Artículos de opinión

Posts @IPDRS

Néstor Núñez, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, dijo a una radioemisora local que el Gobierno "no se preocupa" por la inseguridad que impide el desarrollo de las actividades agropecuarias en diversos puntos del país, cuya economía se sustenta principalmente en la exportación de soja y carne. En los últimos meses grupos de campesinos que reclaman tierras para trabajar intensificaron sus amenazas de invadir haciendas, especialmente pertenecientes a extranjeros, como parte de sus acciones para exigir una reforma agraria. "Vamos a defender, dentro del marco de la Constitución y las leyes, a todos los que están en condiciones legales porque es gente que apostó por vivir en nuestro país para dar un porvenir a sus hijos, así como paraguayos van a otros países en busca de un futuro mejor", dijo Núñez.

El nuevo gobierno de Paraguay, encabezado por el ex obispo católico Fernando Lugo, creó semanas atrás una Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria con el objetivo atender los reclamos campesinos y reafirmó que garantizará el respeto a la propiedad privada a paraguayos y extranjeros. No obstante, los principales gremios agropecuarios del país sudamericano consideran que la medida del gobierno no logró bajar la tensión en las zonas rurales. Además, Núñez criticó el discurso "xenofóbico" de algunos líderes campesinos, que consideró va en contra de las intenciones del Gobierno de atraer inversiones a Paraguay. "El presidente va al exterior a buscar inversionistas para el país y tenemos acá a japoneses, alemanes, menonitas, brasileros y ciudadanos de otros países que trabajan e invierten, a pesar de estos problemas", agregó el dirigente.

Según datos oficiales, en los últimos meses se registraron alrededor 50 ocupaciones y sus respectivos desalojos en zonas rurales. En la mayoría de los casos los labriegos instalaron campamentos en las inmediaciones de las propiedades afectadas, lo que mantiene el clima de crispación en el campo. El punto más conflictivo se encuentra en el departamento de San Pedro, ubicado en el centro del país, donde grupos de labriegos se oponen a la presencia de brasileños e iniciaron movilizaciones contra los extranjeros con el fin de que los mismos abandonen la región.

Más 100.000 brasileños y descendientes se dedican a la explotación agropecuaria en Paraguay, en regiones próximas a la frontera, al este del país.

Núñez señaló que los productores de todo el país realizarán una movilización a mediados de diciembre por "la seguridad y la dignidad del trabajo" en el campo. (Reuters)

www.abc.com.py/2008-11-28/articulos/473874/asociacion-rural-del-paraguay-pide-garantias-para-extranjeros

Por Alejandro Raymond, Área de Comunicación de Fundapaz

Muchos ambientalistas ven el Protocolo de Kyoto como la última esperanza para contrarrestar el calentamiento global, pero un número considerable de críticos de la sociedad civil señalan que los mecanismos de mercado "flexibles" del Protocolo, permiten a los contaminadores corporativos evadir sus obligaciones de reducir sus emisiones mediante la compra y venta de sumideros o activos de carbono.

Contrariamente a la creencia popular, el Protocolo de Kyoto no compromete a los países industrializados a recortes sustanciales en sus emisiones de carbono, causantes del efecto invernadero, sino que deben reducirlas solamente en un 5.2% debajo de los niveles emitidos en 1990 a más tardar en 2012.

Esta es una meta insignificante en comparación con lo que los expertos del clima dicen que se necesita para evitar una catástrofe planetaria.

Bajo el Protocolo, la ONU distribuyó derechos a contaminar a 38 naciones industrializadas, cuyos gobiernos están silenciosamente repartiendo estos derechos de manera gratuita a los mayores contaminadores corporativos, en sectores como generación de electricidad, petróleo, acero, cemento, química, pulpa y papel.

Estos derechos de contaminación son comerciables, teniendo en cuenta que bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, una corporación puede comprar un sumidero de carbono para compensar sus propias emisiones. Por sumidero de carbono nos referimos a cualquier cosa que mantenga gases invernadero fuera de la atmósfera, al prevenir su escape o al secuestrarlos.

Los bosques y plantaciones de árboles son los sumideros preferidos, ya que los árboles remueven carbono de la atmósfera y lo secuestran en su madera.

