado.

Al iniciar el retorno constitucional la estrategia configurada en la legislación política y electoral apuntaba al fortalecimiento de los partidos políticos e incluso aspiraba a un sistema marcado por dos o tres partidos políticos. Pero a fines de los noventa y luego los 2000, impulsado por los ex - presidentes Sixto Durán Ballén, de la tendencia derecha, y luego Rafael Correa, de la tendencia progresista, se promovieron reformas legales para impulsar la forma organizativa movimiento o alianza electoral.

La evolución política y de la legislación electoral de inicios del siglo XXI fue facilitando la conformación de movimientos y alianzas políticas, en detrimento de la consolidación de partidos políticos.

Volvemos al tema específico del estudio, como acontecimiento político, que es un proceso electoral. Se sabía de entrada que una diferencia sustancial entre las elecciones seccionales del 2019 respecto de las elecciones seccionales del 2014 era la fragmentación de la fuerza política que fuera hegemónica de la década 2007 – 2017 Alianza País, por lo tanto la primera fuerza en el 2014, pero que entre 2017 y 2018 se fractura y genera un espacio vacío.

Espacio vacío sobre aspiran a ganar adhesión las que fueran organizaciones opositoras, obviamente con más recursos los de derecha, en el marco de una aguda ofensiva conservadora en el subcontinente sudamericano.

Aquí tenemos un primer dato comprobado, el avance de la forma movimiento o alianza electoral en el proceso de elecciones seccionales del 2019, por sobre la forma partido político.

Volvamos a la lectura de los datos electorales, ahora tenemos el Gráfico No. 3 que nos informa respecto de candidatos a concejal rural según auspicio de partido o movimiento nacional, por un lado, o por alianzas de diverso nivel, por otro lado.

Gráfico No. 3: Candidato a concejal rural según tipo de auspicio organizativo

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

Resalta que de 2014 a 2019 crece notablemente el número de agrupamientos políticos y de candidatos y candidatas. Así respecto de candidatos a concejales rurales entre 2014 y 2019 hay un incremento total de candidatos en 47 %, a lo que hay que añadir que respecto de candidatos a concejales rurales hay un incremento del 80%; adicionalmente se duplicó el número de candidatos a concejales rurales que optaron por el auspicio de alianzas entre estructuras locales.  

Ahora damos un salto y pasamos a los datos de los resultados electorales, en el Grafico No. 4 tenemos los resultados electorales respecto de la dignidad de Alcaldes en cantones rurales

Gráfico No.4: Alcalde Electo cantón rural comparando 2014 con 2019

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

Comparando los resultados para Alcaldes, en los 152 cantones asumidos como rurales a nivel nacional, lo primero que resalta es el incremento de alcaldes electos provenientes de un auspicio desde alianzas electorales, que pueden ser alianzas entre organizaciones nacionales y organizaciones locales, o alianzas entre organizaciones locales. En el proceso del 2019, más de la mitad de los alcaldes electos provinieron de alianzas electorales, son el 53 % del total, frente a lo que aconteció el 2014 que cubrieron el 28 %.

Para enfatizar podemos leerlo desde otro lado del espejo, mientras que en el 2014 el 72% de los alcaldes electos en cantones rurales provinieron del auspicio de un partido o movimiento nacional, para el 2019 representaron solo el 47% del total de los electos.

Para el 2019 la efectividad electoral, respecto de Alcaldes, estuvo en las alianzas electorales en las cuales un peso fundamental estaba en lo local: sea cantonal o provincial, por lo tanto perdieron efectividad electoral las fuerzas que solo agruparon partidos o movimientos nacionales.

Ahora veamos en el Gráfico No. 5 lo que tiene relación con resultado electoral para primer concejal rural electo, según esté auspiciado por partido o alianza

Gráfico No. 5: Primer concejal rural electo según tipo de auspicio político, partido o alianza

Fuente: CNE. Elaboración:  Estudiantes Sociología y Política UCE 2019

La lectura de este dato nos evidencia una sorpresa, para ganar el primer lugar en Concejal Rural la efectividad electoral de la forma política de alianza es menos potente que para Alcalde en cantón rural, pero de similar manera tiene un crecimiento en 2019; así tenemos que en las elecciones del año presente aquel que ganó el primer lugar para concejal rural mediante alianza política fue el 39% del total, mientras que en las elecciones del 2014 fue del 26%; hay un incremento porcentual, pero no en la magnitud que se presenta en la dignidad de  Alcalde.

Nos puede ayudar leerlo desde otro ángulo: en el 2019 el 61% de quienes ganaron el primer lugar para concejal rural fueron auspiciados por un partido o movimiento nacional, mientras que en el 2014 significaron el 74%.

Para las elecciones del 2019: de los ganadores para Alcaldes el 53% fue auspiciado por alianzas que incluían a organizaciones locales, mientras que para alcanzar el primer lugar en concejal rural el 39% correspondió a este tipo de conformación política.  Probablemente la explicación sea que en la elección de Alcaldes hubo un mayor peso de la figura personal o individual del candidato, mientras que para la elección de concejal hubo un mayor peso de la estructura orgánica.

Indiquemos que en el caso del Ecuador, para la dignidad de concejales las organizaciones políticas deben presentar una lista de candidatos/as por cada agrupación, pero los electores pueden votar por la totalidad de la lista o escoger entre candidatos de varias listas.

He aquí una segunda conclusión: los partidos políticos están debilitados pero no anulados, y las alianzas electorales son muy dependientes del impacto o no de las individualidades de caudillos locales o regionales.

Aquí un segundo paréntesis, para mirar con detenimiento a Alianza País, organización fundada en 2006 y liderada inicialmente por el ex – presidente Rafael Correa, había ganado sucesivamente las elecciones presidenciales, parlamentarias y para gobiernos municipales, a la largo de la década indicada. Pero con el ascenso, bajo auspicio del misma agrupación, de Lenin Moreno a la presidencia en mayo del 2017, y posteriormente la ruptura con el legado de Correa, esta organización política se fractura en varios pedazos, evidenci

 SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA – SPG

Gabriela Paredes Porras, Ecuador; Valeria García López, México/Colombia; Lina Ramírez Avendaño,
Colombia; Héctor Jair Beltrán Vargas, Colombia; Wilfredo Rojas, Bolivia; Zulma Gareca, Bolivia; Margarita del Pilar Arriagada, Chile

Todos fueron integrantes del Curso Virtual: Leyes de semillas en los países andinos, enfoque de los bienes comunes (2018),
coordinado por el Campo virtual por la tierra y el desarrollo rural del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS.

