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“Basta de infanticídio indígena”. “El Estado racista es cómplice”. El crimen de un chico de 13 años de la comunidad Qom, que nació en Rosario y fue asesinado en el Chaco, motivó que agrupaciones de pueblos originarios enarbolaran consignas para visibilizar un caso impune y solicitar su urgente esclarecimiento


Abandonados en las periferias de las grandes ciudades, sin acceso a los servicios básicos, invisibilizados por las autoridades y su problemáticas fuera de la agenda de los grandes medios de comunicación, un puñado de mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad Toba, Mapuche, Mocoví y Wichi se presentaron esta semana en los Tribunales de Rosario para exponer el cruel homicidio de Ismael Ramírez.

Ismael Ramírez, que nació y creció en Rosario, fue asesinado el 3 de septiembre de 2018 en Roque Sáenz Peña (Chaco) en medio de un confuso incidente donde hubo una brutal represión policial, justificada en supuestos saqueos. Las comunidades aborígenes de Rosario, Santa Fe, Chaco se suman al reclamo de Justicia, que se repetirá cada mes en distintas ciudades de la Argentina.

La ilusión que mutó en el peor dolor

Después de sufrir el suicidio de un hijo, Alejandra Ciriaco y sus otros niños, Ismael, Lautaro, Ivana y Daniel dejaron en 2015 el barrio donde se asienta la comunidad Toba de Juan José Paso y Travesía, al norte de Rosario, para radicarse definitivamente en Chaco. Había que dejar atrás el dolor, el peligro urbano, recomenzar y buscar algo de alivio. La familia se refugió en una humilde casa del barrio Mataderos, al norte de Sáenz Peña. A pesar de las penumbras y carencias lógicas, la vida transcurría con normalidad.

El 3 de septiembre de 2018 Koki, como le decían cariñosamente a Ismael,salió de la casa con su hermano David para jugar a fútbol con amigos en un campito de la zona. Caía la tarde y paralelamente decenas de policías reprimían a unas 200 personas que se agolparon frente al Supermercado Impuso del barrio Obrero para reclamar que le devolvieran las tarjetas de beneficios sociales que les había retenido el comercio. La versión oficial justificó el despliegue de las fuerzas de seguridad ante un supuesto intento de saqueo, algo que nunca se acreditó.

Ismael Ramírez tenía 13 años cuando fue brutalmente asesinado por un policía en Sáenz Peña, Chaco

Un ex policía y pruebas que desaparecen

Los hermanos, que pasaban de casualidad por el lugar, imprevistamente quedaron en la línea de fuego. En un instante se escuchó un estampido, Ismael corrió una cuadra pero se desplomó mal herido por un disparo de arma de fuego que le pegó de lleno en el pecho. Ensangrentado, el chico fue cargado en un auto particular y trasladado al hospital “4 de Junio”.Pero finalmente murió antes de recibir una atención adecuada y a tiempo, según narró la persona que le socorrió. A un año del homicidio, el fiscal de Investigaciones Nº 4 Marcelo Soto, a cargo de la pesquisa, no dio un solo indicio de lo que ocurrió esa tarde. Nada se sabe de él o los responsables de la muerte del adolescente.

El crimen de Ismael sigue impune y tampoco se le da respuestas a la familia. Ni siquiera se sabe qué calibre es el proyectil que lo mató. “Puede ser de una escopeta tipo tumbera”, fue lo único que se deslizó en su momento. El testimonio de un primo de la víctima que también estaba en la escena apuntaba a un ex agente retirado de la Policía Federal.  Sin embargo, las pericias realizadas contrastaron esa declaración y reforzaron la dificultad de poder dar con el autor material del homicidio.

“Siempre que voy a preguntar a la Fiscalía me salen con cualquier cosa. Hay videos que circularon por las redes sociales en ese momento, filmados por la gente. Y se ve clarito cuando un expolicía dispara. Incluso hasta la madre de esta persona le decía que no tirara, que era un niño (por Ismael), y que por un indio iba a ir preso”, narra Alejandra en contacto con Aire Digital desde Chacho sobre la hipótesis que nunca se profundizó.

Indiferencia

La mujer sigue masticando el interminable dolor por la pérdida de su hijo, pero además se atraganta con la insensibilidad e indiferencia que exhibe la sociedad en su conjunto, y ni hablar de las autoridades judiciales y políticas. La discriminación está a la orden del día. “Me da bronca lo que se dice, son todas mentiras sobre Ismael. Por toba nos pasó. Al Koki lo discriminan porque es hijo de una toba, una Toba humilde”, recalca Alejandra.

Sobre la investigación recuerda que “los videos desaparecieron. Con mi abogado (Mauricio Masin) seguimos peleando contra todos, es una lucha contra el fiscal, contra el Estado, que es el responsable”, señala desde su casa del barrio Mataderos en Roque Sáenz Peña.

