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La deforestación ilegal del bosque ha pisado el acelerador en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, revela un reportaje del periodista Raúl Domínguez ilustrado por fotografías de Clovis de la Jaille.

Ellos revelan el avasallamiento de colonos y el avance de la gran industria que rompe en mil pedazos la declaratoria de áreas protegidas, en un informe especial para la revista Nómadas.

Empresas ofrecen sus servicios con orugas para desmontar una hectárea hasta en 500 dólares a acuerdo a cotizaciones que se hacen a través de Facebook.

Ahí surge la pregunta: ¿De dónde sacan los colonos —que dicen no tener recursos económicos— el dinero para deforestar varias hectáreas de bosque?

El reportaje describe las diversas amenazas que se ciernen sobre la selva y cómo la mayoría de ellas derivan en jugosos negocios, tanto para bolivianos como extranjeros.

El primer eslabón de la cadena de deforestación son los colonizadores, ya sean campesinos o los llamados “interculturales”, quienes cuentan con la fuerza política y económica para avasallar tierras.

Le siguen las autoridades locales y nacionales, que otorgan el derecho a la posesión o propiedad comunitaria. La agroindustria que derriba miles de hectáreas de bosque no se queda atrás en esta cadena de destrucción.

Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, detalla que a partir de 2014 se han asentado en Santa Cruz –principalmente en la chiquitania- 1.400 comunidades nuevas, y todas han demandado tierras ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Se calcula que ya se trasladaron desde tierras altas hacia la chiquitania, unas 200 mil personas, en un territorio que no supera los 80 mil habitantes originarios.

Acceda al reportaje en la revista Nomadas a partir del siguiente enlace:

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