1. Historia y origen del Sistema Participativo de Garantía (SPG)

Según Eva Torremocha (2012) Los Sistemas Participativos de Garantías nacen en Europa junto con los procesos de certificación ecológica. Los colectivos, organizaciones sociales y ambientales que desarrollaron producción ecológica en respuesta a la implementación de la agricultura industrial y la revolución verde, se vieron en la necesidad de crear una forma de certificación que les permitiera diferenciarse de los productores que no cumplían con sus criterios de producción. Los productos ecológicos tuvieron una gran acogida en la población, dando lugar al uso fraudulento del término “ecológico”.

Según la autora estos procesos de certificación ecológica dieron origen a los Sistemas Participativos de Garantías pues, “...el proceso de certificación se entiende como un proceso constructivo e inclusivo, con ánimo de acompañar a los miembros productores en su proceso. Se puede, por lo tanto, considerar que los Sistemas Participativos de Garantía tienen una primera fecha de nacimiento durante la década de los 70. A partir de entonces, la evolución de la certificación de la producción ecológica va a marcar el futuro de los sistemas participativos de garantía. Y ésta está íntimamente ligada a la regulación de la producción ecológica”

Si bien los SPG y la certificación ecológica surgen del seno de las organizaciones sociales y ambientales, y durante su proceso de evolución se han basado en principios como la participación, horizontalidad, transparencia, confianza y apoyo mutuo entre productores y consumidores, se han ido institucionalizando. Sin embargo, una tercera parte ajena a los involucrados en el proceso de producción y consumo como la única certificación válida “...De este modo, el modelo participativo de certificación establecido por algunos de los movimientos que la iniciaron pasa a convertirse en ilegal, y los productos que avala no pueden considerarse ecológicos (por lo que) la certificación de ‘tercera parte’ nos aleja de los valores inclusivos y participativos con los que habían nacido los SPG”.

A pesar de esto, los Sistemas Participativos de Garantía continúan desarrollándose de manera espontánea alrededor del mundo. Algunas organizaciones deciden construir alternativas a los procesos de certificación oficial a nivel local, regional e internacional, como el movimiento internacional denominado Sistemas Participativos de Garantía, creado en el 2004, durante el seminario sobre certificación participativa que se realizó en Río Grande do Sul Brasil organizado por el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) y la Federación Internacional de movimientos de la agricultura ecológica (IFOAM).

1.2. Definición y características del Sistema Participativo de Garantía (SPG)

De acuerdo a la Campaña Semillas de Identidad de Colombia, el Sistema Participativo de Garantía (SPG) o Sistema Comunitario de Confianza (SCC) para semillas criollas y nativas es un mecanismo para garantizar la calidad de las semillas, que nace a partir de las organizaciones comunitarias y las Redes de Semillas, y se estructura en torno a las Casas Comunitarias de Semillas para garantizar la calidad de las semillas, antes de la venta, donaciones e intercambios. Estos sistemas se construyen a partir de la confianza, las redes sociales, el intercambio de conocimiento y la participación activa entre productores, consumidores y otros actores, conformándose como un aval de la calidad. Los SPG operan a nivel local, regional o nacional, dependiendo del lugar de actuación que tenga la Casa de Semillas o las Redes de Semillas.

Según Semillas de Identidad para las redes de semillas, las características mínimas que debe tener una semilla criolla y nativa para considerarse de calidad adecuada, son:

-Semillas cultivadas bajo esquemas de producción agroecológica.

-Semillas no híbridas, libres de transgénicos y libres de propiedad intelectual.

-Semillas sanas, libres de plagas y enfermedades, con condiciones óptimas de criterios de viabilidad, pureza física y porcentaje de germinación.

-Semillas criollas y nativas que se adaptan a las condiciones locales, producidas bajo condiciones conocidas y aceptadas por los miembros del Sistema Participativo de Garantías.

-Semillas que circulan a través de las casas comunitarias de semillas: intercambio, obsequio y venta.

-Semillas que son producidas por custodios articulados a las casas de semillas y que son acompañados por técnicos y promotores.

2. Experiencias del SPG en algunos países de América Latina

Para comprender el contexto de aplicación de las experiencias de SPG en América Latina seleccionamos la experiencia de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y México, países de origen de los autores de este documento, participantes del curso sobre Leyes de Semillas realizado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica y el Grupo Semillas de Colombia.  

2.1. Bolivia

Bolivia reconoce los SPG a través de la Ley 3525 la cual reglamenta “la regulación y promoción de la producción ecológica y los Sistemas Participativos de Garantía – SPG”.

De acuerdo a esta ley, los SPG “son un instrumento de promoción de la agricultura ecológica, que contribuye al fomento de la producción y la transformación, al consumo local y nacional de alimentos ecológicos, al fortalecimiento comunitario, a la protección del medio ambiente, al uso responsable de los recursos naturales y la inclusión de familias de productores en mercados que reconocen el valor de su trabajo y su producción, fortaleciendo las economías de reciprocidad y solidaridad de las familias productoras y consumidoras. Además con el SPG se respeta y garantiza la equidad de género, se rescata y valoriza los diferentes saberes y culturas de nuestro país, estimulando su integración”.

La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) con 70.000 productores ecológicos asociados en todo el país, ha impulsado la promulgación de esta ley y siendo líder en la promoción y desarrollo de la producción ecológica permite crear “...un movimiento que en los últimos 25 años, ha permitido que miles de productoras y productores campesinos —con metodologías propias— transformen sus sistemas productivos a través de la producción ecológica”. La AOPEB ha iniciado el SPG nacional junto con el Consejo Nacional de Producción Ecológica (CNAPE) que “...propone la implementación de los SPG, como el Sistema Alternativo de Garantía   adecuado al contexto nacional, por constituir una opción económicamente viable, culturalmente favorecida y ecológicamente aceptable, que garantiza la calidad de los productos ecológicos, para su consumo en los mercados locales y nacionales del Estado plurinacional de Bolivia”.

Además, se están desarrollando los SPG Municipales, con el apoyo de los gobiernos locales y los procesos de garantía con la implementación del Consejo de Certificación Participativa Ecológica Municipal (COCEM). En Bolivia, un SPG es una certificación donde participan agricultores(as), transformadores(as), consumidores(as), autoridades, instituciones, y otros que se identifican con la Producción Ecológica.