Su vida no fue fácil. Cansada de quedar al borde de la pauperización y de que sus hijos terminen coptados por los flagelos urbanos, decidió mudarse a Chaco donde pensó que encontraría una vida más sana. “Siempre pensé en ellos. Me vine porque en Rosario estaba muy peligroso. Koki estudiaba, también le gustaba mucho el básquet, era fanático de Rosario Central. Cuando vivíamos en Rosario iba a la cancha y tenía una camiseta firmada por los futbolistas profesionales. Siempre decía que quería jugar en primera. Y pienso, hasta hoy, que sólo quería criar a mis hijos de otra manera, y me lo mataron”, se atormenta al hablar de los sueños que hace un año se hicieron añicos en un abrir y cerrar de ojos.

“Mi hijo David todavía recuerda ese momento cuando se toparon de frente con la policía, que parecía proteger a la persona que disparó. El hombre que llevó al hospital a Ismael me dijo que demoraron muchísimo en atenderlo”, recuerda sobre un dato que suma más angustia. A un año de la muerte, las comunidades aborígenes de varias provincias decidieron acompañar a la familia de la víctima. A la misma hora que unas pocas personas adhirieron a la marcha que realizó Alejandra hasta la Fiscalía Nº 4 de Roque Sáenz Peña, un reducido grupo se congregó en el martes en las escalinatas de los Tribunales de Rosario (Balcarce y Pellegrini).

Whipala en el Tribunal

Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas de la comunidad Qom de Rosario, no más de 30, llegaron tímidamente a la entrada principal del suntuoso edificio. Bajo una gran bandera whipala y la mirada indiferente del público en general, levantaron pancartas y cartulinas escritas con fibrones con proclamas bien definidas: “el Estado racista es cómplice”, “Ni un pibe menos”, “Justicia por Ismael Ramírez”, “Basta de infanticídio indígena”, sostenía una nena de no más de cinco años. Noelia Naporichi, la vocera del grupo, leyó en voz baja desde la pantalla de su celular un comunicado cargado de demandas, algunas históricas.

Identificadas bajo el movimiento de “Mujeres Indígenas por el buen vivir” llamaron la atención de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, trabajadores estatales, y a la sociedad en su conjunto para que se sumen a la campaña plurinacional contra el infanticidio indígena. “Denunciamos la complicidad del aparato judicial, los intereses de los dueños del Supermercado Impulso, y una sociedad racista que no da respuesta a la impunidad con la que se está desarrollando la causa de Ismael Ramirez, como tantos otros hechos de muertes de nuestras infancias por portación de identidad”, expuso Noelia.

La muerte naturalizada

Luego pidió que se investigue, juzgue y condene a los implicados. “La actual sociedad y sus instituciones naturalizan la muerte indígena. Es por eso que sostienen el silencio cómplice ante los asesinatos, muertes, torturas. Niegan y desoyen el grito doloroso de sus madres y familiares ante el pedido de Justicia”.

Los aborígenes de Rosario acompañan a Alejandra Ciriaco y hacen propias las demandas. Solicitaron, entre otros puntos, celeridad en la producción de prueba; compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco; que se ponga a disposición el informe del Hospital 4 de Junio sobre el personal afectado a la guardia el 3 de septiembre de 2018.

Además, alertaron sobre un “genocidio silencioso y sistemático, expresado en el extremo empobrecimiento de las Naciones Indígenas que generan condiciones para que las infancias estén en peligro de muerte a causa de paupérrimas políticas públicas.

En ese sentido recordaron las “brutales muertes de niñas y adolescentes por feminicidios indígenas, como el de la “hermana Wichi María Magdalena Moreira”, una adolescente de 16 años que estaba desaparecida desde el lunes 12 de agosto en Miraflores (Chaco), y la encontraron muerta enterrada en el patio del femicida.

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Finalmente, en el documento se describe las campañas de algunos medios de comunicación que continúan alimentando el discurso “del enemigo interno”. Y denunciaron los violentos desalojos de territorios ancestrales con métodos que se perpetúan desde la Campaña del Desierto, y hoy con la actual doctrina Chocobar por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los organizadores se comprometieron a marchar todos los días 3 de cada mes para visibilizar y poner en agenda el homicidio de Ismael, como se hizo el martes también en Chaco, Mar del Plata y Chubut. En Santa Fe se espera la adhesión de las comunidades aborígenes asentadas en el barrio La Loma y las que residen en la localidad de Recreo. 

Autodeterminación y dignidad

Según Unicef, uno de los mayores problemas en el abordaje de la realidad de los pueblos indígenas de la Argentina es el escaso conocimiento que se posee sobre su características, culturas, formas de desarrollo y necesidades. Este déficit de información conlleva altos grados de invisibilización. Se pregona la autodeterminación de los pueblos y la preservación de sus culturas y reparación histórica, pero poco se hace para devolverles la dignidad que casi deben rogar, abandonados en las márgenes de las grandes ciudades.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) expresa, en su artículo 30 que los niños y las niñas indígenas gozan, además del derecho a la educación, el específico a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma.

Como en mucho tiempo no se contó con datos de carácter representativo sobre la situación general de los pueblos, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), relevada entre 2004 y 2005 constituye un hito en la historia estadística del país, ya que permite conocer la magnitud de la población indígena y su situación demográfica, social y educativa. De acuerdo con esos datos, la población indígena de Argentina asciende a 600.329 personas, es decir que representa el 1,7 por ciento del total de habitantes del país. Conforman dicha población alrededor 46 pueblos, culturalmente diferentes distribuidos por todo el territorio nacional.

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