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El 8° Encuentro internacional por la tierra y territorio en Sudamérica, en tiempos de COVID-19, reunió al Centro de Estudios Heñói y la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) para mostrar el panorama paraguayo.

Luis Rojas Villagra del Centro de Estudios Heñói comentó que el encuentro es una posibilidad de contacto e integración entre países y que logra evidenciar caminos comunes. El capítulo de Paraguay del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, ayuda a comprender un marco general del 2020, que visualiza la continuidad de problemas estructurales. La economía extractivista siguió en expansión a través de la soja mecanizada, ganadería de exportación y monocultivo de eucalipto. Todo esto lleva a la concentración de tierras e ingresos para terratenientes, generando efectos negativos en la mayoría de la población como la migración, la dificultad de acceder a la tierra; y también, en la naturaleza, contaminación, deforestación, cambio climático, entre otros. El gobierno, en apoyo al sector agro exportador paraguayo, lo hizo a través de créditos, políticas favorables, que por consecuencia se desvaloriza el sector campesino y la agricultura campesina. 

La cuarentena y el cierre de fronteras tuvo un impacto en la actividad laboral y económica, “...la pandemia mostró un escenario de crisis general, estructural, crónica, permanente” afirmó Rojas, esto visibilizó los pocos recursos del estado para una crisis, además, demostró los pocos impuestos otorgados de los grandes sectores de la soya, carne, bancario, inmobiliario. “Endeudamiento es la política que se asume en estos casos de coyuntura de crisis” comentó Rojas.

Además del sistema de salud, el sistema educativo y laboral también entraron en crisis, en Paraguay, 71 % del trabajo es informal, no tiene contratos, ni estabilidad, Rojas dijo que es “...fruto de un modelo agroexportador que no promueve la industrialización, la agricultura familiar, etc.”. Otro efecto de la pandemia fue la escasez de alimentos cotidianos, el alza de precios, ya que se restringió la entrada de los productos al país, y también la escasez de las semillas, en algunos rubros aumentó a 100% por la vulnerabilidad productiva, la incapacidad de producir varios alimentos.

“Como respuesta novedosa, mucha autogestión de parte de los barrios, de los asentamientos, de los sectores vulnerables para resolver el problema de la alimentación”, las ollas populares fueron la reacción más masiva, autogestionante en el contexto de pandemia, comentó Rojas, estas movilizaciones fueron independientes a la política del estado, a los apoyos externos, fue una medida autónoma, a falta de respuestas del sector gubernamental. 

En el tema de tierras, se hizo visible la inexistencia de una política de tierras en Paraguay, el INDERT responsable de esto “...prácticamente se dedica a regularizar lotes” según Rojas, no promovió el acceso a la tierra a la población rural. A pesar de que esta institución tiene como base tres principios: expropiación, recuperación de tierras públicas y compras públicas, Rojas afirmó que ninguna de las tres se cumple, o en todo caso beneficia a los sectores privados. También comentó que la política de tierras es inexistente, 474 hectáreas de tierra fueron compradas en todo 2020 por el INDERT, esto abarcó a 47 familias, pero las solicitudes sobrepasan a 70.000 familias sin tierras. Todo esto también se debe a la reducción del presupuesto del INDERT, esto por múltiples factores, uno de ellos es la inversión al agro negocio y los recortes, para 2021 el recorte asumió 26 %.

En Paraguay es muy imperante el concepto de reforma agraria, se usa el término de “reforma” desde la constitución como una demanda del campesinado, estas reformas no logran avanzar. La institución DINACARE se encarga del catastro y registro de propiedad, la modificación del Instituto Agrario que pretende blanquear irregularidades de terratenientes y políticos. Otro punto importante que destacó Roja, fue la desregulación en torno a los negocios inmobiliarios, el acaparamiento de zonas periurbanas y rurales con relación al sector estatal, que tiene un trasfondo de lavado de dinero y corrupción.

Entre algunas acciones políticas contrarias a la reforma agraria, Rojas comentó que el estado paraguayo no hizo nada para promover la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos campesinos del 2018, ni siquiera votó a favor de la declaración. Otro caso fue una ley de promoción de la agricultura familiar, que fue propuesta en 2019, pero no fue implementada y ni tiene un presupuesto para su ejecución. Por otra parte, los desalojos a comunidades indígenas y campesinas se redujeron en la pandemia, pero en 2021 se dispararon “...hay una política anti campesina y anti indígena desde el gobierno, por el modelo extractivista” afirmó Rojas.

