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En el Ecuador, el caso Furukawa es el primero en judicializarse por “Esclavitud moderna”. Sin embargo, el martes 09 de noviembre de 2021, los Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas Galo Efraín Luzuriaga Guerrero y Patricio Armando Calderón (voto de mayoría), mediante auto de aclaración y ampliación REFORMARON LA SENTENCIA Y AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN, violando con esta decisión los derechos constitucionales de 123 personas campesinas abacaleras que por décadas cosecharon abacá para la empresa.

En la sentencia de segunda instancia emitida el 15 de octubre de 2021, los Jueces ratificaron que, las medidas de compensación económica ordenadas en primera instancia, es decir, la indemnización económica por los años de trabajo y por mutilaciones junto con la entrega de tierras a cada accionante, eran “adecuadas y proporcionales”. No obstante, el 09 de noviembre de 2021, en auto de ampliación y aclaración proceden a reforman su propia decisión, aclarando que las dos medidas de reparación deben “conjugarse” en una sola medida de reparación económica que deberá “tasarse en cuerda separada”, hecho que sin duda afecta la ejecución de estas medidas y pone en riesgo la reparación integral. 

El auto de ampliación y aclaración también reforma la sentencia en lo relacionado con el trabajo infantil. La sentencia del 15 de octubre de 2021 ratificó que “la empresa accionada habría vulnerado el derecho de prohibición de trabajo infantil”, y ahora, con el auto de aclaración del 09 de noviembre de 2021, dicen que “no se puede establecer que esta sea una práctica generalizada, permanente o mantenida en las haciendas de la compañía”. Este hecho invisibiliza la realidad del trabajo infantil que ha ocurrido por décadas en las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, hecho que fue verificado en informes y comparecencias ante la Asamblea Nacional durante los últimos tres años por varias autoridades del Estado, entre ellas el Ministerio de Trabajo. 

Además de lo mencionado, el auto de ampliación y aclaración revoca las medidas cautelares constitucionales con el argumento de que ya no son necesarias. Cabe recordar que estas medidas cautelares fueron concedidas en marzo de 2020 por el Juez de primera instancia para evitar la violación del derecho a la vivienda de las personas que se encuentran en resistencia en los campamentos de la Hacienda Isabel (km. 42), debido a los derrocamientos y desalojos que realizó la empresa Furukawa desde el año 2019 con el objeto de expulsar a los y las trabajadoras organizados y desaparecer evidencias, considerando que, pese a la precariedad de dichas viviendas, son el único cobijo con el que cuentan dada su condición de extrema pobreza. Este hecho pone en situación de grave riesgo y vulnerabilidad a las personas que aún viven en los campamentos. 

Ante estos acontecimientos, presentaremos en la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia del 15 de octubre de 2021 y el auto del 09 de noviembre de 2021. Consideramos que los jueces que conformaron mayoría: Galo Efraín Luzuriaga Guerrero y Patricio Armando Calderón, han violado derechos constitucionales al emitir una sentencia que, sin motivación, eximió de responsabilidad al Estado ecuatoriano, y luego, mediante auto de aclaración y ampliación, reforman la sentencia y desnaturalizan por completo el objeto de la acción de protección. Las actuaciones de los jueces provinciales son tan graves que incluso justifican que se declare en su contra el ERROR INEXCUSABLE. 

Quienes conformamos el “Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más”, hacemos pública nuestra preocupación debido a que el actual abogado de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, Rafael Oyarte Martínez, forma parte de la Comisión Calificadora que seleccionará los tres jueces que pasarán a integrar la Corte Constitucional, jueces que a futuro tendrán la responsabilidad de resolver nuestra Acción Extraordinaria de Protección. Nos preocupa la imparcialidad con la que puedan actuar los jueces seleccionados por esta Comisión donde participa el abogado de la empresa accionada. 

Por otra parte, es importante señalar que el pasado 28 de octubre de 2021 se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de dos ex gerentes y el actual gerente de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, proceso que la Fiscalía lleva en contra de esta empresa. En esta audiencia se dictaron varias medidas de protección en favor de las víctimas, al igual que medidas cautelares en contra de los procesados, entre ellas la prohibición de salida del país y la colocación de dispositivo electrónico (grillete) al actual gerente y a dos ex gerentes. 

Advertimos que cualquier acto de amedrentamiento, hostigamiento o intento de desalojo en contra de los trabajadores que permanecen en las haciendas de la empresa ejerciendo su derecho a la resistencia y acogiéndose a las medidas de protección, puede significar incumplimiento a las medidas de protección vigentes y nuevas graves vulneraciones a los derechos humanos. 

Solicitamos a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo estar vigilantes de los derechos de las personas sobrevivientes que viven en las haciendas hasta que se ejecuten las medidas de reparación. 

Finalmente, es necesario señalar que los jueces Galo Efraín Luzuriaga Guerrero y Patricio Armando Calderón pasarán a la historia constitucional de este país como los responsables de revictimizar y vulnerar los derechos de 123 personas sobrevivientes de esclavitud moderna por casi 6 décadas. 

Esperamos que las autoridades competentes –Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo del Ecuador y Corte Constitucional– actúen de manera diligente en el marco de sus competencias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, así como determinar la responsabilidad de las personas o funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan incumplido las normas vigentes y vulnerado derechos y garantías constitucionales. 

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a la academia, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a estar vigilantes del caso y acompañar las acciones que las y los abacaleros organizados realizan junto con el “Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más”, y de esta manera poner finalmente un alto a la esclavitud moderna en el Ecuador. Este caso no puede quedar en la impunidad.

 
 

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