Mediante la Resolución Ministerial 020-2012, el SPG en su aplicación, trabaja con “Insumos destinados a la producción y transformación tipificados como ecológicos… entre ellos la producción y comercialización de semillas ecológicas”. En el numeral 6 se indica que la semilla ecológica “...debe proceder de unidades de producción ecológica garantizadas”. Y como principio plantea la revalorización y recuperación de semillas nativas.

Los participantes del SPG actúan bajo los principios de la visión compartida, aprendizaje continuo, horizontalidad, confianza, transparencia y participación. Los tipos de SPG dependen del tipo de actor que lo establezca, organización de productores, comunidad y municipio. Para el SPG con organización de productores, se considera 5 dimensiones agroecológicas: tecnológica-productiva, ambiental, socio–cultural, económica y política.

Para implementar un SPG se necesita:

1) Evaluadores del sistema productivo en cumplimiento de la Norma Técnica Nacional del SPG, cuyas funciones son:

-Organizar reuniones para elaborar compromisos, croquis y planes de mejoramiento de la producción.

-Organizar reuniones para la autoevaluación, supervisión y apoyan en la elaboración de las hojas de evaluación.

-Elaboran una lista general de productores / transformadores bajo su responsabilidad.

2)  El Comité de Garantía define y califica si los sistemas de producción son ecológicos o en transición. Es una instancia neutral que toma decisiones en consenso. Está compuesto por un número impar de integrantes mínimamente tres, que tienen conocimiento de la Norma Técnica Nacional del SPG. Verifican la documentación presentada por los evaluadores.

3) El Representante del SPG, es una persona elegida democráticamente, puede ser una autoridad, representante del comité ecológico municipal o de una organización de apoyo. Sus funciones son:

-Revisar las hojas de evaluación.

-Realizar la verificación de las unidades de producción en un porcentaje establecido.

-Calificar a los productores, transformadores y comercializadores en su respectiva etapa sea en transición o ecológico.

2.2. Colombia

La legislación establece la Resolución 3168 de 2015 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que restringe la producción y comercialización de semillas que no sean certificadas y la certificación por una tercera parte, como el único mecanismo para validar la producción ecológica y su comercialización, por lo cual “las organizaciones tienen serias dificultades al momento de poner en el mercado sus productos, ya que al no tener dichos certificados no pueden usar los términos: “orgánico, ecológico o biológico” en los empaques y etiquetas” (Resolución 187 de 2006) . Aquellos productos que no se sometan a estos procesos de certificación son ilegales y deben realizar su actividad comercial en la clandestinidad.

En Colombia, las organizaciones indígenas y campesinas, que llevan a cabo procesos agroecológicos y de soberanía alimentaria han estado posicionando los mercados, ferias agroecológicas, el comercio con consumidores organizados, entre otras estrategias. En algunas regiones estos mercados y ferias cuentan con el respaldo de gobiernos locales.

Algunas organizaciones, asociaciones, redes de productores y custodios de semillas se valen de mecanismos como los SPG, la certificación participativa, los sellos de confianza, la certificación comunitaria, entre otras estrategias para validar su producción. Es el caso de la Red colombiana de agricultura biológica (RECAB) junto con el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) que promueven un SPG Andino, cuya primera fase realizó “la elaboración y socialización de un plan de acción de fortalecimiento en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a partir de la documentación de la experiencia de las organizaciones que implementan SPG en cada país”. 

Se viene consolidando un movimiento agroecológico nacional, que pretende posicionar los SPG, esto a través de la Campaña por la Defensa de la Soberanía, la Seguridad y la Autonomía Alimentaria, promovida por Ecofondo, y la campaña Semillas de identidad promovida por la Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo (SWISSAID).

La Red de semillas Libres de Colombia, espacio de articulación “abierto y descentralizado de las organizaciones locales y sociales” también promueve hace más de 10 años “la recuperación, conservación y multiplicación de semillas criollas y nativas” a través de las Casas Comunitarias de Semillas (CCS) y Casas Familiares de Semillas”. A raíz de este trabajo se construyó la Guía Metodológica: “Sistema Participativo de Garantía de la calidad de semillas criollas y nativas para las Casas Comunitarias de Semillas en Colombia”, disponible en la web.

La asociación de pequeños productores agroecológicos, promotores de la agricultura urbana de todo el país, y “Familia de la Tierra”, con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá, el MAELA y Swissaid, realizaron un evento de socialización de experiencias de implementación de los SPG, junto a diferentes organizaciones indígenas y campesinas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú – ASPROCIG, la Federación de Prosumidores Agroecológicos - AGROSOLIDARIA, la Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia – ACOC, el Consejo Regional Indígena Del Cauca - CRIC, la Red de mercados agroecológicos del valle, la RECAB y la RECAR.

Esta asociación ha propuesto a la Alcaldía de Bogotá, el reconocimiento y validación de los procesos de certificación participativa y junto con otras organizaciones del país, pretenden la implementación de procesos de comercialización alternativa como la distribución comunitaria de los productos, redes de consumidores responsables, rincones de productos orgánicos, venta directa con restaurantes y tiendas, entre otras, y establecer “un esquema nacional para la certificación participativa”.

2.3. Chile

En Chile, podemos encontrar un SGP restringido, el que deriva del artículo 3º de la Ley Nº 20.089, del año 2006, que crea el Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas y establece, “En el caso de comercialización directa a los consumidores, ya sea en ferias, tiendas, mercados locales u otros, por parte de agricultores ecológicos (pequeños productores, familiares, campesinos e indígenas), insertos en procesos propios de organización y control social, previamente registrados en el organismo fiscalizador, éstos podrán tener sistemas propios y alternativos de certificación, una vez que esté asegurada a los consumidores y al órgano fiscalizador, la rastreabilidad del producto y el libre acceso a los locales de producción o procesamiento”.

Los grupos de pequeños productores que comercializan directamente sus productos no necesitan ser certificados por una certificadora externa. Estos grupos están bajo la fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que es la autoridad competente y deben cumplir con los siguientes requisitos:

-Pertenecer a una organización legalmente constituida.

-Cumplir con los requisitos de producción establecidos en el Reglamento de la Ley Nº 20.089 y las normas técnicas oficiales vigentes.

-Llevar registros de sus actividades productivas, que permitan establecer un sistema de trazabilidad.

