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Llevan a juicio a líderes Wichi por un conflicto territorial; denuncian que impidieron el ejercicio de su defensa.

El juicio fue suspendido el año pasado, luego de que se denunciara que los caciques no habían podido ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Desoyendo los planteos de nulidad, la justicia los citó a “comparecer a la audiencia de debate oral” los días 12 y 13 de junio.

Desde el año 2014, los caciques Martín Acosta, de la Comunidad El Chañaral, Dalmacio Acosta, de la Comunidad San Felipe, y Demetrio Campos, de Misión Rivadavia (Este de Salta), están acusados de “Amenazas” y “Daños calificados por ser cometidos en despoblado y en banda”.

Los referentes comunitarios se habían opuesto al alambrado que desplegaba el finquero criollo Alejandro Gareca, ya que esa acción le impediría a las comunidades acceder a territorios ancestrales de caza y pesca, así como de obtención de agua y leña.

El cercado que inició Gareca privaba a las comunidades incluso del acceso al Río Bermejo; en ese marco, un centenar de integrantes de las comunidades afectadas cortaron los alambres y retiraron los postes con los que se intentaba cercar la zona, en defensa de su forma ancestral de vida, amparada por la propia Constitución Nacional. En aquel momento, los wichi señalaron que la policía se hizo presente en el lugar a bordo de una camioneta del propio Gareca.

El juez Aldo Alberto Primucci, de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, había resuelto llevar  a juicio oral el caso contra los líderes indígenas en marzo del año pasado, pero se denunció que el proceso había incurrido en múltiples y graves irregularidades. Amnistía Internacional había lanzado entonces una “acción urgente”, señalando que la defensa pública que se les había asignado nunca se comunicó con los imputados y que los actos del proceso no fueron traducidos a la lengua indígena, por lo que los caciques no pudieron ejercer su derecho a la defensa.

En un artículo publicado en VoVe se daba cuenta, además, que Dalmacio Acosta ni siquiera había sido indagado, a pesar de lo cual el magistrado había resuelto pasar al juicio oral.

La presión de organismos de Derechos Humanos y la intervención del Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia pusieron de relieve las deficiencias que llevaron a AI a considerar que no se cumplía con el debido proceso. Como respuesta al planteo de nulidad presentado por el abogado Matías Duarte, Primucci dispuso la suspensión de la instancia.

La causa ahora se encamina nuevamente al juicio oral, habiéndose citado a los referentes para los días 12 y 13 de junio.

Cabe señalar que el cacique Acosta, de El Chañaral, había denunciado en su momento a Gareca por su accionar, pero esa causa no registra avances, al menos según el conocimiento de los referentes indígenas.

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