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Los campesinos se han declarado en asentamiento campesino, como figura de autoprotección de la economía campesina y el derecho al mínimo vital, y han anunciado el inicio de acciones jurídicas contra miembros de las fuerzas militares que han venido señalando y estigmatizando al campesinado acusándolo de cometer conductas delictivas, en este sentido exigen la rectificación pública e inmediata de estos pronunciamientos que ponen en riesgo la vida e integridad del campesinado del Catatumbo.

Las comunidades campesinas del núcleo de veredas de Caño Indio en el municipio de Tibú, en el Catatumbo nortesantandereano, dieron a conocer en un pronunciamiento publico las decisiones tomadas de forma colectiva en su asamblea permanente, reunida en el marco de la crisis que ha generado la situación en el territorio, producto de la erradicación manual, forzada y violenta, las amenazas y violaciones permanentes a los derechos humanos de las comunidades por parte de las fuerzas militares y lo que catalogan las comunidades como olvido estatal, radicalizado a partir de los operativos militares desplegados en el territorio desde el 7 de mayo qué han provocado una situación compleja para campesinas y campesinos que solo tienen como alternativa de sustento el cultivo de hoja de coca.

La crisis en el territorio se agudiza gracias al incumplimiento permanente de la implementación del acuerdo final de paz, qué incorpora las claves para superar el tema de los cultivos de uso ilícito por medio del programa nacional integral de sustitución de cultivos PNIS, acuerdo que ha sido desconocido por el gobierno, al desfinanciarlo y desactivar su implementación, situación que afecta a las comunidades que no encuentran alternativas para garantizar el desarrollo de economías alternativas que garanticen el sustento de sus familias. La respuesta del Estado a las necesidades de las gentes de la región ha sido la de hostigar permanentemente al campesinado, estigmatizarle y destruir los cultivos que son su sustento, sin impulsar ningún tipo de alternativa que garantice las condiciones de vida digna para el campesinado de esta olvidada región.

Como respuesta civilista, las campesinas y campesinos organizados en el núcleo veredal alrededor de Caño indio, se mantienen en Asamblea permanente ejerciendo así el derecho fundamental y constitucional a la manifestación pública y pacífica, para avanzar es un consenso con el gobierno nacional departamental y local en perspectiva de que cesen las acciones de erradicación violenta y que se abra el camino a garantizar la implementación de los acuerdos firmados con las comunidades para la sustitución de cultivos. Además, los campesinos se han declarado en asentamiento campesino, como figura de autoprotección de la economía campesina y el derecho al mínimo vital, y han anunciado el inicio de acciones jurídicas contra miembros de las fuerzas militares que han venido señalando y estigmatizando al campesinado acusándolo de cometer conductas delictivas, en este sentido exigen la rectificación pública e inmediata de estos pronunciamientos que ponen en riesgo la vida e integridad del campesinado del Catatumbo.

El gobierno nacional ha desplegado acciones de militarización excesiva del territorio, en un tratamiento de orden publico al problema de los cultivos ilícitos, victimizando a campesinas y campesinos cultivadores y reproduciendo así un modelo que solo ha traído más violencia y exclusión a las comunidades, de esta manera siguen haciendo trizas los acuerdos, desconociendo que la ruta para superar el conflicto en los territorios esta enmarcada en el acuerdo final de paz y el programa de sustitución que desconocen, en contravía de las exigencias de la comunidad internacional y de los fallos de la corte constitucional frente al carácter del acuerdo. Las comunidades padecen producto de la soberbia del gobierno de Iván Duque, que las quiere seguir condenando a la exclusión y la guerra secular, pero frente a ello se mantiene la capacidad de lucha y resistencia por la dignidad de las comunidades, que en su asentamiento campesino, seguirán apostando por la vida digna y su derecho a existir en sus territorios.