-Dar libre acceso a sus unidades productivas y unidades de comercialización a los inspectores del Servicio.

-Permitir las inspecciones, entregar la información y cumplir los requerimientos que el Servicio determine, dentro de sus funciones de fiscalización.

-Entregar al Servicio, al 31 de marzo de cada año, un informe anual de sus actividades.

-Presentar un sistema de control interno y sus procedimientos. El objetivo de incluir esta modalidad en la regulación chilena fue apoyar a los pequeños productores mediante una exención al requisito de certificación de tercera parte a través de alguna de las certificadoras registradas en el Registro del Sistema Nacional de Certificación Orgánica.

La principal diferencia con otros sistemas de garantía es que su alcance está restringido a la comercialización directa y no a todo el mercado nacional. Esto implica que, si el grupo vende sus productos a un supermercado u otra tienda de productos orgánicos en el país, distinta al propio local de venta del grupo, deja de ser venta directa y, por lo tanto, debe someterse al control de una certificadora externa bajo el sistema de tercera parte.

2.4. Ecuador

En Ecuador a partir del año 2009 y como fruto de un proceso de más de una década de tratamiento de la temática de la producción orgánica y agroecológica, se convoca a un diálogo entre organizaciones sociales, ONG para el desarrollo y el Estado, iniciando una cierta institucionalización de los SPG como marco previo a formulación de una nueva ley de semillas.

Tabla 1. Desarrollo de los SPG en Ecuador.

Si bien la mayor parte de las discusiones estuvieron enfocadas en la certificación de la calidad orgánica de los productos, debido al potencial de exportación del país con rubros como el café, cacao y banana, éstos y otros espacios de diálogo y acción sirvieron como preámbulo a la formación de movimientos enfocados en la defensa de las semillas. La Red de Guardianes de Semillas ha desarrollado un sistema llamado “Flor de Garantía Participativa”, que asegura la calidad ecológica de los productos de una forma fácil de entender y comunicar.

La Flor de ocho pétalos es el sello que identifica los productos o a la unidad productiva. Cada pétalo representa una característica. Un producto o unidad productiva adquiere más pétalos si cumple con las características buscadas en la categoría correspondiente. En el caso de que se cumpla parcialmente, y se constate un esfuerzo real por mejorar la producción, se otorga medio pétalo. Dentro de este sistema se encuentra también un Sistema Participativo de Garantía de las Semillas que contempla los siguientes aspectos:

-Heredad: La semilla es nativa o criolla, proviene de material heredado, y es capaz de multiplicar la vida.

-Agroecología: Las semillas vienen de un proceso exclusivamente agroecológico.

-Germinación: Porcentaje de germinación adecuado, de acuerdo a la especie.

-Protocolos: Cultivo de acuerdo a los protocolos específicos para la especie, basados en técnicas tradicionales, para asegurar calidad y diversidad genética.

-Selección: Semillas escogidas, de tamaño y forma adecuados según la especie, libres de basuras y plagas.

-Almacenamiento: Uso de insumos ecológicos y condiciones adecuadas de almacenamiento, libres de químicos.

-Variedad definida: La semilla corresponde a las características definidas de la variedad.

-Equidad Social: Trato justo a todas las personas que intervienen en el proceso productivo, practicando reciprocidad y complementariedad.

Esta comprensión de la calidad de la semilla contrasta con la que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) presenta en el Manual de control fitosanitario de semillas en sitios de producción, beneficio, almacenamiento y comercialización, aprobado en octubre del 2015.

Considerando que la entidad estatal llamada a "controlar" la calidad de las semillas es Agrocalidad y tiene una insignificante presencia en los territorios, una recomendación a las organizaciones campesinas es reforzar los SPG, tanto como sea posible y antes de que Agrocalidad tenga suficiente fuerza. Las organizaciones deben estar listos para hacer una propuesta a la hora de incluir los SPG en el reconocimiento institucional.

2.5. México                  

"El maíz no es una cosa, ni sólo una mercancía o un cultivo: el maíz es un tejido de relaciones. Es una crianza mutua que han ejercido muchos pueblos diferentes, por eso el maíz es tan variado y los pueblos florecieron tanto en la historia: su diversidad cultural y la del maíz se alimentan mutuamente" (Red de defensa del maíz, 2014).

Desde los años ochenta, las políticas neoliberales han entrado en el escenario mexicano afectando los avances en las políticas agrarias y rurales. Esto afectó a las semillas, se cercó a este bien común y benefició al comercio exterior con el aumento de importaciones y el ingreso masivo de semillas híbridas y paquetes asociados. A principios de los noventa, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), trajo cambios sustanciales en las políticas de abastecimiento interno de semillas y el detrimento de los límites para la entrada de organismos modificados genéticamente.

El caso más relevante es la amenaza del cultivo de maíz transgénico en el país de origen y domesticación de este cultivo, que es el alimento principal de la gastronomía mexicana, símbolo de la vida y la cultura. En esta vía, desde el 2013 se estableció una demanda colectiva de maíz con 53 demandantes entre activistas de derechos humanos, organizaciones de base, científicos/as, artistas, entre otros. Se logró impedir la entrada masiva de maíz transgénico.

Una alternativa de resistencia son los mercados o tianguis locales, que aportan una propuesta de que el qué comer y dónde comprar son actos conscientes y políticos. En esos espacios, los sistemas participativos se han desarrollado ampliamente, son un mecanismo para estrechar la relación campo-ciudad y productores-consumidores; basados en criterios construidos colectivamente, espacios de encuentro de asamblea y toma de decisiones, visitas a parcelas y talleres de intercambio de saberes.  Aún no se ha establecido un sistema para las semillas, pero al seguir este camino, es probable que se lo haga para completar el ciclo de la producción de forma más justa y equitativa, y que permita que las semillas permanezcan en manos de campesinos/as, indígenas y afrodescendientes.

Las características para implementar estos sistemas podrían ser una guía basada en los acuerdos comunes sobre el cuidado, viabilidad, prácticas orgánicas/agroecológicas, producción, entre otros.

3. Reflexiones

Estos sistemas comunitarios y participativos están logrando restablecer y reforzar los lazos y relaciones a través del cuidado y reproducción de lo común, que son grandes avances para lograr la protección y conservación de las semillas criollas y nativas.

