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Como parte del 8° Encuentro por la tierra y el territorio en Sudamérica. En tiempos del COVID-19, se contó con la participación del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP Programa por la Paz, autores del capítulo de Colombia del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica y la Mesa Campesina de Cartagena del Chairá, protagonistas del caso 110 de la plataforma del Movimiento Regional por la tierra y territorio.

El diálogo comenzó la exposición del CINEP, María Camila Barrera Gutiérrez comentó que un elemento a destacar en el año 2020 fue la captura de tres líderes campesinos de la Coordinadora Nacional Agraria. Pese a la pandemia, continuó el riesgo para las y los defensores de los derechos por la tierra, el territorio y medio ambiente. Algunas cifras del CINEP sobre los índices de violencia, muestran que para diciembre de 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, 64 fueron ex combatientes firmantes del acuerdo de Paz, también se dieron 90 eventos masivos de desplazamiento forzado.

Ante la crisis provocada por la pandemia, el extractivismo fue la estrategia para la reactivación económica. Barrera señaló que la violencia de género aumentó 10 % en comparación con 2019. Frente a la crisis sanitaria se dio un régimen de excepción y una militarización de la vida, reflejada en las comunidades étnicas y campesinas. Los pueblos indígenas denunciaron que las condiciones de vida se exacerbaron, hubo una ausencia de garantías de atención e imposibilidad de dialogar acciones con el gobierno. Se evidenció el racismo endémico, ya que 80 % de población negra, afrodescendiente raizal y palenquera, no pudo satisfacer sus necesidades básicas, 60 % de esta misma carecía de servicios de asistencia. 

Pese a la situación de pandemia, la protesta social se mantuvo debido a los acuerdos incumplidos por el gobierno. Para el sector rural no hubo un avance significativo, por el contrario, las cuatro medidas por el acuerdo de Paz que son: Acceso a la tierra, ordenamiento social de la propiedad, formalización y regulación fueron desfinanciadas en 50 %. Si bien la primera medida, tenía una meta de 3.000.000 de hectáreas adjudicadas a sectores rurales en sus primeros 12 años, para diciembre de 2020 se tuvieron registradas 1.189.828 hectáreas. En cifras implica un gran avance, pero muchas de las tierras ingresadas estaban ocupadas, lo que refleja un tema de formalización de las tierras, pero no de acceso “eso quiere decir que la estrategia ha estado más concentrada en organizar el inventario existente, que en el avance” señaló Barrera. 

Frente a la restitución de tierras, desde 2011 a marzo de 2021 se restituyeron 392.000.887 hectáreas, 57,5 % fueron para grupos étnicos y 42,5 % para población campesina, lo que implica una gran diferencia. En el tema de las reservas campesinas si bien hay una figura legal, en 2020 no hay constitución de estas zonas de reserva. Barrera señaló que los resultados muestran que los grupos indígenas se vieron un poco más beneficiados frente al campesinado y las comunidades afrodescendientes, pero, aún así, los avances son mínimos.

Como segunda parte, Tatiana Paola Galera Cueto del CINEP argumentó que los conflictos de la pandemia tuvieron que ver con el incumplimiento de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. El programa de paz tenía fases que no se desarrollaron a cabalidad y las acciones de resistencia de organizaciones cocaleras se dieron frente al aumento de la violencia en el territorio.

La reactivación del uso de glifosato, la estigmatización y desplazamiento forzado en los territorios, el continuo riesgo con las tierras colectivas de las comunidades negras, abre mucho más el panorama del 2020. Un caso que resaltó Galera fue el de la Boquilla al norte de Cartagena. En 2012 se confirió un título a esta comunidad negra, debido a presiones y diversos intereses, en 2020 a través de un tribunal se decide quitar los derechos colectivos, por lo que la comunidad manifestó una pugna ancestral por los 300 años que habitaban el territorio. 

Una de las vulneraciones a las comunidades étnicas fue la consulta previa, este derecho se vio afectado, porque no se pudo dar encuentros presenciales y no había garantías para el encuentro virtual por la falta de acceso incluso a señal telefónica. Galera ante eso, señala que la pandemia sirvió para profundizar una crisis que no solo existe en los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros, sino con las comunidades campesinas y pueblos indígenas y que a raíz del conflicto armado hubo también una ausencia de garantías a sus derechos.