La intervención de Heñói terminó con la conclusión de Rojas “...es urgente la revalorización del sector campesino como sociedad frente a la estigmatización que sufre este sector, frente a los sectores dominantes (…) fortalecer la agricultura familiar significa más tierras para el sector, más empleos, más alimentos, más cuidado del medio ambiente y una cultura de reciprocidad comunitaria que necesitamos en nuestros países”.

Como segunda parte del diálogo, Augusto Acuña de la Secretaría de Formación y Educación de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) – CASO 12 Asentamiento Ñu Pyahu del Movimiento por la tierra y territorio, comentó que en la pandemia se agudizó el proceso de persecución y criminalización de las organizaciones que luchan por el acceso a la tierra. Acuña comentó que en 2020 se tuvo más de 100 personas imputadas por luchar por el acceso a la tierra, la modificación del artículo 142 es otro de los problemas, ya que los imputados pasar de tener cargos de delito a crimen “las organizaciones campesinas se sienten con mucho peligro porque cualquier intento de recuperación de tierras es reprimido” afirmo Acuña.

Acuña comentó que 95 % de las comunidades campesinas instaladas en Paraguay, son fruto del proceso de lucha por el acceso a la tierra “...hoy tenemos más de 126 mártires de la lucha por la tierra” Acuña argumentó que tanto en la dictadura como en los gobiernos democráticos hubo conflictos por la tierra, ya que existe una política que criminaliza la lucha campesina. 

Paraguay está atravesando los últimos 4 años sequías en las cosechas, pérdida de variedad de semillas, a raíz de la pandemia no se permitieron movilizaciones y el cambio climático está impactando a las comunidades campesinas e indígenas, un problema a la seguridad alimentaria. 

Una de las solicitudes de la OLT hacia el estado en el contexto pandémico, fue la de recursos para la reactivación económica de los sectores campesinos, ya que se vieron perjudicados a través de la escasez de semillas y la falta de apoyo técnico, hubo varias movilizaciones al respecto. Acuña comentó que en 2020 hubo un gran avance del agronegocio y la instauración de leyes criminalizadas, por otra parte, hubo la inflación de productos, especialmente de la carne por el tema de exportación. 

Como organización, la pandemia les permitió avanzar en conceptos como agroecología, también la concreción de ollas populares fue apoyada por el sector campesino, tanto en sectores rurales y urbanos, “...en esta pandemia se demostró que sector produce alimentos” Acuña destacó sobre elementos importantes, el retorno al campo por la pandemia y la producción de alimentos evidencio la lucha por el acceso a la tierra. 

Para finalizar Acuña compartió uno de los casos emblemáticos mencionados en el informe, el de Ñu Pyahu, un asentamiento conquistado en el 2002, como resistencia a la producción de soya transgénica en el lugar. Contó que esta comunidad actualmente sigue resistiendo al avance de los monocultivos y la presión para ingresar al territorio continua, ya que tienen a su favor leyes que promueven el agronegocio.

Al igual que en otros diálogos, Paraguay evidenció el tema de la criminalización a los sectores campesinos como consecuencia de la pandemia, en este diálogo hubo énfasis en el tema de acceso a la tierra, muy respaldado por leyes que cuidan el agronegocio.

Cabe analizar que, en 2020 a raíz de la pandemia, hubo recortes para las instituciones encargadas en las gestiones de tierra, al igual que en otras realidades sudamericanas. El tema de acceso a la tierra sigue en pugna por los sectores sociales y pese a que el mundo se “detuvo” por la pandemia, la realidad es que los sectores campesinos no tuvieron el privilegio de hacerlo, porque hubiera significado el desplazamiento territorial y la instauración de más políticas extractivistas. 

Uno de los conflictos más grandes para Paraguay quizás sea el modelo de ingresos económicos al que está sostenido, que evidentemente da pie a la implantación de semillas modificadas genéticamente y la expansión del monocultivo de soya. La exportación de alimentos evidentemente es una buena estrategia para la economía de cualquier país, pero es importante entender que las poblaciones necesitan abastecimiento y cuidado ante estos hechos de crisis social.

La participación de los sectores sociales en el 8vo encuentro fue sumamente necesaria, gracias al aporte de líderes y representantes, se resaltó el papel de los sectores campesinos e indígenas en el contexto pandémico del 2020. Una respuesta ante la nula asistencia del estado a la falta de alimentos y semillas fueron las ollas comunes, un hecho que no solo resalta la autoorganización como arma efectiva, también la solidaridad colectiva para el cuidado no solo de las personas, también del medio ambiente. Las ollas comunes fueron posibles no solo en Paraguay, países como Argentina, Chile y Uruguay también las utilizaron como estrategia ante la falta de comida para los sectores de base, eso muestra alguno de los caminos comunes que se tejieron en la pandemia.