Una alternativa para garantizar los derechos de los agricultores son los SPG, los SCC, las CCS y los avales de confianza, que ayudarán a que la actividad de los agricultores pueda ser de calidad, enriquecida con los conocimientos ancestrales, y a otros conocimientos sobre la conservación, cuidado y uso de las semillas que sean construidos e intercambiados en dichos sistemas. Además, permitirán legitimar la producción de los agricultores desde las comunidades campesinas e indígenas, que dan fe de su calidad.

En el caso de Chile, si bien es un buen sistema, por basarse en redes de confianza, presenta la falencia de entregar a las organizaciones, criterios que recaen en intereses comerciales, o bien, al no uso de agroquímicos; es decir, la atención se centra en las personas que van a certificar, el cumplimiento de estándares agroecológicos, la utilización de sistemas aceptados, o que la producción no vengan de productores no agroecológicos, con el riesgo de dejar de lado a las economías territoriales y el tipo de producción de la semilla de origen.

Bibliografía

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Plataformas virtuales

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https://aopeb.org/quienes-somos/

Las semillas bajo ataque: expoliación de la naturaleza y de los pueblos en el contexto latinoamericano de colonialidad y dependencia

Jana Caroline Farias Melo*

La implementación del modelo agrario industrial en América Latina ha significado una amenaza constante a la Naturaleza y a los pueblos. Basado en la objetivación de la Naturaleza y en el agotamiento de recursos naturales, este modelo representó la implementación de un extractivismo agrario que tiene en la privatización de las semillas una de sus más recientes frentes de avance en busca de lucro, en un proceso de acumulación por expoliación marcado por la permanencia de la colonialidad y de la dependencia latinoamericana.

La agricultura industrial se difundió con la llamada Revolución Verde, que tuvo su inicio al final de la Primera Guerra Mundial y se expandió globalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, por la redirección del excedente de la tecnología militar producida en función del conflicto para usos civiles. La maquinaria bélica tuvo flujo con la producción de tractores para la agricultura, las armas químicas y biológicas desarrolladas fueron empleadas en la producción de agrotóxicos e incluso la tecnología nuclear fue redirigida para el control de plagas (esterilización por irradiación) y para la conservación de alimentos (esterilización nuclear) (Ceccon, 2008, p. 22). De esta forma, se inaugura la expansión mundial de la agricultura basada en el empleo masivo de insumos químicos sintéticos (agrotóxicos y fertilizantes), mecánicos (tractores y maquinaria en general) y biológicos (entre los que se encuentran las semillas y las plántulas fruto del mejoramiento biotecnológico).

Aunque se propuso como resolución del problema del hambre en el mundo (su idealizador Norman Borlaug ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970 como consecuencia de ello), el sistema productivo de la Revolución Verde trajo varias consecuencias negativas al medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la supervivencia de la humanidad como un todo pero, en especial, de los pueblos del sur global, que son los más afectados por el modelo agrario extractivista que se intensificó con la agricultura industrial.

Actualmente, se estima que el 63% del mercado mundial de semillas y más del 70% del mercado mundial de agrotóxicos se concentra en sólo cuatro empresas: la alemana Bayer (que adquirió Monsanto en junio de 2018), la también alemana BASF, la estadounidense Corteva Agriscience (resultado de la unión de las empresas también estadounidenses Dow y DuPont) y la china ChemChina (que compró la suiza Syngenta en 2017 y hay previsión de ser incorporada por la también china Sinochem) (Mooney y ETC Group, 2018, p. 11). De estas empresas, las dos mayores (Bayer-Monsanto y Corteva Agriscience) ya controlan juntas más de la mitad (54,3%) del mercado mundial de semillas (Mooney y ETC Group, 2018, p. 8). Se trata, pues, de una clara situación de oligopolio mundial de empresas transnacionales, la mayoría originaria del capitalismo central, encargadas de la producción de semillas e insumos para la agricultura industrial.

La periferia del capitalismo, a su vez, se inserta en la dinámica de producción agraria como lugar de consumo intensivo de agrotóxicos y de biotecnología, a partir de un modelo agrario extractivista. El extractivismo caracteriza la inserción del sur global en el sistema-mundo como lugar de explotación intensiva de la Naturaleza para la exportación de recursos no (o mínimamente) procesados, y fue el "mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial" (Acosta, 2011, p. 86) que posibilitó la acumulación de riquezas para el desarrollo de los países centrales. Aunque el mundo colonizado haya sido representado - cuando no simplemente negado - por el pensamiento moderno como el "otro", una exterioridad de la modernidad capitalista, la acumulación primitiva derivada del despojo colonial fue condición esencial para el desarrollo capitalista (Marx, 2013, p. 821) en un sistema de alcance mundial que, hasta los días de hoy, se sustenta en esta constante dinámica de explotación e invisibilización de las relaciones en las que se basa.

En el contexto de la producción agrícola, el extractivismo se expresa en un modelo basado en el monocultivo que degrada rápidamente la fertilidad del suelo y utiliza grandes volúmenes de agua - que, como señala Acosta (2011, p. 86), aunque sean recursos renovables, la explotación intensiva excede el ritmo natural de renovación, haciéndolos no renovables. Además de estos recursos directamente consumidos en la producción agrícola de modelo industrial, hay todavía el agotamiento de la naturaleza de difícil - o imposible - reparación que ocurre con la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua, de los suelos y del aire por los agrotóxicos utilizados, la amenaza a especies animales (como las abejas) por la pérdida de su hábitat, fuentes de alimentos o por intoxicación, así como la pérdida de la agrobiodiversidad como consecuencia de factores como la contaminación de plantas nativas o criollas por organismos genéticamente modificados, su eliminación por la utilización de agrotóxicos y su desaparición por la sustitución por semillas industriales. En cuanto a esta cuestión, señala Feiden que el monocultivo hace las plantaciones más susceptibles a plagas y enfermedades, la utilización de fertilizantes sintéticos contamina los alimentos, el agua y el suelo, los químicos utilizados para el control de enfermedades y de plantas y animales no deseados (“plagas") también contaminan alimentos y ambiente, además de impulsar la resistencia de los organismos a esos productos (lo que hace necesario un uso cada vez mayor para obtener los mismos resultados) y generar desequilibrio entre especies por la eliminación de predadores o competidores naturales, y, por fin, la forma de preparación mecanizada del suelo (realizada con arado intensivo) también empobrece el suelo (por la pérdida de materia orgánica), degrada y compacta, lo que reduce su capacidad de almacenamiento de agua y lo hace más propenso a la erosión (Feiden, 2005, p. 64).

