Artículos de opinión

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La FAO apoyará la evaluación del manejo forestal sostenible en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, dio a conocer hoy la oficina de ese organismo internacional en Santiago.

Mediante un acuerdo firmado por la Ministra de Agricultura de Chile, Marigen Hornkohl, y la Representante de la FAO en el país, Margarita Flores, el organismo internacional y el gobierno chileno se comprometieron a apoyar el desarrollo, uso e implementación de criterios e indicadores para evaluar y estimular el manejo sostenible de los bosques.

El acuerdo, que incluye colaboraciones con Argentina, Paraguay y Uruguay, "es muestra del interés del Gobierno de Chile de fortalecer las capacidades y aprovechar los recursos naturales, bajo un criterio de sostenibilidad", afirmó la representante de la FAO.


El proyecto subregional prevé una inversión de 335.000 dólares hasta abril de 2010.

 

www.unmultimedia.org/radio/spanish/detail/129649.html

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), cuyos dirigentes se reunieron recientemente en Cochabamba, ratificó la decisión de crear una Coordinadora Continental de Pueblos Originarios, organización interamericana que emergerá en la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos Indígenas, que se celebrará en mayo del próximo año.

La información fue oficializada por el coordinador general de la CAOI, el peruano Miguel Palacín Quispe, quien anunció para hoy una conferencia de prensa que será ofrecida para explicar con detalles la decisión adoptada por esta organización en un encuentro realizado en Tiquipaya, donde se reunieron líderes indígenas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, con una delegación invitada de Guatemala.

La incorporación de Guatemala en las acciones de la CAOI, es uno de los pasos que se da para avanzar en la creación de una Coordinadora Continental, informó Palacín, "y es a pedido de las organizaciones guatemaltecas que en la Cuarta Cumbre Indígena (en Puno), se efectuará simultáneamente la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas".

Blanca Chancoso, líder quechua ecuatoriana, dijo que aquel primer encuentro continental de las mujeres indígenas significa un hito en la historia de estos pueblos que luchan en defensa de sus derechos fundamentales para crear una sociedad del "buen vivir".

Chancoso manifestó que en los países de la región se viven momentos de cambio, pero "la propuesta de las mujeres, más aún de las indígenas, no se escucha y sus demandas no se visibilizan".

Por su parte Tomás Huanacu Tito, líder aymara del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), dijo que los problemas del movimiento indígena siguen marcando una agenda conflictiva en el continente.

www.lostiempos.com/noticias/28-11-08/28_11_08_loc8.php

Néstor Núñez, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, dijo a una radioemisora local que el Gobierno "no se preocupa" por la inseguridad que impide el desarrollo de las actividades agropecuarias en diversos puntos del país, cuya economía se sustenta principalmente en la exportación de soja y carne. En los últimos meses grupos de campesinos que reclaman tierras para trabajar intensificaron sus amenazas de invadir haciendas, especialmente pertenecientes a extranjeros, como parte de sus acciones para exigir una reforma agraria. "Vamos a defender, dentro del marco de la Constitución y las leyes, a todos los que están en condiciones legales porque es gente que apostó por vivir en nuestro país para dar un porvenir a sus hijos, así como paraguayos van a otros países en busca de un futuro mejor", dijo Núñez.

El nuevo gobierno de Paraguay, encabezado por el ex obispo católico Fernando Lugo, creó semanas atrás una Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria con el objetivo atender los reclamos campesinos y reafirmó que garantizará el respeto a la propiedad privada a paraguayos y extranjeros. No obstante, los principales gremios agropecuarios del país sudamericano consideran que la medida del gobierno no logró bajar la tensión en las zonas rurales. Además, Núñez criticó el discurso "xenofóbico" de algunos líderes campesinos, que consideró va en contra de las intenciones del Gobierno de atraer inversiones a Paraguay. "El presidente va al exterior a buscar inversionistas para el país y tenemos acá a japoneses, alemanes, menonitas, brasileros y ciudadanos de otros países que trabajan e invierten, a pesar de estos problemas", agregó el dirigente.

Según datos oficiales, en los últimos meses se registraron alrededor 50 ocupaciones y sus respectivos desalojos en zonas rurales. En la mayoría de los casos los labriegos instalaron campamentos en las inmediaciones de las propiedades afectadas, lo que mantiene el clima de crispación en el campo. El punto más conflictivo se encuentra en el departamento de San Pedro, ubicado en el centro del país, donde grupos de labriegos se oponen a la presencia de brasileños e iniciaron movilizaciones contra los extranjeros con el fin de que los mismos abandonen la región.

Más 100.000 brasileños y descendientes se dedican a la explotación agropecuaria en Paraguay, en regiones próximas a la frontera, al este del país.

Núñez señaló que los productores de todo el país realizarán una movilización a mediados de diciembre por "la seguridad y la dignidad del trabajo" en el campo. (Reuters)

www.abc.com.py/2008-11-28/articulos/473874/asociacion-rural-del-paraguay-pide-garantias-para-extranjeros

Por Alejandro Raymond, Área de Comunicación de Fundapaz

Muchos ambientalistas ven el Protocolo de Kyoto como la última esperanza para contrarrestar el calentamiento global, pero un número considerable de críticos de la sociedad civil señalan que los mecanismos de mercado "flexibles" del Protocolo, permiten a los contaminadores corporativos evadir sus obligaciones de reducir sus emisiones mediante la compra y venta de sumideros o activos de carbono.

Contrariamente a la creencia popular, el Protocolo de Kyoto no compromete a los países industrializados a recortes sustanciales en sus emisiones de carbono, causantes del efecto invernadero, sino que deben reducirlas solamente en un 5.2% debajo de los niveles emitidos en 1990 a más tardar en 2012.

