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En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron victimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.

El coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B), Silvestre Saisari, denunció este lunes que las más de 200 familias campesinas de habitan en la comunidad Tierra Firme, en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz), habrían sido despojadas de sus terrenos, luego de presiones que sufrieron por parte de personas ajenas a la comunidad.

La tierra es el territorio

En un intercambio en la Comisión Primera del Senado, Petro afirmó que Uribe “es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en general de ganadería extensiva, es decir, no es productivo”. Detrás de estas afirmaciones hay un debate histórico en cuanto al acceso, distribución y productividad de la tierra en Colombia.

Hace tiempo un sector de la academia y la política controvierten la capacidad del modelo de ganadería extensiva para garantizar soberanía alimentaria, distribución de riqueza y condiciones de vida digna para los habitantes del territorio.

El derecho a volver al territorio es una práctica que las comunidades mapuches ejercen desde hace más de veinticinco años. Lejos de la campaña mediática y política que los llama “terroristas”, numerosas leyes amparan los derechos indígenas. Un análisis del pasado y el presente para entender a un pueblo que es preexistente al Estado argentino.

Mientras el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, es felicitado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) por aprobar la ampliación de la Reserva Nacional de Galápagos y por firmar el compromiso de detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para 2030, pobladores indígenas ecuatorianos han iniciado acciones legales para frenar su nueva política de hidrocarburos que busca incrementar la producción petrolera del país como una forma de hacerle frente a la crisis económica actual.