Para la biodiversidad, este modelo representa una enorme pérdida derivada de la destrucción de ecosistemas y de especies y variedades vegetales, generando homogeneización, empobrecimiento y fragilidad. La uniformidad visada por ese modelo se refleja también en otras dinámicas, como en la destrucción de los bosques y de otros ecosistemas para la creación de espacios agrarios productivos homogéneos en los que las condiciones son controladas y la Naturaleza - mientras no sea mero "recurso natural" domesticado y lucrativo - es excluida y tomada como no deseada (como señala Marés de Souza Filho (2015), la naturaleza no mercantilizada pasa a ser tomada como un peligro a las necesidades humanas). En cuanto a las especies vegetales, esto se refleja en una estandarización y modificación en función de su eficiencia en la producción para el mercado y en una sustitución (generando la desaparición) de especies nativas o criollas (consideradas inadecuadas a los patrones del mercado, debido a su variabilidad en detrimento de su riqueza nutricional, ambiental y cultural). Además, también ocurre una homogeneización de las culturas alimentarias, con la estandarización del consumo llevada a cabo principalmente por la industria alimentaria - que se basa en un número muy limitado de alimentos [1] - y con la destrucción de los modos tradicionales de vida, de cultivo y de alimentación que ocurre con el avance del modelo agrario industrial y la desterritorialización de pueblos indígenas, campesinos y comunidades tradicionales.

En este contexto, el proceso de apropiación privada de las semillas, que es relativamente reciente, representa un nuevo nivel del proyecto de expansión del modelo agrario instituido por la Revolución Verde, así como una ofensiva contra los pueblos latinoamericanos que evidencia que la colonialidad que continúa marcando la región no es sólo eco de un pasado violento, sino que constituye una violencia continua que fundamenta la acumulación de riquezas (acumulación por desposesión) del capitalismo central con base en la privatización de los comunes y en la expoliación de los conocimientos y medios de vida de los pueblos latinoamericanos.

La agrobiodiversidad de las semillas no resulta sólo de evolución natural, ellas "tienen raíces, como los pueblos, no surgen por casualidad, venidas con el viento", como explica Blanca Chancoso (2019). Son fruto de interrelaciones milenarias entre Naturaleza y seres humanos, que a lo largo del tiempo recogieron, seleccionaron, cultivaron, guardaron, compartieron, cruzaron y mejoraron las semillas, adaptándolas a diferentes condiciones ambientales y a diferentes finalidades (nutricionales, medicinales, religiosas, sociales, culturales, ornamentales, entre tantas otras). Camila Montecinos explica muy bien esta cuestión al señalar que

Toda variedad vegetal es una obra humana de carácter colectivo, comparable a una pintura o una escultura en cuanto a la creatividad involucrada, y asimilable a un lenguaje en cuanto al carácter colectivo de su creación. Las variedades comerciales modernas no son una excepción a este carácter de obra común. El trabajo genético hecho por pueblos, comunidades y familias agricultoras a través de siglos y milenios es incomparablemente mayor al trabajo hecho por obtentores comerciales. Por lo mismo, incluso las llamadas variedades modernas o comerciales son por naturaleza un bien común y no deben se privatizadas. (Montecinos y Rodriguez, s. f., p. 64 )

Vandana Shiva, en el mismo sentido, explica que "la biodiversidad y la diversidad cultural se han moldeado mutuamente" (2016, p. 287). Las semillas tienen, así, una relación intrínseca con la historia de los pueblos, su ocupación del espacio, sus sistemas productivos, sus prácticas religiosas y culturales, su medicina, su conocimiento, sus tecnologías, su identidad, sus cosmologías. Integra la vida de los seres humanos de diversas formas, alimentando sus cuerpos, sus relaciones individuales, sociales y con la naturaleza, sus saberes y su identidad. Blanca Chancoso (2019) también resalta que las semillas tienen expresión política, relacionada a la soberanía de los pueblos, y funciones ambientales importantes, como la protección de cursos de agua.

Por otro lado, también las relaciones humanas contribuyen a la diversidad de las semillas, que son influenciadas por la selección y mejora practicadas por los pueblos sobre la base de los usos que hacen de las plantas, por su distribución geográfica determinada por las migraciones e intercambios humanos, por su adaptación a diferentes agroecosistemas basados en los diferentes modos de cultivo desarrollados. De esta forma, la interrelación milenaria entre los seres humanos y las semillas constituye una serie de valores que presentan una importancia concreta e inmediata para muchos pueblos y comunidades, absolutamente insustituible por el modelo agrícola industrial, que, en la estela de la racionalidad occidental moderna, objetifica la Naturaleza y en ella sólo ve un recurso. Blanca Chancoso (2019) ilustra muy bien esa insustituibilidad al explicar que, en casos en que las semillas transgénicas llegaron hasta las comunidades indígenas, al comerlas dijeron que "no tenían corazón".

Debido a la dificultad de control de las semillas, ya que son organismos vivos que traen en sí la potencialidad de la multiplicación en muchos otros organismos, resultado de evolución y adaptación continua para ese propósito (Bravo, 2014, p. 23), inicialmente las empresas de los insumos agrícolas tenían como foco el lucro con la venta de paquetes tecnológicos asociados a las semillas industriales (que necesitaban fertilizantes y agrotóxicos para producir). Sin embargo, pasaron a ver en las semillas otra potencial fuente de ganancia y a invertir en mecanismos que hicieran ese beneficio posible. Una de las estrategias utilizadas para el control y estandarización de las semillas fue el desarrollo de semillas híbridas para las especies de polinización cruzada o abierta (lo que genera gran variabilidad genética). Las semillas híbridas consiguen reproducir características positivas seleccionadas por medio de un proceso altamente controlado de mejora, y por lo que tales características sólo permanecen por una sola generación, haciendo estériles las plantas de ellas resultantes o haciendo sus semillas altamente variables (Bravo, 2014, p.25). Para las especies menos variables (cuya polinización es realizada por la misma planta), no hay mecanismo biológico que impida que sus semillas sean sembradas por varias generaciones obteniendo resultados satisfactorios. En estas especies, entre las que se encuentran las commodities soja, algodón y trigo, se busca implantar mecanismos para garantizar que las empresas sigan beneficiándose con ellas (Bravo, 2014, p.26).