Por lo tanto, la inclusión de los bosques en el mercado de carbono conocido como REDD (Reduciendo Emisiones de Deforestación y Degradación) ha causado protestas y rabia en muchas partes del mundo. Unos 60 millones de pueblos indígenas dependen de los bosques para su sobrevivencia y se consideran los más amenazados por REDD, ya que las empresas podrían expropiar los bosques e impedirles el acceso a los mismos.

Por lo tanto, los líderes indígenas son los críticos más destacados. Así, el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático declaró que "REDD robará nuestras tierras, los Estados y comerciantes de carbono tomarán control de nuestros bosques".

En el Documento Marco del Programa de la ONU sobre REDD se evidencian estas contradicciones, ya que afirman que este proyecto podría "quitar las aspiraciones legítimas de las comunidades a desarrollar la tierra; socavar los avances que se ganaron con tantísimo esfuerzo en las prácticas de manejo forestal; causar que el aprovechamiento de los bosques sea exclusivamente para captura de carbono y que se divorcia del desarrollo; o socavar los valores de conservación arraigados en culturas y no en ganancia".

Como si fuera poco, el documento también reconoce que REDD podría causar graves violaciones de los derechos humanos y ser un desastre para los pobres porque podría "marginar a los sin tierra y a aquellos con derechos colectivos de uso de la tierra."

Eso es casi el equivalente a que la ONU reconozca que REDD podría socavar los derechos de Pueblos Indígenas y comunidades locales para el uso y propiedad de sus tierras. ¿Podría ser que la ONU esté abriendo camino para que naciones industrializadas puedan hacer una expropiación masiva de tierras?

www.glocalia.com/detalle_noticia.php?id=20081127011637d3d907baf85d1f60c4195bc337ebed87

Santa Cruz | El Deber y Agencias

La tierra otra vez es el escenario donde el cruce de demandas tensiona a Santa Cruz y Beni. La reactivación del proceso de saneamiento mediante el uso de la fuerza pública efectuada por el Ejecutivo en el Chaco cruceño (Alto Parapetí) y la masiva marcha de campesinos e indígenas hacia Trinidad (Beni), en respaldo de una colonia menonita, desató otra situación de conflicto.

Después de conocer los sucesos del viernes pasado en Alto Parapetí, cuando el Viceministerio de Tierras junto al INRA, apoyados por la Policía tomaron las haciendas Caraparicito, Bella Vista y Huaraca, la Confederación de Ganaderos de Bolivia anunció el inicio de acciones legales contra el INRA y que trabajará en cada municipio del Chaco para evitar que el Ejecutivo actúe de manera unilateral.

Al respecto, El INRA departamental Santa Cruz indicó que el saneamiento en Alto Parapetí continuará pues aún restan unos 29 predios a los que ya se les hizo llegar las notificaciones para que, después de 48 horas, las brigadas de técnicos puedan ingresar para realizar su trabajo de campo.

Sobre las denuncias de abuso de autoridad y robo de pertenencias, el INRA negó que tales hechos se hayan realizado y deslindó responsabilidades. "Al lugar no se ingresó con militares sino con policías", indicaron.

Por su parte, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en emergencia al sostener que la violencia del Gobierno para llevar adelante su programa de tierra está al margen de la ley. "En su momento se llegó a un acuerdo con el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, para tratar el tema tierra en comisiones y no de forma unilateral, sin respetar lo acordado, lo que provoca tensión y enfrentamientos", señaló Christian Sattori, presidente de la Confeagro, a tiempo de indicar que el 2 de diciembre se convocará un congreso extraordinario para definir acciones.

Apoyo a menonitas

A su vez, unos mil campesinos e indígenas marchistas que forman parte de la Central Campesina 16 de Julio, que se encuentra en el municipio de San Javier, después de tres días de marcha llegaron ayer a Trinidad, para exigir al Gobierno la renuncia del director nacional de tierra, Cliver Rocha, y la permanencia de los menonitas asentados en esa jurisdicción municipal. De no obtener una respuesta, indicaron que iniciarán una huelga de hambre.