“Las comunidades no se dejan, los pueblos siempre se reponen a ese tipo de circunstancias” señaló Galera, es por eso que la defensa del territorio, el derecho a la vida digna y la garantía para la producción alimentaria fueron las consignas para las movilizaciones del 2020. La Minga fue una expresión simbólica de lucha, inició en octubre del 2020 en un viaje del sur occidente a Bogotá a raíz de la violencia en el territorio con el soporte de la movilidad social urbana. Otro de los hechos importantes fue la peregrinación por la vida y por la paz, una marcha para la exigencia al cumplimiento de paz, que pedía que cese el asesinato de ex combatientes, que llevaba a esa fecha más de 200 personas, 53 personas se dieron en 2020. Por último, un tercero que fue a raíz del movimiento de las zonas de reserva campesina que a finales de 2020 con organizaciones en alianza presentaron tutelas de exigencia ante la agencia nacional de tierras para que se cumplieran los planes de tierras. 

Galera mostró que los sectores campesinos están presentes en pliegos como la Cumbre agraria étnica y cultural de Colombia, firma del acuerdo final de paz y otros espacios internacionales. Estas estrategias autónomas se han dado no solo para la protección del territorio, sino como maneras de reforzar los tejidos sociales ante las amenazas. Las organizaciones de base mostraron su fuerza organizativa, un ejemplo de ello son los protocolos de cuidado ante el contagio y la lucha por el derecho de la alimentación.

“Colombia es uno de los países con las peores cifras de ataques a los defensores” argumentó Javier Lautaro Medina Bernal, quien cerró el diálogo de CINEP. Colombia el 2020 fue el país con mayores asesinatos a líderes ambientales en el mundo, Lautaro hizo énfasis en una criminalización muy profunda, en parques naturales, zonas de reserva y organizaciones de base. Esta criminalización del campesinado demuestra el interés en ciertas áreas protegidas, el objetivo es ejecutar prácticas extractivistas, detrás de un discurso de metas ambientales, energías renovables, eso finalmente pone en mayor riesgo a las comunidades campesinas, comentó Lautaro. “...el acuerdo de paz no cambió nada en este sentido, profundizó el problema” también señaló que en los siguientes años es posible que esto aumente, a raíz de discursos ambientales, culpando al campesinado de la deforestación y no así, a las grandes empresas. 

Para continuar con el diálogo, Amparo Encarnación, en representación a la Mesa Campesina de Cartagena del Chairá, CASO 210, comentó que hay una gran motivación organizativa en Colombia, debido a las necesidades rurales, a que las políticas no cubren las demandas de los pueblos, el reconocimiento al derecho a la tierra fue evadido por el estado, los programas de producción son mínimos, las políticas de derecho a la tierra y producción no son acordes a la realidad. Encarnación comentaba que los porcentajes que se muestran son grandes, pero la realidad muestra el olvido, tierras limitadas que no equivalen al trabajo agrícola que hacen las mujeres rurales.

El 28 de mayo del 2020, hubo un estallido social en Colombia, se exigió al estado el derecho a la tierra “...somos campesinos y necesitamos el territorio, necesitamos la tierra para la producción y el trabajo”.

El segundo representante de la Mesa Campesina de Cartagena del Chairá, Oscar Pareja Rojas, comentó sobre la legislación colombiana para el campo, señalando dos artículos importantes de la constitución nacional: artículo 64, el acceso a la tierra es progresivo a la propiedad. Artículo 160, desde el acuerdo de paz señala la democratización de la tierra, la formalización el catastro multipropósito, la fiscalización, entre otros temas importantes. Con esto pretendió argumentar la serie de programas para el sector campesino e indígena.

La organización tiene un gran recorrido, la Mesa Nacional nace de la Asociación de Juntas, como fruto de la Mesa de Concertación Campesina Agroambiental por el derecho a la tierra. Representa a 3.300 familias donde existen 52 veredas jurídicas reconocidas y 17 en proceso. Algunas estrategias son el fortalecimiento interno, construcción colectiva de instituciones, intercambio de experiencias, fincas modelos con producción amazónica, seguridad alimentaria, ganadería intensiva y el aprovechamiento forestal. 