Explica Elizabeth Bravo (2014) que los mecanismos utilizados para garantizar la privatización de las semillas y el lucro de las empresas son tecnológicos y legales. Entre los mecanismos tecnológicos desarrollados, además de la mencionada creación de híbridos, están las tecnologías genéticas de restricción de uso (GURT), también conocidas como tecnología terminator, que hace infértiles las plantas que resultan de la siembra de las semillas industriales adquiridas.

Además, la dominación del mercado y de los territorios con semillas industriales y transgénicas cumple la función de dificultar el acceso a las semillas nativas y criollas, impidiendo su multiplicación y distribución, así como contaminando las plantaciones y ocasionando la pérdida de las características de las plantas nativas y criollas (lo que también posibilita el cobro de regalías por las empresas que poseen el derecho de propiedad intelectual de la variedad contaminante). Hay también casos en que ese mecanismo tecnológico de privatización de las semillas puede ser utilizado de forma clandestina, como ocurre en México, donde hay el convencimiento de que, aunque no se permita el cultivo de maíz transgénico, está siendo cultivado y así difundiéndose por el territorio de forma ilegal (Alianza Biodiversidad, s.f., p. 31).

Entre los mecanismos legales mencionados por Bravo (2014), están la aplicación de leyes de propiedad intelectual (derechos de obtentor y patentes) a las cultivares, semillas y mudas, así como la exigencia de registro o certificación. En muchos casos, como en Brasil, se requiere certificación para que se pueda sembrar, almacenar, vender e incluso intercambiar semillas. Sin embargo, la certificación de semillas exige que cumplan con criterios de homogeneidad, estabilidad y distinción, lo que excluye las semillas no industriales de la posibilidad de registro. Además, la adhesión de los Estados al Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA) y a los Convenios de la Unión para la Protección de los Obectores Vegetales (UPOV) garantiza la creación de leyes y mecanismos de protección a la propiedad intelectual, y en algunos casos la creación medidas de control administrativo y criminal sobre las semillas (Bravo, 2014).

Como señala Shiva (2016, p. 289), las empresas se benefician con la creación de uniformidad (y no diversidad) y vulnerabilidad (y no resiliencia) en las semillas, volcadas al procesamiento industrial ya la distribución a escala global, haciendo crímenes las prácticas campesinas de guardia y de compartir. Así, se crea una situación de dependencia creciente de la humanidad en relación al oligopolio de empresas de semillas e insumos agrícolas y al oligopolio de las empresas de alimentos industrializados, al tiempo que disminuye la agrobiodiversidad y la diversidad de cultivos no integrados a la lógica de la agricultura industrial.

Así se identifica, en el caso latinoamericano, que se genera con el aval de los Estados (expresado a través de las leyes que permiten la apropiación privada de las semillas y la difusión de un modelo de agricultura insostenible) una situación de creciente dependencia alimentaria (que amenaza no sólo la soberanía, sino también la seguridad alimentaria de la población latinoamericana), además de la dependencia económica ya alimentada por ese modelo.

Las amenazas del modelo de agricultura industrial y de la progresiva privatización de las semillas a la agrobiodiversidad ya son ampliamente identificadas. El Informe de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos), lanzado en 2019, apunta que la acción humana ha causado la pérdida de la biodiversidad entre individuos, entre especies y entre ecosistemas a uno ritmo sin precedentes. Así, se produce la desaparición de especies endémicas, funciones ecosistémicas y contribuciones de la naturaleza a las personas (que se refiere a las formas por las cuales la naturaleza contribuye con la humanidad, incluyendo las condiciones ambientales y la provisión de recursos materiales y no materiales) (IPBES, 2019, p. 36-37). Entre esas contribuciones de la naturaleza, la polinización es una de las que se encuentran en riesgo y puede alcanzar más del 75% de los cultivos en el mundo. De acuerdo con el Informe, la pérdida de la agrobiodiversidad representa una peligrosa disminución de la resiliencia de los agroecosistemas, que así se vuelven cada vez más vulnerables a las plagas, patógenos y cambios climáticos, amenazando seriamente la seguridad alimentaria global y la posibilidad de opciones de alternativas frente a amenazas como el cambio climático (IPBES, 2019, p. 3).

Frente a la amenaza de la pérdida de la agrobiodiversidad, algunas iniciativas han sido presentadas como solución por los países del norte global, como la creación del Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en el Círculo Ártico, a partir de una iniciativa del Gobierno de Noruega y de Global Crop Diversity Trust, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aunque se reconozca la importancia de esta iniciativa para la protección y posibilidad de rescate de semillas, propuestas como ésta dejan algunas cuestiones. La primera cuestión que se puede plantear es si y cómo ocurrirá el acceso de los campesinos a las variedades guardadas en el Banco (aunque se establezca que agricultores e investigadores deban acceder, no se sabe hasta qué punto y en qué circunstancias puede darse el acceso).

Además, también cabe cuestionar hasta qué punto se puede preservar la agrobiodiversidad aislándola del medio ambiente y de las prácticas agrícolas que permanentemente permiten su mejora y adaptación. Esto es porque la mayor riqueza y potencialidad de las variedades nativas y criollas es su resiliencia, diversidad y capacidad de adaptación ambiental, que se deriva entre otros factores de su interacción permanente con las comunidades. En este sentido, se entiende que no se puede preservar de hecho las semillas de forma aislada de los sistemas productivos y prácticas tradicionales que le dan soporte y significado (Ita, 2016, p. 339). La preservación de la agrobiodiversidad, considerando la semilla no sólo de forma objetificada, como "recurso natural", sino en toda la diversidad de sentidos que envuelve aspectos sociales, agrícolas, culturales, nutricionales, medicinales, simbólicos, identitarios, históricos, ambientales, entre tantos otros, depende de la preservación y promoción de los modos de vida y sistemas agrícolas que desde hace milenios vienen protegiendo, desarrollando y diseminando las semillas.

Por último, se puede cuestionar si la creación de grandes bancos de semillas financiados por el capitalismo central (como el mencionado, que fue construido con recursos de la Fundación Bill y Melinda Gates) puede ser utilizada como argumento para continuar (o intensificar) el modelo de la agricultura industrial a pesar de la identificación de las amenazas que representa a la agrobiodiversidad, bajo la justificación de que ya estaría siendo preservada por el mantenimiento de esos bancos. En ese sentido, es bastante ilustrativo un discurso de Davi Kopenawa, indígena yanomami, que, al visitar un zoológico, afirma que "los blancos atrapan a los animales para mantenerlos vivos; así pueden matar a todos los demás que queden libres" (Marés de Souza Filho, 2015, p. 88). Es imprescindible, por lo tanto, mirar la cuestión de la defensa de la agrobiodiversidad a partir de la Naturaleza como sujeto (y no como objeto), de forma interrelacionada con la defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y campesinas.