En tanto, la Asociación de Ganaderos de Camiri indicó que, mañana, una comisión de parlamentarios acompañados por productores irá a la hacienda Caraparicito, de propiedad de Ronald Larsen, para verificar si hay abusos.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, según el diario La Prensa, indicó que los empresarios René Chávez y Mario Malpartida fueron citados a declarar por presunto delito de sedición, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y otros, a raíz de los enfrentamientos producidos en abril pasado en el Chaco.

www.lostiempos.com/noticias/25-11-08/nacional.php

LA PAZ, 18 Nov 2008 (AFP) -

Sindicatos campesinos bolivianos partidarios del presidente Evo Morales viajaron a Lima para coordinar con sus pares peruanos el inicio de "movilizaciones" de rechazo a negociaciones unilaterales comerciales de Perú y Colombia con la Unión Europea, informó un influyente dirigente citado este martes por la prensa local.

Un total de 14 dirigentes sindicales se desplazaron el lunes a Lima para coordinar la "realización de movilizaciones conjuntas en rechazo a las negociaciones" con la UE, luego de que Bruselas comunicara la semana pasada que dialogará con Colombia y Perú, al margen de la CAN", dijo el líder gremial Fidel Surco.

Surco, influyente dirigente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo a la agencia católica de noticias Fides que "si los gobiernos de la región andina quieren un TLC (tratado de libre comercio) con Europa, tienen que consultar a los movimientos sociales e informar sobre los beneficios".

Sin precisar con qué líderes peruanos se reunirán en la capital limeña, el sindicalista boliviano acotó que "se propondrá la realización de un referéndum en los cuatro países andinos para que la población defina qué tipo de tratado quiere con Europa".

Esta posición ratifica el pedido hecho días atrás por el presidente Morales para que una consulta popular en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú defina el tipo de acuerdo de asociación que se negociará con la Unión Europea.

Adrian Lobera, otro dirigente del sindicato nacional de colonizadores, acotó que "tenemos que articular una protesta internacional, porque los movimientos sociales de la Comunidad Andina de Naciones no estamos de acuerdo con las negociaciones bilaterales".

En la cita se buscaría definir qué país será sede para articular las movilizaciones laborales.

El gobierno de La Paz insiste en negociaciones de bloque a bloque entre la CAN y UE y cuestiona la decisión de Bogotá y Lima de ir a diálogos bilaterales para alcanzar un entendimiento comercial con la Unión Europea, tras empantanarse el consenso en el grupo subregional andino.

www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/7656991.html

Erbol, 19 de noviembre, 2008.- El Gobierno de Evo Morales aprobó este miércoles el Decreto Supremo 29802 que tiene como objetivo principal acabar con los sistemas de servidumbre, trabajo forzoso, peonazgo y la esclavitud de familias cautivas en Bolivia.

El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, en declaraciones a la Red Erbol, informó que esta norma le permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) verificar los sistemas de servidumbre en predios agrarios.

De encontrarse dicha forma de explotación o las demás señaladas en el Decreto, la propiedad en cuestión pasará a dominio del Estado de forma inmediata por no cumplir la Función Económico Social (FES).

"Significa que el INRA tiene la capacidad legal para verificar sistemas servidumbrales. Con esta nueva norma, el INRA puede entrar en cualquier rato a distintos predios para verificar si existe o no sistemas de servidumbre", indicó Rocha.

El Director Nacional de Tierras informó que su despacho sancionó recientemente a dos propiedades que en el Chaco chuquisaqueño, donde se registraron casos de explotación a indígenas guaraníes que se encontraban en calidad de servidumbre.

El Decreto Supremo 29802, aprobado hoy en Consejo de Ministros, en su Artículo 1 precisa la atribución que se le otorga al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para verificar la existencia de los sistemas servidumbrales, independientemente de las acciones que generen en materia laboral o penal.

El Artículo 3, IV Parágrafo de la norma, instruye al INRA que en todos los casos donde verifique y establezca la existencia de las relaciones servidumbrales, deberá denunciarlas ante las autoridades correspondientes.

Este Decreto responde a la recomendación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó al país el 9 de junio, dirigida por la relatora para Bolivia, Luz Patricia Mejía y el relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, para recabar información sobre la situación de familias del pueblo guaraní que viven cautivas y siguen padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud en la región del Chaco.

En su informe, la Comisión reitera la obligación del Estado de implementar la normativa vigente en materia de reforma agraria. En este aspecto, la CIDH insta al Gobierno a garantizar la implementación efectiva de estas leyes, teniendo en cuenta la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra y en consecuencia, en el proceso de titulación, dé prioridad al reconocimiento de sus tierras y territorios ancestrales.

 

www.servindi.org/actualidad/5424#more-5424