Esta es una meta insignificante en comparación con lo que los expertos del clima dicen que se necesita para evitar una catástrofe planetaria.

Bajo el Protocolo, la ONU distribuyó derechos a contaminar a 38 naciones industrializadas, cuyos gobiernos están silenciosamente repartiendo estos derechos de manera gratuita a los mayores contaminadores corporativos, en sectores como generación de electricidad, petróleo, acero, cemento, química, pulpa y papel.

Estos derechos de contaminación son comerciables, teniendo en cuenta que bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, una corporación puede comprar un sumidero de carbono para compensar sus propias emisiones. Por sumidero de carbono nos referimos a cualquier cosa que mantenga gases invernadero fuera de la atmósfera, al prevenir su escape o al secuestrarlos.

Los bosques y plantaciones de árboles son los sumideros preferidos, ya que los árboles remueven carbono de la atmósfera y lo secuestran en su madera.

Por lo tanto, la inclusión de los bosques en el mercado de carbono conocido como REDD (Reduciendo Emisiones de Deforestación y Degradación) ha causado protestas y rabia en muchas partes del mundo. Unos 60 millones de pueblos indígenas dependen de los bosques para su sobrevivencia y se consideran los más amenazados por REDD, ya que las empresas podrían expropiar los bosques e impedirles el acceso a los mismos.

Por lo tanto, los líderes indígenas son los críticos más destacados. Así, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático declaró que "REDD robará nuestras tierras, los Estados y comerciantes de carbono tomarán control de nuestros bosques".

En el Documento Marco del Programa de la ONU sobre REDD se evidencian estas contradicciones, ya que afirman que este proyecto podría "quitar las aspiraciones legítimas de las comunidades a desarrollar la tierra; socavar los avances que se ganaron con tantísimo esfuerzo en las prácticas de manejo forestal; causar que el aprovechamiento de los bosques sea exclusivamente para captura de carbono y que se divorcia del desarrollo; o socavar los valores de conservación arraigados en culturas y no en ganancia".

Como si fuera poco, el documento también reconoce que REDD podría causar graves violaciones de los derechos humanos y ser un desastre para los pobres porque podría "marginar a los sin tierra y a aquellos con derechos colectivos de uso de la tierra."

Eso es casi el equivalente a que la ONU reconozca que REDD podría socavar los derechos de Pueblos Indígenas y comunidades locales para el uso y propiedad de sus tierras. ¿Podría ser que la ONU esté abriendo camino para que naciones industrializadas puedan hacer una expropiación masiva de tierras?

www.glocalia.com/detalle_noticia.php?id=20081127011637d3d907baf85d1f60c4195bc337ebed87

Santa Cruz | El Deber y Agencias

La tierra otra vez es el escenario donde el cruce de demandas tensiona a Santa Cruz y Beni. La reactivación del proceso de saneamiento mediante el uso de la fuerza pública efectuada por el Ejecutivo en el Chaco cruceño (Alto Parapetí) y la masiva marcha de campesinos e indígenas hacia Trinidad (Beni), en respaldo de una colonia menonita, desató otra situación de conflicto.

Después de conocer los sucesos del viernes pasado en Alto Parapetí, cuando el Viceministerio de Tierras junto al INRA, apoyados por la Policía tomaron las haciendas Caraparicito, Bella Vista y Huaraca, la Confederación de Ganaderos de Bolivia anunció el inicio de acciones legales contra el INRA y que trabajará en cada municipio del Chaco para evitar que el Ejecutivo actúe de manera unilateral.

Al respecto, El INRA departamental Santa Cruz indicó que el saneamiento en Alto Parapetí continuará pues aún restan unos 29 predios a los que ya se les hizo llegar las notificaciones para que, después de 48 horas, las brigadas de técnicos puedan ingresar para realizar su trabajo de campo.

Sobre las denuncias de abuso de autoridad y robo de pertenencias, el INRA negó que tales hechos se hayan realizado y deslindó responsabilidades. "Al lugar no se ingresó con militares sino con policías", indicaron.

Por su parte, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en emergencia al sostener que la violencia del Gobierno para llevar adelante su programa de tierra está al margen de la ley. "En su momento se llegó a un acuerdo con el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, para tratar el tema tierra en comisiones y no de forma unilateral, sin respetar lo acordado, lo que provoca tensión y enfrentamientos", señaló Christian Sattori, presidente de la Confeagro, a tiempo de indicar que el 2 de diciembre se convocará un congreso extraordinario para definir acciones.

Apoyo a menonitas

A su vez, unos mil campesinos e indígenas marchistas que forman parte de la Central Campesina 16 de Julio, que se encuentra en el municipio de San Javier, después de tres días de marcha llegaron ayer a Trinidad, para exigir al Gobierno la renuncia del director nacional de tierra, Cliver Rocha, y la permanencia de los menonitas asentados en esa jurisdicción municipal. De no obtener una respuesta, indicaron que iniciarán una huelga de hambre.

En tanto, la Asociación de Ganaderos de Camiri indicó que, mañana, una comisión de parlamentarios acompañados por productores irá a la hacienda Caraparicito, de propiedad de Ronald Larsen, para verificar si hay abusos.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, según el diario La Prensa, indicó que los empresarios René Chávez y Mario Malpartida fueron citados a declarar por presunto delito de sedición, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y otros, a raíz de los enfrentamientos producidos en abril pasado en el Chaco.

www.lostiempos.com/noticias/25-11-08/nacional.php