El modelo agrario industrial también trae graves consecuencias a los pueblos latinoamericanos. En América Latina, este sistema ideado para el monocultivo a gran escala se beneficia de una estructura altamente concentradora de tierras [2] resultante del proceso de colonización y agravada por el agronegocio, que amenaza permanentemente a los campesinos, pueblos indígenas y comunidades tradicionales de diversas formas (que atraviesan la amenaza a su supervivencia por la destrucción del ambiente donde viven, por la pérdida de sus territorios, modos de cultivo y modos de vida, y también por la violencia física directa, siendo que Global Witness (2018) señala que el agronegocio en América Latina fue el mayor responsable por las muertes de defensores de la tierra y del medio ambiente en 2017).

Además, este modelo representa, para los campesinos que optan por él, una situación de dependencia en relación a las empresas transnacionales, ya que necesitan comprar nuevas semillas a cada siembra (la reutilización de semillas o es inviable, en el caso de los híbridos y las tecnologías de restricción de uso, o prohibidas, en el caso de las semillas patentadas o con derechos de obtentor). Esta dependencia también se extiende a los demás insumos vendidos junto a las semillas como un "paquete tecnológico", sin los cuales las semillas no se desarrollan como previsto. Así, los agricultores que optan por el modelo de la agricultura industrial - tanto por esperanza de mejores rendimientos o como única opción frente a la desaparición de las semillas tradicionales, nativas y criollas - se ven dependientes de las empresas para acceder a sus medios de producción y de subsistencia, en muchos casos acumulando deudas. Tal situación acaba por impulsar a muchos agricultores al abandono de sus cultivos, para buscar en el trabajo precarizado en las ciudades sus medios de supervivencia.

A partir de eso, se puede identificar que el extractivismo en el contexto agrario latinoamericano representa la destrucción de la Naturaleza, en una dinámica desigual que, por un lado, exporta las riquezas naturales (el agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad) y, por otro, recibe contaminación química (por medio de agrotóxicos que, en muchos casos - como lo demuestra Bombardi (2017) - están prohibidos en los países del norte) y biológica (a través de los organismos transgénicos). También representa la destrucción de la agrobiodiversidad resultante de la ocupación del espacio por monocultivos, de la contaminación por agrotóxicos y organismos genéticamente modificados, y de la dominación del mercado de semillas por las empresas de biotecnología que hacen a los agricultores cada vez más difícil encontrar semillas nativas o criollas. Representa una amenaza a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y tradicionales, que tienen sus medios de supervivencia (material e inmaterial) amenazados por la degradación ambiental, por el despojo de sus tierras por la expansión de las fronteras del agronegocio, y por la imposición de un modelo de agricultura industrial fundamentado en la apropiación y en la expoliación del trabajo y del conocimiento desarrollados por estos pueblos a lo largo del tiempo. Por último, representa una amenaza a la población latinoamericana como un todo, que pasa a depender cada vez más de una alimentación basada en pocas variedades que son utilizadas por la industria alimentaria, mientras que pierden la diversidad nutricional presente en las variedades locales y así se queda en una situación de creciente inseguridad alimentaria.

Se puede analizar también que la destrucción y explotación de la Naturaleza latinoamericana y la expoliación de los pueblos son aspectos de un mismo proceso de acumulación marcado por la dependencia (Marini, 2005), que inserta a los países periféricos del capitalismo en una posición económica de proveedor de bienes primarios y de consumidor de productos manufacturados y de tecnología, sometiendo a su población trabajadora, tras la expoliación de sus medios de supervivencia, a la superexplotación (Marini, 2005). El capitalismo central, en la figura de las empresas semilleras transnacionales y con el aval de las legislaciones locales, busca apropiarse de la rica agrobiodiversidad latinoamericana que es el resultado de milenios de trabajo realizado y de conocimiento desarrollado por los pueblos originarios, comunidades tradicionales y campesinos. Exigen regalías y criminalizan su uso, además de negar el conocimiento y las tecnologías desarrolladas por esos pueblos, al imponer una visión de que las semillas nativas y criollas son de baja calidad (justamente por la diversidad, variabilidad y resiliencia que las permitieron llegar a los días de hoy) y al negar que estas semillas que utilizan como base para las modificaciones biotecnológicas son resultado, ellas mismas, de la tecnología desarrollada por los pueblos.

Este proceso también está marcado por la colonialidad (Quijano, 2005), comprendida no sólo como las consecuencias de la obra colonial para la dominación de los pueblos y su inserción de forma periférica (o dependiente) en el sistema-mundo, pero también, de manera indeleble, como su mantenimiento como medio para la acumulación primitiva permanente, o la acumulación por desposesión (Harvey, 2005), basada en la explotación y la violencia contra los pueblos y en la apropiación privada de los comunes (incluida la naturaleza y los conocimientos tradicionales). Se ataca, en el mundo colonizado, no sólo el trabajo productivo (para acumulación de la plusvalía), sino los medios mismos de reproducción de la vida. Por eso, la defensa del derecho de los pueblos a las semillas es indispensable para la defensa de la agrobiodiversidad y de la soberanía latinoamericana.

*Abogada, estudiante de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidade Federal do Paraná (Brasil), becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

[1] De acuerdo con la FAO (2018), sólo 9 plantas son responsables de más del 66% de los cultivos en el mundo.

[2] La distribución de la tierra en América Latina es la más desigual del mundo, presentando un coeficiente de Gini de 0,79 (en una variación que va de 0, representando una distribución absolutamente equitativa, a 1, que representa la concentración máxima, situación en que todas las tierras pertenecen a una sola persona). La situación de América del Sur, tomada aisladamente, es aún más desigual, presentando un índice de 0,85. Además, más de la mitad de la superficie agrícola latinoamericana se concentra en sólo el 1% de las propiedades. (OXFAM, 2016) El latifundio, así, herencia colonial, se ha convertido en el medio ideal para la producción a gran escala promovida por la Revolución Verde, basada en el monocultivo.

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