A pesar del cuidado comunal de la pandemia, el gobierno reprimió con el “plan artemisa'' a las comunidades campesinas y pueblos indígenas, lo que impulsó una movilización para exigir los acuerdos previos en relación con la tierra. 

En el marco del paro nacional, se lograron acuerdos en “papel” como el de la habitación de comunidades en reserva forestal, zonificación ambiental participativa, salud rural, zonas de reservas campesinas, seguimiento y ejecución de proyectos territoriales, sustitución de cultivos de uso ilícito, acuerdos de comunidades que viven en áreas protegidas y reincorporación integral desde la mesa campesina. “El gobierno a la hora de mostrar cifras es muy bondadoso, pero al momento de ejecutarlo es muy pobre su ejecución” argumentó Pareja. El no cumplimiento y letargo, promovió la movilización de noviembre del 2020 en Florencia, esta logró a su vez la presentación de la agenda para concertación, que tiene como puntos la titulación de tierras y la propuesta de la finca modelo.


Un hecho importante actual, fue el marco de la audiencia pública del 2021, donde se contó con presencia de compañeros del Cauca, comentó Pareja. En este evento se denunciaron la violación a derechos humanos, se rechazó la criminalización y se presentaron denuncias ante los incumplimientos de los acuerdos. Pareja comentó que hubo un buen recibimiento por parte de senadores, quienes estuvieron prestos a escuchar y firmar las demandas. Un día después de las firmas, se dio un ataque violento a raíz del plan Artemisa. 

La violación a los derechos humanos con el plan Artemisa, comprende al ejército nacional, policía nacional, la fiscalía y el Ministerio de Medio Ambiente. “Este plan criminaliza y judicializa a los compañeros campesinos que están en zonas de ley segunda o parques naturales”. Una de las mayores consecuencias es el desplazamiento forzado que genera pobreza e incertidumbre argumentó Pareja.

Pareja concluyó el diálogo, argumentando que los objetivos de la lucha, se basan en la sustracción de la ley 2da de 1959, reconocimiento a las zonas campesinas, titulación y acceso a tierra, contratos de seguridad jurídica, implementación de las fincas modelos, cumplimiento de acuerdos de paz, fortalecimiento organizativo entre mesas y la creación de empresas transformadoras apuntando al buen vivir. 

La pandemia para ciertos sectores sociales, sobre todo los urbanos, ha demostrado un cambio de lógica en la forma de ver al mundo. Sin embargo, en el caso rural es diferente, se muestra una normalidad agravada. La pandemia en Colombia no solo ha significado una mayor agudización de las brechas sociales, también un retroceso en los avances sobre el acceso a la tierra y territorio por parte de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y sectores afrodescendientes. 

Quizás uno de los factores más importantes a resaltar, sea que en la mesa de Colombia no hubo gran énfasis sobre la situación de los pueblos a raíz de los contagios de Covid19, si bien se destacó el trabajo colectivo para afrontar la pandemia, para la socialización de protocolos y el incremento de bioseguridad para la comunidad, se enfatizó que los problemas fueron otros. La pandemia resultó un gran desafío para las comunidades en el ámbito social, por un lado, estuvo la desarticulación organizativa, por otro lado, las brechas digitales resultaron una estrategia para las “consultas previas” y el control sobre las tierras.

La protesta de las comunidades demostró que el miedo al virus era menor, en relación con los asesinatos a gran escala que se dieron a las y los defensores territoriales y ambientales. Una frase importante a rescatar de Galera “las comunidades no se dejan” rescata el valor organizativo de los pueblos y comunidades colombianas, las medidas de lucha con la MINGA reflejan que el pueblo colombiano está en resistencia, pero es necesario visibilizar que los amedrentamientos del estado, son equivalentes a los grupos armados. La criminalización de la protesta, se convirtió en un riesgo mayor que el contagio de COVID-19 para las resistencias colombianas.